TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de Control de Punto Fijo
Punto Fijo, 13 de Junio de 2012
202º y 153º

ASUNTO PRINCIPAL : IP11-P-2012-000371
ASUNTO : IP11-P-2012-000371

Corresponde a este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, emitir pronunciamiento respecto de la solicitud interpuesta el 26/04/2012, por el Abogado ALEXANDER GONZALEZ, en su condición de Defensor Privado, del ciudadano ROBERT DIAZ, en el sentido que sea reconsiderada la medida privativa de libertad decretada por el Tribunal durante la celebración de la audiencia para oír al imputado y que le sea impuesta una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad menos gravosa de las previstas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud que el mismo requiere con urgencia intervención quirúrgica.

Este Tribunal una vez revisadas todas y cada una de las actas que conforman la presente causa, antes de emitir pronunciamiento pasa a realizar las siguientes consideraciones:

El 20 de Feberero de 2012, este Tribunal de Control, celebró la audiencia para oír al imputado, en la presente causa, en la que el Representante de la Fiscalía del Ministerio Público, solicitó la privación judicial preventiva de libertad del imputado ROBERT DIAZ, de conformidad con lo previsto en el artículo 250 ordinales 1°, 2° y 3° y articulo 251 ordinales 3° y 4°, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, y precalificó los hechos imputados como ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COMPLICIDAD y POSESION ILICITA DE ARMA DE GUERRA, previstos y sancionados en los artículos 458, 84 en sus ordinales 1°y 3°, 274 del Código penal, en relación con el articulo 3 de la ley de Armas y Explosivos, que impone la aplicación de una pena de DIEZ (10) A DIECISIETE (17) AÑOS DE PRISION; acogiendo el Juez de Control dicha calificación jurídica y ordenando la privación judicial preventiva de libertad del imputado de autos, de conformidad con los artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal.
Ahora bien, prevé el artículo 243 del Código Orgánico Procesal Penal, lo siguiente:
“Artículo 243: Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este Código.
La privación de libertad es una medida cautelar, que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso”.

Así se desprende que, el estado de libertad en la persona que es sometida a un proceso penal es la regla, sin embargo, se establecen excepciones a la aplicación de esa regla, como por ejemplo cuando estamos en presencia de la presunta comisión de delitos graves, por la cual no permite, a criterio de este decisor, de conformidad con lo previsto en la norma transcrita ut supra y en resguardo de las finalidades del proceso, la imposición de medidas cautelares sustitutivas.

En otro orden de ideas, el artículo 264 de la reforma del Código Orgánico Procesal Penal establece en su parte in fine: “…el juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares…y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas…”.

Trascrito lo anterior, es importante analizar, a los efectos de considerar si es procede o no la sustitución de la medida de privación de libertad, los aspectos relacionados con la proporcionalidad de los hechos objeto del proceso y así tenemos:
En este sentido, es necesario destacar, que el Legislador contempló igualmente, el carácter excepcional de la aplicación de una medida privativa de libertad, la cual deberá imponerse cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso.

En este orden de ideas, observa quien decide que en el presente caso los hechos por los cuales el representante del Ministerio Público formuló acusación, fueron precalificados como el delito de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COMPLICIDAD y POSESION ILICITA DE ARMA DE GUERRA, el cual como ya se señaló comporta la eventual imposición de pena muy alta, razones por las cuales son considerados como unos delitos graves, circunstancias estas que dificultan el otorgamiento de medidas cautelares sustitutivas de libertad. Además de lo anteriormente expuesto, las circunstancias que motivaron el decreto de la medida judicial de privación preventiva de libertad en el presente caso no han variado, es por lo que este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal en Función de Control del Circuito Judicial del Estado Falcón, sin embargo fue recibido en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial de Punto Fijo, escrito presentado Abog. Alexander González, en su carácter de Defensor Privado, Escrito constante de 01 folio útil, solicitando traslado a la Clínica La Familia para revisión oftalmológica. Anexo constante de 01 folio. Este Tribunal Primero De Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, Extensión Punto Fijo, le da entrada al referido escrito, y a los fines de garantizar el Derecho a la Salud, del imputado, consagrado en los artículos 19, 43 en su parte inicial y 83, del Texto Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, así como en los Tratados, Pactos y Convenios Internacionales suscritos por la Republica; siendo obligación de los administradores de Justicia, velar por el derecho a la salud; ACUERDA LA AUTORIZACION DEL TRASLADO del acusado, con todas las seguridades del caso, desde la Comunidad Penitenciaria de la ciudad de Coro, hasta la sede de la Medicatura Forense, adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas, Delegación Coro, y al Director de la Comunidad Penitenciaria de Coro, para que el acusado sea trasladado con las estrictas medidas de seguridad hasta la mencionada Medicatura a los fines de determinar la enfermedad que padece y una vez le sea prestada la asistencia medica requerida, el mismo, sea reingresado a dicho establecimiento Penitenciario con indicación que deberá informar a este tribunal sobre el cumplimiento del mandato del Tribunal. Se acuerdan las copias simples solicitadas por la Defensa y se declara SIN LUGAR, la solicitud del Abogado ALEXANDER GONZALEZ, en su condición de Defensor Privado, en el sentido que se le sea revisada la medida impuesta en la audiencia para oír al imputado en fecha 20/02/2012, y se acuerde una medida menos gravosa de las previstas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASI SE DECLARA.

En consecuencia, considera quien aquí decide que lo ajustado en el presente caso es MANTENER la medida judicial preventiva de libertad en la persona del acusado ROBERT DIAZ, acordada por este Tribunal, el 20 de Febrero del año 2012, toda vez que, el procedimiento se encuentra asegurado con la imposición y mantenimiento de la medida impuesta, siendo éste el fin que se persigue con la privación judicial preventiva de libertad de la persona que es presuntamente responsable de la comisión de éste tipo de delitos, dada la gravedad del hecho y la pena que pudiera llegar a imponerse. Se ACUERDA LA AUTORIZACION DEL TRASLADO del acusado, con todas las seguridades del caso, desde la Comunidad Penitenciaria de la ciudad de Coro, hasta la sede de la Medicatura Forense, adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas, Delegación Coro, y al Director de la Comunidad Penitenciaria de Coro, para que el acusado sea trasladado con las estrictas medidas de seguridad hasta la mencionada Medicatura a los fines de determinar la enfermedad que padece y una vez le sea prestada la asistencia medica requerida, el mismo, sea reingresado a dicho establecimiento Penitenciario con indicación que deberá informar a este tribunal sobre el cumplimiento del mandato del Tribunal. Se acuerdan las copias simples solicitadas por la Defensa.Y ASI SE DECIDE.

PUNTO PREVIO
Esta Juzgadora procede a publicar dicha resolución el día de hoy, haciendo la salvedad que la misma no le corresponde, toda vez que fui juramentada en este despacho en fecha 09 de Mayo de 2012, por la Presidencia del Circuito Judicial del Estado Falcón, y como quiera que se observa solicitud de revisión de medida de fecha, 26/04/2012, correspondiéndole al ciudadano Juez RAMIRO GARCIA, y la misma no la realizo en tiempo legal establecido en el artículo 177 del Código Orgánico Procesal Penal, es por lo que se procede a realizar y diarizar el día de hoy.

DISPOSITIVA
En base a las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, en ejercicio de la facultad revisora prevista en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, declara SIN LUGAR la solicitud interpuesta en fechas 26/04/2012, por el Abogado ALEXANDER GONZALEZ, en su condición de Defensor Privado, del acusado ROBERT DIAZ, en el sentido que le sea revisada la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad otorgada por este Juzgado en fecha 20 de Febrero de 2012, por considerar que las circunstancias en el presente caso no han variado y, por cuanto las finalidades del proceso se encuentran aseguradas con la imposición y mantenimiento de la medida impuesta al referido imputado por este Juzgado de Control, de conformidad con lo establecido en los artículos 243 y 244 del Código Orgánico Procesal Penal. Se ACUERDA LA AUTORIZACION DEL TRASLADO del acusado, con todas las seguridades del caso, desde la Comunidad Penitenciaria de la ciudad de Coro, hasta la sede de la Medicatura Forense, adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas, Delegación Coro, y al Director de la Comunidad Penitenciaria de Coro, para que el acusado sea trasladado con las estrictas medidas de seguridad hasta la mencionada Medicatura a los fines de determinar la enfermedad que padece y una vez le sea prestada la asistencia medica requerida, el mismo, sea reingresado a dicho establecimiento Penitenciario con indicación que deberá informar a este tribunal sobre el cumplimiento del mandato del Tribunal. Se acuerdan las copias simples solicitadas por la Defensa.
Publíquese, diarícese, y déjese copia de la presente decisión.
LA JUEZ DE CONTROL

KARLA MORALES MORA

EL SECRETARIO,

ABG. GREGORY COELLO