TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Juicio de Punto Fijo
Punto Fijo, Jueves once (11) de Octubre de 2012
202º y 153º

ASUNTO PRINCIPAL : IP11-P-2011-000715
ASUNTO : IP11-P-2011-000715

TEXTO INTEGRO DE SENTENCIA CONDENATORIA POR ADMISION DE LOS HECHOS.-

Corresponde a este Tribunal motivar conforme a los artículos 346, 347 y 349 del Código Orgánico Procesal Penal Sentencia Condenatoria dictada en contra del ciudadano AMAYA PIMENTEL LUIS ALBERTO, no porta documentación personal, de nacionalidad venezolana, titular de la Cédula de Identidad Nº 25450001, natural de Punto Fijo, estado Falcón. Nacido en fecha 06-10-1975, de 35 años de edad, de estado civil soltero, de profesión obrero, Hijo José Gabriel Amaya y Carmen Ramona Pimentel, residenciado calle Uruguay, Barrio Andrés Eloy Blanco, casa Nº 66, frente del CDI, Teléfono 0426-1678695, Estado Falcón, por la comisión del delito de OCULTAMIENTO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y Sancionado en el artículo 149 segundo aparte de la Ley Orgánica de Drogas en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO.

IDENTIFICACION DEL ACUSADO:

AMAYA PIMENTEL LUIS ALBERTO, no porta documentación personal, de nacionalidad venezolana, titular de la Cédula de Identidad Nº 25450001, natural de Punto Fijo, estado Falcón. Nacido en fecha 06-10-1975, de 35 años de edad, de estado civil soltero, de profesión obrero, Hijo José Gabriel Amaya y Carmen Ramona Pimentel, residenciado calle Uruguay, Barrio Andrés Eloy Blanco, casa Nº 66, frente del CDI, Teléfono 0426-1678695, Estado Falcón.-

HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS

“en fecha 10.03.2011, siendo las 05:40 horas de la Tarde encontrándome en labores de patrullaje en compañía de los funcionarios CARLOS PINEDA y LEONEL RODRIGUEZ, en la unidad P-053y en vehículo particular, por el barrio Andrés Eloy Blanco, calle panamá con calle Ramón Ruiz Polanco, de esta ciudad, logramos avistar a un ciudadano quien al notar la presencia policial tomo una actitud nerviosa dando media vuelta y comenzó a caminar en sentido contrario, por lo que procedimos a darle voz de alto, atendiendo esté a nuestro llamado y con toda la seguridad del caso lo abordamos, se le inquirió acerca de que si portaba algún objeto, arma de fuego o algún tipo de sustancia ilícita, negándose rotundamente a responder esta pregunta en el sitio tratamos de ubicar algunos testigos para presenciar el procedimiento siendo nuestra búsqueda infructuosa ya que es residente del referido sector en vista de tal situación el funcionario Agente CARLOS PINEDA, procedió a efectuarle una revisión corporal amparado en el artículo 205 del Código Orgánico Procesal Penal, logrando incautarle en el bolsillo derecho del pantalón UN (01) ENVOLTORIO DE REGULAR TAMAÑO ELABORADO EN MATERIAL SINTÉTICO DE COLOR VERDE, ANUDADO EN UNO DE SUS EXTREMOS POR HILO DE COLOR BLANCO, CONTENTIVOS EN SU INTERIOR DE UNA SUSTANCIA SOLIDAD DE COLOIR BLANCO DE OLOR PENETRANTE PRESUNTAMENE DROGA DENOMINADA (COCAÍNA), dicha evidencia fue colectada, custodiada y trasladada por el funcionario Agente CARLOS PINEDA, así mismo se identificó Ciudadano de la siguiente manera: AMAYA PIMENTEL LUIS ALBERTO, de nacionalidad Venezolano, natural de esta ciudad, de 35 años de edad, nacido en fecha 06/10/75, de estado Civil soltero, de profesión u oficio Obrero, residenciado en sector Andrés Eloy Blanco, calle Uruguay, casa numero 66, de esta ciudad, titular de la cédula de identidad V-25.450.001, seguidamente se le solicito apoyo a la unidad de inspecciones haciendo acto de presencia pocos minutos los funcionarios Detective MARIA RODRIGUEZ y RUBEN CABRERA, quienes procedieron a practicar dicha inspección, en vista del acto flagrante procedimos en notificar al ciudadano antes mencionado que se encontraba aprehendido y procedimos en leerle4iis derechos que le asisten como imputado según el artículo 49 de la Constitución de la República, Bolivariana de Venezuela y el 125 del Código Orgánico Procesal Penal. Acto seguido regresamos a la sede de este despacho conjuntamente con la evidencia y el detenido. Se deja constancia que este Despacho Inicio averiguación penal número 1-715.767, instruido por uno de los delitos PREVISTOS EN LA LEY ORGÁNICA DE DROGA, asimismo se le realizó llamada telefónica al fiscal en materia de droga, Doctor JOSE CABRERA, Fiscal Décimo Tercero del Ministerio del Público de esta Circunscripción Judicial, a fin de notificarle acerca de dicho procedimiento. Seguidamente me trasladé hacia la Sala de Análisis y Seguimiento Estratégico de Información Policial, a fin de verificar por el Sistema Computarizado (SIIPOL), al ciudadano antes mencionado a fin de verificar posibles antecedentes policiales o solicitudes que pudiese presentar arrojando como resultado que al mismo le corresponden sus nombres, apellidos y su respectivo número de cédula de identidad. Se anexa a la presente acta, acta de inspección técnica al lugar del hecho y acta de lectura de los derechos del imputado”.

DETERMINACION PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS QUE EL TRIBUNAL ESTIMA ACREDITADOS

Luego de admitida la Acusación Fiscal y antes de declarar abierto el debate, el Tribunal le concede el derecho de palabra a las acusadas, después de ser informadas de los hechos que se les atribuye he impuestas de todo y cada uno de sus derechos, los acusados se identificaron como ha quedado escrito anteriormente; y luego de haber manifestado el ciudadano LUIS ALBERTO AMAYA PIMENTEL su deseo y voluntad de admitir los hechos por los cuales fuera acusada, se tiene como evidentemente demostrado los hechos ocurridos tal y como se desprende de las Acta Policiales levantadas por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas sub delegación Punto Fijo, mediante la cual dejan constancia de los hechos acaecidos en fecha 10.03.2011, siendo las 05:40 horas de la Tarde encontrándome en labores de patrullaje en compañía de los funcionarios CARLOS PINEDA y LEONEL RODRIGUEZ, en la unidad P-053y en vehículo particular, por el barrio Andrés Eloy Blanco, calle panamá con calle Ramón Ruiz Polanco, de esta ciudad, logramos avistar a un ciudadano quien al notar la presencia policial tomo una actitud nerviosa dando media vuelta y comenzó a caminar en sentido contrario, por lo que procedimos a darle voz de alto, atendiendo esté a nuestro llamado y con toda la seguridad del caso lo abordamos, se le inquirió acerca de que si portaba algún objeto, arma de fuego o algún tipo de sustancia ilícita, negándose rotundamente a responder esta pregunta en el sitio tratamos de ubicar algunos testigos para presenciar el procedimiento siendo nuestra búsqueda infructuosa ya que es residente del referido sector en vista de tal situación el funcionario Agente CARLOS PINEDA, procedió a efectuarle una revisión corporal amparado en el artículo 205 del Código Orgánico Procesal Penal, logrando incautarle en el bolsillo derecho del pantalón UN (01) ENVOLTORIO DE REGULAR TAMAÑO ELABORADO EN MATERIAL SINTÉTICO DE COLOR VERDE, ANUDADO EN UNO DE SUS EXTREMOS POR HILO DE COLOR BLANCO, CONTENTIVOS EN SU INTERIOR DE UNA SUSTANCIA SOLIDAD DE COLOIR BLANCO DE OLOR PENETRANTE PRESUNTAMENE DROGA DENOMINADA (COCAÍNA), dicha evidencia fue colectada, custodiada y trasladada por el funcionario Agente CARLOS PINEDA, así mismo se identificó Ciudadano de la siguiente manera: AMAYA PIMENTEL LUIS ALBERTO, de nacionalidad Venezolano, natural de esta ciudad, de 35 años de edad, nacido en fecha 06/10/75, de estado Civil soltero, de profesión u oficio Obrero, residenciado en sector Andrés Eloy Blanco, calle Uruguay, casa numero 66, de esta ciudad, titular de la cédula de identidad V-25.450.001, seguidamente se le solicito apoyo a la unidad de inspecciones haciendo acto de presencia pocos minutos los funcionarios Detective MARIA RODRIGUEZ y RUBEN CABRERA, quienes procedieron a practicar dicha inspección, en vista del acto flagrante procedimos en notificar al ciudadano antes mencionado que se encontraba aprehendido y procedimos en leerle4iis derechos que le asisten como imputado según el artículo 49 de la Constitución de la República, Bolivariana de Venezuela y el 125 del Código Orgánico Procesal Penal. Acto seguido regresamos a la sede de este despacho conjuntamente con la evidencia y el detenido. Se deja constancia que este Despacho Inicio averiguación penal número 1-715.767, instruido por uno de los delitos PREVISTOS EN LA LEY ORGÁNICA DE DROGA, asimismo se le realizó llamada telefónica al fiscal en materia de droga, Doctor JOSE CABRERA, Fiscal Décimo Tercero del Ministerio del Público de esta Circunscripción Judicial, a fin de notificarle acerca de dicho procedimiento. Seguidamente me trasladé hacia la Sala de Análisis y Seguimiento Estratégico de Información Policial, a fin de verificar por el Sistema Computarizado (SIIPOL), al ciudadano antes mencionado a fin de verificar posibles antecedentes policiales o solicitudes que pudiese presentar arrojando como resultado que al mismo le corresponden sus nombres, apellidos y su respectivo número de cédula de identidad. Se anexa a la presente acta, acta de inspección técnica al lugar del hecho y acta de lectura de los derechos del imputado

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

La Sala de Casación Penal define este Procedimiento Especial de la siguiente forma: “(…) la ‘admisión de los hechos’, es un procedimiento especial que procede cuando el imputado o acusado consiente en ello, reconoce su participación en el hecho que se le atribuye, lo cual conlleva a la imposición inmediata de la pena con una rebaja desde un tercio de la mitad, atendidas todas las circunstancias y considerando el bien jurídico afectado y el daño social causado. La admisión de los hechos supone una renuncia voluntaria al derecho a un juicio, principio garantizado no sólo por el Código Orgánico Procesal Penal sino por instrumentos internacionales; y al mismo tiempo, tal admisión evita al Estado el desarrollo de un proceso judicial que siempre resultará costoso”.(Sentencia N° 75 del 8 de febrero de 2005, Sala de Casación Penal).
Ahora bien, es clara la redacción del artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal respecto a la oportunidad para que el imputado o acusado admita los hechos.
En el procedimiento ordinario, es decir, el regulado por las normas contenidas en el Libro Segundo del Código Orgánico Procesal Penal, el imputado sólo podrá admitir los hechos objeto del proceso, en la audiencia preliminar y una vez que el Juez de Control haya admitido la acusación presentada en su contra por el Ministerio Público.

En el caso del procedimiento abreviado -Título II del Libro Tercero- la admisión de los hechos sólo procederá una vez presentada la acusación por el Ministerio Público y antes que el Juez de Juicio unipersonal haya dado inicio al debate de Juicio Oral y Público.

Pues bien, si el legislador estableció dichas oportunidades procesales a fin de que tuviere lugar la admisión de los hechos que se acusan, no fue por un simple capricho sino porque consideró que ese era el momento idóneo, no sólo en razón de la celeridad procesal sino también como una forma de ahorrar al Estado los gastos que implica la tramitación de un procedimiento judicial -penal-.
Asimismo, se evita que dicha figura se transforme en una vía de escape judicial para el imputado que en una fase posterior a las previstas en el artículo 375 ut supra citado, estando su culpabilidad casi demostrada, pretenda utilizar la admisión de los hechos como un medio de atenuación de la pena, luego de haber dado curso al proceso y encontrarse celebrando el Juicio Oral y Público.

En el caso de autos, el acusado Luís Alberto Amaya Pimentel, admitió los hechos de conformidad con lo establecido en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, antes del inicio del debate del Tribunal Constituido de Manera Unipersonal.

Así las cosas, el acusado Luís Alberto Amaya Pimentel, previamente impuestos de las alternativas a la prosecución del proceso, previo inicio del Juicio Oral y Público admitieron los hechos y solicito la imposición inmediata de la pena, siendo ésa su última oportunidad para la aplicación del procedimiento especial de Admisión de los Hechos.

El procedimiento por admisión de los hechos no es un derecho del cual pueda disponer libremente el imputado o acusado en el momento que le parezca, sino más bien una gracia que le otorga el legislador- en una determinada oportunidad procesal- a aquél que admite su culpabilidad, ahorrando al Estado los costos del proceso aligerando la sobrecarga de expedientes.

La admisión de los hechos, si se aplica correctamente resulta una institución eficaz para poner fin a un gran número de procesos, en los cuales por reconocer el acusado los hechos que se le imputan, sería inútil u ocioso, además de oneroso para el Estado, continuar con un proceso penal que debe definirse allí mismo; pero si por el contrario su utilización o aplicación se hace en forma errada, alterando su fin o naturaleza bien sea por el juez, el Ministerio Público o cualquier otra de las partes, más bien va a surgir como un instrumento para desviar la justicia y hasta para crear un estado de impunidad, que constituye el principal reclamo a la justicia penal en los actuales momentos (Sentencia N° 70 del 26 de febrero de 2003 de la Sala de Casación Penal). Ello implica el respeto al debido proceso, entendido este como “(…) el conjunto de garantías establecidas como medios obligatorios necesarios y esenciales para que el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado se materialice. Así, todos los actos que los jueces y las partes ejecutan en el desarrollo de un proceso tienen carácter jurídico pues están previamente establecidos en la ley (…)” (Sentencia N° 419 del 30 de junio de 2005).

PENA APLICABLE

En relación al planteamiento expuesto por la defensa privada este Tribunal Primero en Funciones de Juicio extensión Punto Fijo proceda a dictar Sentencia conforme al procedimiento de Admisión de los Hechos, de conformidad con lo previsto en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, y verificado como ha sido en este acto la admisión de los hechos efectuada por parte del acusado Luís Alberto Amaya Pimentel, este tribunal la DECLARA CON LUGAR, en los siguientes términos: Teniendo presente la solicitud de la aplicación del procedimiento por ADMISIÓN DE LOS HECHOS, solicitada por la Defensa y por el acusado LUIS ALBERTO AMAYA PIMENTEL, no porta documentación personal, de nacionalidad venezolana, titular de la Cédula de Identidad Nº 25450001, natural de Punto Fijo, estado Falcón. Nacido en fecha 06-10-1975, de 35 años de edad, de estado civil soltero, de profesión obrero, Hijo José Gabriel Amaya y Carmen Ramona Pimentel, residenciado calle Uruguay, Barrio Andrés Eloy Blanco, casa Nº 66, frente del CDI, Teléfono 0426-1678695, Estado Falcón, por la comisión del delito de OCULTAMIENTO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y Sancionado en el artículo 149 segundo aparte de la Ley Orgánica de Drogas en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO; cuya pena a imponer es de OCHO (08) A DIEZ (10) AÑOS DE PRISION.
Así pues, al realizar esta juzgadora la rebaja matemática en razón de la novísima reforma procesal prevista en el ultimo parte del articulo 375 del Código Orgánico procesal penal, procediendo a bajar un tercio de la pena quedando la misma en SEIS (06) AÑOS DE PRISIÓN; pero tomando en consideración lo establecido en el ordinal 4° del artículo 74 del Código Penal, en razón de no verificarse una conducta predelictual, se le rebaja UN (01) AÑO de la pena, resultando como quantum final de la pena la de CINCO (05) AÑOS DE PRISIÓN, MAS LAS ACCESORIAS DE LEY, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 16 DEL CÓDIGO PENAL

Tomando en consideración que el acusado Luís Alberto Amaya Pimentel ha Admitido los Hechos por los cuales el Ministerio Publico la ha Acusado, para lo cual la jurisprudencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, también se ha pronunciado sobre el principio de la proporcionalidad, “…En sentencia de ésta Sala Penal de fecha 22 de Febrero del 2002, con ponencia del Magistrado Doctor Alejandro Angulo Fontiveros, se consideró violado el principio de la proporcionalidad y en consecuencia se anuló la sentencia modificando la penalidad a favor del reo. En la argumentación de la ponencia queda bien claro que la proporcionalidad en la aplicación de las penas no es un principio que siempre va a operar a favor del reo, sino que es el principio que va a regir para obtener la “debida sanción legal”, aplicando la pena adecuada al daño social ocasionado por el delito cometido. Esta Sala Penal coincide con la citada jurisprudencia en sus afirmaciones: “Dar a cada quién lo suyo o lo que corresponde, quiere decir, según su mérito o demérito. En la Justicia es una condición indefectible la equidad o ánimo de sentar la igualdad. Hay que pesar todas las circunstancias y por eso se simboliza la Justicia con una balanza. Ésta implica –en términos de Justicia- ponderar los pesos de los diversos factores de la realidad fáctica y mantener un equilibrio valorativo sólo posible con la proporcionalidad. La idea o medida de proporcionalidad debe mediar entre las acciones humanas y sus consecuencias jurídicas. Éstas consisten en el castigo que debe tener todo autor de un crimen. La impunidad es injusticia, pues no da al criminal el castigo que le corresponde. La impunidad es de los injustos mas graves que puede haber, no sólo por el hecho en sí de quedar sin el merecido castigo aquel que lesionó el derecho de una persona y de la colectividad, sino por evidenciar falta de voluntad para ejecutar la ley de quienes han sido honrados con la trascendental misión de hacer Justicia y preservar los derechos más esenciales de los coasociados. El principio de la discrecionalidad, por otra parte, le da al Juez la potestad para hacer las rebajas de penas, estableciendo los términos entre los cuales el juzgador debe usar su discrecionalidad. Efectivamente el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal (en su versión original y en sus dos reformas) establece un término de rebaja de pena por admisión de los hechos que en el caso de delitos no violentos va desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse; y para los delitos donde haya habido violencia (como es el caso de autos) la rebaja de pena por aplicación del instituto procesal señalado es hasta un tercio, lo cual significa, en este último caso que la discrecionalidad del Juez tiene un límite máximo hasta un tercio dándole potestad para rebajar la pena de lo mínimo hasta el tercio de la pena que ha debido aplicarse...”. . ASI SE DECIDE.
SEGUNDO: No se condena al acusado de autos LUIS ALBERTO PIMENTEL AMAYA en costas, en virtud del principio de gratuidad de la Justicia, establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; por lo que se absuelve del pago de costas procesales de las referidas en el artículo 34 ejusdem en relación a los artículos 265, 266 numeral 1 y 267 del Código Orgánico Procesal Penal. ASI SE DECIDE.

TERCERO: Se establece como fecha aproximada del cumplimiento de la pena impuesta para el ciudadano LUIS ALBERTO PIMENTEL AMAYA el 10 de marzo de 2016, debiendo el Juzgado en funciones de Ejecución realizar el debido computo de pena.

CUARTO: Se mantenimiento de la medida de cautelar sustitutiva a la privación judicial preventiva de libertad dictada en al ciudadano LUIS ALBERTO AMAYA PIMENTEL, no porta documentación personal, de nacionalidad venezolana, titular de la Cédula de Identidad Nº 25450001, natural de Punto Fijo, estado Falcón. Nacido en fecha 06-10-1975, de 35 años de edad, de estado civil soltero, de profesión obrero, Hijo José Gabriel Amaya y Carmen Ramona Pimentel, residenciado calle Uruguay, Barrio Andrés Eloy Blanco, casa Nº 66, frente del CDI, Teléfono 0426-1678695, Estado Falcón, por la comisión del delito de OCULTAMIENTO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y Sancionado en el artículo 149 segundo aparte de la Ley Orgánica de Drogas en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, en fecha 13.01.2012. ASI SE DECIDE-

DISPOSITIVA

Por los fundamentos antes expuestos este JUZGADO PRIMERO DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO FALCÒN EXTENSIÒN PUNTO FIJO, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, PRIMERO: CONDENA al ciudadano LUIS ALBERTO AMAYA PIMENTEL, no porta documentación personal, de nacionalidad venezolana, titular de la Cédula de Identidad Nº 25450001, natural de Punto Fijo, estado Falcón. Nacido en fecha 06-10-1975, de 35 años de edad, de estado civil soltero, de profesión obrero, Hijo José Gabriel Amaya y Carmen Ramona Pimentel, residenciado calle Uruguay, Barrio Andrés Eloy Blanco, casa Nº 66, frente del CDI, Teléfono 0426-1678695, Estado Falcón, por la comisión del delito de OCULTAMIENTO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y Sancionado en el artículo 149 segundo aparte de la Ley Orgánica de Drogas en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, a cumplir la pena de OCHO (08) AÑOS DE PRISIÓN, MAS LAS ACCESORIAS DE LEY, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 16 DEL CÓDIGO PENAL- No se condena al acusado de auto en costas, en virtud del principio de gratuidad de la Justicia, establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; por lo que se absuelven del pago de costas procesales de las referidas en el artículo 34 ejusdem en relación a los artículos 265, 266 numeral 1 y 267 del Código Orgánico Procesal Penal. Se establece como fecha aproximada del cumplimiento de la pena impuesta para la ciudadana LUIS ALBERTO PIMENTEL AMAYA, el día 10 de marzo de 2016, debiendo el Juez en funciones de Ejecución imponerla de las obligaciones que a bien considere, de conformidad con lo previsto en el articulo 479 del Código Orgánico Procesal Penal. Quedaron las partes notificadas de la publicación del presente auto. Dada, firmada y sellada en la Sala de este Juzgado Primero en función de Juicio de este Circuito Judicial Penal del Estado Falcón extensión Punto Fijo, a los once (11) días del mes de Octubre del 2.012; regístrese. Publíquese.-

LA JUEZA PRIMERA EN FUNCIONES DE JUICIO
ABOG. CLAUDIA RENATA BRACHO PEREZ.

LA SECRETARIA

ABG. RITA CACERES