TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL CON COMPETENCIA EN DELITOS CONTRA LA MUJER
Tribunal Primero de Primera Instancia de Control, Audiencias y Medidas de Violencia Contra la Mujer de la
Circunscripción Judicial del Estado Falcón
Santa Ana de Coro, 11 de septiembre de 2013
203º y 154º

ASUNTO PRINCIPAL: IP01-S-2013-001472

Corresponde a este Tribunal motivar conforme a lo dispuesto en el articulo 93 de la Ley Orgánica Sobre El Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los artículos 157 y 161 del Código Orgánico Procesal Penal, la decisión judicial dictada mediante la cual acordó decretar medida cautelar sustitutiva de libertad y medidas de protección y seguridad a favor de la víctima y de cumplimiento efectivo para el ciudadano YESSER ALEXANDER LOYO PENICHE, venezolano, de 31 años edad, titular de la cédula de identidad N° 16.943.431, de profesión u oficio Chofer y domiciliado en la Urbanización la Velita, avenida 03, casa color rosada, el frente con friso, diagonal a la parada de los carritos, cerca de la Iglesia Mano de Dios, en esta ciudad de Coro, Estado Falcón, referida a las medidas de protección y seguridad prevista en el artículo 87 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia numeral 1, se remite a la ciudadana victima al equipo interdisciplinario a los fines de que reciba orientación, numeral 6, la prohibición de que por sí o por terceras personas realice actos de persecución, intimidación o acoso a la mujer agredida o algún integrante de su familia, y numeral 13 referida a la prohibición de agredir física, psicológica y verbalmente a la victima. Así mismo, se remite al ciudadano YESSER ALEXANDER LOYO PENICHE, ante el equipo interdisciplinario de esta jurisdicción a los fines de recibir cuatro (04) charlas de orientación en materia de Violencia contra la Mujer. Se le impone la obligación al imputado de reinsertarse en el sistema educativo. Se le impone la obligación de cumplir cien (100) horas de servicio comunitario bajo la supervisión del Destacamento 42 de la Vela de Coro. Igualmente la obligación de pintar un mural relacionado con la violencia de género; todo ello por la presunta comisión del delito de AMENAZA, previsto en el artículo 41 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en grado de Continuidad de conformidad con lo establecido en el articulo 99 del Código Penal, con la circunstancia Agravante establecida en el articulo 65 numeral 3° de la Ley especial. Igualmente se declara la flagrancia y se ordenó la aplicación del procedimiento especial previsto en la Ley Orgánica supra mencionada.

En este orden, observa quien decide que es necesario cumplir con el mandato establecido en las disposiciones previstas en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de La Mujer, que anuncia la obligación de los Estados partes de modificar los patrones socioculturales en la conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las practicas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquier sexo o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.

Respecto a lo señalado por la defensa pública del imputado donde deja constancia durante la audiencia de presentación:
“Revisadas como han sido las actuaciones que comprenden el presente asunto penal por las cuales está siendo presentado mi defendido el día de hoy ante este tribunal por parte de la representación fiscal por la presunta comisión del delito que precalifica y en vista a la insuficiencia de elementos de convicción que prevalecen solicito con el debido respeto a este tribunal acuerde para el defendido la libertad plena y sin restricciones. A todo evento en el supuesto negado de que el tribunal declare sin lugar lo antes solicitado, solicito se le acuerde al referido ciudadano la medida menos gravosa y se decrete su inmediata libertad. Es todo.”

Ahora bien, escuchada la intervención de la defensa, procede esta juzgadora para una mayor ilustración en relación a esta institución en los delitos de Genero, acuerda con lugar el estado de flagrancia ajustada a derecho en el presente asunto penal violencia, siguiendo los principios del procedimiento especial previsto en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, por lo que procedo a señalar el criterio que con perspectiva de genero viene dictando la Sala Constitucional en sentencia N° 272 del 15 de febrero de 2007 con Ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán en la que se establece:
“El estado de flagrancia que supone esta institución se refiere a sospechas fundadas que permiten, a los efectos de la detención in fraganti, la equiparación del sospechoso con el autor del delito, pues tales sospechas producen una verosimilitud tal de la autoria del delito por parte del aprehendido que puede confundirse con la evidencia misma. Sin embargo, la valoración subjetiva que constituye la “sospecha” del detenido como autor del delito queda restringida y limitada al observador (sea o no la victima) y por el cúmulo probatorio que respalde esa declaración del aprehensor. Si la prueba existe se procede a la detención inmediata. (….)
Ahora bien, sea delito flagrante o sea aprensión in fraganti, es al Juez a quien le corresponde juzgar la flagrancia. Para tal fin, el Juez debe determinar tres parámetros: a) que hubo un delito flagrante; b) que se trata de un delito de acción pública; y c) que hubo una aprehensión in fraganti, por lo que es necesario que existan elementos probatorios que hagan verosímil la existencia de estos parámetros. (…..)
Al ser ello así, la razón de esta interpretación tiene que partir de la particular naturaleza de los delitos de genero, pues su configuración, y en especial el de la violencia domestica, son tan especiales que con dificultad podrían encuadrarse en una concepción tradicional de la flagrancia, por lo que podría dejarse desprovistas a las mujeres - victimas de medidas positivas de protección con fines preventivos. Por ello, vista la particular naturaleza de los delitos de genero, y vista la flagrancia como un estado probatorio, la prueba de la flagrancia de los delitos de genero debe ser exigida en la forma y grado que al delito corresponde ya que, si se requiriera siempre de pruebas directas para el arresto preventivo de los ilícitos penales, los delitos y en especial los delitos de genero (por realizarse por lo usual en la intimidad) correrían el riesgo de quedar impunes, pues los delincuentes escaparían siempre de la Ley. Por tanto la exigencia de la prueba evidente en los delitos de género no se puede exigir más de lo que la propia prueba puede evidenciar”.

Al respecto este Tribunal Primero de Primera Instancia de Control, Audiencia y Medidas de Violencia Contra la Mujer observa y considera lo siguiente:
Después de analizadas las actas procesales que conforman el expediente se evidencia de las mismas que se ha cometido un hecho punible flagrante calificado por el Ministerio Público como AMENAZA, previsto y sancionado en el artículo 41 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es un delito de acción publica y de derecho humano, que es un hecho típico y cuya acción no está evidentemente prescrita.
Observa esta Instancia Judicial que constan elementos de convicción suficientes que hacen presumir la participación del imputado en la comisión del referido delito siendo que el día 19 de Agosto del 2013, fue detenido en flagrancia por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el ciudadano YESSER ALEXANDER LOYO PENICHE, luego de que la víctima JHUGLESY MARIA HANSEN MANAURE, lo señalara como el presunto responsable de las amenazas realizadas en su contra.
Surge como otro medio de convicción a los efectos del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, la denuncia interpuesta por la víctima HUGLESY MARIA HANSEN MANAURE, que señaló: “mi ex concubino YESSER ALEXANDER LOYO, desde ayer 18 de agosto de 2013, a partir de las diez horas de la noche, me comenzó a mandar unos mensajes a mi teléfono celular 0412-7695714 donde me decía TE LA DAS DE LOCA, MAÑANA TE VOY A MANDAR A MATAR, ESPERA QUE TE VEA, NOS VAMOS A VER EN TU TRABAJO, ME DICE ME ESTAN CAMBIANDO UNA PISTOLA POR EL TELEFONO, NO LO IBA A CAMBIAR PERO AHORA SI, ME DICE MAÑANA TE BUSCARÉ EN TU TRABAJO Y TE VOY A MANDAR A MATAR, DIOS QUE LLEGUE MAÑANA RAPIDO. Y resulta que hoy 19 de agosto Yesser estaba parado en una esquina cerca de la casa donde vivo, cuando el me ve salir pega la carrera hasta donde estoy yo diciéndome así era que te quería agarrar maldita, me amenaza con una navaja diciéndome que me va a matar, estaba mi novio conmigo y mi novio Agustín Loyo me mete para adentro, en ese momento mi novio Agustín cargaba a la bebe que es de Yesser y mía, y Yesser dice que se va a llevar a la bebe y se la quitó y le hace como para cortarlo a el y empezó a gritar y a decir insultos afuera y se montó en un taxi y se llevó a la bebe. Es todo”.
El Tribunal vista y analizadas las actuaciones es del criterio que conforme a los principios de estado de libertad, inocencia y proporcionalidad, contenidos en los artículos 8 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, respectivamente, y a los efectos de salvaguardar la finalidad del proceso que es la búsqueda de la verdad a través de las vías jurídicas y la justicia en la aplicación del derecho en esta fase inicial del proceso especial procedió a dictar medidas cautelares y de protección y seguridad conforme a derecho, sin embargo dado el carácter especial de esta jurisdicción se hace necesario reafirmar que presuntamente estamos en presencia de una categoría de delito que sospechosamente fue cometido en plena vía publica cercana a la residencia de la victima ubicada en el sector Pantano abajo de esta Ciudad de Coro y que debe ser castigado conforme lo prevé la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, por cuanto observa este Tribunal especializado que la victima se encuentra expuesta a una condición de mal trato, tal y como se observa en la acta de Denuncia, que riela en el folio dos (02) del expediente, actuaciones estas que conforman el asunto penal violencia que cursa por ante este órgano judicial, lo cual permite suponer que el presunto agresor ha desplegado una conducta de ejercicio extremo de una autoridad que considera legitima, utilizando la Violencia como un mecanismo que justifica la violencia sobre la base de la ideología de superioridad masculina y el correspondiente deber de obediencia femenina (sobre la victima mujer). De allí la importancia de la intervención del Estado para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, a propósito de transformar esas realidades y equilibrar el tejido social para producir nuevas condiciones que transforme los valores masculinizantes, esto en aras de eliminar progresivamente la violencia, la discriminación y la desigualdad, plasmando el respeto a la diferencia dentro de las relaciones humanas entre hombres y mujeres, tal y como lo señala el artículo 1° de la Ley Especial que a tenor establece:
“La presente Ley tienen por objeto garantizar y promover el derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando cambios en los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de genero en las relaciones de poder sobre las mujeres, favorecer la construcción de una sociedad justa, democrática, participativa, paritaria y protagonista”.

En consecuencia se hace procedente la imposición de medida cautelar sustitutiva de libertad y medidas de protección y seguridad en cumplimiento a las disposiciones previstas en el articulo 87 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, esta a favor de la víctima y de cumplimiento efectivo para el ciudadano YESSER ALEXANDER LOYO PENICHE, consistente en la medida de protección y seguridad prevista en el artículo 87 numeral 1, se remite a la ciudadana victima al equipo interdisciplinario a los fines de que reciba orientación, numeral 6, la prohibición de que por sí o por terceras personas realice acto de persecución, intimidación o acoso a la mujer agredida o algún integrante de su familia, y numeral 13 referida a la prohibición de agredir física, psicológica y verbalmente a la victima. Así mismo, se remite al ciudadano YESSER ALEXANDER LOYO PENICHE, ante el equipo interdisciplinario de esta jurisdicción a los fines de recibir cuatro (4) charlas de orientación en materia de Violencia contra la Mujer. Se le impone la obligación al imputado de reinsertarse en el sistema educativo. Se le impone la obligación de cumplir cien (100) horas de servicio comunitario bajo la supervisión del Destacamento 42 de la Vela de Coro. Igualmente la obligación de pintar un mural relacionado con la violencia de género; todo ello por la presunta comisión del delito de AMENAZA previsto en el artículo 41 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en grado de Continuidad de conformidad con lo establecido en el articulo 99 del Código Penal, con la circunstancia Agravante establecida en el articulo 65 numeral 3° de la Ley especial.
Las razones que anteceden la decisión dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas de Violencia Contra la Mujer, están planteadas a mantener las garantías procesales de las partes y orientan el proceso especial a objeto de fortalecer la jurisdicción especial violencia, conforme a las orientaciones jurisprudenciales del máximo Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, quienes deberán responder a los nuevos desafíos de la trasformación de la administración de justicia, que emanan de los derechos de cuarta generación entre los que se encuentra los derechos humanos de las mujeres, tal como quedo establecido en la sentencia N° 486 de la Sala Constitucional dictada por el Magistrado Arcadio Delgado Rosales, en fecha 24 de mayo de 2010, en la que deja claro lo siguiente:
“…insiste en que los jueces y operadores jurídicos en general, en materia de genero, deben abandonar los tradicionales esquemas del sistema social patriarcal y androcéntrico imperante, de las creencias, comportamientos, roles, expectativas y atribuciones que sustentan a dicho sistema, así como la discriminación y violencia contra las mujeres en general, y adoptar fielmente el régimen especial de protección a favor de las mujeres, en pro de la justicia social, pues de lo contrario se estaría vulnerando y integridad física y moral de quienes demandan esa protección especial “.
Y así se decide.
DISPOSITIVA
Este Tribunal Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley: Decreta: PRIMERO: Se declara CON LUGAR la precalificación solicitada por la representación del Ministerio Publico AMENAZA, previsto y sancionado en el artículo 41 de la LEY ORGANICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN GRADO DE CONTINUIDAD DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 99 DEL CÓDIGO PENAL, CON LA CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 65 NUMERAL 3 DE LA LEY ESPECIAL SEGUNDO: Se decreta la Medida establecida en el artículo 242 Numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal referente a la medida de presentación cada 30 días por ante la sede de este Tribunal. TERCERO: Se decreta imponer al Imputado las medidas establecidas en el artículo 87 numeral 1. Se remite a la ciudadana victima al equipo interdisciplinario a los fines de que reciba orientación, numeral 6, la prohibición de que por sí o por terceras personas realice acto de persecución, intimidación o acoso a la mujer agredida o algún integrante de su familia, y numeral 13 referida a la prohibición de agredir física, psicológica y verbalmente a la victima CUARTO: Numeral 7 Así mismo, se remite al ciudadano YESSER ALEXANDER LOYO PENICHE, ante el equipo interdisciplinario de esta jurisdicción a los fines de recibir cuatro (4) charlas de orientación en materia de Violencia contra la Mujer. QUINTO: se le impone la obligación al imputado de reinsertarse en el sistema educativo. SEXTO: Se le impone la obligación de cumplir cien (100) horas de servicio comunitario bajo la supervisión del Destacamento 42 de la Vela de Coro, igualmente la obligación de pintar un mural relacionado con la violencia de género. SEPTIMO: Se decreta la flagrancia, se continúa el proceso por la vía especial.
Regístrese, publíquese y remítase el expediente en su oportunidad legal a la Fiscalía del Ministerio Público.

LA JUEZA PRIMERA DE CONTROL,

INDIRA OCANDO ARGUELLES
LA SECRETARIA,

MARIA RODRÍGUEZ