TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón
Coro, 31 de Octubre de 2013
203º y 154º

ASUNTO PRINCIPAL: IP01-P-2011-002165

SENTENCIA CONDENATORIA POR ADMISIÓN DE HECHOS

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

JUEZA TERCERA DE JUICIO: ABG. KARINA ZAVALA
LA SECRETARIA DE SALA: ABG. MARLY BARRIENTOS
FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO: ABG. EDGLIMAR GARCÍA
DEFENSOR PÚBLICO: ABG. EDER HERNADEZ
ACUSADOS: ROBERTH ANTONIO RAMIREZ GARCÍA Y ALEXANDER PEROZO
VICTIMA: LOVERA HUERTA ANDRES Y JOSE LOVERA
DELITO: ROBO AGRAVADO

Corresponde a este Tribunal motivar decisión y publicar la sentencia definitiva dictada en la presente causa, donde esta Juzgadora CONDENA a los ciudadanos ROBERTH ANTONIO RAMIREZ titular de la cédula de identidad Nº 23.588.450, venezolana, de 22 años de edad, natural de esta Ciudad, residenciado en la Vela, calle principal Barrio Nuevo, casa S/N a lado de Fiscales de Trancito y ALEXANDER PEROZO titular de la cédula de identidad Nº 22.609.069, venezolana, de 22 años de edad, natural de esta Ciudad, residenciado calle principal de la Vela, sector Barrio Nuevo casa S7N al lado del CDI, por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en articulo 458 del Código Penal vigente en perjuicio de LOVERA HUERTA ANDRES Y JOSE LOVERA.

Antecedentes
En fecha 29 de octubre de 2013, constituido en la Comunidad Penitenciaria de esta ciudad, a fin de llevar a cabo plan contra el retardo judicial, este Tribunal llevo a cabo la celebración de Audiencia de Apertura Juicio Oral y Público relacionada con causa instruida en contra de los ciudadanos ROBERTH ANTONIO RAMIREZ GARCÍA Y ALEXANDER PEROZO, por la presunta comisión del delito de Robo Agravado, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, en perjuicio de LOVERA HUERTA ANDRES Y JOSE LOVERA, se anuncio la presencia de la ciudadana juez quien instruye a la secretaria para que verificará la presencia de las partes, dejándose constancia de que se encontraba presentes la Fiscalía del Ministerio Público Abg. Edglimar García, los acusados ROBERTH ANTONIO RAMIREZ GARCÍA Y ALEXANDER PEROZO, igualmente se dejó constancia de la incomparecencia de la víctima y de la comparecencia de la defensa Publica Eder Hernández.

Seguidamente la ciudadana Juez instruye al Alguacil para que anuncie la Apertura del debate Oral y Público garantizando formalmente la Publicidad del mismo. Acto seguido, la ciudadana Juez explica a las partes la naturaleza e importancia del acto, exhortando a las partes a litigar de buena, si temeridad y a evitar señalamientos dilatorios e impertinentes; exponiendo a las partes, el modo de dirimir las incidencias, en caso que sean planteadas por las partes, lo que se hará según lo pautado en el artículo 315 del Código Orgánico Procesal Penal y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 327 eiusdem, esta era la oportunidad para Aperturar Formalmente el Debate Oral y Público en el presente proceso.

Luego se le otorgó el derecho de palabra al representante del Ministerio Público, quien hizo una breve exposición de los hechos y ratificó la acusación formal presentada en su oportunidad, exponiendo la identificación del acusado y de su representante legal, una relación circunstanciada de los hechos, fundamentando la acusación en los elementos de convicción señalados en el escrito acusatorio, la calificación jurídica por la cual acusa el ministerio Público a los ciudadanos ROBERTH ANTONIO RAMIREZ GARCÍA Y ALEXANDER PEROZO, por la presunta comisión del delito de Robo Agravado, previsto y sancionado en los artículos 458 del Código Penal, en perjuicio de LOVERA HUERTA ANDRES Y JOSE LOVERA, ratificando los medios de pruebas ofrecidos en el escrito acusatorio, así como las pruebas documentales ofrecidas por haberse obtenido lícitamente y por ser útiles, pertinentes y necesarios para el esclarecimiento de los hechos y se apertura a juicio oral y público, de igual forma solicitó que se mantuviese la medida de coerción personal que actualmente pesa contra los imputados.

Por su parte, la defensa publica expuso: “...quien expuso de forma sucinta su discurso de apertura al Juicio Oral y Publico, estableciendo que demostraría la inocencia de su defendido con el objeto que se declare absuelto de los cargos que le atribuye la Fiscalía de Ministerio Publico...”

Posteriormente, esta Instancia Judicial impuso al acusado del precepto Constitucional, establecido en el ordinal 5to del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y del 330 del Código Orgánico Procesal Penal que lo exime a declarar en causa propia que se sigue en su contra y de querer hacerlo se haría sin juramento, libre de apremio y coacción, informándole que su negativa no se tomaría como elemento en su contra ni detendrá el curso del proceso, pero es una de las oportunidades que la Ley le concede para desvirtuar los hechos por lo cual los acusa la Representación Fiscal y se le explico el delito objeto de la acusación y los preceptos jurídicos aplicables, igualmente se le identifico y ambos acusados manifestaron no querer declarar.

Por último, se impuso al acusado del contenido del artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, explicándole claramente los delitos por los cuales los acusa la Fiscalía del Ministerio Público, la calificación Jurídica por la presunta comisión del delito de Robo Agravado, la posible pena a imponer en el presente caso con la rebaja que prevé la ley; igualmente se le informó que esta era la última oportunidad para que proceda el derecho de acogerse al procedimiento por la admisión de los hechos, por lo que se les preguntó si deseaban acogerse a dicho procedimiento, manifestando el acusado, ROBERTH ANTONIO RAMIREZ, libre de coacción y apremio ante este tribunal: “SI DESEO ADMITIR LOS HECHOS POR LOS CUALES SE ME ACUSA, asimismo se le pregunto al acusado ALEXANDER PEROZO, quien de forma libre de coacción y apremio expuso ante este tribunal: “SI DESEO ADMITIR LOS HECHOS POR LOS CUALES SE ME ACUSA. Posteriormente se le concedió la palabra a la Defensa quien expreso, estar conforme con el procedimiento de admisión de hechos ya que el mismo lo realizó libre de apremio y coacción y solicitando sea remitido el asunto a la Fase de Ejecución.

Escuchada la exposición voluntaria de los acusados ROBERTH ANTONIO RAMIREZ y ALEXANDER PEROZO de admitir los hechos, procede el Tribunal de Juicio a imponerlo de la CONDENA.

CALIFICACIÓN JURÍDICA
El Tribunal una vez examinada la acusación la cual fue admitida en su totalidad por el Tribunal de Control así como las pruebas promovidas que acompañan tal acusación, consideró que la conducta realizada por los acusados ROBERTH ANTONIO RAMIREZ y ALEXANDER PEROZO se subsume en el tipo penal de ROBO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, en perjuicio de del ciudadano LOVERA HUERTA ANDRES Y JOSE LOVERA.

HECHOS QUE EL TRIBUNAL ESTIMA ACREDITADOS
Según se desprende de la acusación Fiscal, el hecho que se le atribuye a los acusados y por el cual este Tribunal procedió a condenarlos se relaciona con un suceso ocurrido: “Se les atribuye a los imputados JUAN VICENTE RODRIGUEZ RAZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-1 9.824.356, de profesión u oficio Obrero, residenciado en el sector Barrio Nuevo, calle N° 11, casa SIN, Coro, Estado Falcón; ROBERT ANTONIO RAMÓN GARCIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-23.588.450, soltero, de profesión u oficio Obrero, residenciado en la Vela, sector Barrio Nuevo, calle principal, casa S/N, Coro Estado Falcón; JONATHAN AUGUSTO PINTO HUERTA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-25.61 3.193, de profesión u oficio Obrero, residenciado en el sector Barrio Nuevo, calle principal, casa S/N, Coro, Estado Falcón y ALEXANDER JOSÉ PEROZO LOPEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-22.609.069, soltero, de profesión u oficio Obrero, residenciado en el sector La Comunidad, calle Principal, casa S7N, Coro, Estado Falcón, el hecho que en fecha 0310512011 siendo aproximadamente las 12:35 horas de la mañana, ingresaron a la residencia de los ciudadanos HENRY ARTURO LOVERA HUERTA, JOSÉ LUIS LOVERA HUERTA Y ANDRES ELOY LOVERA HUERTA, ubicada entre la calle Federación y Miranda, del centro de la población de La Vela, Municipio Miranda, Estado Falcón, momentos en que éstos se encontraban descansando, sometiéndolos y amenazándolos con armas blancas, para despojarlos de sus pertenencias y posteriormente salir huyendo por la parte trasera de la vivienda una vez que se percatan que al lugar se presentó comisión integrada por los efectivos policiales INSPECTOR RAUL VERA, CABO 1RO RENSO MEDINA, SUB-INSPECTOR JAIME SANCHEZ Y AGENTES JARVIS PEREIRA Y JUAN RIVERO, adscritos a la Policía del Estado Falcón, quienes se trasladan el sitio, luego de que encontrándose en labores de patrullaje preventivo por el perímetro de la población de La Vela, Municipio Colina del Estado Falcón, reciben llamada vía radiofónica por parte de la centralista del número de emergencia 171 de la Sala Situacional del Estado Falcón, quien informa que vecinos de la calle Federación y Miranda del Centro de la Vela realizaron llamada telefónica informando que en una vivienda que se encuentra signada con el número 18 de la mencionada dirección, al parecer se encontraban unas personas introducidas ya que los ocupantes pedían auxilio, produciéndose una persecución para posteriormente ser los imputados de marras neutralizados y aprehendidos por la comisión policial, quedando identificados como: JUAN VICENTE RODRIGUEZ RAZ, al cual se le incauto un arma blanca tipo cuchillo, de material ferroso, con empuñadura que se le observa adherido adhesivo sintético de color negro, con nailon de color beige y marrón que empuñaba en su mano derecha; ROBERT ANTONIO RAMÓN GARCIA, a quien se le incautó un arma blanca tipo cuchillo, de metal niquelado, marca Concord, con empuñadura de goma espuma adherida con alambre de metal niquelado y nailon de color beige con marrón que empuñaba la mano derecha; JONATHAN AUGUSTO PINTO HUERTA, al cual se le incautó un arma blanca tipo cuchillo de metal niquelado, con empuñadura de material sintético de color negro y el cuarto ALEXANDER JOSÉ PEROZO LOPEZ, a quien se le incautó un arma blanca tipo cuchillo, de metal niquelado, con empuñadura de madera. Asimismo, en el lugar donde se produjo la aprehensión definitiva de los imputados de marras se encontró un (01) radio CD marca Panasonic, de color gris con azul, con capacidad para un disco compacto, serial WX41 B006698, con su cable para conectar; un (01) radio CD Daewoo, color beige, con capacidad para un disco compacto, serial NL6035151423, con su cable para conectar, una (01) plancha marca Oster, color blanco con beige, modelo 4014, serial 33122, un (01) tensiómetro automático Microlife, color blanco con azul, serial 8002575540, los cuales fueron sustraídos de la residencia de las víctimas en la presente causa, siendo colocados a disposición de esta Representante de la Vindicta Pública..”
FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO
El Código Orgánico Procesal Penal reformado publicado en Gaceta Oficial de fecha 15-06-12 N° 6078, en el artículo 375, con vigencia anticipada, instituye el procedimiento especial de admisión de hechos, el cual aparece redactado en los siguientes términos:

“… Artículo 375. El procedimiento por admisión de los hechos tendrá lugar desde la audiencia preliminar una vez admitida la acusación, hasta antes de la recepción de pruebas.
El Juez o Jueza deberá informa al acusado o acusada respecto al procedimiento por admisión de los hechos, concediéndole la palabra. El acusado o acusada podrá solicitarla aplicación del presente procedimiento, para lo cual admitirá al tribunal la imposición inmediata de la pena respectiva.
En estos casos; el Juez o Jueza podrá rebajar la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse, pudiendo cambiar la calificación jurídica del delito, atendidas todas las circunstancia, tomando en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado y motivando adecuadamente la pena.
Si se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas cuya pena exceda de ocho años en su limite máximo, y en los casos de delitos de: homicidio intencional, violación, delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños y adolescentes; secuestro, delito de corrupción, delitos que causen grave daño al patrimonio público y la administración pública; trafico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, violaciones graves a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y seguridad de la nación y crímenes de guerra, el Juez o Jueza sólo podrá rebajar hasta un tercio de la pena aplicable”
En el orden de lo expuesto, resulta importante hacer constar, que la admisión de hechos, posee su doble finalidad, véase Sentencia Sala de Casación Penal, de fecha 03 de agosto del año 2007, en la cual se estableció: “…la intención del legislador al crear la figura de la admisión de los hechos no es otra que procurar un beneficio para ambas partes, para el Estado, celeridad y economía procesal y para el acusado, una rebaja sustancial de la pena que se le ha de imponer por ese hecho punible reconocido…”, limita la oportunidad procesal para su aplicación, y se establece en todo supuesto procedimental (procedimiento ordinario o abreviado), luego de admitida la acusación y antes de la apertura del juicio oral y público, toda vez que al permitirse su aplicación y consecuencias procesales una vez aperturado el mismo, se desnaturaliza uno de sus objetivos, ya que la celeridad y economía procesal no se verificaría con un juicio agotado, criterio este pacífico en la jurisprudencia patria; así se observa que la Sala de Casación Penal, del Máximo Tribunal ha establecido: “La admisión de los hechos si se aplica correctamente puede ser un instituto muy eficaz para poner fin a un gran número de procesos, en los cuales por reconocer el imputado los hechos que se le imputan, resultaría inútil u ocioso, además de oneroso para el Estado, continuar con un proceso penal que puede definirse allí mismo; pero si por el contrario su utilización o aplicación se hace en forma errada, alterando su fin o naturaleza bien sea por el Juez, el Ministerio Público o cualquiera otra de las partes, más bien va a surgir como un instrumento para desviar la justicia y hasta crear un estado de impunidad, que constituye el principal reclamo a la Justicia Penal en los actuales momentos”. (Sentencia N° 070, de fecha 26 de febrero de 2003).”

En línea con lo anterior, debe entenderse que la admisión de hechos realizada por los acusados, de conformidad con el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, permite a esta jueza de juicio establecer los hechos ocurridos en fecha 3-5-2011, trayendo como consecuencia la admisión realizada por los acusados de autos, la desvirtualización de la presunción de inocencia que a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela amparaba a dicho acusado, quien ha reconocido de forma libre y espontánea los hechos anteriormente señalados y que le adjudica la parte acusadora, en aplicación del procedimiento especial de admisión de hechos, por lo cual lo procedente y ajustado a derecho es proceder como en efecto a prescindir del juicio y a dictar sentencia condenatoria y a la imposición inmediata de la pena, con las consecuencias de ley. Y ASÍ SE DECIDE.
PENALIDAD

Establece el artículo 458 del Código Penal Venezolano, lo siguiente:
“Artículo 458: Cuando alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes se haya cometido por medio de amenazas a la vida, a mano armada o por varias personas, una de las cuales hubiera estado manifiestamente armada, o bien por varias personas ilegítimamente uniformadas, usando hábitos religiosos o de otra manera disfrazadas, o si, en fin, se hubiera cometido por medio de un ataque ala libertad individual, la pena de prisión será por tiempo de diez años a diecisiete años, sin perjuicio a la persona o personas acusada, de la pena correspondiente al delito de porte ilícito de arma...”

Por su parte el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Pena, dispone:

“Artículo 375. El procedimiento por admisión de los hechos tendrá lugar desde la audiencia preliminar una vez admitida la acusación, hasta antes de la recepción de pruebas.
El Juez o Jueza deberá informa al acusado o acusada respecto al procedimiento por admisión de los hechos, concediéndole la palabra. El acusado o acusada podrá solicitarla aplicación del presente procedimiento, para lo cual admitirá al tribunal la imposición inmediata de la pena respectiva.
En estos casos; el Juez o Jueza podrá rebajar la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse, pudiendo cambiar la calificación jurídica del delito, atendidas todas las circunstancia, tomando en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado y motivando adecuadamente la pena…”

En relación a la pena que se le debe imponer a los acusados, esta Juzgadora observa que el delito de ROBO GRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, establece una pena de prisión de diez a diecisiete años, siendo el término medio conforme a lo previsto en el artículo 37 del Código Penal vigente de trece (13) años y seis (6) meses de prisión, procediendo esta juzgadora a llevar la pena a su limite mínimo considerando como atenuante para los acusados el hecho de ser menor de veintiún año y mayor de dieciocho para el momento en que ocurrieron los hechos, ello conforme al articulo 74.1 del Código Penal, quedando la pena en diez (10) años de prisión, lo que aplicándole la rebaja por el procedimiento de admisión de hechos de un tercio de la pena, da un total de pena a imponer de SEIS (6) AÑOS Y OCHO (8) MESES AÑOS DE PRISIÓN. Y ASI SE DECIDE.

Se condena al acusado a las penas accesorias establecidas en el artículo 16 del Código Penal. Y ASI SE DECIDE

Se mantiene la medida de privación judicial de Libertad que pesa sobre los acusado ROBERTH ANTONIO RAMIREZ y ALEXANDER PEROZO y se estable como fecha de cumplimiento de pena el día 3-1-2018, sin perjuicio del cómputo que realice el Tribunal de Ejecución. Y ASI SE DECIDE

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Código Orgánico Procesal Penal, se eximen del pago de las costas procesales contempladas en el artículo 267 eiusdem, en virtud del principio de la gratuidad de la justicia consagrado en el artículo 254 de la Constitución Nacional. Y ASI SE DECIDE.

DISPOSITIVA
Por los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos, este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO FALCON, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se CONDENA a los ciudadanos ROBERTH ANTONIO RAMIREZ titular de la cédula de identidad Nº 23.588.450, venezolana, de 22 años de edad, natural de esta Ciudad, residenciado en la Vela, calle principal Barrio Nuevo, casa S/N a lado de Fiscales de Trancito y ALEXANDER PEROZO titular de la cédula de identidad Nº 22.609.069, venezolana, de 22 años de edad, natural de esta Ciudad, residenciado calle principal de la Vela, sector Barrio Nuevo casa S7N al lado del CDI, por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en articulo 458 del Código Penal vigente en perjuicio de LOVERA HUERTA ANDRES Y JOSE LOVERA, a cumplir la pena de SEIS (6) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN; ello en aplicación del procedimiento por admisión de los hechos previsto y sancionado en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal y 74.1 del Código Penal, más las penas accesorias establecidas en el artículo 16 eiusdem. SEGUNDO: Se mantiene la medida de privación judicial de Libertad que pesa sobre los ciudadanos ROBERTH ANTONIO RAMIREZ y ALEXANDER PEROZO y se estable como fecha de cumplimiento de pena el día 3-1-2018, sin perjuicio del cómputo que realice el Tribunal de Ejecución TERCERO: Se exime a los acusados del pago de las costas procesales, de conformidad con el artículo 34 del Código Penal en relación con los artículos 251 y 254 del Código Orgánico Procesal Penal y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. CUARTO: Se acuerda remitir el presente asunto a los Tribunales de Ejecución q corresponda por distribución una vez que quede definitivamente firme la presente decisión.
Dada, firmada y sellada en Coro, el treinta y uno (31) días del mes de octubre de dos mil trece (2013). Publíquese y regístrese.-

LA JUEZA TERCERA DE JUICIO
ABG. KARINA N. ZAVALA ESPINOZA

LA SECRETARIA
ABG. MARLYN BARRIENTOS