REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO EXTENSIÓN PUNTO FIJO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Juicio de Punto Fijo
Punto Fijo, Jueves veintidós (22) de Noviembre de 2012
202º y 153º
ASUNTO PRINCIPAL : IP11-P-2009-000177
ASUNTO : IP11-P-2009-000177
AUTO DECLARANDO IMPROCEDENTE DECAIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD.-
Visto el escrito que antecede, suscrito por el Abg. Eliécer Navarro, en su carácter de Defensor Privado quien se encuentra ejerciendo la defensa de la ciudadana: MARTINEZ ZAMBRANO DEIVI MARYORI, Venezolano, mayor de edad, de 22 años, soltera, oficio secretaria y titular de la Cédula de Identidad Nº V-18.694.437, residenciada en calle Progreso entre calles Uruguay y Chile, casa Nº 56 Punto Fijo Municipio, Carirubana del Estado Falcón, a quien se le sigue por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN PERSONA DE SU ASCENDIENTES O DESCENDIENTES previsto y sancionado en el Articulo 406 Numeral 3° Literal A Del Código Penal en perjuicio de la niña MARÍA CRISTINA IGLESIAS ZAMBRANO; consistiendo tal solicitud en el decaimiento de la medida de privación judicial preventiva de libertad conforme a lo previsto en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal; este Juzgadora realiza las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:
RECORRIDO PROCESAL
En fecha 31.01.2009: Se dicta orden de aprehensión en contra de los ciudadanos MARTINEZ ZAMBRANO DEIVI MARYORI y NAVEDA HERNANDEZ MARCOS ANTONIO, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN PERSONA DE SU ASCENDIENTES O DESCENDIENTES tipificado y sancionado en el ARTICULO 406 NUMERAL 3° LITERAL A del CÓDIGO PENAL, cometido en perjuicio de la niña MARÍA CRITINA IGLESIAS ZAMBRAZO.
En fecha 03.02.2009: se celebro acto de Audiencia oral de Presentación de imputado por ante el Juzgado Segundo en funciones de Control de esta extensión Judicial, en la cual resultara privado preventivamente de su libertad los ciudadanos MARTINEZ ZAMBRANO DEIVI MARYORI y NAVEDA HERNANDEZ MARCOS ANTONIO, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN PERSONA DE SU ASCENDIENTES O DESCENDIENTES tipificado y sancionado en el ARTICULO 406 NUMERAL 3° LITERAL A del CÓDIGO PENAL, cometido en perjuicio de la niña MARÍA CRITINA IGLESIAS ZAMBRAZO.
En fecha 30.03.2009: Se difiere acto de audiencia preliminar por incomparecencia de la representación fiscal.
En fecha 17.04.2010: Se difiere audiencia preliminar por incomparecencia de loa defensa privada.
En fecha 11.05.2009: Se llevo a efecto acto de Audiencia Preliminar, en el presente asunto penal, mediante el cual se ordenara el AUTO DE APERTURA A JUICIO a los ciudadanos MARTINEZ ZAMBRANO DEIVI MARYORI y NAVEDA HERNANDEZ MARCOS ANTONIO, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN PERSONA DE SU ASCENDIENTES O DESCENDIENTES tipificado y sancionado en el ARTICULO 406 NUMERAL 3° LITERAL A del CÓDIGO PENAL, cometido en perjuicio de la niña MARÍA CRITINA IGLESIAS ZAMBRAZO.
En Fecha 15 de Julio de 2009, se dio ingreso a la presente causa por ante este Juzgado Primero de Juicio procedente del Juzgado Segundo en funciones de Control de este mismo Circuito Judicial Penal, ordenándose el trámite de Ley respectivo.
En fecha 22.09.2009: Se difiere acto de constitución de tribunal, dado la incomparecencia de los escabinos seleccionados.-
En fecha 05.10.2009: Se difiere acto de constitución de tribunal, dado la incomparecencia de los escabinos seleccionados y la defensa privada.-
En Fecha 21 de Octubre de 2009, se constituyó el Tribunal en forma Unipersonal, ordenándose el trámite de Ley respectivo.
En fecha 26.05.2010: Mediante auto y previa solicitud de la defensa; este tribunal de conformidad a lo establecido en la constitución de la republica bolivariana en su articulo 83; se decreta procedente la sustitución de la medida de privación judicial preventiva de libertad por una medida menos gravosa a la acusada Deivi Maryory Martínez Zambrano plenamente identificada en autos, acusada en el presente asunto penal, por la presunta comisión del delito de Homicidio Calificado en Persona de Descendiente, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 3º literal A del Código Penal venezolano con la agravante prevista en el articulo 217 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Ñiñas y Adolescentes, y se le impone la medida de Arresto Domiciliario contenida en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual deberá cumplir en el Barrio Industrial, calle Municipal, casa s/n del ciudadano Enrique José Laguna Díaz.
En Fecha 21 de Septiembre de 2010, se apertura Juicio Oral y Público, y se fija su continuación para el día 29 de Septiembre de 2010.
En Fecha 29 de Septiembre de 2010, Se difiere la continuación del Juicio Oral y Público, por incomparecencia del Fiscal del Ministerio Público y se fija para el día 01 de Octubre de 2010.
En Fecha 01 de Octubre de 2010, Se difiere la continuación del Juicio Oral y Público, por incomparecencia del Fiscal del Ministerio Público y se fija para el día 04 de Octubre de 2010.
En Fecha 04 de Octubre de 2010, Se difiere la continuación del Juicio Oral y Público, por incomparecencia del Fiscal del Ministerio Público, y se fija para el día 05 de Octubre de 2010.
En Fecha 05 de Octubre de 2010, se da continuación al Juicio Oral y Público, se incorpora una Prueba Documental, y en vista de no existir la presencia de otros testigos ni expertos en la sala se suspende y se fija su continuación para el día 15 de Octubre de 2010.
En Fecha 15 de Octubre de 2010, se continua Juicio Oral y Público, se incorpora una Prueba Documental, y en vista de no existir la presencia de otros testigos ni expertos en la sala se suspende y se fija su continuación para el día 26 de Octubre de 2010.
En Fecha 26 de Octubre de 2010, se da continuación al Juicio Oral y Público, se incorpora una Prueba Documental, y en vista de no existir la presencia de otros testigos ni expertos en la sala se suspende y se fija su continuación para el día 03 de Noviembre de 2010.
En Fecha 03 de Noviembre de 2011, se da continuación al Juicio Oral y Público, se incorpora una Prueba Documental, y en vista de no existir la presencia de otros testigos ni expertos en la sala se suspende y se fija su continuación para el día 08 de Noviembre de 2010.
En Fecha 08 de Noviembre de 2010, se da continuación al Juicio Oral y Público, se incorpora una Prueba Documental, y en vista de no existir la presencia de otros testigos ni expertos en la sala se suspende y se fija su continuación para el día 15 de Noviembre de 2010.
En Fecha 15 de Noviembre de 2010, Se difiere la continuación del Juicio Oral y Público, por incomparecencia del Fiscal del Ministerio Público, y se fija para el día 18de Noviembre de 2010.
En Fecha 18 de Noviembre de 2010, Se continúa Juicio Oral y Público, se evacuan dos expertos y un testigo, en vista de no existir la presencia de otros testigos ni expertos en la sala se suspende y se fija para el día 30 de Noviembre de 2010.
En Fecha 30 de Noviembre de 2010, se da continuación al Juicio Oral y Público, se incorpora una Prueba Documental, y en vista de no existir la presencia de otros testigos ni expertos en la sala se suspende y se fija su continuación para el día 08 de Diciembre de 2010.
En Fecha 08 de Diciembre de 2010, se continua Juicio Oral y Público, se incorpora una Prueba Documental, y en vista de no existir la presencia de otros testigos ni expertos en la sala se suspende y se fija su continuación para el día 15 de Diciembre de 2010.
En Fecha 15 de Diciembre de 2010, se difiere la continuación de Juicio Oral y Público en vista de la incomparecencia de la acusada Deivi Maryori Martínez Zambrano y los Defensores Privados y se fija la continuación del Juicio Oral y Público para el día 20 de Diciembre de 2010.
En Fecha 20 de Diciembre de 2010, se difiere audiencia de Juicio Oral y Público por la falta de traslado de los acusados y la incomparecencia del Fiscal del Ministerio Público. Se fija continuación para el día 21 de Diciembre de 2010.
En Fecha 21 de Diciembre de 2010, se da continuación al Juicio Oral y Público, se incorpora una prueba documental, fijándose la continuación para el día 13 de Enero de 2011
En Fecha 13 de Enero de 2011, se difiere audiencia de Juicio Oral y Público en vista de la incomparecencia de los Acusados. Se fija continuación para el día 17 de Enero de 2011.
En Fecha 17 de Enero de 2011, se da continuación al Juicio Oral y Público, se incorpora una prueba documental, fijándose su continuación para el día 27 de Enero de 2011.
En Fecha 27 de Enero de 2011, Se difiere la continuación del Juicio Oral y Público, por incomparecencia del Fiscal del Ministerio Público, y se fija para el día 28 de Enero de 2011.
En Fecha 28 de Enero de 2011, Se difiere la continuación del Juicio Oral y Público, por incomparecencia del Fiscal del Ministerio Público y Defensores Privados, y se fija para el día 31 de Enero de 2011.
En Fecha 31 de Enero de 2011. Se Continúa Juicio Oral y Público, se incorpora una prueba documental, fijándose su continuación para el día 07 de Febrero de 2011.
En Fecha 07 de Febrero de 2011, Se continúa Juicio Oral y Público, se evacuan dos expertos, en vista de no existir la presencia de otros testigos ni expertos en la sala se suspende y se fija para el día 15 de Febrero de 2011.
En Fecha 15 de Febrero de 2011, Se difiere la continuación del Juicio Oral y Público, por incomparecencia del Fiscal del Ministerio Público, y se fija para el día 17 de Febrero de 2011.
En Fecha 17 de Febrero de 2011. Se Continúa Juicio Oral y Público, se incorpora una prueba documental, fijándose su continuación para el día 25 de Febrero de 2011.
En Fecha 25 de Febrero de 2011. Se Continúa Juicio Oral y Público, se incorpora una prueba documental, fijándose su continuación para el día 11 de Marzo de 2011.
En Fecha 11 de Marzo de 2011. Se Continúa Juicio Oral y Público, se incorpora una prueba documental, fijándose su continuación para el día 23 de Marzo de 2011.
En Fecha 23 de Marzo de 2011, Se continúa Juicio Oral y Público, se evacua un testigo, en vista de no existir la presencia de otros testigos ni expertos en la sala se suspende y se fija para el día 04 de Abril de 2011.
En Fecha 04 de Abril de 2011, Se continúa Juicio Oral y Público, se evacua un testigo, en vista de no existir la presencia de otros testigos ni expertos en la sala se suspende y se fija para el día 14 de Abril de 2011.
En Fecha 14 de Abril de 2011, Se difiere en virtud de que el Tribunal estaba en continuación de otro Juicio Oral y Público Nº IP11-P-2009-002654 y se fija para el día 15 de Abril de 2011.
En Fecha 15 de Abril de 2011, Se continúa Juicio Oral y Público, se evacua un testigo, en vista de no existir la presencia de otros testigos ni expertos en la sala se suspende y se fija para el día 26 de Abril de 2011.
En Fecha 26 de Abril de 2011, Se difiere la continuación del Juicio Oral y Público, por incomparecencia del Fiscal del Ministerio Público, y se fija para el día 29 de Abril de 2011.
En Fecha 29 de Abril de 2011. Se Continúa Juicio Oral y Público, se incorpora una prueba documental, fijándose su continuación para el día 09 de Mayo de 2011.
En Fecha 09 de Mayo de 2011. Se difiere por falta de la Defensa privada Abg. Angélica Herrera y La Acusada, fijándose su continuación para el día 12 de Mayo de 2011.
En Fecha 12 de Mayo de 2011, Se difiere la continuación del Juicio Oral y Público, por incomparecencia del Fiscal del Ministerio Público y Defensores, y se fija para el día 18 de Mayo de 2011.
En Fecha 18 de Mayo de 2011, Se continúa Juicio Oral y Público, se evacuan dos testigos, en vista de no existir la presencia de otros testigos ni expertos en la sala se suspende y se fija para el día 27 de Mayo de 2011.
En Fecha 27 de Mayo de 2011, Se difiere la continuación del Juicio Oral y Público, por incomparecencia de los Acusados y Defensores, y se fija para el día 31 de Mayo de 2011.
En Fecha 31 de Mayo de 2011, Se difiere la continuación del Juicio Oral y Público, por incomparecencia de los Acusados y Defensores, y se fija para el día 01 de Junio de 2011.
En Fecha 03 de Junio de 2011, Se difiere la continuación del Juicio Oral y Público, en virtud de que no hubo despacho, y se fija para el día 06 de Junio de 2011.
En Fecha 06 de Junio de 2011, Se continúa Juicio Oral y Público, se evacua un testigo, en vista de no existir la presencia de otros testigos ni expertos en la sala se suspende y se fija para el día 14 de Junio de 2011.
En Fecha 14 de Junio de 2011, no hubo Despacho en este tribunal en virtud de que la Jueza Abg. Morela Ferrer fue designada Presidenta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón. En Consecuencia queda automáticamente interrumpido el Juicio Oral y Público.
En fecha 20.07.2011: Se publica auto mediante el cual se decreta la interrupción del Juicio oral y Publico.-
En fecha 09.12.2011: Se difiere juicio oral y público por solicitud de la defensa privada.-
En fecha 07.11.2011: Se recibe escrito de reacusación por parte de la representación fiscal Nº VI del Ministerio Público y se realiza la tramitación de ley.-
En fecha 25.01.2012: Se recibe asunto penal nuevamente en razón de haber sido declarada SIN LUGAR la reacusación planteada.-
En fecha 10.09.2012: Se publica auto de avocamiento y reprogramación de juicio oral y público.-
En fecha 22.05.2012: Se difiere juicio oral y público en virtud de la reacusación planteada en contra de la representación fiscal.-
En fecha 21.06.2012: Se difiere juicio oral y público en virtud de la solicitud realizada por la representación fiscal.-
En fecha 23.07.2012: Se difiere juicio oral y público por falta de traslado de la acusada de actas desde el centro de detención. –
En fechas 19.09.2012 y 04.11.2012: Se encontraba pautado juicio oral y público, no siendo posible su celebración dado que la Juzgadora se encontraba de permiso concedido por la Jueza Rectora del estado Falcón; siendo reprogramado para el día 13012.2012.
II
DE LA RESOLUCION DEL TRIBUNAL
Realizado el análisis anterior a los fines de determinar este Tribunal las razones de porque en la presente causa hasta la presente fecha no se ha realizado la celebración del juicio oral y público y han transcurrido más de dos años desde la fecha de reclusión de la acusada de autos, es necesario en primer lugar, señalar que prevé el único aparte del artículo 26 del texto Constitucional, “…El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa, y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.”, por su parte establece el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, “No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable. En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años…”, es decir, prevé el principio de proporcionalidad en relación al transcurso de los dos años desde que le fuera impuesta medida a un procesado. Cursiva nuestra
Por su parte, ha ilustrado el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, con Ponencia del Dr. ANTONIO GARCÍA GARCÍA, de fecha 06 de febrero de 2003, sentencia N° 114, lo siguiente: “…Esta disposición normativa, establece el principio de proporcionalidad de la medida de coerción personal, el cual igualmente estaba previsto en el artículo 253 del reformado Código Orgánico Procesal Penal, en los mismos términos, excepto en el supuesto de la prórroga legal… Cursiva nuestra
Ahora bien, cabe destacar que esta Sala señaló, respecto al contenido del entonces artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, en la sentencia del 12 de septiembre de 2001 (caso: Rita Alcira Coy y otros), lo siguiente: “La privación de la libertad por orden judicial, cesa cuando la autoridad judicial ordena la excarcelación (artículo 44.5 constitucional) la cual tendrá lugar por las causas previstas en las leyes.
Entre estas causas, y a nivel legal, se encuentran las del artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, que en su último aparte reza con relación a los medios de coerción personal, de los cuales algunos obran como la excepción al principio de juzgamiento en libertad, establecido en el artículo 44 constitucional y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, que en ningún caso podrán sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años.
Se trata de una norma precisa, que no previene cumplimiento de requisitos de otra clase, distintos a los señalados, para poner fin a las medidas de coerción personal decretadas.
Etimológicamente, por medidas de coerción personal, debe entenderse no sólo la privación de libertad personal, sino cualquier tipo de sujeción a que es sometida cualquier persona, por lo que incluso las medidas cautelares sustitutivas, son de esa clase.
En consecuencia, cuando la medida (cualquiera que sea) sobrepasa el término del artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, ella decae automáticamente sin que dicho Código prevea para que se decrete la libertad, la aplicación de medida sustitutiva alguna, por lo que el cese de la coerción –en principio– obra automáticamente, y la orden de excarcelación, si de ella se trata, se hace imperativa, bajo pena de convertir la detención continuada en una privación ilegítima de la libertad, y en una violación del artículo 44 constitucional.
A juicio de esta Sala, el único aparte del artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando limita la medida de coerción personal a dos años, no toma en cuenta para nada la duración del proceso penal donde se decreta la medida, el cual puede alargarse por un período mayor a los dos años señalados, sin que exista sentencia firme, y ello –en principio- bastaría para que ocurra el supuesto del artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal. Sin embargo, debido a tácticas procesales dilatorias abusivas, producto del mal proceder de los imputados o sus defensores, el proceso penal puede tardar más de dos años sin sentencia firme condenatoria que sustituye la medida y, en estos casos una interpretación literal, legalista, de la norma, no puede llegar a favorecer a aquél que trata de desvirtuar la razón de la ley, obteniendo de mala fe un resultado indebido. La torpeza en el actuar, dilatando el proceso, no puede favorecer a quien así actúa” Cursiva nuestra.
Ahora bien, esta Sala hace notar que algunos de los diferimientos ocurridos dentro del proceso penal seguido al ciudadano Davis Wladimir Núñez Guerra, referidos a la celebración del acto de depuración de escabinos, que no han permitido a su vez la realización del juicio oral y público y que fueron precisados supra, se deben al actuar de la defensa técnica de dicho accionante, por lo que se colige que parte de la dilación presentada dentro del proceso que ha llevado a superar el lapso de dos años, es producto de la conducta desplegada por el abogado de la acusada, por lo que en atención a lo señalado en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, referido al decaimiento de la medida de coerción personal al sobrepasar el lapso de dos años, no puede favorecer al ciudadano Davis Wladimir Núñez Guerra, y así se declara. (Énfasis añadido).
Transcurrido como han sido los dos años de detención, es necesario hacer referencia a decisión dimanada del de la Sala Penal con Ponencia de la Magistrada DEYANIRA NIEVES BASTIDAS de fecha 25 de marzo del año 2008, expediente N° AVO-07-367, de la cual se desprende lo siguiente: “…Y en relación con el levantamiento de las medidas, en jurisprudencia de la Sala Constitucional, se declaró: “…esta Sala hace notar que algunos de los diferimientos ocurridos dentro del proceso penal seguido al ciudadano Davis Wladimir Núñez Guerra, referidos a la celebración del acto de depuración de escabinos, que no han permitido a su vez la realización del juicio oral y público y que fueron precisados supra, se deben al actuar de la defensa técnica de dicho accionante, por lo que se colige que parte de la dilación presentada dentro del proceso que ha llevado a superar el lapso de dos años, es producto de la conducta desplegada por el abogado de la acusada, por lo que en atención a lo señalado en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, referido al decaimiento de la medida de coerción personal al sobrepasar el lapso de dos años, no puede favorecer al ciudadano Davis Wladimir Núñez Guerra, y así se declara…”. Sentencia Nº 114 del 6 de febrero de 2003). (Cursiva nuestra).
Reiterando que “…En relación con lo estipulado en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, esta Sala Constitucional en reiterada jurisprudencia (vid. Casos: Rita Alcira Coy, del 24 de enero de 2001 e Iván Alexander Urbano, del 15 de septiembre de 2004) ha señalado que la medida de coerción personal que es decretada contra un imputado o acusado decae, previo análisis de las causas de la dilación procesal, cuando han transcurrido más de dos años de su vigencia, contados a partir del momento en que fue dictada, siempre y cuando, no se haya proveído la prórroga establecida en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, dado que, en ese caso, deberá esperarse que culmine la misma para que pueda existir dicho decaimiento. No procederá el decaimiento de la medida, aunque hayan transcurrido los dos años, en aquellos casos en los cuales dicho lapso haya transcurrido por causas imputables al procesado, o cuando la libertad del imputado se convierte en una infracción del artículo 55 de la Constitución vigente, todo lo cual debe ser debidamente examinado por el juez de juicio.
Asimismo, se ha señalado que esa pérdida de la vigencia se traduce en la libertad del imputado o acusado y debe ser proveída, de oficio, por el tribunal que esté conociendo de la causa. Ahora bien, si la libertad no es decretada, entonces el afectado, o su defensa, debe solicitar simplemente la libertad, atendiendo al contenido del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal. No debe entenderse esta solicitud como una revisión de la medida de coerción personal, según lo establecido en el artículo 264 eiusdem, por cuanto esta última disposición normativa sólo se aplica en aquellos casos en los cuales las razones por las cuales fue dictada la medida han variado, lo cual es distinto a la prolongación en el tiempo de la misma (ver, en ese sentido, la sentencia N° 3060, del 4 de noviembre de 2002, caso: David José Bolívar).
Ahora bien, si la libertad es negada por el tribunal que conoce de la causa –como sucedió en el presente caso- ello permite que la parte afectada pueda interponer el recurso de apelación establecido en el numeral 5 del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, dado que esa negativa le produce un gravamen y, además, no se trata de una decisión inimpugnable, como ocurre cuando se niega la revisión de la medida de coerción personal. Ese medio judicial ordinario –la apelación-, debe ser agotado antes de intentar el amparo, ya que, en caso contrario, la acción deviene inadmisible conforme a lo señalado en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales…”. (Sentencia N° 1315 del 22 de junio de 2005). Cursiva nuestra.
Refiere el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes”.
En relación al señalado artículo y el levantamiento de la medida privativa de libertad, la Sala Constitucional expresó: “…declarar automáticamente la libertad sin restricción una vez que el lapso de dos años anteriormente citado se haya vencido, atentaría contra la propia ratio de las medidas cautelares, toda vez que éstas constituyen un medio para asegurar los fines del proceso, que son lograr la búsqueda de la verdad y la aplicación de la ley penal sustantiva al caso concreto, siendo dichas medidas un mecanismo para neutralizar los peligros que puedan obstaculizar la consecución de tales fines.
De igual forma, tal proceder, acarrearía consecuencias político-criminales sumamente negativas, toda vez que conllevaría a la impunidad; pudiendo implicar a su vez un alto costo individual, especialmente con relación al peligro que ello pueda implicar para la víctima del delito (tomando en cuenta que el artículo 30 de nuestra Constitución establece el deber del Estado de brindarle protección) y para la parte acusadora, así como también un alto costo social.
En tal sentido, y siguiendo al maestro argentino Jorge Moras Mom, debe indicarse que la jerarquía constitucional de la seguridad común (consagrado en el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) que se aspira a proteger a través del proceso como instrumento de la función penal del Estado, es de igual rango que la libertad individual del hombre a quien se le imputa haber conculcado aquélla. Este último es autor de un delito, aquélla es su víctima. Así, en el proceso penal, en forma permanente, están presentes en estas dos garantías, debiendo atender la Ley a ambas, y por ello el equilibrio entre ellas debe ser consultado y regulado paso a paso. Ninguna debe estar por encima de la otra, sino sólo en la medida indispensable, excepcional, adecuada a la finalidad del proceso penal, y con la exigencia ineludible de que se cause el menor daño posible (MORAS MOM, Jorge. Manual de Derecho Procesal Penal. Quinta edición actualizada. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 1999, p. 286). De lo anterior se desprende una consecuencia lógica, y es que ante estos casos el Juez debe llevar a cabo una ponderación de intereses…”. (Sentencia N° 1212 del 14 de junio de 2005).
En el mismo orden de ideas es de hacerse notar que existen reiterada Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a la interpretación del Artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual textualmente señala:
“Proporcionalidad. No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable.
En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años…” Cursiva nuestra
Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha sostenido con Ponencia del Magistrado Francisco Carrasquero López, Sentencia de fecha 17-07-2006, Exp. N° 06-0617. Sent. N° 1399, señala lo siguiente: “Transcurrido los dos años se debe apreciar, entre otros criterios, la complejidad del asunto, la conducta personal del justiciable, el riesgo del demandante en el proceso y la conducta de los órganos judiciales…” De igual manera la Sala Constitucional con ponencia de la Magistrada: Carmen Zuleta Merchán. Exp. N° 05-1899. Sentencia de fecha 13-04-2007, dejó sentado: “…Cabe recalcar que en el proceso pueden existir dilaciones propias de la complejidad del asunto debatido, por lo que el simple transcurso del tiempo no configura íntegramente el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, pues, de lo contrario, la comprensible complejidad que pudiera llegar a tener un caso se convertiría en un mecanismo que propenda a la impunidad. Tal circunstancia, en un razonamiento lógico, conduce a concluir que la norma per se excluye los retrasos justificados que nacen de la dificultad misma de lo debatido; sólo esta interpretación justifica que el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se refiera al deber del Estado de garantizar una justicia sin dilaciones indebidas, lo que reconoce implícitamente que en los procesos pueden existir dilaciones debidas o, dicho en otras palabras, que se pueden justificar, tal como lo refiere en igual sentido el propio artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal. Así, un proceso penal puede prolongarse sin que exista una tardanza de mala fe imputables a las partes o al Juez, pues en algunos casos es posible y hasta necesario para la búsqueda de la verdad de los hechos que las partes, en ejercicio pleno de su derecho a la defensa y dada la complejidad del caso, promuevan un número importante de medios de pruebas que luego deberán ser evacuadas, en estos casos, se insiste, la tardanza del proceso penal se debe a la complejidad de los hechos controvertidos y mal puede dicha complejidad beneficiar a los posibles culpables…” Cursiva nuestra.
Sobre las citas jurisprudenciales extractadas estima quien aquí decide que en el presente caso, que si bien es cierto han transcurrido mas de dos (2) años desde que la acusada MARYORI DEIVI MARTINEZ ZAMBRANO, se encuentra desde la fecha de 26.05.2010 bajo una medida cautelar menos gravosa; debiendo los intereses de las partes deben ser ponderados, así como, debe ser considerado que la propia ratio de las medidas cautelares, toda vez que éstas constituyen un medio para asegurar los fines del proceso, que son lograr la búsqueda de la verdad y la aplicación de la ley penal sustantiva al caso concreto, siendo dichas medidas un mecanismo para neutralizar los peligros que puedan obstaculizar la consecución de tales fines, debiendo esta Juzgadora garantizar las resultas del proceso y por tanto se estima que se debe mantener la medida de privación judicial de libertad que pesa contra el mencionado ciudadano, cuyos elementos de convicción que dieron origen a la imposición de la misma, se mantienen vigentes hasta la presente fecha, como son, la Presunta comisión de un hecho punible que merece pena corporal como es el delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN PERSONA DE SU ASCENDIENTES O DESCENDIENTES previsto y sancionado en el Articulo 406 Numeral 3° Literal A Del Código Penal, en perjuicio de la niña MARÍA CRISTINA IGLESIAS ZAMBRANO, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita hasta la presente fecha, fundados elementos de convicción para estimar que la acusada de autos ha sido el presunto autor o partícipe en dicho hecho punible y, existe una presunción razonable por las circunstancias en particular del peligro de fuga, por la posible pena a imponer, por el delito que se trata, la magnitud del daño causado en el presente caso, la vida de una persona.
Por otra parte, siendo que la solicitud de la Defensa Privada en el presente caso se fundamenta en el tiempo que ha permanecido su representada en detención tiempo éste superior a los dos años, es decir, al principio de proporcionalidad, motivo por el tribunal, estima realizar el pronunciamiento del presente fallo en relación a la solicitud de decaimiento de la medida de privación judicial de libertad y, tal respecto, se observa que los diferimientos en las diversas audiencia fijadas, en su mayoría han sido falta de traslado desde el centro de detención, lo cual de manera clara ha conllevado indudablemente a un retardo judicial imputable a los mismos justiciables.
De igual manera, observa este Tribunal que en el presente asunto penal, si bien es cierto que la acusada MARYORI DEIVI MARTINEZ ZAMBRANO, cumplió mas de dos años bajo la Medida de Arresto Domiciliario, no es menos cierto que el proceso penal no se encuentra paralizado, tal y como se observo en el recorrido procesal anteriormente realizado.
Es menester a su vez, analizar las circunstancias referentes al caso concreto, en el sentido de valorar la necesidad o no de mantener, por sobre el limite inicial establecido en el articulo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, la privación preventiva de libertad, en ese sentido considera quien decide, en la presente causa se esta en presencia de delitos de marcada gravedad, pues los hechos punibles objeto de persecución penal en el presente caso configuran delitos de los previstos en la Ley Penal y las otras Leyes Especiales, en tal sentido, en atención al Principio de Proporcionalidad establecido en el citado artículo 244, en lo referente a la magnitud del daño social causado, la posibilidad de que quede irrisoria la pretensión del estado que no es mas que la celebración del Juicio Orla y Público, es menester tomar en consideración, que en el presente asunto, según la naturaleza de los delitos atribuidos, obviamente que aun no es posible deducir si, el hecho pena la acusada se cometió y si se esta en presencia del autor del mismo, pues esto es precisamente la materia a decidir como producto del Juicio Oral a celebrarse, razones estas por las cuales encuentra quien decide que se mantienen vigentes las circunstancias tomadas en consideración por el Tribunal de Control para decretar una medida de privación preventiva de libertad, traducido en la existencia de un hecho punible que merece pena privativa de libertad aun no prescrita; los elementos de convicción que en su momento fueron analizados por el Tribunal de Control al cual le correspondió conocer para estimar que la acusada ha sido participe o autor, hechos estos que el Tribunal asume de la decisión jurisdiccional tomada al efecto y no revisa ni analiza por cuanto no debe contaminar su conocimiento acerca del fondo de la causa, igualmente se puede presumir un peligro de fuga por la pena que podría resultar impuesta la cual es mayor en su límite máximo a los 10 años conforme al parágrafo primero del artículo 251 del COPP, y un peligro de obstaculización en razón de que, de quedar en libertad podría intentarse influir en la víctima, los testigos o expertos del caso para evitar su comparecencia al Juicio Oral y Publico. Por tales razones, atendiendo a todas las consideraciones particulares del caso, considera quien decide que, efectivamente es necesario mantener la medida de Coerción Personal impuesta por este Tribunal en fecha 26-05-2010, como lo es la Medida de Arresto Domiciliario, la cual se ratifica; tomando en consideración la entidad del delito acusado y en aplicación de una política criminal coherente que le garantice al estado Venezolano, a las víctimas y a la comunidad en general, una aplicación de Justicia efectiva, como es deber de esta juzgadora acatar, en ponderación de los derechos particulares y generales inmersos en el presente caso, a pesar de haber transcurrido los dos años que establece el Artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, este Tribunal considera que no debe decaer la medida de coerción personal impuesta, en virtud de que estamos frente a un proceso penal con circunstancias particularmente complejas, que vienen dadas por la entidad de los hechos que dieron origen al presente proceso penal.
De lo que se observa que el presente caso no ha estado paralizado, ni ha existido temeridad o mala fe alguna por alguna por parte del Tribunal, para obstaculizarla; ha sido la complejidad del mismo, así como el respeto a los derechos de los acusados, así como las posibles dilaciones que pudieron haber causado las partes durante el desarrollo del debate que fuera interrumpido de manera justificada, lo que motiva su demora en el tiempo; en tal sentido a criterio de quien decide se hace Improcedente el Decaimiento de la Medida, conforme a lo previsto en el artículo 244 del COPP y en consecuencia se acuerda el mantenimiento de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad; en razón de haber sido concatenado la complejidad del asunto al que va a ser sometido el juicio oral y público y los criterios jurisprudenciales expuestos por nuestro máximo Tribunal de la República, los cuales hacen llegar a esta Juzgadora al pleno convencimiento de que no debe decaer la medida cautelar de privativa de libertad impuesta a la acusada MARYORI DEIVI MARTINEZ ZAMBRANO, a pesar de que cumplen mas de dos años de privación judicial preventiva de su libertad, no significando esta circunstancia que se le otorgue carácter perenne a la misma y no siendo desproporcionada en relación con la gravedad de los delitos, las circunstancias de su comisión y la sanción probable; todo de conformidad con lo establecido en los Artículos 244 y 264 del Código Orgánico Procesal Penal y Artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y ASÍ SE DECIDE.
DISPOSITIVA
Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Tribunal Primero de Primera Instancia Penal en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, extensión Punto Fijo, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECRETA: PRIMERO: NIEGA POR IMPROCEDENTE EL CESE DE LA MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL, consistente en la Privación Judicial Preventiva de la Libertad decretada a la acusada MARYORI DEIVI MARTINEZ ZAMBRANO, a quien se le atribuye la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN PERSONA DE SU ASCENDIENTES O DESCENDIENTES previsto y sancionado en el Articulo 406 Numeral 3° Literal A Del Código Penal en perjuicio de la niña MARÍA CRISTINA IGLESIAS ZAMBRANO, de conformidad con lo establecido en los Artículos 244, 256 y 264 del Código Orgánico Procesal Penal concatenado con el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. SEGUNDO: Se Ratifica la Medida de Coerción consistente en la >Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de libertad, decretada por la Jueza de Juicio que regentaba este juzgado para la fecha 26.05.2010 de conformidad con lo establecido en el artículo 256.1 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo la acusada MARYORI DEIVI MARTINEZ ZAMBRANO permanecer en su lugar de residencia, dejándose constancia que en caso de continuar incumpliendo la misma, el Tribunal se vera forzado a decretar la revocatoria de la referida medida cautelar. TERCERO: Se acuerda oficiar al Departamento de Alguacilazgo de esta extensión Judicial a objeto de solicitarle se sirva nombrar una comisión para que corrobore el cumplimiento de la Medida de Arresto Domiciliario en la siguiente dirección: CALLE JUAN 23 CON PANAMÁ, CASA Nº 11, CERCA DEL MERCADO MUNICIPAL JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO CARIRUBANA DEL ESTADO FALCÓN; debiendo de remitir mediante información mediante informe escrito de la practica y resulta de dicho traslado. . Dada sellada y firmada, en la sede del Tribunal Primero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón extensión Punto Fijo, a los veintidós (22) días del mes de Noviembre del año Dos Mil Doce.
LA JUEZA PRIMERA EN FUCIONES DE JUICIO
ABOG. CLAUDIA RENATA BRACHO PEREZ.
LA SECRETARIA
ABG. MARLIN BARRIENTO