TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE CONTROL, AUDIENCIAS Y MEDIDAS DEL CIRCUITO JUDICIAL CON COMPETENCIA EN DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO FALCON
203º y 154º
Santa Ana de Coro; 06 de junio de 2013

ASUNTO: IP01-S-2013-000604

Corresponde a este Tribunal motivar conforme a lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los artículos 157 y 161 del Código Orgánico Procesal Penal, la decisión judicial dictada al ciudadano ALI KALIL ABDEL, venezolano, de 47 años de edad, fecha de nacimiento 30-09-1965 titular de la cédula de identidad N° 10.797.778, de profesión u oficio comerciante, natural de Caracas y domiciliado en la avenida Manaure edificio Dhergam, Municipio Miranda del estado Falcón, hijo de Yosef Kalyf y Dibi Abde, referida a la solicitud de medida de protección y seguridad contenida en el artículo 87, numeral 6 y 13 y Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad prevista y sancionada en el articulo 92 numeral 7 y 8 de la LEY ORGANICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA; todo ello por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FISICA, previsto y sancionado en el artículo 42 de la de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia en perjuicio de la ciudadana MARY CARMEN GUANIPA BENITEZ
Recibidas las actuaciones, se fija audiencia oral en la cual vindicta pública representada por el Abg. Elvin Navas, pone a disposición al ciudadano ALI KALIL ABDEL, por la presunta comisión del delito de: VIOLENCIA FISICA, previsto y sancionado en el artículo 42 de la de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia en perjuicio de la ciudadana MARY CARMEN GUANIPA BENITEZ; solicitando se apliquen las medidas de protección y seguridad previstas en el artículo 87 numerales 6 y 13 de la Ley especial que rige la materia, se decrete la medida cautelar establecida en el numeral 7 y 8 del artículo 92 eiusdem. En audiencia el Imputado impuesto del Precepto Constitucional manifestó querer declarar manifestando: “yo pedí a ella el estudio y se le concedió, se le pregunta que quiere hacer con su vida y no sabe responder, tener posesión de alguna cosa en la mano y no quiere explicar de dónde vino, tal como el celular que carga ella. Aparición de dinero, de cosas y no dice de donde vienen, ¿por qué tiene dinero ajeno?, siempre está alterada ella se busco eso desde un comienzo, ella puede salir cuando quiera, pero el santuario que se llama casa, eso se respeta yo le di libertad de salir y de hacer lo que quiera, mas de eso no puedo darle. Espero que la Fiscalía tome eso en cuenta. Por su parte la Defensa Pública representada por el Abg. Jesús Tadeo Morales manifestó que revisadas como han sido las actuaciones que conforman el presente asunto penal por las cuales está siendo presentado mi defendido por ante este Tribunal por parte de la representación Fiscal por la presunta comisión del delito que precalifica en vista a la falta de elementos de convicción que hagan presumir que mi defendido haya sido autor o participe de hecho punible alguno es por lo que solicito con el debido respeto del Tribunal se decrete la libertad plena y sin restricciones a todo evento en el supuesto negado de que el Tribunal declare improcedente lo antes solicitado pido se decrete la medida menos gravosa para el referido ciudadano y se acuerde su inmediata libertad.
El Tribunal oída las exposiciones de las partes hace las siguientes observaciones:
Se evidencia del acta policial que la aprehensión fue realizada en flagrancia, puesto que se dan los supuestos establecidos en el artículo 93 de la Ley Especial que rige la materia y lo señalado por la Sala Constitucional en su fallo Nº 272 del 15 de febrero de 2007.
De tal manera que esta Juzgadora considera, que en el presente caso al haberse verificado como se explicó ut supra un delito flagrante, dentro del lapso de tiempo que otorga la ley especial, para acreditar la flagrancia entre el delito y la aprehensión; resultando evidente que la detención del imputado ALI KALIL ABDEL, plenamente identificado en autos, fue practicada de manera legítima y ajustada a los parámetros que dispone el artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 93 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. También ha señalado la sala constitucional que para corroborar la declaración de la mujer víctima deben perseguirse dos cosas: a) los elementos que hagan sospechar la comisión del delito; y b) los elementos que hagan sospechar del autor de ese delito. Respecto del primero, si el subtipo de delito de género así lo permite, será el examen médico forense el que determinará la comisión del delito; no obstante, en los casos de violencia si las lesiones son fácilmente visibles, al punto de que el funcionario receptor de la información puede presumir que la mujer víctima fue objeto de malos tratos físicos, el examen para determinar la flagrancia bien puede postergarse. Sin embargo, consciente de que en los delitos contra las personas (al menos en las lesiones) la prueba que demuestra la comisión del delito es el examen médico forense, la postergación del examen es sólo a los efectos de la detención in fraganti.
En este mismo orden, quien aquí decide considera que es necesario cumplir con el mandato establecido en las disposiciones previstas en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de La Mujer, que anuncia la obligación de los Estados partes de modificar los patrones socioculturales en la conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las practicas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquier sexo o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.
Analizadas las actas procesales que conforman el expediente se evidencia de las mismas que se ha cometido un hecho punible precalificado por el Ministerio Público como Violencia Física, previsto en el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es un hecho típico y cuya acción no está evidentemente prescrita.
Observa esta Instancia Judicial que constan elementos de convicción suficientes que hacen presumir la participación del imputado en la comisión del referido delito siendo que el día 08 de mayo de 2013, fue detenido por funcionarios adscritos al cuerpo de investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sub. Delegación de Coro del Estado Falcón, luego de que la víctima MARY CARMEN GUANIPA BENITEZ, identificada en autos, fuera agredida físicamente por su concubino de nombre ALI KALIL ABDEL.
Surge como otro medio de convicción a los efectos del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, la denuncia interpuesta por la víctima en fecha 08 de mayo de 2013.
Con el objeto de la acreditación de la violencia física riela el informe de experticia médico legal efectuado en la Medicatura Forense donde el Dr. Eduar Jordán señala que la ciudadana MARY CARMEN GUANIPA BENITEZ presenta Contusión eritematosa reciente en nuca de 6 x 3 cm. Excoriaciones recientes en región lateral derecha del cuello. Tiempo de curación 08 días. Carácter leve
El Tribunal vista y analizadas las actuaciones es del criterio que conforme a los principios de estado de libertad, afirmación de la misma y proporcionalidad, contenidos en los artículos 229, 9 y 230, del Código Orgánico Procesal Penal, respectivamente, y a los efectos de salvaguardar la finalidad del proceso que es la búsqueda de la verdad a través de las vías jurídicas y la justicia en la aplicación del derecho, no pudiendo este despacho pasar por alto ningún tipo de violencia y siendo que el procedimiento especial previsto en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene como premisa principal la protección integral a las mujeres víctimas de violencia desde todo punto de vista. Sin embargo considera esta Juzgadora que aun falta la práctica de otras diligencias de investigación.
Ahora bien, con respecto al numeral 3°, referido al peligro de fuga y de obstaculización, observa esta Juzgadora que en el presente caso el mismo no se encuentra suficientemente acreditado, toda vez que el imputado es venezolano, tiene arraigo en el país por cuanto su residencia es en la jurisdicción del Tribunal, y la pena que podría llegarse a imponer no es de un quantum elevado y no existe evidencia de conducta predelictual, es por lo que esta Juzgadora considera que no existe una presunción razonable para estimar que el hoy imputado, podría evadirse del presente proceso y colocar así en vilo las resultas de la fase investigativa que recién inicia.
En consecuencia, concluye este Tribunal, después de escuchar a las partes y analizado como han sido todos los elementos, que cursan en las actas, que lo procedente y ajustado a derecho en el presente caso, es declarar con lugar la solicitud Fiscal. Y ASI SE DECIDE.

DISPOSITIVA

Este Tribunal Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley: Decreta PRIMERO: Se declara CON LUGAR la precalificación solicitada por la representación del Ministerio Publico por el delito de VIOLENCIA FISICA. SEGUNDO: Se decreta imponer las medidas de protección y seguridad establecidas en el artículo 87 numeral 1, refiriendo a la mujer agredida a los centros especializados para que reciba la respectiva orientación y atención a que de por sí o por terceras personas realice acto de persecución, intimidación o acoso a la mujer agredida o algún integrante de su familia, numeral 6, y numeral 13 prohibición de agredir física, verbal y psicológicamente a la victima TERCERO: Se impone al ciudadano ALI KALIL ABDEL la medida cautelar prevista en el artículo 42, Numeral 7 consistente en Imponer al presunto agresor la obligación de asistir a un centro especializado en materia de violencia de género a los fines de que le realicen el informe integral. CUARTO: Se decreta la flagrancia. Sígase el proceso por la vía especial.
Regístrese, publíquese. Notifíquese. Remítase el expediente en su oportunidad legal a la Fiscalía del Ministerio Público.

LA JUEZA
KARINA GONZALEZ MONTENEGRO
EL SECRETARIO
ARGENIS RAFAEL MONTERO LOAIZA
RESOLUCION N° PJ0432013000266