REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO EXTENSIÓN CORO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón Coro, 20 de Julio de 2012 202º y 153º ASUNTO PRINCIPAL: IP01-P-2010-002367 Vista la solicitud de revisión de medida, interpuesta por el Abg. Nelson García, a favor de su defendido KERVIN JESUS CORDOVA, quien se encuentra identificado en autos y a quien le fue ordenado la apertura a juicio oral y público, por la presunta comisión de los delitos de EXTORSION, en grado de Coautoría previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley contra la Extorsión y el Secuestro, en concordancia con el artículo 83 del Código Penal, cometido en perjuicio de la ciudadana Nelly Lourdes Guardia de Carrera, este Tribunal con fundamento en el artículo 264, del Código Orgánico Procesal Penal resuelve de la manera siguiente: DE LA SOLICITUD DE LA DEFENSA Observa este Tribunal que la Defensa expone en su escrito de solicitud: “...Solicitar la revisión de la medida de detención domiciliaria, que pesa sobre él desde hace mas de dos años, puesto que dicha medida le imposibilita acceder al derecho constitucional al estudio y al trabajo, y siendo que su comparecencia a los demás actos del proceso puede ser satisfecho con una medida menos gravosa es que considero pertinente la revisión de la prenombrada medida cautelar...” II FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL PARA DECIDIR Establece el artículo 264, del Código Orgánico Procesal Penal, lo siguiente: “Examen y Revisión. El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras” menos gravosas. La negativa del Tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación”. Del análisis del artículo antes esbozado, encontramos el derecho que tiene el imputado a solicitar ante el Juez la revisión de la medida de privación judicial preventiva de libertad y de las medidas cautelares impuestas las veces que así lo considere, estableciendo de esta manera la obligación por parte del Juez de examinarlas periódicamente, para analizar y estudiar la necesidad de mantenerlas vigente o por el contrario sustituirlas cuando así lo estime. Así las cosas, conviene apuntar que de la revisión del presente asunto, se observa que en fecha 19 de enero de 2011, esta Instancia Judicial previa solicitud de la defensa revisó la medida y resolvió imponer medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad prevista en el numeral 1º del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual se refiere a la detención domiciliaria de los acusados. En este sentido, es necesario acotar, que una medida cautelar sea privativa o no se impone a una persona cuando existen motivos suficientes de conformidad con la ley, en este caso, se han observado en distintas oportunidades como a lo largo del proceso en sus distintas fases que esos motivos han sido suficientemente explanados, explicados y justificados tal como se evidencia de las resoluciones que rielan en el presente asunto. Estar sometido a un proceso es un asunto serio que implica sacrificios y privaciones de algún tipo sobre la persona en cuestión, y más cuando pesa sobre ellas una acusación ya revisada y admitida, en donde se supone hay suficientes elementos para imponer alguna medida que someta a esa persona al proceso de cualquier manera legal, lícita y legítima. Desde el principio de éste proceso se supo que los imputados y luego acusados eran estudiantes, aspecto que se evidencia de las constancias de estudios e incluso de los dichos por algunos familiares y ellos mismos en las distintas audiencias, sin embargo, no se consideró un obstáculo para la imposición de una medida cautelar, ¿porque?, Por que un proceso penal se trata de un asunto de orden público en donde están involucrados a parte de los derechos de los imputados y/o acusados los derechos de las víctimas que también requieren respuesta efectiva y sobre todo protección. Por otro lado, el derecho a la educación es un derecho de segunda generación que sin quitarle importancia no es vital para el ser humano, sobre todo en lo que se refiere a la educación formal, y repito todo proceso penal supone sacrificios, si bien es cierto, no existe sentencia condenatoria, existen suficientes elementos de convicción para creer en la participación de los acusados en el hecho delictivo en primer lugar, también existe el peligro de fuga por la pena que podría llegarse a imponer y el peligro de obstaculización por cuanto existe a una víctima, a unos testigos que hay que proteger. A mayor abundamiento me permito señalar y citar un fragmento de la sentencia Nº 101 de fecha 17 de marzo de 2011 emanada de la Sala de Casación Penal de nuestro máximo tribunal, a saber: …” efectivamente las medidas de coerción personal, tienen como objeto principal, servir de instrumentos procesales que garanticen la permanencia y sujeción de los sujetos procesados penalmente, al desarrollo y resultas del proceso criminal que se les sigue; ello, en atención a que el resultado de un juicio, puede potencialmente conllevar a la aplicación de penas corporales, que de no estar debidamente garantizado mediante medidas instrumentales, como lo son las medidas coercitivas, pudieran hacer ilusorias la ejecución de la sentencia. Siendo entonces, que ningún motivo ha variado, ningún requisito ha dejado de tener vigencia, ningún extremo ha dejado de existir en beneficio de los hoy acusados, mal podría esta Juzgadora revocar la medida cautelar sustitutiva, en consecuencia, se niega la solicitud presentada por la defensa. Y ASI SE DECIDE. Decisión Por todo lo antes expuestos este Tribunal Tercero de Juicio con Sede en Santa Ana de Coro, Estado Falcón en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que la Ley le Confiere Declara: PRIMERO: SIN LUGAR SOLICITUD DE REVISION DE MEDIDA PRESENTADA por el abogado Nelson García a favor de su defendido Kervin Cordova, todo conforme al artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Regístrese, diaricese, déjese copia de la presente decisión. Notifíquese a la Fiscalía. LA JUEZA KARINA N. ZAVALA ESPINOZA LA SECRETARIA KARLYS SANCHEZ