REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL EXTENSIÓN CORO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Primero Penal de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón Coro, 13 de Diciembre de 2013 203º y 154º ASUNTO PRINCIPAL : IP01-P-2013-008467 ASUNTO : IP01-P-2013-008467 AUTO MOTIVADO NEGANDO SOLICITUD DE CAMBIO DE SITIO DE RECLUSION Y REVISION DE MEDIDA Vista la solicitud, interpuesta por el profesional del derecho MOISES TORRES RIVERO, actuando en su carácter de DEFENSOR PRIVADO del ciudadano OTTO RAMON RIVERO, Venezolano, mayor de edad, Titular de la cédula de identidad Nº V-6.574.315, , al cual se le sigue la presente causa, por la presunta comisión del delito de ABUSO SEXUAL A NIÑO AGRAVADO EN GRADO DE CONTINUIDAD previsto y sancionado en articulo 259 primer aparte de la ley Orgánica de Protección de Niños Niñas y Adolescentes con los agravantes del articulo 217 de la misma ley y el articulo 99 y 77 numeral 8 del Código Penal, en perjuicio del Niño Leonardo Savelli de 8 años y José Guzmán . En consecuencia, este Tribunal de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pasa a resolver la presente solicitud en los términos siguientes: CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Del examen hecho al presente asunto penal, se observa que la solicitud de Revisión de medida se ha realizado, motivado a razones de salud del ciudadano procesado. Ahora bien, es de hacer recordar al ciudadano defensor que ha sido criterio reiterado por el Tribunal Supremo de Justicia, que las condiciones de salud de los procesados en materia Penal debe ser acreditada mediante informes Médicos; realizados por el Servicio nacional de medicina y ciencias Forenses del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, en razón de ello cualquier otra evaluación que no sea acordada por el tribunal no debe ser valorada. Por otra parte, nuestro ordenamiento jurídico en lo que respecta a la competencia para la custodia, vigilancia, orden y disciplina de los procesados y penados que hacen vida en las distintas instituciones penitenciarias y carcelarias del país; prevé que la misma es competencia del Ministerio de Asuntos Penitenciarios y finalmente de las respectivas direcciones de cada internado judicial. Así tenemos: Ley de Régimen penitenciario dispone: Artículo 1. Corresponde al Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Interior y Justicia, la organización y el funcionamiento de los centros de cumplimiento de penas privativas de libertad y los servicios que le son inherentes. Omissis Artículo 2. La reinserción social del penado constituye el objetivo fundamental del período de cumplimiento de la pena. Durante el período de cumplimiento de la pena deberán respetarse estrictamente todos los derechos inherentes a la persona humana consagrados en la Constitución y leyes nacionales, tratados, convenios, acuerdos internacionales suscritos por la República, así como los derivados de su particular condición de condenado. Los tribunales de ejecución ampararán a todo penado en el goce y ejercicio de los derechos individuales, colectivos y difusos que le correspondan de conformidad con las leyes. Artículo 48. Los profesionales del servicio medico penitenciario están facultado para facilitar la colaboración de especialistas ajenos al mismo o el traslado del recluso a centros médicos no penitenciarios, en los caso en que fundadamente se haga necesario. El traslado a centros medico privados se decidirá solo cuando no sea posible otra solución. Como podemos observar, todo centro de reclusión debe contar con servicio medico y de ser necesario facilitar la colaboración de especialistas ajenos al mismo para tratar a los recluido con patologías medicas, de tal forma que la asistencia medica inmediata a dicho ciudadano debe ser prestada por el centro de reclusión donde se encuentra, así mismo se observa que no consta el la presente causa que dicho ciudadano no se encuentre en el sitio de reclusión acordado por este Tribunal, sin embargo vista la solicitud manifestada por la defensa, se ordena librar los correspondientes oficios a los fines de determinar en donde se encuentra recluido el ciudadano procesado y ubicar un Centro de Reclusión adecuado a su Condición Procesal, es por lo que , estima este Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, que lo ajustado a derecho es NEGAR la solicitud de cambio de sitio de Reclusión formulada por el profesional del derecho: MOISES TORRES RIVERO; todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 51 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y ASÍ SE DECIDE. DISPOSITIVA Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: NIEGA la solicitud de Cambio de sitio de Reclusión formulada por el profesional del derecho MOISES TORRES RIVERO; todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 51 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Por Considerarla Improcedente por la razones expuestas en la presente decisión. SEGUNDO: Líbrense los correspondientes oficios a los fines de determinar el Sitio de reclusión actual del dicho procesado. Regístrese, publíquese, notifíquese y déjese copia de la presente decisión. EL JUEZ PRIMERO DE CONTROL ABG. JOSE ANGEL MORALES. LA SECRETARIA ABG. ROMELIA SALAZAR Resolución N° PJ0012013000290.