TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Juicio de Punto Fijo
Punto Fijo, Miércoles tres (03) de Diciembre de 2014.
204º y 155º

ASUNTO PRINCIPAL : IP11-P-2012-011547
ASUNTO : IP11-P-2012-011547

AUTO NEGANDO EXAMEN Y REVISION DE MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD.-

Recibido como fuera el escrito que antecede, propuesto por la Abogada Nelmary Mora en su condición de Defensora Publica IV del ciudadano JUNIOR ANTONIO ROJAS RUÍZ, mayor de edad, de nacionalidad venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V-14.647.655, natural de la ciudad de Punto Fijo Estado Falcón, de 31 años de edad, nacido en fecha 23/02/1981, estado civil casado, de profesión u oficio Cocinero, grado de instrucción académica Cuarto Año de Bachillerato, hijo de Carmen de Rojas y Jerónimo Rojas, residenciado en: Sector Universitario, Calle Independencia, casa Nº M-10, diagonal a la escuela Andrés Bello, Punto fijo Estado Falcón, número de teléfono 0416.1679567, a quien se le sigue el presente asunto penal por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA, USURPACIÓN DE FUNCIONES Y EXTORSIÓN, previstos y Sancionados en numeral 01 del artículo 462 concatenado con el artículo 213 del Código Penal vigente y en relación al artículo 16 de la Ley sobre la Extorsión y el Secuestro en perjuicio de MARLING AHIMETT MARTINEZ MENDOZA; esta Juzgadora procede a realizar las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

I
RECORRIDO PROCESAL

En fecha 14.12.2012: Se celebro Audiencia Oral de Presentación de detenido en contra del ciudadano JUNIOR ANTONIO ROJAS RUIZ, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA, USURPACIÓN DE FUNCIONES Y EXTORSIÓN, previstos y Sancionados en numeral 01 del artículo 462 concatenado con el artículo 213 del Código Penal vigente y en relación al artículo 16 de la Ley sobre la Extorsión y el Secuestro en perjuicio de MARLING AHIMETT MARTINEZ MENDOZA, siéndoles impuesta medida de privación judicial preventiva de libertad, igualmente fuera decreta la detención en Flagrancia, ordenando la tramitación del presente Asunto por el procedimiento ordinario.
En fecha 28.04.2013: Se recibió por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Departamento de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, extensión Punto Fijo escrito suscrito por la Fiscalia Décima Tercera del Ministerio Publico escrito Acusatorio, presentado en contra del ciudadano JUNIOR ANTONIO ROJAS RUIZ, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA, USURPACIÓN DE FUNCIONES Y EXTORSIÓN, previstos y Sancionados en numeral 01 del artículo 462 concatenado con el artículo 213 del Código Penal vigente y en relación al artículo 16 de la Ley sobre la Extorsión y el Secuestro en perjuicio de MARLING AHIMETT MARTINEZ MENDOZA.-
En fecha 04.06.2013: Se celebro audiencia preliminar en contra del ciudadano JUNIOR ANTONIO ROJAS RUIZ, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA, USURPACIÓN DE FUNCIONES Y EXTORSIÓN, previstos y Sancionados en numeral 01 del artículo 462 concatenado con el artículo 213 del Código Penal vigente y en relación al artículo 16 de la Ley sobre la Extorsión y el Secuestro en perjuicio de MARLING AHIMETT MARTINEZ MENDOZA.-

II
RESOLUCION DEL TRIBUNAL.-

En el presente caso tenemos que la detención de la cual fuera objeto el acusado de autos JUNIOR ANTONIO ROJAS RUIZ, se realizó siguiendo todos los lineamientos correspondientes no sólo a normas de derecho internacional, sino también a las correspondientes a nuestra legislación interna, esto es, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 44° y 49° de la Constitución en concordancia con los artículos 236 y 237 del Código Orgánico Procesal Penal al momento de la presentación de imputado, por ello la privación preventiva de libertad se encuentra ajustada a derecho.
Al respecto, esta Juzgadora compartiendo el Criterio Jurisprudencial sustentado en la sentencia No. 676, expediente No. 05-2368, con ponencia del Magistrado JESUS EDUARDO CABRERA, el cual establece: “… el texto adjetivo penal –artículo 264-impone al juez competente según el caso, la obligación de examinar, cada tres meses, la necesidad de mantener la privación judicial de libertad y, sustituirla por una menos gravosa, cuando lo estime conveniente, siempre que los supuestos que motivan dicho aseguramiento puedan razonablemente ser satisfecho con la aplicación de otra medida. Por otra parte, el imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de dicha medida privativa las veces que lo considere pertinente…” Es evidente que el Máximo Tribunal es claro al imponer o exigir los supuestos elementos que conlleven a este Juzgador a ponderar y valorar para otorgar la medida cautelar que asegure el resultado de un proceso revestido de Equidad Justicia y Derecho…”
Del mismo modo, la sentencia No. 1079, expediente No. 06-118, con ponencia del Magistrado PEDRO RONDON HAAZ, el cual refiere: “…conforme al régimen legal vigente en Venezuela, la privación de libertad y demás medidas cautelares de coerción personal aplicables al proceso penal son providencias de excepción que solo son autorizadas por la ley, como medio indispensables para el aseguramiento de las finalidades del proceso, tal como, clara e indubitablemente, lo preceptúan los artículo 9.3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y 243 in fine del Código Orgánico Procesal Penal…”.
La norma invocada por la Defensa preceptúa los que establece el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal el cual establece:
“…El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación...”.
Asimismo, de la revisión del Sistema Iuris 2000, así como de la totalidad de las actas que conforman el presente asunto penal, se observa que los supuestos, que motivaron la privación judicial, no han variado, todo lo cual deviene de un análisis circunstancia facticas del presente caso, en el cual se ha establecido la existencia de indicios racionales de criminalidad, en concatenación con la normas de rango legal a las cuales se ha hecho referencia, la medida acordada resulta legitima y legal; observándose de igual forma, que la representación fiscal en su acto conclusivo acuso al ciudadano JUNIOR ANTONIO ROJAS RUIZ, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA, USURPACIÓN DE FUNCIONES Y EXTORSIÓN, previstos y Sancionados en numeral 01 del artículo 462 concatenado con el artículo 213 del Código Penal vigente y en relación al artículo 16 de la Ley sobre la Extorsión y el Secuestro en perjuicio de MARLING AHIMETT MARTINEZ MENDOZA; hecho punible este, por el cual fuera imputado en el acto de presentación y por el cual se decretara su detención preventiva.-
De igual forma, considera este Juzgador, luego igualmente del análisis efectuado al presente asunto penal, que se estima proporcional la medida de coerción personal dictada en contra del referido ciudadano en atención a la gravedad de los delitos, toda vez, que el mismo fue acusado por presunta la comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA, USURPACIÓN DE FUNCIONES Y EXTORSIÓN, previstos y Sancionados en numeral 01 del artículo 462 concatenado con el artículo 213 del Código Penal vigente y en relación al artículo 16 de la Ley sobre la Extorsión y el Secuestro en perjuicio de MARLING AHIMETT MARTINEZ MENDOZA; y en virtud de la pena que pudiera llegar a imponérsele en el presente caso; es por ello que quien aquí decide considera proporcional y suficiente la medida decretada para asegurar la finalidad del proceso, sin que tal pronunciamiento se pudiera considerar como una valoración al fondo de la controversia. ASI SE DEICDE.-

DISPOSITIVA

Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Tribunal Primero de Primera Instancia Penal en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, Extensión Punto Fijo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: Primero: IMPROCEDENTE la sustitución de la medida de privación judicial preventiva de libertad impuesta al ciudadano JUNIOR ANTONIO ROJAS RUÍZ, mayor de edad, de nacionalidad venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V-14.647.655, natural de la ciudad de Punto Fijo Estado Falcón, de 31 años de edad, nacido en fecha 23/02/1981, estado civil casado, de profesión u oficio Cocinero, grado de instrucción académica Cuarto Año de Bachillerato, hijo de Carmen de Rojas y Jerónimo Rojas, residenciado en: Sector Universitario, Calle Independencia, casa Nº M-10, diagonal a la escuela Andrés Bello, Punto fijo Estado Falcón, número de teléfono 0416.1679567, a quien se le sigue el presente asunto penal por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA, USURPACIÓN DE FUNCIONES Y EXTORSIÓN, previstos y Sancionados en numeral 01 del artículo 462 concatenado con el artículo 213 del Código Penal vigente y en relación al artículo 16 de la Ley sobre la Extorsión y el Secuestro en perjuicio de MARLING AHIMETT MARTINEZ MENDOZA y en consecuencia, acuerda MANTENER la medida de PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD conforme con lo previsto en los artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal; todo de conformidad con lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Se ordena notificar a las partes de la presente resolución. Se libró copia certificada del presente acto, para ser archivada en el copiador respectivo Regístrese, publíquese, déjese copia de la presente decisión, a los tres (03) días del mes de Diciembre de 2014.-

LA JUEZ PRIMERA EN FUNCIONES DE JUICIO
ABG. CLAUDIA RENATA BRACHO PEREZ.

LA SECRETARIA

ABG. KATTY QUINTERO ORDOÑEZ
ASUNTO : IP11-P-2012-011547