REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO EXTENSIÓN CORO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón Santa Ana de Coro, 19 de Marzo de 2012 201º y 153º ASUNTO PRINCIPAL : IP01-P-2010-000595 ASUNTO : IP01-0-2010-000595 DECAIMIENTO DE MEDIDA JUDICIAL PRIVATIVA DE LIBERTAD En esta misma fecha en la oportunidad de celebrarse audiencia de Apertura a juicio oral y público, y aún cuando la misma no pudo realizarse por el no traslado del acusado de autos, más sin embargo, haciendo una revisión del presente asunto presente y se pudo constatar que el ciudadano acusado JESUS EDUARDO ALVAREZ REYES, se encuentra privado de libertad desde el 16 de Marzo de 2010, siendo que efectivamente hasta la fecha han transcurrido 2 años privado sin que se haya realizado juicio oral y público, así mismo se verificó que no consta en el asunto solicitud de prórroga por parte del Ministerio Público, por lo que se procede mediante esta resolución y de oficio a decretar el decaimiento de la medida de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal.- En fecha 16 de Marzo de 2010 fue celebrada audiencia de presentación por ante el Tribunal Tercero de Control de éste Circuito, donde se le impuso la medida judicial preventiva privativa de libertad de conformidad con el articulo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Ahora bien, visto que evidentemente han transcurrido 2 años tal y como se dijo desde que el ciudadano JESÚS EDUARDO ÁLVAREZ REYES, identificado con la cédula de identidad número V.-16.943.133, venezolano, de 26 años de edad, taxista, soltero, nacido el 24-10-1985 en Coro estado Falcón, cuarto año de bachillerato como grado de instrucción, domiciliado en calle Rómulo Gallego, entre calle 8 y 9, barrio San José, casa sin número, diagonal al Zinder “Madre Emilia”, con teléfono 0268-460.21.32, ha estado privado de libertad, y visto que el ministerio público no hizo solicitud de prorroga, corresponde a éste Tribunal aplicar lo establecido en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece el principio de proporcionalidad de las medidas de coerción personal, en los términos siguientes: Articulo 244. No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable. En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años. Excepcionalmente, el Ministerio Público o el querellante podrá solicitar al Juez de control, una prórroga que no podrá exceder de la pena mínima prevista para el delito; para el mantenimiento de las medida de coerción personal que se encuentren próximas a su vencimiento, cuando existan causas graves que así lo justifiquen, las cuales deberán ser debidamente motivadas por el Fiscal o el querellante. En este supuesto, el Juez de control deberá convocar al imputado y a las partes a una audiencia oral, a los fines de decidir, debiendo tener en cuenta, a objeto de establecer el tiempo de la prórroga, el principio de proporcionalidad. Asimismo, resulta oportuno citar la sentencia Nº 1399, del 17 de julio de 2006, caso: Aníbal José García y otros, en la cual, se señaló que: (…) De lo anterior deriva que es derecho de la accionante solicitar la libertad por transcurso de más de dos (2) años de estar privado de la libertad sin mediar juicio oral y público y es obligación del juez de la causa principal decretar la libertad, al verificar el cumplimiento de los extremos exigidos en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, pues lo contrario sería violar el derecho a la libertad consagrado en el artículo 44 Constitucional, a menos que se evidencie la concesión de la prórroga referida supra, se advierta que el juicio no se ha llevado a cabo por culpa del imputado o si configura, en la concesión de la libertad de éste la amenaza o riesgo a los cuales alude el artículo 55 de la Constitución. La dilación indebida no hace referencia exclusiva y de manera inmediata a los plazos procesales legalmente establecidos, sino al límite que no debe ser traspasado en el cumplimiento de los mismos. Los plazos deben constituirse en orientadores del juicio de valor que ha de precisar si se ha producido o no una dilación indebida. Pues el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas no es “el derecho a que los plazos se cumplan”. Los plazos deben cumplirse, pero el cumplimiento de los mismos no puede entenderse dentro de la categoría de derecho fundamental. En este sentido se observa que no ha habido practicas dilatorias por parte de la defensa.; por lo tanto no cabria en este caso este supuesto. Ahora bien, también se deben apreciar otros criterios, como la complejidad del asunto, la conducta personal del justiciable, el riesgo de la víctima en este caso y la conducta de los órganos judiciales. Aunado a ello el Ministerio público no hizo solicitud alguna de prórroga donde fundamentara la complejidad del asunto o algún peligro grave; mal podría esta Juzgadora afirmar lo contrario o alargar la medida toda vez que es una orden que opera automáticamente de acuerdo a principios como la afirmación de la libertad, proporcionalidad e inocencia. Que aunque si bien es cierto existen aun persisten los suficientes elementos de convicción, el peligro de fuga y de obstaculización ya no es la medida privativa de libertad la procedente en este caso.- Así mismo, me permito hacer la siguiente consideración: Estamos ante la presencia de un delito grave como lo es el robo agravado, situación a la que hay que prestar atención por cuanto es necesario resarcir el daño a la víctima a través de la aplicación de la justicia y no queremos que exista la impunidad. No podemos negar que existe un riesgo razonable de un peligro de fuga o de obstaculización tal cual fue esgrimida en la oportunidad que fue dictada la medida, con el único propósito de garantizar las resultas del proceso, la aplicación de la justicia en general. En atención a todo esto esta Juzgadora cree conveniente no otorgar una libertad plena al acusado de autos, sino una libertad condicionada por algunas medidas que tienen como único propósito como ya se dijo garantizar las resultas del proceso; la comparecencia del acusado al juicio, de conformidad a los artículos 13 y 256 del Código Orgánico Procesal Penal; dichas medidas serían las siguientes: 1.-Presentación cada 15 días por ante este Tribunal; y 2.- Prohibición de salir del Estado Falcón.- Y ASI SE DECIDE. DISPOSITIVA Por todo lo antes expuestos este Tribunal Tercero de Juicio con Sede en Santa Ana de Coro, Estado Falcón en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que la Ley le Confiere Declara: 1.- SE DECRETA EL DECAIMIENTO DE LA MEDIDA JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD y SE ORDENA LA LIIBERTAD INMEDIATA DEL ACUSADO JESÚS EDUARDO ÁLVAREZ REYES. 2.- IMPONER AL ACUSADO, MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS DE LA LIBERTAD, consistentes en: 1.-Presentación cada 15 días por ante este Tribunal; y 2.- Prohibición de salir del Estado Falcón; para lo cual deberá presentarse ante este Tribunal en la fecha que se le indique.-. Notifíquese a las partes de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado. En Santa Ana de Coro, a los Diecinueve (19) días del mes de Marzo de 2012.- LA JUEZA TERCERO DE JUICIO ABG. JANINA CHIRINO HERNANDEZ LA SECRETARIA ABG. ELIANNA CALDERA