TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Primero Penal de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón

Coro, 27 de Febrero de 2013
202º y 154º

ASUNTO PRINCIPAL : IP01-P-2013-001321
ASUNTO : IP01-P-2013-001321

AUTO DECRETANDO MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL

I
DE LA AUDIENCIA ORAL

En Santa Ana de Coro del Estado Falcón, el día de hoy 25 de Febrero de 2013, siendo las 04:20 de la tarde, se constituyó en la Sala de Audiencias Nº 8 el Tribunal Penal Primero de Control de Coro, a cargo del Juez Abg. JOSE ANGEL MORALES, acompañado de la Secretaria de sala Abg. FRANCISCA CHIRINOS, y del Alguacil asignado a la sala, para celebrar la audiencia de presentación solicitada por la Fiscalia Séptima en contra de los imputados: HENRY LUGO GUTIÉRREZ, ÁNGEL SANTELIZ, PABLO JOSÉ GONZÁLEZ, EUDO RAFAEL VILLALOBOS, GUSTAVO JOSÉ SANTELIZ Y DAVID JOSÉ SANTELIZ. Acto seguido el ciudadano Juez solicitó a la Secretaria verificara la presencia de las partes, dejándose constancia que se encuentran presentes los Fiscales Séptimos del Ministerio Público del Estado Falcón Abg. FREDDY FRANCO, las fiscales Séptimo Auxiliar Abg. YAMILET MOLINA, ABG. MILAGROS FIGUEROA FREITES, el Asesor Jurídico de PDVSA Abg. JOSE GUZMAN, quien mostró credencial de PDVSA y los imputados HENRY LUGO GUTIÉRREZ, ÁNGEL SANTELIZ, PABLO JOSÉ GONZÁLEZ, GUSTAVO JOSÉ SANTELIZ, Y DAVID JOSÉ SANTELIZ, acompañados de su defensa privada los Abogados VICTOR LLAMOZAS, JOSE GREGORIO LLAMOZAS y ROSA MORA DE OCANDO, y el imputado EUDO RAFAEL VILLALOBOS, acompañado de su defensor privado Abg. Alain González Y ABG. YANNY MATA. Acto seguido el ciudadano EUDO RAFAEL VILLALOBOS, manifiesta al Tribunal que designa a la ABG. JANNIFER EVELIA GRATEROL MORA y exonera a la Abg. ROSA MORA DE OCANDO Y el imputado PABLO JOSÉ GONZÁLEZ manifiesta que designa al ABG. NELSON GARCIA cuya juramentación se efectuara por acta separada, se deja constancia que se le concedió un tiempo prudencial a la defensa para que examinara las actuaciones y conversara con los imputados. Seguidamente el ciudadano Juez explica la naturaleza del acto y concede la palabra a la representante del Ministerio Público a la parte Fiscal, manifiestas que consigna actuaciones complementarias constante de 51 folios útiles, las cuales se colocan a la vista del Tribunal y de las partes siendo agregadas al asunto. Acto seguido el ciudadano Fiscal narró los hechos y la forma como se produjo la aprehensión de los imputados, expuso los fundamentos de hecho y de derecho, precalificando los hechos dentro del tipo penal de un concurso real de delitos conformado por PECULADO DOLOSO PROPIO EN GRADO DE COOPERADORES INMEDIATOS establecido en el articulo 52 de la Ley contra la Corrupción por cuanto actuaron de manera conjunta con funcionarios del CRP para llenar de manera ilegal las gandolas, es indispensable su participación para negociar en segundo lugar se imputa TRAFICO ILICITO Y COMERCIO ILICITO DE RECURSOS CON MATERIALES ESTRATEGICOS EN GRADO DE COOPERADORES INMEDIATO, previsto en el articulo 34 de la Ley contra la Delincuencia Organizada solo el CRP de punto fijo produce la parafina, y EL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR previsto y sancionado en el articulo 37 de la Ley contra la Delincuencia organizada y el Terrorismo concatenado con el articulo 34 de la referida Ley delitos los cuales son de reciente data, hay fundados elementos de convicción tales como el Acta de Aprehensión, transacciones bancarias, entrevistas realizadas a los testigos el registro de cadena de custodia, teléfonos celulares recabados en el sitio, el montaje fotográfico en el sitio de suceso, evidencias recabadas en el sitio tales como monedas informes pericial, informe Técnico emanado de PDVSA, se cumplen elementos fundados que hacen presumir la participación de los ciudadanos presentes en sala, existe la obstaculización de la búsqueda de la verdad por la magnitud del daño causado y solicito se les decrete MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD para los imputados HENRY LUGO GUTIÉRREZ, ÁNGEL SANTELIZ, PABLO JOSÉ GONZÁLEZ, EUDO RAFAEL VILLALOBOS, GUSTAVO JOSÉ SANTELIZ Y DAVID JOSÉ SANTELIZ, por cuanto se encuentran llenos los extremos del artículo 236 del Decreto con Rango, valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, se decrete la flagrancia, para garantizar las resultas del proceso, solicita la incautación preventiva de a vivienda y todos los bines que se encontraban en el lugar, se coloquen a la orden de la oficina Nacional contra la denuncian organizada y financiamiento al Terrorismo con domicilio en Caracas distrito Capital, y sean puestos esto vienes y por último pidió que el presente asunto se continué por la reglas del procedimiento ordinario conforme al artículo 373 del Decreto con Rango, valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal. Seguidamente se le concede el derecho de palabra al Asesor Jurídico de PDVSA Abg. JOSE GUZMAN quien manifestó: visto y oído los fundamentos de hecho y derecho presentados por el Fiscal con relación a la solicitud de Privación de libertad en contra de las personas presentadas en este acto este Servidor actuando en nombre de la empresa PDVSA la cual tiene la cualidad de victima en la presente causa se adhiere a la solicitud del ministerio público, por considerar que están llenos los extremos el articulo 236 y siguientes del COOPP, el día de hoy nos encontramos ante un acto delictivo que causa daño a la Empresa de PDVSA y a su vez al patrimonio publico y asi mismo causa un grave daño a la colectividad, por lo que solicitamos la aplicación de la Justicia, si este Tipo de delito queda impune quedaría PDVSA huérfana de la tutela judicial efectiva que le debería de brindar el mismo Estado , lo que buscamos es la aplicación de la justicia ya que estas personas están involucrados en el hecho que se investiga. Acto seguido el ciudadano Juez realiza la siguiente pregunta Si puede Ilustrar a este tribunal Cual es la Cadena de Comercialización de los productos objeto de este proceso (aceites) - Yo soy es asesor Legal me hubiera gustado traer al gerente de comercialización y suministro de la empresa, si quisimos consignar un material para que de manera ilustrativa sirviera al Tribunal para tomar la decisión el día de hoy , las empresas deben estar inscritas en el ministerio de Energía y minas, en el SENIAT entre otras y para sacar el material de la empresa se necesita un permiso y en este caso no lo tiene y ahí es cuando se involucra este personal de llenar sin el permiso, y estos lo venden sin el estándar de calidad que ofrece la empresa. Acto seguido se procedió a identificar a los imputados de conformidad con el artículo 128 del Decreto con Rango, valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal. Manifestando llamarse, el primero llamarse HENRY GUADALUPE LUGO GUTIÉRREZ, Venezolano, titular de la Cédula de Identidad Nº 13.204.365, nacido en 03/06/74--, de 38- años de edad, soltero, de ocupación Chofer, domiciliado en Mataruca Municipio Colina, carretera Morón coro, a 100 metros de la Alcabala, Estado Falcón, Tlf 04246881186, el segundo se identifico como ÁNGEL JOEL SANTELIZ FAMA, Venezolano, titular de la Cédula de Identidad Nº 14.733.543, nacido en 06/06 /74, en fecha 39 años de edad, soltero, de ocupación Albañil, domiciliado en Churugura, vía El Paují, calla la Juventud , Estado Falcón; el tercero, se identifico como PABLO JOSÉ GONZÁLEZ ZAMBRANO, Venezolano, titular de la Cédula de Identidad Nº 16.829.869, nacido en 16/12/82, de 29 años de edad, soltero, de ocupación Obrero, domiciliado en La Ciénega de Cumarebo, Sector Los Sambranos, casa S/N°, cerca de la iglesia evangélica de nombre Enmanuel, Estado Falcón; el cuarto; EUDO RAFAEL VILLALOBOS PALENCIA, Venezolano, titular de la Cédula de Identidad Nº 7.235.287 nacido en fecha 13/03/63, de 49 años de edad, soltero, de ocupación Chofer, domiciliado en Maracay estado Aragua, Urbanización Base Sucre, calle 4, casa N° 766, Tf. 04144528971, el quinto; GUSTAVO JOSÉ SANTELIZ FAMA, Venezolano, titular de la Cédula de Identidad Nº 12.488.421, nacido en fecha 16/08/74 de 38 años de edad, soltero, de ocupación OBRERO,, domiciliado en Churuguara, calle Juventud casa sin numero, como punto de referencia la gaceta José Leonardo chirinos, Estado Falcón; y el sexto, DAVID JOSÉ SANTELIZ FAMA, Venezolano, titular de la Cédula de Identidad Nº 12.488.426, nacido en 03/08/69 de 43 años de edad, soltero, de ocupación obrero, domiciliado Churuguara, cala La Juventud, cerca de la represa, Estado Falcón. Seguidamente el ciudadano Juez advirtió a los imputados del deber de mantener actualizado los datos por el suministrado. Igualmente se les impuso de los artículos 127 y 133 del Decreto con Rango, valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, explicándosele a los imputados los hechos que se les imputa, advirtiéndoles que podían abstenerse de declarar sin que su silencio los perjudique, y que la audiencia continuará aunque no declaren y en caso de consentirlo, a no hacerlo bajo juramento, libres de apremio y coacción, imponiéndoles del Precepto Constitucional consagrado en el Ordinal 5to del Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y explicándoles que su declaración es un medio defensa y por consiguiente tienen derecho a explicar todo cuanto sirva para desvirtuar las imputaciones hechas por la parte fiscal. Posteriormente los imputados manifestaron cada uno a viva voz y libres de apremio y coacción: “NO deseo declarar”. Acto seguido se le concedio la palabra a la defensa Abg. NELSON GARCIA quien expuso sus alegatos de defensa, manifestando:Ante de la exposicion hago mencion que si bien es cierto la constitucion de la Republica Boilivariana de Venezuela y el Pacto de San Jose, se ha transformado un Tabu para el ministerio publico, por cuanto el ministerio publico hace la imputación del delito tan solo para hacer viable la solicitud de privación judicial Preventiva de libertad, se debe primero observar el bien juridico lesionado por caunto uno de los delitos es peculado doloso Propio, si estamos en una fase incipiente no es suficiente para ser capricho en los delitos que se imputan, no se desprende el daño patrimonial a la empresa de PDVSA, aquí no se analizan pruebas, de donde saca el ministerio publico que son de manera ilegal, y asi mismo el ministerio deberia tomar en cuenta que la buena fe se presume y la mala fe deberia acreditarla, en el caso que nos ocupa se pudo evidenciar que esa carga fue obtenida de manera licita y legal, quiero consignar la permisologia legal que acreditaba a la empresa para adquirir esa clase de lubricante, el vehiculo del señor Villalobos estaba acreditado para ingresar al CRP, esa clase de lubricante se le vende, esa base fue mediante factura N° 309005986 de fecha 21 de Febrero del 2013 factura que fue entregada a los funcionarios esa factura no fue entregada al Ministerio Público y no aparece pero si apareciera no se podia efectuar el montaje, se hacen unos procedimientos que luego se convierten en montajes, repito que no se produjo daño alguno y si se produjo no esta acreditado en autos, de los productos que se producen no todos son materiales estrategicos, como estrategicos esta señalados los articulos tales como cabillas y materiales de construccion, yo quiero saber en que resolucion se establece que ese material es estrategico, y que las personas que hacen el trasegado en caso de que no existiera esa permisologia solo seria un delito ambiental que se establece en el articulo 112 d ela Ley penal del ambiente, en este caso ese permiso lo posee y se va a consiganr en breve, se utiliza la asociacion para delinquir, para hacer que el juez dicte una medida de Privación Judicial , para ellos deberia haber una asocion se desprende una asociacion pero licita porque ambas empresas tienen su permisologia, como se le puede imputar un delito en grado de cooperador inmediato a estos ciudadanos , en estos delitos no se aplica en grado culposo, se debe ser coherente con lo que se imputa. En relación a que encuentran llenos los extremos del articulo 236 ninguno de los delitos expresados por el ministerio publico pueden aplicarse aca, pueden ser 100 o 200 elementos pero ninguno de los elementos en este caso sirven para culpar a los ciudadanos, en caso de que se realizaria un daño seria a la empresa CARK OIL C.A no a PDVSA por cuanto a PDVSA se le cancelo el producto, esa magnitud del delito no existe, se esta jugando con lo mas preciado que es la Libertad, yo ni siquiera solicito una medida menos gravosa solicito la libertad Plena, en aras de confirmar la presuncion de inocencia de estos ciudadanos. Seguidamente la Defensa JANNEFER EVELIA GRATEROL, estoy consternada por lo manifestado por el ministerio publico por cuanto su funcion debe ser buscar tanto los elementos que inculpen y que ex culpen a los imputados, la defensa no sabe cual es el hecho especifico que se le imputa a mi defendido Eudo Villalobos, lo que involucra a mi defendido es el hecho de ser chofer de una empresa que le da una guia para su trabajo,que tiene todos los permisos para transportar la carga, la fiscalia tine 48 horas para presentar al detenido y estas personas estan detenidas desde 21-02-13, ya se estaba dando la privacion ilegitima de libertad, en el articulo 111 se establece las funciones del ministerio publico, quien es quuien ordena, dirije y coordina las averiguaciones, yo le pido ciudadano Juez verifique que no existe en la causa la orden de apertura de investigación por parte del ministerio publico, que no estan ordenadas las investigaciones y que no se especifico de forma clara precisa y circunstanciada cual fue el hecho imputado a mi defendido Eudo Villalobos, tan cierto es que cunado s ele pregunto al Fiscal cual era el hecho imputado el mismo (el fiscal) solo respondio que era chofer y por ser chofer y le toman una foto , por otro lado el franco desconocimiento del derecho y del delito de peculado por parte de la Fiscalia señalo que ninguna d elas personas que se encuentran imputadas en la presente causa especificamente mi representado obstenta cargo de funcionario publico tal como lo señala el articulo 3 de la Ley contra la Corrupciòn, pareciera que la causa es una causa que se ha traido por los cabellos para justificar la mala actuacion de los funcionarios investigadores del ministerio publico, estas personas son obreros, mi defendido es chofer con una guia de transporte, que iba pasando y los funcionarios lo llamaron, lo detienen y lo llevan a la finca tal como hicieron con el testigo testigos Josè Rojas (lee la declaración) que dice que no acudio en forma voluntaria, si esto pasa con dos ciudadanos que van en una moto, que puede pasar con una persona que lleva consigo un camion con su permiso y documentacion en regla y no se puede a negar a ello, yo quiero que especifique el grado de responsabilidad de cada uno, pido la nulidad de todas las actuaciones que no tienen caracteristicas de necesarias y urgente y que fueron ordenadas por el ministerio publico y que fueron practicadas despues de las 12 horas de la detencion, asi mismo no entiende esta defensa como es que que PDVSA es la que realiza las pruebas , ya que la presunta victima se paga y se da el vuelto, lo que quiero es que vea doctor que vea toda la violación de los derechos y garantias de orden constitucional manifiestas en la presente causa y aunque la Fiscalia se moleste le da un puntapie a la Constitución y es evidente que el Fiscal olvida que es parte de buena en esta fase del procedmiento, en virtud de ello es por lo que solicito para mi defendido y de los demas ciudadanos imputados Libertad Plena, por cuanto ademas se encuentran detenidos ademas de tiempo. Acto seguido el Defensor Privado Abg. VICTOR JULIO LLAMOZAS expuso para no ser repetitivo me adhiero por la solicitud de la Defensa y en observancia a las leyes y tratados, internacionales, ratifico la solicitud de nulidad absoluta de las actuaciones, tambien las experticias practicadas por la presunta victima, estos expertos no fueron juramentados ni estan adscrito a un organismo de instruccion para que las actuaciones que realicen sean tomadas en cuenta, tal como habiamos comentado orientados en la misma linea en la calificación judridica de los delitos la doctrina del Ministerio Pùblico ordena que cuando se va hacer una imputación, deben exister los elementos constitutivos de los tipos imputados por el ministerio publico, en cuanto a la asociacion para delinquir, el ministerio publico debe ver que los agentes esten asociados por cierto tiempo tal como lo expreso el Dr. Nelson Garcia, tambien quiero hacer una observacion en lo que respecta a unos presuntas situaciones facticas del ministerio publico como elementos de conviccion dicen que se trata de ver como un galpon escondido y ese galpón esta a la vista en la via Moron Coro, y en ese galpon existe una empresa legalemente constituida con su reforma, la ultima es de 24-01-2005, ademas de eso la empresa transporte Montero fue autorizada para hacer transporte, de sustancias y materiales descritos, no es una empresa actuando a escondidas como se quiere hacer ver, paga sus impuestos, esta incluida pagando sus trimestres, otro elemento que considero importante es que pudieramos pensar que conozcamos la suspuesta mercancia de la sustancia que se encuentra en transporte de la supuesta victima que en este caso ya no lo es, ´porque ya se habia adquirido en forma legal, si existiera una forma ilegal porque si la empresa vende una carga de una empresa si yo llego a Maracaibo debo consignar los mismo, siendo en este caso la victima no es PDVSA, deberi haber una investigacion del Centro de Refinacion Paraguana, deberia haber una denuncia en la ciudad de punto fijo, si no se le cancelo nada, el señor entro y salio con su permiso y hay un sistema de seguridad para que no ocurran eso hechos, en cuanto al Trafico de comercio ilicito de recursos, no sabemos cual fue la acción de estos ciudadano para ello por cuanto lo rechazamos, en cuanto a la asocicación para delinquir para ello se tomo la magnitud, inclusive se le da un carácter que no lo tiene, por cuanto no existen fundados elementos de conviccion solicito al Tribunal se le otrogue la libertad pelna, todasd estas personas son humildes trabajadores, que quieren cumplir con la Ley, y nos han jurados que quierren que se aclare la situacion porque quieren llegar con la frente en alto y en el caso de que considetren estos ciudadano pueden cumplir con una medida cautelar sustitutiva. Asi mismo no procede la incautación solicitada y por cuanto no se ha cometido delito alguno y no se procede la incautación . Acto seguido el defensor Privado Abg. alain Gonzalez, a expone, me adhiero a lo manifestado por la Defensa la maera de cómo fue detenido en la Moron coro donde realizaba su transporte a la ciudada de Maracay es sorprendente por cuanto este ciudadano ni reside por la zona ni se encontraba en el galpon donde hacen ver los funcionarios que estaban y él cumpliendo su labor de chofer de la empresa realizaba 3 veces a la semana venia a cargar y en virtud de que era su ruta era por ese motivo que se encontraba en es a via y quedo demost6rado en acta con los persisos consignados, igualmente existe un permiso de l señor Euro Villabos para cargar la gandola d ela sustancia ya cuando él estaba aquí ya estaba cancelado, el me explica que existen unos cupos para cargar en PDVSA, en ningun momento esta demostrado que mi defendido halla hecho una actuacion ilicita con personas de PDVSA, si existe el persmiso no pueden estar hablando de trafico, si el representante de PDVSA que es la victima es bien determinar si existio una novedad o un procedmiento donde hubo extracion de esa sustancia, en virtud de que el ministerio publico solicita la incautación de dichios bienes es muy delicada la situación, el chofer cumplia es por lo que solicito al libertad plena porque no se puede imputar a capricho y se tiene que demostrar la participacion de estos ciudadanos. Seguidamente el ciudadano Juez oídas las exposiciones de las partes, y revisadas las actuaciones que conforman el presente asunto, procedió brevemente a exponer los fundamentos de hecho y de derecho de su determinación judicial, entre otras cosas expuso en materia penal la presunción es la inocencia, y con esas actas obtener la verdad el ministerio publico no tenia lo consignado por la defensa y por eso su calificación, la calificación del ministerio publico es provisional, por lo que se debe especificar, ahora existe una balanza y considero que debe ser investigado, aun cuando están consignando varios documentos , cartas de trabajo, son situaciones que deben investigarse, el tipo penal aunque es provisional de peculado no hay un funcionario publico, mas sin embargo puede haber un ilícito lo mezclen con gasolina y este va a causar un daño a la colectividad lo que hay es que determinar el ilícito penal, con respecto al Trafico Ilícito de recursos materiales estratégico, si no esta definido la comercialización , no lo han vendido aunque hay un dinero que pudiera pero eso lo debe determinar con la investigación, si no hay trafico ilícito, en cuanto a la defensa que manifiesta que es extemporánea, se observa en autos que el ministerio publico lo presento en manera efectiva dentro del lapso, en cuanto a la nulidad de las actuaciones, las actuaciones se evidencia que no están viciadas de nulidad, en cuanto a las experticias realizadas el ministerio se apoyo de ello, mientras llega la experticia ordenada al CICPC, pero ello es para demostrar que era aceite la sustancia, se declara sin lugar por cuanto el Fiscal ordeno la investigación y estuvo encima de ello. Así mismo pasa a emitir su dispositiva la cual es del tenor siguiente: Este Tribunal Primero de Control de este Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, con sede en Coro, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decreta: PRIMERO. Se declara sin lugar la solicitud del Ministerio Público y se decreta a los ciudadanos HENRY LUGO GUTIÉRREZ, ÁNGEL SANTELIZ, PABLO JOSÉ GONZÁLEZ, EUDO RAFAEL VILLALOBOS, GUSTAVO JOSÉ SANTELIZ Y DAVID JOSÉ SANTELIZ, la medida cautelar sustitutiva de privación de libertad conforme al articulo 242 del Código Orgánico Procesal Penal numerales 3 y 4 del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión de los delitos de TRAFICO ILICITO Y COMERCIO ILICITO DE RECURSOS CON MATERIALES ESTRATEGICOS EN GRADO DE COOPERADORES INMEDIATO, previsto en el articulo 34 de la Ley contra la Delincuencia Organizada solo el CRP de punto fijo produce la parafina, y EL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR previsto y sancionado en el articulo 37 de la Ley contra la Delincuencia organizada y el Terrorismo concatenado con el articulo 34 de la referida Ley SEGUNDO: Se Decreta la incautación de los bines descritos por el Ministerio Publico. TERCERO: Se decreta la flagrancia conforme al artículo 234 del Decreto con Rango, valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal. Líbrese boleta de libertad. Acto seguido el ciudadano Fiscal solicita la palabra y expone: El ministerio publico con el debido respeto al Tribunal de la causa y al ciudadano juez que lo representa ejerce formal recurso de apelación de autos con efectos suspensivos con arreglo a lo previsto en los artículos 430 y 439.5 del decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley del Código Orgánico procesal penal, haciendo unos de las atribuciones constitucionales en su articulo 285 de la constitución , 111 del Decreto con rango, valor y fuerza del COPP y 37 de la Ley orgánica del Ministerio publico en contra de la decisión de autos dictada por el Tribunal de la causa en el sentido de declarar sin lugar la solicitud fiscal de medida de Privación judicial Preventiva de libertad, por considerar que no estaban presentes los delitos que el día de hoy el ministerio publico ha atribuido en el marco de imputación formal a los ciudadano imputados plenamente identificados, considerando el Tribunal igualmente la inexistencia del delito imputado por el ministerio publico de Peculado Doloso propio, como cooperadores inmediato de igual forma la inexistencia del delito de Trafico Ilícito Y Comercio Ilícito De Recursos Con Materiales Estratégicos En Grado De Cooperadores Inmediato, por considerar el Tribunal que no esta evidenciado que la actividad que se desplegaba en el sitio del suceso se tratara de una actividad ilicita, aunado a ello desestima el Tribunal el delito de Asociación ilicita para delinquir sobre la base de los mismos razonamientos, es decir que si no se evidenciaban los dos delitos previamente indicados menos aun podía figurarse una asociación para delinquir, e inclusive el tribunal llamo a la atención a las partes en cuanto a los funcionarios , indicando que a su juicio el procedimiento de polifalcon fue arbitrario, si bien es cierto, han acontecido en nuestro País al igual que en cualquier otro País hechos de corrupción policial en los cuales el ministerio público ha ejercido las acciones correspondientes, no deberíamos sobre la base de hechos determinados generalizar las actuaciones que emanen de cuerpos de seguridad del estado bajo la premisa que indicaba el Tribunal que mañana o pasado pudiéramos ser objetos los aquí presentes de situaciones arbitrarias, porque para ellos existen los canales correspondientes, efectivamente los funcionarios de poli falcón cumpliendo funciones de la Gobernadora, bajo el marco de a toda Vida Venezuela, actuaciones que comenzaron con el nombramiento del nuevo director del la policía de Falcón que es una función estructural interna en la policía del estado que contribuyan a la mayor eficacia de ese cuerpo de seguridad del estado, el Despacho fiscal Séptimo que representamos ya ha conocido en otros procedimientos a esta gestión en los cuales se ha evidenciado una lucha incesante contra los hechos delictivos y mas aun con los delitos en materia de corrupción, el ministerio publico ha coordinado personalmente la presente investigación penal donde estamos ciertamente en presencia de delincuencia organizada, ahora bien a los fines de dar cumplimiento al principio de la impugnabilidad objetiva que prevé nuestro sistema acusatorio considera el ministerio publico que la decisión que impugnamos causa gravamen irreparable al estado venezolano , dada las siguiente consideraciones: en primer lugar ciudadanos magistrados consideramos que el Tribunal de primera instancia no realizó un análisis exhaustivo de las actuaciones que hasta la presente fecha conforman el presente asunto penal, así mismo vulnera el Tribunal los requisitos del articulo 236 dejando al Ministerio publico en estado de indefensión, manifiesta por una parte que desestima los delitos imputados por el Ministerio Fiscal y por otra parte acuerda a los imputados de autos medidas cautelares sustitutivas de libertad consistente en medida de prohibición de salida del país y presentaciones periódicas, partiendo de la base del presupuesto negado que determino el tribunal de los hechos punibles mal podía haber acordado medida cautelares sustitutivas de libertad, toda vez que para la procedencia de esas medidas se debe dar igualmente los requisitos del articulo 236 del Decreto con Rango, valor y Fuerza del C. O. P. P. –
En el dia de hoy 26 de Febrero del 2013 siendo las 03:00 de la tarde se constituye el Tribunal a los fines de dar continuación a la audiencia de presentación en contra de los imputados: HENRY LUGO GUTIÉRREZ, ÁNGEL SANTELIZ, PABLO JOSÉ GONZÁLEZ, EUDO RAFAEL VILLALOBOS, GUSTAVO JOSÉ SANTELIZ Y DAVID JOSÉ SANTELIZ, en virtud de que la misma fue suspendida por fallas en el sistema Juris 2000 (que produjo el bloqueo del acta, una vez resuelto se continua con la misma). Una vez verificada la presencia de las partes se da continuación a la audiencia. Acto seguido se le concede la palabra al Fiscal Séptimo del Ministerio Público quien continua con su exposición de la manera siguiente: Continuando con la apelación de efectos suspensivos lo cual fue suspendido por razones de fuerza mayor tal como informo el Tribunal el día de ayer por problemas informáticos del sistema Juris 200 retornando el hilo en el momento que desarrollaba nuestra exposición oral, el ciudadano juez se acuerda a la ciudadana secretaria del Despacho hizo unos planteamientos que no fueron escuchados por las partes y posteriormente refirió a quien expone que su decisión no desestimaba los tres delitos imputados por el ministerio Fiscal, vale destacar que esta ultima afirmación del ciudadano Juez no se corresponde con la decisión tomada en la audiencia , de hecho todos los representantes fiscales presentes, así como el representante legal de PDVSA presenciamos y escuchamos la desestimación que hacia el Tribunal de cada uno de los delitos imputados, ahora bien ciudadanos magistrados en el supuesto que el Tribunal hubiese desestimado los 3 delitos imputados por el ministerio Fiscal la decisión se encontraba viciada de nulidad absoluta por que mal podría insistimos acordar medidas cautelares sustitutivas de libertad e inclusive la medida de aseguramiento consistente en la incautación preventiva de todos los bienes muebles e inmuebles que se encontraban en el sitio del suceso en el momento del procedimiento de polifalcon, dejando en indefensión al ministerio Publico y mas grave a aun contraviniendo la disposición contenida en el articulo 2365 del Código adjetivo penal, ahora bien ciudadano magistrado se asumimos que el Tribunal dicto su decisión acogiendo la precalificación Fiscal de los delitos de Trafico y comercio Ilícito de Recursos o materiales estratégicos igualmente de asociación ilícita para delinquir previstos en la Ley orgánica contra la Delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo ocasiona igualmente gravamen irreparable al estado venezolano, no solo en cuanto al ejercicio de la acción penal si no también como victima del presente asunto en las personas de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, mas aun si atendemos las motivaciones o razonamiento que planteaba el jugador en señalar prima facie que a su juicio no existiera elementos de convicción que evidenciara que en el sitio del suceso se estaba frente a operaciones ilícitas, ahora bien si el fundamento de la decisión fue tal afirmación no comprende el ministerio publico como posteriormente en franca contradicción admite la calificación jurídica antes señalada, de manera que nos encontramos frente a una decisión con todo respeto al ciudadano juez que considera el ministerio publico infundada, ahora bien si revisamos los presupuestos procesales para la procedencia de medidas de coerción personal , establece el legislador procesal el primer requisito la existencia de por lo menos un hecho punible que acarree pena privativa de libertad y cuya acción no halla prescrito, si examinamos el presupuesto y la decisión del tribunal pese a que consideramos se debe mantener la calificación jurídica de peculado doloso propio como cooperadores inmediatos, no obstante a ello si atendemos que se admite la calificación en cuanto al tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos y el delito de asociación ilicita para delinquir tenemos que el primero de ellos acarrea una pena de 08 a 12 años de prisión y el segundo que debe ser sumada aplicando las reglas del concurso real de delitos una pena de 06 a10 años de prisión delitos de reciente data y que por ser victima el estado venezolano y en aplicación de la misma Ley en referencia son imprescriptibles, cuando hacemos referencia a la eventual pena aplicable debemos remitirnos al numeral 3 del mismo articulo 236 que hace referencia a los presupuesto procesales de peligro de fuga en primer termino y peligro de obstaculización en segundo termino, ahora bien el peligro de fuga se encuentra definido en el articulo 237 ejusdem e inclusive el parágrafo 1 de la referida norma procesal establece el denominado peligro de fuga el cual s presume por mandato del legislador en hechos punibles que acarreen pena privativa de libertad con un termino superior igual o mayo a 10 años, pena que es completamente rebasada por los delitos que en ultima instancia admitió el juzgador de control, de manera que estamos en presencia del denominado peligro de fuga dado la pena a aplicar, ahora bien mas halla del peligro de fuga manifiesto e eminente se debe analizar la magnitud del daño causado al estado venezolano, cuando por una parte se extrae sustancias básicas para el estado venezolano y se trafica y comercializa de manera ilicita afectando por una parte a la principal industria del estado venezolano y al complejo refinador de mayor inversión en el mismo como lo es el complejo refinador paraguaya, sino que además como indicaba el representante legal de PDVSA se afecta a toda la comunidad cuando se altera los productos para obtener ganancias gigantescas, en cuanto al presupuesto procesal seguimos imanando el numeral 3 de la misma norma del peligro de obstaculización resulta eminente, los ciudadanos imputados presente en la sala para el momento de la exposición del recurso forman parte de una organización delictiva que en el caso de la empresa mercantil denominada Transporte Montero su propietario Renny Montero se evadió del sitio del suceso ante la presencia policial, dejando en el lugar un vehiculo tipo Pikup color blanco contentivo de evidencias de interés criminalistico que lo compromete, tales como0 dentro en efectivo, movimientos bancarios acreditados en bauches o comprobantes bancarios por sumas de dinero exorbitante s que hasta la fecha no ha podido demostrar e inclusiva hasta la presente fecha este ciudadano no ha hecho acto de presencia ante el Despacho Fiscal, de igual forma en aplicación del principio de Unidad del proceso penal este ciudadano Renny Montero y su empresa mercantil fueron individualizados en el despacho Fiscal por hechos semejantes a los imputados en este asunto, siendo que los ciudadano imputados con excepción de Eudo Villalobos Palencia desplegaban conductas manifiestamente ilícitas en la escenas del crimen cumpliendo instrucciones precisamente del ciudadano Renny montero y a su vez Eudo Villalobos Palencia se hizo participe de estos hechos delictivos al desviar su ruta de viaje de forma injustificada e ilegal en una finca adyacente a la carretera nacional Morón coro para efectuar un trasegado de la base lubricante pertinente a PDVSA ciudadano este Eudo Villalobos que labora para empresa mercantil denominada CAROIL CA Rif J-30752834-6 reiteramos sin que hubiese mediado autorización alguna para efectuar semejante actividad ilícita, ahora bien como quiera que estamos ante un grupo organizado estos ciudadano de no ser sometido a la medida requerida por el despacho fiscal pueden perfectamente comunicarse con el resto de la asociación delictiva y atentar con la investigación penal así como incidir en los testigos del proceso para garantizar su impunidad y su juzgamiento, así mismo se da cumplimiento de manera fehaciente al numeral 2 de la norma referida en cuanto a la existencia de fundados elementos de convicción llama la atención del ministerio publico que defensores privados señalaban el día de ayer que no se había probado la responsabilidad penal del sus representados, cuando nos encontrábamos en una audiencia de presentación también denominada como audiencia para oír al imputado , llama la atención el planteamiento de la defensa por cuanto es propio de un debate de juicio oral y publico , cunaos la legislación exige fundados elementos de convicción y no exige que se demuestre la responsabilidad de los imputados y que el tribunal se pronuncie sobre el fondo, efectivamente pese a la reciente data de la aprehensión de los imputados de autos cursa en el asunto penal serios y contundentes elementos de convicción que hacen presumir claramente la participación de los ciudadanos en los hechos atribuido por el ministerio publico, tales como el acta de investigación policial de fecha 22 de-02-13 suscrita por los funcionarios Enmanuel colina, Eudi Rodríguez , Orlando González Eleizer fornerino Yorwin Zambrano quienes mediante un trabajo de investigación que iniciaron el 14-02 13 del presente año por información que manejaban como funcionarios de inteligencia policial advierten el 21 de Febrero la comisión flagrante de los delitos imputados del ministerio publico tal como narran el acta en referencia , este elemento de convicción no solo evidencia la flagrancia en la comisión de los hechos , sino que corrobora que estamo0s en delincuencia organizada que venia operando en el transcurso del tiempo siendo sorprendidos por la autoridad Policial que obtenía instrucción de la comandancia general de polifalcon otro elemento acta policial de fecha 22-02 en la cual dejan constancia los efectivos actuantes la presencia en el sitio del suceso del ministerio publico , como de funcionario de la gerencia de Prevención y control de Perdidas de PDVSA y dos ciudadanos que fueron testigos, en las cuales se deja constancia igualmente de inspecciones realizadas y de evidencias recabadas de interés criminalistico, tales como 40 mil bolívares fuertes en papel moneda de 100 bolívares fuertes instrumentos bancarios cheques, bauches, correspondientes a instituciones bancarias denominadas BANESCO, Banco Casa Propia, banco occidental de Descuento Banco Mercantil donde aparece el ciudadano Reny Montero Pardo, de igual forma recabaron 2 permisos con porte de Arma de fuego a nombre del ciudadano mencionado referidos a 2 armas de fuego un a un arma de fuego tipo pistola de la marca Glock calibre punto 40 mil, así como también otro porte de arma referido al arma de la marca CZ calibre 380 mil, y un 3 porte de arma a nombre del mismo ciudadano Reny Montero Pardo cedula 9528404, este ultimo referido a un arma de fuego tipo revolver de la marca COOlP, así mismo se incautaron tal como se desprende diversos documentos de propiedad de vehículos automotores que se encontraban en el interior de una camioneta pikup color blanco , placa A33BJCB, asi mismo se desprende de ese mismo elementos de convicción la inspección un Ford modelo Fiesta y un Corsa en el cual se encontraban documentos bancarios que señalan entre otras personas de manera reiterativa al ciudadano Edui Jesús Medina Urbina, elementos de convicción que acredita efectivamente la actuación de delincuencia organizada sobre todo tomando en consideración la elevada suma de dinero que acredita los documentos bancarios y la suma de dinero incautado que no se ha justificado , estamos hablando de movimientos bancarios aproximados a los 5 millones de Bs fuertes únicamente correspondiente al año 2012 y lo que ha transcurrido del 2013 de allí la importancia de la actuación oport5una del estado Venezolano, lo que en doctrina se conoce como presupuestos procesales para la procedencias de medidas cautelares denominados FUMUS BONIS IURIS que en el buen derecho que se desprende de los contundentes elementos de convicción que ha aportado el ministerio publico en el presunto asunto penal los cuales comprometen la responsabilidad penal de los imputados de autos, así como también se ha dado cumplimento acreditándose la existencia del denominado periculum in mora también conocido como peligro en la tardanza de administración de justicia en virtud del cual por una parte los ciudadanos imputados ya identificados pudieran sustraerse del presente proceso así como también la necesidad de asegurar todos y cada uno de los bienes relacionados con la presente investigación, situación que preocupa al Ministerio Público inclusive la decisión judicial que recurrimos de alguna forma coarta la actividad fiscal por cuanto ahora es menester que se emita la decisión de alzada para que el ministerio publico ante un nuevo órgano jurisdiccional solicite lo conducente , siguiendo con los elementos de convicción consta entrevistas rendidas por funcionarios del PCP y testigo del procedimiento quienes explican el conocimiento que tienen de los hechos ventilados en el presente asunto, consta si mismo oficio distinguido con la nomenclatura 1183 emanado de la división de inteligencia y estratégicos preventivas y dirigidos al CICPC delegación coro en el cual se deja constancia de la presencia de los ciudadano imputados en ese Despacho para su respectiva reseña y así mismismo la recepción de evidencia de interés criminalistico que se describen sumamente considerables las cuales no fueron examinadas por el Juez de Primera instancia, consta así mismo registro de cadena de custodia en los cuales se da cumplimiento a las normas y se describe todas las evidencias recabadas y remitidas al organismo tales como experticias, experticia de reconocimiento legal suscrita por Yorbis Guzman, consta así mismo12 dictamen periciales suscritos por el experto Ronny morales realizados a los vehículos automotores que se encontraban en el sitio del suceso, consta experticia legal y señalan un cúmulo de evidencias de interés criminalistico 64 evidencias recabadas en el sitio del suceso, tales como calcomanías alusivas a la marca MAXILUX CL estamos hablando de mas de 1300 calcomanías que evidencia la actividad ilícita desplegada en el lugar así como envases, bombas, aunado a documentos bancarios injustificado y recabado a los cuales el juez no hizo mención alguno, informe técnico emanado de PDVSA suscrito por el funcionario Víctor Medina en la cual concluye que efectivamente las muestras examinadas se corresponde con bases lubricantes pertenecientes al CRP de PDVSA, cabe destacar que este informe técnico acredita que las sustancias incautadas pertenecen al PDVSA igualmente se solicito al CICPC laboratorio químico la experticia química de la sustancia recabada en el sitio del suceso, consta informe fotográfico de la evidencia efectuada en PDVSA, así mismo consta la inspección técnica efectuada por expertos en el cual se describe la escena del crimen y la presencia en el lugar de las evidencias incautadas, así como también montaje fotográfico realizado por expertos de la policía científica, de manera que ciudadanas magistrados miembros de este honorable tribunal colegiado pese a la reciente data del inicio de la investigación cuenta el ministerio publico con una cantidad considerable de elementos de convicción que fueron desestimado por el juez de la causa causando un serio gravamen tanto a ministerio publico, como a la empresa estatal PDVSA victima en el presente asunto Penal consecuencia solicitamos respetuosamente y en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho explanados se declare con lugar el presente recurso de apelación con efectos suspensivos y se remita el asunto penal a otro juez de primera instancia en función de Control que garantice estricto apego a la legalidad en las decisiones que a bien deba tomar invocamos el efecto suspensivo tomando en cuenta el parágrafo único de articulo 430 donde expresamente incluye el legislador en su excepción los delitos contra el patrimonio publico y los delitos de delincuencia organizada, de manera que se mantengan los ciudadanos aprehendidos hasta tanto la 2 instancia emita le pronunciamiento correspondiente , es justicia que solicita el Ministerio público con arreglo a los artículos 2, 257 y 271 del texto constitucional, aunado a las precitadas normas invocadas en la exposición del recurso es todo. Acto seguido la Defensa Abg. Nelson GARCIA, expone siendo la oportunidad de dar respuesta al Recurso Fiscal, existe en las apelaciones recursivas existe el principio de impunidad objetiva la cual establece que las decisiones serán atacadas según los medios que establece el Código este recurso establece en los recursos ordinarios que deberá interponerse en escrito debidamente fundamentado y aun cuando sabemos que en el recurso de apelación con efecto suspensivo que se ejerce en las audiencia de presentación De detenidos se debe realizar en forma oral no exime a quien lo ejerce de expresar la debida motivación por lo que ataca la decisión impugnada, señala el ministerio publicó que apela de conformidad a lo dispuesto en el articulo 439 cardinal 5, que se refiere a que la decisión cause un gravamen irreparable, mas sin embargo no señala de manera clara cual es el gravamen que le causa al ministerio Publico , nada dice por que el hecho de ser juzgado en libertad los acusados le causa agravio a la representación Fiscal, de igual modo de manera genérica afirma el recurrente que la decisión que acordó medida cautelares acordada a los imputados deja en estado de indefensión a la vindicta publica pero guarda silencio al no señalar en que consiste esa indefensión que s ele causa, paradójicamente la indefensión se le esta causando a los imputados y a su defensa técnica, pues desconocemos del agramen irreparable que hace referencia e inclusive el hecho de hacer afirmaciones genéricas sin establecer de manera clara los motivos por los cuales se impugna hacen que esa honorable corte de apelaciones al desconocer los fundamentos del recurso no tenga materia porque decidir, pretendiendo retrotraer al viejo sistema inquisitivo del Código de enjuiciamiento Criminal en el que la apelaciones se realizaban en una forma Juez simple por una mera formalidad obligando al tribunal de alzada a conocer todo el asunto APRA poder establecer así si existía alguna violación del derecho, en todo caso, esta defensa debe hacer una serie de consideraciones en relación al medida que le fue dictada a nuestros patrocinados , en este sentido debo señalar que las medidas cautelares sustitutivas a la privación Preventiva de libertad no están reservados para los delitos de poca monta o de bagatela, sino que por el contrario son perfectamente aplicables en delitos de gran entidad porque en todo caso tal como lo dijimos en la audiencia de presentación el juzgamiento en libertad es la regla y la medida de privación judicial preventiva de libertad solo es aplicable como ultimo ratio cuando las otras medidas cautelares se hagan insuficientes para garantizar la buena marcha del proceso , la privación de libertad no es un fin en si mismo y no puede solicitarse como una pena anticipada , en el caso que nos ocupa pareciese que el único objetivo de la fiscalia es lograr el mantenimiento de la privación de libertad de los imputados, ciudadanos magistrados el articulo 236 del COPP establece los requisitos concurrentes para una medida de coerción personal y en el numeral 2 referente a fundados elementos de convicción. Pues bien el ministerio publico en su exposición enumera una gran cantidad de elementos que a su criterio sirven para presumir de los delitos imputados tales como depósitos bancarios , chequeras y papel moneda elementos estos que no pueden hacer presumir de modo alguno la materialización de hechos punibles , sobre todo porque están relacionados directamente con una empresa de transporte de lubricantes específicamente transporte montero que APRA la realización de su objeto social necesariamente debe realizar operaciones financieras crediticias y pagos de servicios en efectivo de igual modo hace referencia el ministerio publico a un intento de trasegado de la base de lubricantes que por ser un intento nunca se materializo actividad esta que tampoco puede encuadrarse en algún delito tipificado en la legislación nacional, en relación al numeral 3 referido al peligro de fuga y obstaculización refiere la vindicta publica que de conformidad al parágrafo primero del articulo 37 tomando en cuenta el posible cuantun de la pena a aplicar existe una presunción legal del peligro de fuga , mas sin embargo dicho dispositivo solo impone al ministerio público la obligación de solicitar medidas de privación de libertad cuando la pena sea igual o superior a 10 años, pero de manera d muy sabia otorga la discrecionalidad al órgano jurisdiccional de rechazar este solicitud fiscal de privación de libertad con la sola condición de la debida motivación por parte del Juez, tal como ocurrió en el caso que nos ocupa, manifiesta de igual modo el ministerio publico que existe peligro de obstaculización por que los imputados pueden destruir , o modificar elementos de convicción, lo cual es totalmente absurdo, ya que los mismos fueron debidamente asegurados en la misma decisión que dicta el Juez de Control, de ninguna modo existe tal peligro de fuga o obstaculización sobre todo por que los procesados tienen total y absoluto arraigo en la localidad, no tienen medios económicos para someterse al proceso, no han sometidos nunca a ningún proceso penal y algo bien importante que se debe analizar es la lesividad de los delitos imputados , puesto que no se desprende de ningún elemento que se halla lesiones algún bien jurídico tutelado por la Legislación Patria. Acertadamente el Tribunal no acogió la calificación de Peculado doloso propio y digo acertadamente porque actuó como Juez de garantías salvaguardando en todo momento lo que se constituye en la piedra angular el principio de la legalidad y esto lo hizo porque no existen evidencia, indicios ni elementos de convicción que señales que la sustancia incautada pertenezca a la empresas a estatal PDVS a por haber sustraído de la misma de manera ilegal, lo que si se evidencia de los documentos presentados por la defensa e inclusive de otras evidencias incautadas que se reflejan en la actas de investigación es que la empresa CAROIL y Transporte montero están debidamente autorizadas por el estado venezolano para adquirir ,transportar y comercializar bases de aceites y productos lubricantes derivados de los hidrocarburo, actividad esta perfectamente licita. No puedo dejar escapar la oportunidad de señalar que ha criterio de esta Defensa Técnica tampoco se configuraron delitos de trafico y asociación ilícita para delinquir y esto lo digo por que la sola posesión de un material considerado estratégico o sirve para la materialización de este tipo penal, pues para ello se requiere la comercialización ilícita del producto lo cual no es el caso y en cuanto al delito de asociación ilícita considera el recurrente que no se evidenciaron elementos que hicieran pensar de la existencia de una organización criminal por el contrario se trata de empresas legalmente constituidas con un objeto licito y que contribuye de manera activa al desarrollo de la nación, afirmo el ministerio publico que la decisión del a quo incurrió en contradicciones por haber desestimado inicialmente los tres delitos imputados , situación esta que no se comparece con la realidad puesto que de manera clara y razonada el Tribunal de instancia explico el porque acogía de manera provisional los tipos penales de Trafico de Materiales Estratégicos y Asociación para Delinquir , motivo por el cual decreto medidas cautelares sustitutas de libertad, pues de ser cierto la afirmación del ministerio publico indiscutiblemente hubiera decretado una libertad sin restricciones , ciudadano juez debo hacer mención que el articulo 44 de la constitución bolivariana de Venezuela que consagra el principio de libertad establece que las personas solo podrán ser detenidas por orden de aprehensión o cuando sean detenidas en flagrante comisión de un delito en el caso que nos ocupa tanto las actas como la afirmación del ministerio publico señala que los encausados fueron detenidos cuando pretendían trasegar lubricantes base en unos contenedores, y siendo que el código Orgánico procesal Penal establece que todas las normas relativas a la privación de libertad , restricción de derechos y flagrancias deber interpretadas de manera restrictiva se puede observar con meridiana claridad que la detención de nuestros defendido se realizo en contravesion de las normas que regulan la flagrancia, puesto que en nuestro país solo existe la flagrancia propiamente dicha , la cuasi flagrancia o la flagrancia presunta no estando consagrada la llamada por la doctrina Flagrancia A priori, es decir cuando se presuma que la persona va a cometer un delito , y en este caso como dije anteriormente nunca se materializo el presunto delito que se pretendía cometer , mas aun cunado presuntamente se estaba realizando una labor de inteligencia de varios días, es por lo que en primer lugar solicito por violación directa del articulo 49 constitucional y por relación a las normas relativas de la flagrancia se declare la nulidad de aprehensión y como sabemos que los efectos de las nulidades no pueden aislarse y se extienden a los otros actos que dependen directamente de ello se declare la nulidad de las diligencias y actuaciones que guarden relación directa con esta aprehensión por ultimo solicito a esa honorable corte que sea declarado sin lugar el recurso de apelación con efecto suspensivo interpuesto por al fiscalia Séptima del Ministerio Publico y se ratifique la decisión dictada por el Tribunal a quo es todo. Es todo seguidamente manifiesta el ciudadano juez visto el recurso ejercido por el Fiscal Del Ministerio Publico el cual pose efecto suspensivo de la decisión y como consecuencia de ello los ciudadanos deben continuar privados de libertad se ordena: PRIMERO: oficiar a la Comandancia de Policía Judicial de este estado a los fines de que se mantenga en calidad de detenidos a los ciudadanos imputado hasta tanto se resuelva sobre el recurso ejercido. SEGUNDO: se ordena remitir el presente asunto a la Corte De Apelaciones de este Circuito Judicial. Quedan notificadas las partes de la presente decisión. Quedan las partes a derecho y en conocimiento que la determinación Judicial in extenso se publicara por auto separado. Se termino y conformes firman siendo las 5:30 horas de la tarde.. Es todo. Se Terminó, se leyó y conformes firman.

II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Ahora bien analizado como han sido los argumentos expuestos por las partes, durante la audiencia de presentación, este Tribunal pasa a resolver con fundamento en las siguientes consideraciones:

En lo que respecta a la detención del imputado, observa esta instancia del estudio de las actuaciones, que en el caso de autos la detención de los ciudadanos, HENRY GUADALUPE LUGO GUTIERREZ, ANGEL YOHEL SANTELIZ FAMA, PABLO JOSE GONZALEZ ZAMBRANO, EUDO RAFAEL VILLALOBOS PALENCIA, GUSTAVO JOSE SANTELIZ FAMA Y DAVID JOSE SANTELIZ FAMA, plenamente identificados en autos, se efectuó por funcionarios adscritos a la Policía del Estado Falcón cuando previa investigación de Inteligencia observaron que una Vehiculo Tipo Gandola de color blanco con tanque de remolque color Amarrillo con Naranja, se desplazaba en sentido Coro Morón, reduciendo bruscamente la velocidad e ingresa a un galpón, cuando se percatan por un orificio del portón del referido galpón que (4) ciudadanos manipulando y conectando una manguera de gran tamaño de color azul a la parte trasera del remolque para llenar unos contenedores, en razón de ello procedieron a tocar el portón procediendo abrir el mismo un ciudadano y presumiendo la comisión de un hecho punible de manera flagrante los funcionarios proceden a detener a tres ciudadano mientras que un cuarto se da a la fuga y es detenido luego de una persecución en una vivienda contigua al galpón y dentro de la propiedad, así mismo se detienen dos personas mas, por cuanto se encontraban desarrollando actividades presuntamente ilícitas .

Ahora bien, ciertamente conforme lo dispone el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la libertad constituye un derecho humano fundamental que como lo ha sostenido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se erige como el más importante después de la vida (Vid. Sentencia N° 135 de fecha 21/02/2008); precisamente es en razón de la importancia de este derecho fundamental que nuestro constituyente ha instituido una garantía constitucional, conforme a la cual, la detención de una persona, sólo puede obrar bajo dos excepcionales situaciones como lo son:

1) la existencia de una orden judicial previa que autorice la aprehensión;
2) O bien, que la captura del procesado se haga en virtud de un delito flagrante, conforme a los criterios que para la flagrancia disponen los artículos 248 del Código Orgánico Procesal Penal, y/o 93 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, este último para los casos de delitos de violencia de género.

Supuestos de procedencia, sobre los cuales además se ha previsto una garantía de orden temporal, que se resume a la obligación de la autoridad de presentar ante el juez competente al aprehendido, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas contados a partir de la detención.

En el caso bajo examen, verificado como fue que la detención de los imputados de autos, se realizó con fundamento en Una detención Flagrante, a criterio de este Juzgador, la detención de los ciudadanos HENRY GUADALUPE LUGO GUTIERREZ, ANGEL YOHEL SANTELIZ FAMA, PABLO JOSE GONZALEZ ZAMBRANO, EUDO RAFAEL VILLALOBOS PALENCIA, GUSTAVO JOSE SANTELIZ FAMA Y DAVID JOSE SANTELIZ FAMA, plenamente identificada en autos, se encuentra plenamente ajustada a derecho y amparado bajo uno de los dos supuestos de excepción que prevé el artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tal como lo es, la detención en flagrancia por cuanto los ciudadanos aprehendidos se encontraban en el sitio con herramientas y vehículos que pudieran estar siendo utilizados para la comisión de un hecho punible que merece ser investigado . Y ASÍ SE DECIDE.

En lo que respecta a la medida de coerción personal a imponer; este tribunal observa que en el presente caso luego de hecho el correspondiente estudio a las presentes actuaciones, se encuentra debidamente acreditada la existencia de:

Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal y no se encuentre evidentemente prescrita; tal y como lo es, el delito de TRAFICO DE MATERIAL ILICITO DE MATERIALES ESTRATEGICOS , tipo penal previsto y sancionado en el artículo 34 y ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el articulo 37 Concatenado con el articulo 4 Cardinal 9 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y financiamiento al Terrorismo; cometido en perjuicio del Estado Venezolano. Ahora bien con respecto a la calificación provisional de PECULADO EN GRADO DE COOPERADOES INMEDIATO, Previsto y sancionado en la Ley Contra la Corrupción dada a los hechos reflejados en al presente causa y acreditados en hasta la presente fecha, debe realizar este juzgador las siguientes consideraciones es necesario plasmar el contenido del articulo 52 de la citada norma:

“Artículo 52. Cualquiera de las personas señaladas en el artículo 3 de la presente Ley que se apropie o distraiga, en provecho propio o de otro, los bienes del patrimonio público o en poder de algún organismo público, cuya recaudación, administración o custodia tengan por razón de su cargo, será penado con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa del veinte por ciento (20%) al sesenta por ciento (60%) del valor de los bienes objeto del delito. Se aplicará la misma pena si el agente, aun cuando no tenga en su poder los bienes, se los apropie o distraiga o contribuya para que sean apropiados o distraídos, en beneficio propio o ajeno, valiéndose de la facilidad que le proporciona su condición de funcionario público”.

De un simple análisis a tipo penal poder ver que para que un individuo pueda cometer el presente Ilícito penal debe ostentar necesariamente la Condición de Funcionario Publico, es decir el sujeto activo del delito tiene una condición especifica, así mismo el Tipo penal esta narrado en primera persona, de igualo forma lleva inmerso dos supuestos de hecho pero en todo caso debe ser con ocasión a su condición de funcionario, así mismo establece que el tipo en cuestión no admite el grado de cooperación cuando establece que podrá apropiarse en provecho propio o de otro los bienes del patrimonio publico como es posible que se pretenda arrastrar a un tercero que no tiene condición de funcionario publico por la figura del cooperador inmediato cuando necesariamente se debe cooperar de alguien identificado en la causa y acreditado en autos por cuanto los hechos penales no se pueden presumir, se deben acreditar por cuanto lo que se presume es la inocencia, no la responsabilidad la cual es carga del estado, de una simple revisión a las actuaciones podemos observar que ninguno de los procesados es funcionario publico, tampoco se encuentra en la causa acreditada la identidad de el Funcionario Publico que incurrió en el tipo penal precitado y que estos procesados cooperaron con el antes durante y después del hecho.
Entonces se hace este juzgador las siguientes preguntas ¿Será que el primer supuesto del articulo 236 del Código Orgánico Procesal Penal debe presumirse de manera automática, bajo la excusa que el Ministerio Publico esta dando una calificación provisional y necesita investigar, aun cuando lo que se desprende de las actas no en cuadra dentro del tipo Penal Calificado? ¿Será entonces que el Juez Control Garante de la Constitución No tiene que analizar la acción plasmada en las actas que le presenta el Ministerio Publico para fundamentar su solicitud?
Para quien aquí suscribe considera que de las actuaciones que comprende la presente causa no se encuentra acreditada, que la sustancia incautada sea propiedad de PDVSA, por cuanto ciertamente ese aceite lo fabrico el centro refinador Paraguana, pero, no esta acreditado que sea de su propiedad, para poder inferir a ciencia cierta la vinculación de un funcionario Publico de esa empresa, por que no podemos presumir la propiedad, por que por ejemplo, cuando un ciudadano común, se traslada hasta una estación de servicio y carga gasolina en su vehiculo el mismo paga un precio por ella a partir de allí esa gasolina le pertenece a quien pago por ella, ya deja de ser propiedad de PDVSA, en todo caso si ese ciudadano da un uso distinto a dicho producto tal vez pudiera causar daños a intereses difusos colectivos en perjuicio del estado Venezolano, mas no al patrimonio directo de la Mayor empresa del Estado, aun cuando es del estado, es una Empresa, no es el estado mismo, de allí que emano la pregunta al Representante legal de PDVSA en sala que cual era el Canal o los medios de Comercialización de PDVSA, Para este tipo de Productos y operaciones de Gran Volumen, por cuanto es de conocimiento de este Jugador por la máximas de experiencia, que en el caso de la Gasolina la misma se paga por adelantado, incluso se le otorga una clave para que al comprador se le pueda despachar ese producto, mas en el caso del aceite desconoce este juzgador cual es el procedimiento y quien mejor para ilustrar al tribunal que un representante de PDVSA y aun cuando PDVSA es de todos los venezolanos, existe un estado de Derecho, al cual deben estar sujetas todas las actuaciones de los funcionarios públicos como principio Constitucional de legalidad de manera tal que estima este juzgador, no se encuentra acreditada la existencia del hecho punible establecido en el articulo 52 de la Ley Contra la Corrupción en la conducta desarrollada hasta el momento por los ciudadanos procesados, ya que Tampoco, se encuentra acreditado la identificación del funcionario publico, con el cual cooperaron los ciudadano procesados, por cuanto no se le puede atribuir a alguien la cooperación de un hecho punible cuando ni siquiera esta identificado el agente activo del delito Principal que genero la responsabilidad Penal, con quien cooperaron, de que forma cooperaron, por que, los procesado son 6 y a los 6 se les imputo el mismo tipo y en el mismo grado de participación, por lo tanto este juzgador se aparte de la precitada calificación en cuestión esto no obsta a que el Ministerio Publico en los subsiguientes actos acreditar la existencia real de este tipo y concluir su investigación con este tipo Penal . Y ASI SE DECIDE.
Con respecto al Tipo Penal de TRAFICO Y COMERCIO DE MATERIAL ILICITO DE MATERIALES ESTRATEGICOS, tipo penal previsto y sancionado en el artículo 34 y ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 Concatenado con el articulo 4 Cardinal 9 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y financiamiento al Terrorismo, Considera este Juzgador que aun cuando no encontramos en una etapa incipiente del proceso, Podemos observar de las evidencias recabadas que en dicho sitio se esta realizando una operación de comercialización o Trafico de Material Estratégico, si consideramos que el aceite pude ser un utilizado en los procesos Productivos del país, por ejemplo la Energía eléctrica en algunos caso se produce con aceite y ciertamente se incautaron evidencias que hacen presumir que se esta envasando o trasegando la sustancia en cuestión, así mismo se observa que dicha actividad no puede ser realizada por una sola persona, sumado a que se encuentran involucradas personas jurídicas, situación esta que pudiera dar pie a presumir cierta organización y que merece ser investigada para determinar si dicho comercio o envasado o la actividad que estaba realizándose en dicho sitio es Ilícita o Licita, si estaban autorizados a no para realizarla, si con dicho trafico se perjudico o no a PDVSA, si le causo o no un daño patrimonial a PDVSA, si el aceite es propiedad o no de PDVSA, si realizo el trafico y el comercio Ilícito o No, o por el contrario se infringieron además de los tipos penales provisionales imputados en sala, otros tipos establecidos en otras leyes que reglamentan dicha actividad, en fin, Todo ello corresponde a la Investigación a la cual hay que dar prioridad de tal forma, que para quien aquí suscribe, se encuentra acredita la existencia de los hechos punibles como lo son TRAFICO Y COMERCIO ILICITO DE MATERIALES ESTRETEGICOS , tipo penal previsto y sancionado en el artículo 34 y ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el articulo 37 Concatenado con el articulo 4 Cardinal 9 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y financiamiento al Terrorismo. Y ASI SE DECIDE.

Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible; los cuales se obtienes del análisis de las siguientes actas de investigación tales como:

1.- ACTA DE INVESTIGACION PENAL , de fecha 22-02-2013, Realizada por los funcionarios actuantes de la Policía del Estado Falcón, en la cual se describen la circunstancias de Modo Tiempo y Lugar en la cual ocurrieron los hechos y la aprehensión de los ciudadanos detenidos.
2.- ACTA POLICIAL de fecha 22/02/2013, Realizada por los funcionarios actuantes de la Policía del Estado Falcón, en la cual se practicaron otras diligencias de investigación en presencia del Fiscal del Ministerio Publico, en la cual se incautaron otras evidencias en presencia de Testigos.

3- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 22/02/2013, Tomada al ciudadano TELLY GONZALEZ, Realizada por los funcionarios actuantes de la Policía del Estado Falcón.

4.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 22/02/2013, Tomada al ciudadano JOSE ROJAS, Realizada por los funcionarios actuantes de la Policía del Estado Falcón.

5.- ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 22/02/2013, Tomada al ciudadano GERONIMO GARCIA , Realizada por los funcionarios actuantes de la Policía del Estado Falcón.

6. REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS FISICAS, donde los funcionarios actuantes describen las evidencias incautadas, las cual riela al folio 21,22,23,24,25, en la cual se describen todas las evidencias físicas incautadas, como manguera, envases, calcomanías, material para cajas de cartón, motobombas, dinero en efectivo dentro de un vehiculo, cheques, chequeras, bauches de operaciones bancarias, Certificados de registro de Vehiculo, bombona de gas licuado, documentos entre otros.

7.- ACTA DE INSPECCION AL SITIO DEL SUCESO, de fecha 22-02-2013, practicada por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones científicas penales y Criminalisticas sub delegación coro practicada en el Sitio del suceso, la cual riela a los folios 28,29,30,31,32, de la causa, en la cual se describe el sitio del suceso.

8.- MONTAJE FOTOGRAFICO, practicada por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones científicas penales y Criminalisticas sub delegación coro practicada en el Sitio del suceso, la cual riela a los folios 33,34,35,36,37,38,3940,41,42,43,44,45,46,47, de la causa, en la cual se observan la vivienda, Vehículos, el galpón, contenedores, mangueras y material como para embasado.

9.- EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO LEGAL A LOS TELEFONOS INCAUTADOS EN EL PROCEDIMIENTO, de fecha 23/02/2013,, suscrita por la Experto Agente Yondrix Guzmán, experta adscrita al área Técnica del Cuerpo de Investigaciones científicas penales y Criminalisticas sub delegación Coro, la cual riela al folio 78 de la causa y su vuelto.

10.-EXPERTICIAS DE RECONOCIMIENTOS LEGAL A LOS VEHICULOS INCAUTADOS EN EL PROCEDIMIENTO, , suscrita por la Experto Agente II RONNY MORALES experto del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas Sub delegación Coro, las cuales rielan a los folios 79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90, de la causa y su vuelto,

11.- EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO LEGAL REALIZADA A LOS OBJETOS INCAUTADOS EN EL PROCEDIMIENTO, de fecha 23/02/2013,, suscrita por la Experto Agente Yondrix Guzmán, experta adscrita al área Técnica del Cuerpo de Investigaciones científicas penales y Criminalisticas sub delegación Coro, Como etiquetas, calcomanías, cajas de cartón, certitifcados de Registro de Vehiculo, cheques porta chequeras, bauches bancarios en otros, la cual riela al folios 91,92,93,94,95, de la causa y su vuelto.

12.- INFORME TECNICO DE LAS MUESTRAS RECABADAS EN EL SITIO DEL SUCESO POR PDVSA, de fecha 23/02/2013, en el cual se describe el tipo de aceite y que así como las normas de calidad para su producción, parámetros de viscosidad y ensayos realizados a las muestras tomadas, en el sitio del suceso, así como imágenes fotográficas de la toma de la muestra en el sitio del suceso, las cuales rielan desde el folio 96 al 128 ambos inclusive.

Ahora bien como podemos ver de los elementos de convicción antes descritos podemos observar que ciertamente en el sitio donde se realiza la aprehensión, se incautaron, etiquetas, rotulados, envases para aceites, mangueras, vehículos de Transporte de Productos derivados del Petróleo, como aceite, entre otros que hacen presumir que se estaba realizando alguna actividad relativa al embasado de productos derivados del petróleo, así mismo se puede observar que dicho producto venia del Centro Refinador Paraguana de Petróleos de Venezuela Sociedad anónima y que la sustancia que se encontraba en uno de los cisternas, es aceite de los que produce el centro Refinador de Paraguana, de la empresa Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima y que en dicho lugar se podría estar Realizando una actividad ilícita relacionada con la Comercialización de este producto algo como un trasegado del producto y posterior embasado, situación esa que merece ser investigada y de las cuales estima este Juzgador, se extraen motivo racionales, coherentes y suficientes para estimar la presunta participación de los ciudadanos, HENRY GUADALUPE LUGO GUTIERREZ, ANGEL YOHEL SANTELIZ FAMA, PABLO JOSE GONZALEZ ZAMBRANO, EUDO RAFAEL VILLALOBOS PALENCIA, GUSTAVO JOSE SANTELIZ FAMA Y DAVID JOSE SANTELIZ FAMA, plenamente identificados en la presente causa, por la presunta comisión del delito de TRAFICO Y COMERCIO ILICITO DE MATERIALES ESTRATEGICOS, tipo penal previsto y sancionado en el artículo 34 y ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el articulo 37 Concatenado con el articulo 4 Cardinal 9 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y financiamiento al Terrorismo, cometido en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO.
Asimismo es importante destacar, que si bien es cierto, sólo será en la fase de juicio oral y público, luego de efectuada la practica de todas y cada una de las pruebas, y dado el correspondiente contradictorio, es el momento estelar donde se podrá establecer con certeza la existencia de responsabilidad de los imputados; no obstante hasta el presente estado procesal, está demostrado a los solos efectos del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, la existencia de elementos de convicción suficientes para estimar la participación de los imputados en la comisión de los hechos delictivos de TRAFICO Y COMERCIO ILICITO DE MATERIALES ESTRETEGICOS , tipo penal previsto y sancionado en el artículo 34 y ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el articulo 37 Concatenado con el articulo 4 Cardinal 9 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y financiamiento al Terrorismo, lo que hace procedente el decreto de cualquiera de las medidas de coerción personal. Situación esta que en ningún momento comporta pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de los imputados de autos, pues los elementos valorados por esta instancia, se ciñen estrictamente a establecer la procedencia fundada de una medida de coerción Personal.

Y finalmente también está acreditado la existencia de una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de la investigación, pues aprecia este tribunal, que en el presente caso, es necesario darle prioridad a la investigación, aun cuando no esta muy claro el grado de participación de cada Imputado, que conducta desarrollaron en dicha actividad, si estos ciudadano procesados forman parte de la organización o por el contrario, se encontraban de manera circunstancial en el sitio, si se encontraban o no desarrollando una actividad ilícita, esto en contra peso aquí hay muchas cosas que aclarar, por cuanto en principio la fiscalia presento un cúmulo de evidencias, pero en sala también la defensa consigno una seria de Documentos que a juicio de la defensa la actividad que estaban realizando es de carácter licita y que los documentos consignados en copias fotostáticas, autorizaban a sus representados para realizar dicha actividad, y que además dicho aceite era propiedad de la empresa que la transportaba y que ello se demostraba con la factura Nro 309005986 de fecha 21-02-2013, y que la misma la portaba el chofer del vehiculo cuando los funcionarios lo aprehendieron; situación que merece ser investigada, todas estas situaciones merecen ser investigadas y no puede este juzgador dejar que las resultas del proceso queden ilusorias y sujetar a estos ciudadano con una media de coerción personal.
De tal forma que encuentra este juzgador llenos los extremos del articulo 236 del Código Orgánico Procesal Penal.
Ahora bien, este juzgador a los fines de determinar la medida de Coerción Personal a establecer para los ciudadanos procesados, realiza las siguientes consideraciones. Nuestro Sistema Penal Venezolano, Sufrió una profunda transformación en su norma adjetiva penal, cuando entro en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal, derogando evidentemente el inquisitivo Código de Enjuiciamiento Criminal, Reforma que se vio impulsada principalmente por los Tratados y convenios Internacionales Suscritos por la Republica y a los cuales el Estado Venezolano les estaba en Mora, ya que el Segundo derecha mas importante de un ser Humano, es la libertad después de la vida, Tan importante que algunos autores consideran que, los ciudadanos privados de libertad están casi muertos, incluso muchos operadores de Justicia que hemos tenido gracias a dios primeramente, la Oportunidad de ejercer las diferentes posiciones dentro del proceso penal, hemos podido constatar, que en muchos casos la privación de libertad a priori, produce efectos tan devastadores, que en muchos casos son irreparables, partiendo desde el etiquetamiento social, que se produce de ipso facto, por vecinos y familiares a un sujeto privado de libertad, el cual repercute hasta en su vida económica en algunos casos, pierden hasta el trabajo, Esposa, amigos y lo mas decoroso su reputación frente a la sociedad y a veces nadie les da trabajo, es por ello que se derogo el Código de enjuiciamiento Criminal, por cuanto con la aplicación del mismo, se establecía que primero se privaba a la persona de libertad y luego se investigaba, lo que se trasmitía en un pena anticipada tanto social como jurídicamente, en razón de ello el Código Orgánico Procesal Penal, Estableció como Piedra angular del Proceso Penal Venezolano el Juzgamiento en libertad ya que el mismo es un Principio Constitucional y la privación de libertad como la excepción con interpretación restrictiva, solo aplicable, cuando las finalidades del proceso no puedan ser garantizadas con una medida distinta, de tal forma que esa es la regla en el proceso penal venezolano, es por eso que cuando a un Juez de Control, le es presentado un ciudadano Venezolano, al cual se le realiza una imputación formal de la comisión de un delito, esté debe analizar a profundidad lo imputado y la medida solicitada por el Ministerio Publico, por cuanto la diferencia entre la privación Judicial Preventiva de Libertad y la Libertad, es tan trascendental que no puede ser tomada como algo automático, como pareciera que lo han tomado algunos actores de proceso Penal en Nuestro Estado, con la premisa que aquella pena que exceda de 10 años, hay que decretar privación judicial preventiva de libertad; por cuanto si esa fuere la intención del legislador patrio, lo hubiere establecido de manera expresa en el articulo 242 del Código Orgánico Procesal, prohibiendo la aplicación de estas medidas para aquellos delitos que excedan de diez años, aun cuando se establece en el primer aparte del Parágrafo Primero del Articulo 237 del Código Orgánico Procesal Penal, que en aquellos delitos en los cuales la pena exceda de los diez años el Ministerio Publico esta Obligado a Pedir la Privación Judicial Preventiva de libertad, no puede entenderse esto como que en todos los casos de manera automática deba acordarse la misma, por cuanto establece el mismo articulo que el juez podrá de acuerdo a las circunstancias de manera razonada rechazar la petición fiscal e imponer una medida cautelar sustitutiva y este podrá y de manera razonada rechazar la misma se refiere a que el juzgador evaluara de manera detallada, con las herramientas como entre otras la inmediación en sala, si la misma es proporcional o no al daño causado y si no existe ninguna u otra forma de Garantizar las resultas del proceso.
Ahora bien entrando a analizar el primer supuesto de la articulo 237 cardinal 1, podemos observar de las actas que los ciudadanos procesados, Tienen su domicilio en el país, Cinco (5) de ellos en estado Falcón y cinco de ellos, son obreros a excepción de uno el cual es Chofer, de tal forma que a Criterio de este juzgador, los mismos tiene arraigo en el país, por su domicilio acreditado por las constancias consignadas por la defensa, suscritas por un consejo Comunal Como estructura organizativa de la comunidades, por otra parte los mismos son obreros, de manera que no poseen bienes de fortuna, que hagan presumir que los procesados de autos puedan abandonar el país con facilidad.
Con respecto a la Conducta predelictual se observa que en el presente asunto no reposan antecedentes Penales de ninguno de los ciudadanos.
Con respecto, a la magnitud del daño causado se observa que el mismo no se ha determinado a ciencia cierta a quien se le produjo o esta produciendo el daño.
Con respecto al comportamiento de los imputados al proceso podemos observar que del acta policial misma que los funcionarios actuantes tocaron la puerta y esta fue abierto por uno de los procesados, para permitir su acceso.
Con respecto a que los ciudadanos procesados, pudieran destruir, modificar, u ocultar elementos de convicción ello es casi imposible por cuanto los objetos de la comisión de los hechos están en manos de él estado, en este caso del Ministerio Publico como Organo rector de la Investigación.
Con respecto a que puedan influir a que coimputados y testigos informen falsamente, bueno en el caso de coimputados privados de libertad de igual forma se comunicaran aun mas estando todo el día juntos en una celda y con respecto a los Testigos, su datos están reserva del Ministerio Publico, lo cual imposibilita a las partes la ubicación de los mismos.
Como podemos observar de Siete (07) supuestos establecidos en los articulo 237 y 238, de la norma adjetiva penal solo uno (01) genera la procedencia para la aplicación de la medida de privación Judicial Preventiva de Libertad, y no puede considerarse un solo elemento para la aplicación de la medida mas trascendental de un proceso contra Seis supuestos que no están dados, de tal forma, que para quien aquí decide no encuentra llenos los extremos del articulo 237 y 238 de la norma adjetiva penal, por todo lo antes expuestos y en razón de ello rechaza la petición fiscal de la Privación Judicial Preventiva de Libertad y en su lugar impone la medida Cautelar Sustitutiva de Libertad consistente Presentación Periódica ante el Tribunal cada (15) Quince días y Prohibición de Salida del País, sin autorización expresa del Tribunal a los ciudadanos Imputados por considerar que se pueden ser razonablemente las resultas del proceso con dichas medidas menos gravosas de las precitadas en el articulo 242 del Código Orgánico Procesal Penal.
Así las cosas, estima esta instancia, que en el presente caso, la precitada medida de coerción personal es capaz de satisfacer las resultas del presente proceso.

Por ello, ante circunstancias objetivas que apuntan a la necesidad de evitar la posible sustracción de los imputados o de quienes son propietarios de los bienes utilizados para esta operación es por lo que se acuerda Decretar la incautación preventiva de los bienes objeto del presente proceso, para evitar cualquier manipulación o alteración de los mismos y colocar a la orden de la oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, concede en la ciudad de Caracas . Y ASI SE DECIDE.
Ahora bien, Con respecto a la Solicitud de la defensa de Nulidad de las actuaciones que no tienen carácter de necesarias y urgentes y que fueron ordenadas por el Ministerio Publico, después de las doce horas de la detención, este tribunal observa que el Ministerio Publico, dirigió la practica de las diligencias de Investigación, como Titular de la acción Penal y Rector de la Investigación de tal forma que dichas actuaciones fueron realizadas en presencia del fiscal del Ministerio Publico y ordenadas de manera tacita, con lo cual no se le violo ningún derecho, todo lo contrario la misma estuvo dirigida, por quien debe ordenar las practicas de las mismas tal y como esta establecido en nuestro Ordenamiento Jurídico.
Con respecto a la solicitud de Nulidad de la Defensa de las actuaciones por cuanto el Ministerio Publico, presento fuera de las 48 a los ciudadanos ante el tribunal y con ello se cometió una Privación Ilegitima de libertad, observa este juzgador que en el folio (55) de la causa, esta plasmado en sello de la unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial Penal en el cual se observa que el Ministerio Publico, presento en fecha 23/02/2013, a las 4:40 PM , de manera temporánea de conformidad con el precitado lapso y que este tribunal por encontrarse en sala de audiencias con otra causa y siendo que la misma se extendió hasta altas horas de la noche se fijo para el día siguiente, así mismo consta acta de audiencia de fecha 25/02/2013, en el cual la defensa solicito el diferimiento, para el día siguiente para imponerse de las actuaciones, en razón de ello, se acordó el diferimiento solicitado por la propia defensa para el día 26/02/2013, es por ello que se realizo en dicha fecha la audiencia de presentación, de tal forma que dicho lapsos transcurridos para realizar la precitada audiencia, una vez que la causa llego al organo jurisdiccional, fue producto de la solicitud de la propia defensa, por todo lo antes expuesto es por lo que se declara Sin Lugar Dicha Solicitud de Nulidad incoada por la Defensa. YASI SE DECIDE.
Con respecto a la Solicitud de libertad sin restricciones alegadas por la defensa a la cual todos los defensores se adhirieron y alegaron como producto de una serie de situaciones observa este juzgador como ya lo dije en párrafos anteriores, todas esas situaciones merecen ser investigadas, y para quien aquí decide considera que se encuentran llenos los esteremos del articulo 236 del Código Orgánico Procesal Penal , por los motivos y razonamientos antes explanados en cada supuesto, en razón de ello se declara SIN LUGAR la Solicitud de Libertad sin Restricciones incoada por la defensa técnica. Y ASI SE DECIDE.

III
DISPOSITIVA

Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, PRIMERO. Se declara sin lugar y se rechaza la solicitud del Ministerio Público de PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD y se decreta a los ciudadanos HENRY LUGO GUTIÉRREZ, ÁNGEL SANTELIZ, PABLO JOSÉ GONZÁLEZ, EUDO RAFAEL VILLALOBOS, GUSTAVO JOSÉ SANTELIZ Y DAVID JOSÉ SANTELIZ, la medida cautelar sustitutiva de privación de libertad, CONSISTENTE EN LA PRESENTACION PERIODICA ANTE ESTE EL TRIBUNAL CADA 15 DIAS Y LA PROHIBICION DE SALIDA DEL PAIS, conforme al articulo 242 del Código Orgánico Procesal Penal numerales 3 y 4 del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión de los delitos de TRAFICO ILICITO Y COMERCIO DE RECURSOS O MATERIALES ESTRATEGICOS EN GRADO DE COOPERADORES INMEDIATOS, previsto en el articulo 34 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y financiamiento al Terrorismo, y EL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR previsto y sancionado en el articulo 37 de la Ley contra la Delincuencia organizada y Financiamiento al Terrorismo. SEGUNDO: Se Decreta la incautación de los bines descritos por el Ministerio Publico y se ordena colocar en disposición de la Ofician Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, concede en la ciudad de Caracas, TERCERO: Se decreta la flagrancia conforme al artículo 234 del Decreto con Rango, valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal se Declara Sin lugar las Solicitudes de Nulidades de de la defensa, tanto de todas las actuaciones, así como la Solicitud de Libertad sin Restricciones, Por los razonamientos antes expuesto y por considerar llenos los extremos del articulo 236, del Código Orgánico Procesal Penal. Remítanse las actuaciones a la fiscalia Séptima dentro de su oportunidad legal y librasen los correspondientes oficios, a los fines de dar cumplimiento a la Incautación Preventiva de los bienes señalados.
Cúmplase, Publíquese, regístrese y déjese copia de la presente decisión.

EL JUEZ PRIMERO DE CONTROL

ABG. JOSE ANGEL MORALES.

LA SECRETARIA

FRANCISCA CHIRINOS

RESOLUCION Nro. PJ0012013000027