REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO EXTENSIÓN CORO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón Coro, 19 de Julio de 2013 203º y 154º ASUNTO PRINCIPAL: IP01-P-2011-005001 Corresponde a este Tribunal emitir pronunciamiento judicial conforme al artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de la solicitud interpuesta por la Abg. Carmari Romero, a favor de su defendido EDGAR ALEXANDER CHIRINOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 14.874.186, a quien se le apertura juicio oral y público por la presunta comisión del delito de Trafico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en la modalidad de ocultación, previstos y sancionados en el artículo 149 segundo aparte de la Ley Orgánica de Droga; este Tribunal con fundamento, de conformidad con lo previsto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, al respecto se hacen las siguiente consideraciones: Exponen la defensa entre otras cosas: “...En fecha 11/11/2011, fue presentado por la Fiscalía Vigésima Primera del Ministerio Público el EDGAR ALEXANDER CHIRINOS...En tal sentido, ciudadano Juez, solicito respetuosamente, se sirva REVISAR la Medida Cautelar de Privación de Libertad impuesta por el Juzgado Tercero de Control de este Circuito Judicial Penal en la audiencia de presentación y sustituirla por una menos gravosa que pueda garantizar las resultas del proceso, a los fines de descongestionar el sistema carcelario...” Establece el artículo 250, del Código Orgánico Procesal Penal, lo siguiente: “Examen y Revisión. El imputado o imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el Juez o Jueza deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras” menos gravosas. La negativa del Tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación”. Del análisis del artículo antes esbozado, encontramos el derecho que tiene el imputado a solicitar ante el Juez la revisión de la medida de privación judicial preventiva de libertad y de las medidas cautelares impuestas las veces que así lo considere, estableciendo de esta manera la obligación por parte del Juez de examinarlas periódicamente, para analizar y estudiar la necesidad de mantenerlas vigente o por el contrario sustituirlas cuando así lo estime. En este sentido, es necesario acotar, que una medida cautelar sea privativa o no se impone a una persona cuando existen motivos suficientes de conformidad con la ley, en este caso, se han observado en distintas oportunidades como a lo largo del proceso en sus distintas fases que esos motivos han sido suficientemente explanados, explicados y justificados tal como se evidencia de las resoluciones que rielan en el presente asunto. Estar sometido a un proceso es un asunto serio que implica sacrificios y privaciones de algún tipo sobre la persona en cuestión, y más cuando pesa sobre ellas una acusación ya revisada y admitida, en donde se supone hay suficientes elementos para imponer alguna medida que someta a esa persona al proceso de cualquier manera legal, lícita y legítima. A mayor abundamiento me permito señalar y citar un fragmento de la sentencia Nº 101 de fecha 17 de marzo de 2011 emanada de la Sala de Casación Penal de nuestro máximo tribunal, a saber: “...efectivamente las medidas de coerción personal, tienen como objeto principal, servir de instrumentos procesales que garanticen la permanencia y sujeción de los sujetos procesados penalmente, al desarrollo y resultas del proceso criminal que se les sigue; ello, en atención a que el resultado de un juicio, puede potencialmente conllevar a la aplicación de penas corporales, que de no estar debidamente garantizado mediante medidas instrumentales, como lo son las medidas coercitivas, pudieran hacer ilusorias la ejecución de la sentencia..”. Siendo entonces, que ningún motivo ha variado, ningún requisito ha dejado de tener vigencia, ningún extremo ha dejado de existir en beneficio del hoy acusado, mal podría esta Juzgadora revocar la medida cautelar sustitutiva, en consecuencia, se niega la solicitud presentada por la defensa. Y ASI SE DECIDE. Decisión Por todo lo antes expuestos este Tribunal Tercero de Juicio con Sede en Santa Ana de Coro, Estado Falcón en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que la Ley le Confiere Declara: PRIMERO: SIN LUGAR SOLICITUD DE REVISION DE MEDIDA PRESENTADA por la defensora pública abg. Carmari Romero, a favor de su defendido EDGAR ALEXANDER CHIRINOS, todo conforme al artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Regístrese, diaricese, déjese copia de la presente decisión. Notifíquese a la Fiscalía. LA JUEZA TERCERO DE JUICIO ABG. KARINA ZAVALA E. LA SECRETARIA ABG. JENY BARBERA