REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL CON COMPETENCIA EN DELITOS CONTRA LA MUJER
Tribunal Primero de Primera Instancia de Control, Audiencia y Medidas de Violencia Contra la Mujer de la
Circunscripción Judicial del Estado Falcón
Santa Ana de Coro, 11 de septiembre de 2013
203º y 154º

ASUNTO PRINCIPAL: IP01-S-2013-001423

Corresponde a este Tribunal motivar conforme a lo dispuesto en el articulo 93 de la Ley Orgánica Sobre El Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los artículos 157 y 161 del Código Orgánico Procesal Penal, la decisión judicial dictada mediante la cual acordó decretar medida cautelar sustitutiva de libertad y medidas de protección y seguridad a favor de la víctima y de cumplimiento efectivo para el GREGORY ALBERTO NIETO CASTILLO, venezolano, soltero de 30 años de edad, titular de la cédula de identidad N° 15.538.077, fecha de nacimiento 13/11/1982, domiciliado en la calle Buchivacoa entre millar y proyecto, teléfono 0414-687-5735, del Municipio Miranda del Estado Falcón, referida a las medidas de protección y seguridad prevista en el artículo 87.1.3.6, de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, numeral 1, que se refiere a la victima al equipo interdisciplinario, para que realicen un informe integral y una valoración psicológica, numeral 3 referida a ordenar la salida del presunta agresor de la residencia común independientemente su titularidad y consistente en la medida de protección y seguridad prevista en el numeral 6, en que de por sí o por terceras personas realice acto de persecución, intimidación o acoso a las mujeres agredidas o algún integrante de sus familias y la prohibición de agredir física, verbal y psicológicamente a la victima; Igualmente se decreta la Medida Cautelar Sustitutiva de libertad prevista y sancionada en el articulo 92 numerales 7 y 8 de LA LEY ORGANICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, referida imponer al presunto asistir ante el Equipo Interdisciplinario a los fines de recibir ciclo de charlas de orientación en materia de Violencia contra la Mujer, numeral 8, la obligación de reintegrarse al sistema educativo, la obligación de dictar (3) charlas a la comunidad con un numero de 15 personas debiendo consignar fotos con el aval del consejo comunal y la obligación de realizar ochenta horas de trabajo comunitario; todo ello por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FISICA, previsto en el artículos 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en concordancia con el articulo 415 del Código Penal referente a LESIONES GRAVES. Igualmente se declara la flagrancia y se ordenó la aplicación del procedimiento especial previsto en la Ley Orgánica supra mencionada.

En este orden, observa quien decide que es necesario cumplir con el mandato establecido en las disposiciones previstas en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de La Mujer, que anuncia la obligación de los Estados partes de modificar los patrones socioculturales en la conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las practicas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquier sexo o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.

Respecto a lo señalado por la defensa pública del imputado donde deja constancia durante la audiencia de presentación:

“Esta defensa no se opone a la solicitud fiscal en razón de que él defendido se compromete a cumplir con las medidas impuestas por este Tribunal. Es todo”


Ahora bien, escuchada la intervención de la defensa, procede esta juzgadora para una mayor ilustración en relación a esta institución en los delitos de Genero, acuerda con lugar el estado de flagrancia ajustada a derecho en el presente asunto penal violencia, siguiendo los principios del procedimiento especial previsto en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, por lo que procedo a señalar el criterio que con perspectiva de genero viene dictando la Sala Constitucional en sentencia N° 272 del 15 de febrero de 2007 con Ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán en la que se establece:
“El estado de flagrancia que supone esta institución se refiere a sospechas fundadas que permiten, a los efectos de la detención in fraganti, la equiparación del sospechoso con el autor del delito, pues tales sospechas producen una verosimilitud tal de la autoria del delito por parte del aprehendido que puede confundirse con la evidencia misma. Sin embargo, la valoración subjetiva que constituye la “sospecha” del detenido como autor del delito queda restringida y limitada al observador (sea o no la victima) y por el cúmulo probatorio que respalde esa declaración del aprehensor. Si la prueba existe se procede a la detención inmediata. (….)
Ahora bien, sea delito flagrante o sea aprensión in fraganti, es al Juez a quien le corresponde juzgar la flagrancia. Para tal fin, el Juez debe determinar tres parámetros: a) que hubo un delito flagrante; b) que se trata de un delito de acción pública; y c) que hubo una aprehensión in fraganti, por lo que es necesario que existan elementos probatorios que hagan verosímil la existencia de estos parámetros. (…..)
Al ser ello así, la razón de esta interpretación tiene que partir de la particular naturaleza de los delitos de genero, pues su configuración, y en especial el de la violencia domestica, son tan especiales que con dificultad podrían encuadrarse en una concepción tradicional de la flagrancia, por lo que podría dejarse desprovistas a las mujeres - victimas de medidas positivas de protección con fines preventivos. Por ello, vista la particular naturaleza de los delitos de genero, y vista la flagrancia como un estado probatorio, la prueba de la flagrancia de los delitos de genero debe ser exigida en la forma y grado que al delito corresponde ya que, si se requiriera siempre de pruebas directas para el arresto preventivo de los ilícitos penales, los delitos y en especial los delitos de genero (por realizarse por lo usual en la intimidad) correrían el riesgo de quedar impunes, pues los delincuentes escaparían siempre de la Ley. Por tanto la exigencia de la prueba evidente en los delitos de género no se puede exigir más de lo que la propia prueba puede evidenciar”.

Al respecto este Tribunal Primero de Primera Instancia de Control, Audiencia y Medidas de Violencia Contra la Mujer observa y considera lo siguiente:
Después de analizadas las actas procesales que conforman el expediente se evidencia de las mismas que se ha cometido un hecho punible flagrante calificado por el Ministerio Público como VIOLENCIA FISICA, previsto en el artículos 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en concordancia con el articulo 415 del Código Penal referente a LESIONES GRAVES, que es un delito de acción publica y de derecho humano, que es un hecho típico y cuya acción no está evidentemente prescrita.
Observa esta Instancia Judicial que constan elementos de convicción suficientes que hacen presumir la participación del imputado en la comisión del referido delito siendo que el día 16 de Agosto de 2013, fue detenido en flagrancia por funcionarios adscritos a la Policía del Estado Falcón, el ciudadano, del Sector la Comunidad de la Vela de Coro, luego de que la víctima YENIFER OLIMAR MORA MEDINA, lo señalaran como el presunto responsable de las agresiones que les fueron ocasionadas.
Surge como otro medio de convicción a los efectos del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, la denuncia interpuesta por la víctima YENIFER OLIMAR MORA MEDINA, que señaló que: “La noche de ayer viernes estábamos reunidos con toda mi familia al igual que este ciudadano ya que el mismo es mi pareja, compartimos un rato bastante agradable, entre los que compartimos estaba un primo mío que es Gay, y Gregory conversaba mucho con él, pasada las doce de la noches Gregory decide llevarme a la casa para luego guardar el carro en casa de mi primo Robert (Gay), una vez estando en mi casa e percato que o tengo mi teléfono celular, visto que no lo conseguí por ninguna parte en mi casa decido trasladarme hasta la casa de mi primo Robert (Gay) para decirle a mi pareja Gregory que sacara el teléfono del vehiculo antes de guardarlo, al llegar a la casa observo que ya el vehiculo estaba estacionado en el garaje, y me voy nuevamente a donde estábamos compartiendo con mi familia y al llegar no veo a Gregory por ninguna parte, les pregunto a los que allí están presentes por él, y me dijeron que, acababa de salir a guardar el carro, le quito prestado el teléfono a uno de los que allí se encontraban y llamo a Gregory y le pregunto que donde esta, él me contesta que ya va llegando a la casa, yo le dije que lo llamaba para que buscara en el carro mi teléfono, él algo angustiado me contesta; ha bueno yo te lo busco, desde allí me quedo una pequeña duda, porque yo decía ¿Si él me dice que va llegando a la casa, como es eso que va abrir el carro para buscar el teléfono?, Posteriormente me fui nuevamente para la casa de mi primo Robert y estando frente a la casa le pego un grito, de pronto Gregory sale de adentro de la casa todo nervioso y en vez de abrirme la puerta lo que hizo fue meterse al carro para disimular que buscaba el teléfono, pero no sabia que yo lo estaba viendo desde afuera cuando él salio de adentro de la casa, una vez que decide abrirme la puerta para que entre, ya dentro del estacionamiento le pregunto a Gregory que, que era lo que estaba pasando, que me explicara esta situación, él comenzó a decirme que quien era que me estaba metiendo chismes que eso no era así, a mi me dio rabia ya que me quería ver la cara de estupida e lanzo una cachetada, luego el reacciono empujándome contra la pared lográndome golpear la cabeza, me daba cachetadas, me jalaba por los pelos, yo me hice la desmayada para que no me siguiera pegando más, y fue peor porque me daba cachetadas para que reaccionara, luego se metió para dentro de la casa y busco alcohol para echarme y lograrme reaccionar, yo aguantaba todo lo que me hacia, en eso sale mi primo de la casa y escucho cuando Gregory le dice a Robert “que piensas hacer” y Robert le contesto “yo, me voy, arregla tu tu peo” y se fue, luego Gregory me monto en el carro y me cerraba la pipuerta para golpearme las piernas, luego me tomo la mano y me llevaba casi de arrastra por toda la Calle Proyecto, en el camino me decía que si me caía, simp0lemente se iba y me dejaba allí tirada en el piso, al llegar a la casa comenzó a golpearme por la cabeza con las llaves del carro, yo buscaba la forma de meterme en el cuarto de mi hija mayor y él no me dejo, me llevo a empujones hasta nuestro cuarto, estando dentro busco para pegarme nuevamente yo grite, y mi hija mayor se levanto y se metió, posteriormente en un forcejeo que tuvimos con la niña pequeña de un año, él me dio un golpe de puño en la cara, exactamente en la frente, luego yo me fui junto con mi hija mayor a la casa de mi hermana y él se quedo con la pequeña ya que no permitió que me la llevara. Es todo”
El Tribunal vista y analizadas las actuaciones es del criterio que conforme a los principios de estado de libertad, inocencia y proporcionalidad, contenidos en los artículos 8 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, respectivamente, y a los efectos de salvaguardar la finalidad del proceso que es la búsqueda de la verdad a través de las vías jurídicas y la justicia en la aplicación del derecho en esta fase inicial del proceso especial procedió a dictar medidas cautelares y de protección y seguridad conforme a derecho, sin embargo dado el carácter especial de esta jurisdicción se hace necesario reafirmar que presuntamente estamos en presencia de una categoría de delito que sospechosamente fue cometido en el ámbito domestico y que debe ser castigado conforme lo prevé la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, por cuanto observa este Tribunal especializado que las victimas se encuentras expuestas a una condición de mal trato, tal y como se observa en la acta de denuncia, que riela en los folios cinco (05) del expediente, actuaciones estas que conforman el asunto penal violencia que cursa por ante este órgano judicial, lo cual permite suponer que el presunto agresor ha desplegado una conducta de ejercicio extremo de una autoridad que considera legitima, utilizando la Violencia como un mecanismo que justifica la violencia sobre la base de la ideología de superioridad masculina y el correspondiente deber de obediencia femenina (sobre la victima mujer). De allí la importancia de la intervención del Estado para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, a propósito de transformar esas realidades y equilibrar el tejido social para producir nuevas condiciones que transforme los valores masculinizantes, esto en aras de eliminar progresivamente la violencia, la discriminación y la desigualdad, plasmando el respeto a la diferencia dentro de las relaciones humanas entre hombres y mujeres, tal y como lo señala el artículo 1° de la Ley Especial que a tenor establece:

“La presente Ley tienen por objeto garantizar y promover el derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando cambios en los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de genero en las relaciones de poder sobre las mujeres, favorecer la construcción de una sociedad justa, democrática, participativa, paritaria y protagonista”.

En consecuencia se hace procedente la imposición de medida cautelar sustitutiva de libertad y medidas de protección y seguridad en cumplimiento a las disposiciones previstas en el articulo 87 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, estas a favor de las víctimas y de cumplimiento efectivo para el ciudadano GREGORY ALBERTO NIETO CASTILLO, Se decreta imponer al Imputado la medida establecidas en el articulo 87 numeral 1, se refiere a la victima al equipo interdisciplinario, para que realicen un informe integral y una valoración psicológica, numeral 3 referida a ordenar la salida del presunta agresor de la residencia común independientemente su titularidad y consistente en la medida de protección y seguridad prevista en el numeral 6, referida a que de por sí o por terceras personas realice acto de persecución, intimidación o acoso a las mujeres agredidas o algún integrante de sus familias y numeral 13 a la prohibición de agredir física, verbal y psicológicamente a la victima; Igualmente la medida cautelar prevista en el articulo 92 numerales 7 y 8 de LA LEY ORGANICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, asistir ante el Equipo Interdisciplinario a los fines de recibir tres (03) charlas de orientación en materia de Violencia contra la Mujer, numeral 8, la obligación de reintegrarse al sistema educativo, la obligación de dictar (1) charla a la comunidad con un numero de 15 personas debiendo consignar fotos con el aval del consejo comunal y la obligación de de realizar ochenta (80) horas de trabajo comunitario; todo ello por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FISICA, previsto en el artículos 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en concordancia con el articulo 415 del Código Penal referente a LESIONES GRAVES.
Las razones que anteceden la decisión dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas de Violencia Contra la Mujer, están planteadas a mantener las garantías procesales de las partes y orientan el proceso especial a objeto de fortalecer la jurisdicción especial violencia, conforme a las orientaciones jurisprudenciales del máximo Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, quienes deberán responder a los nuevos desafíos de la trasformación de la administración de justicia, que emanan de los derechos de cuarta generación entre los que se encuentra los derechos humanos de las mujeres, tal como quedo establecido en la sentencia N° 486 de la Sala Constitucional dictada por el Magistrado Arcadio Delgado Rosales, en fecha 24 de mayo de 2010, en la que deja claro lo siguiente:
“…insiste en que los jueces y operadores jurídicos en general, en materia de genero, deben abandonar los tradicionales esquemas del sistema social patriarcal y androcéntrico imperante, de las creencias, comportamientos , roles, expectativas y atribuciones que sustentan a dicho sistema, así como la discriminación y violencia contra las mujeres en general, y adoptar fielmente el régimen especial de protección a favor de las mujeres, en pro de la justicia social, pues de lo contrario se estaría vulnerando y integridad física y moral de quienes demandan esa protección especial “.
Y así se decide.
DISPOSITIVA
Este Tribunal Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley: Decreta PRIMERO: Se declara CON LUGAR la precalificación solicitada por la representación del Ministerio Publico GREGORY ALBERTO NIETO CASTILLO por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FISICA, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre El Derecho De Las Mujeres A Una Vida Libre De Violencia, en concordancia con el articulo 415 del Código Penal referente a LESIONES GRAVES en perjuicio de la Ciudadana YENIFER OLIMAR MORA MEDINA. SEGUNDO: Se decreta imponer al Imputado la medida establecidas en el articulo 87 numeral 1, se refiere a la victima al equipo interdisciplinario, para que realicen un informe integral y una valoración psicológica, numeral 3 referida a ordenar la salida del presunta agresor de la residencia común independientemente su titularidad y numeral 6, la prohibición de que por sí o por terceras personas realice acto de persecución, intimidación o acoso a la mujer agredida o algún integrante de su familia, TERCERO: Se decreta la Medida cautelar sustitutiva de libertad prevista en el Numeral 7 se remite al ciudadano al equipo interdisciplinario a los fines de que le realicen un informe integral y reciba el ciclo de charlas. Asimismo se le impone al dictar tres 3 charlas en su comunidad con el aval del concejo comunal, con lista de asistencia de 15 personas en cada charla y fijaciones fotográficas CUARTO: Se le impone el cumplimiento de 80 horas de trabajo comunitario quedando a la disposición del Destacamento 42 de la Guardia Nacional. De conformidad con lo establecido en el articulo 87. 13 de la ley especial. QUINTO: Se decreta la flagrancia, se continúa el proceso por la vía especial. Líbrese la correspondiente boleta de Libertad.

Regístrese, publíquese y remítase el expediente en su oportunidad legal a la Fiscalía del Ministerio Público.
JUEZA PRIMERA DE CONTROL,

INDIRA OCANDO ARGUELLES
LA SECRETARIA,

MARIA RODRÍGUEZ