TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR PRIMERO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO FALCÓN.
Santa Ana de Coro, 27 de enero de 2014
Años: 203º y 154º

ASUNTO No. IP21-R-2013-000115.

Del estudio de las actas del presente expediente, se evidencia que en fecha 21 de enero de 2014, la parte actora anunció Recurso de Casación en contra la sentencia de fecha 15 de enero de 2014, dictada por este Tribunal Superior del Trabajo, por lo que correspondía pronunciarse sobre la admisibilidad o no del presente Recurso el jueves 23 de enero del año en curso. Ahora bien, siendo que en esa fecha (23/01/14), quien suscribe se encontraba trasladándose hasta la ciudad de Caracas, con motivo de asistir al día siguiente a la “Sesión Solemne de Apertura de las Actividades Judiciales 2014 y Presentación del Informe de Gestión del Año 2013”, a celebrarse el viernes 24 de enero de este mismo año, conforme se desprende de la Circular No. 03-2014, de fecha 22/01/2014; es por lo que este Tribunal se pronuncia sobre el presente Recurso de Casación en la presente fecha y lo hace de la siguiente manera.

Visto el anuncio del Recurso de Casación formulado por el abogado Antonio José Ortíz Navarro, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 67.754, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante, contra la Sentencia dictada en fecha 15 de enero de 2014 por este Tribunal Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón y mediante la cual se declaró: PRIMERO: SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN, interpuesto por la parte actora, contra la Sentencia de fecha 11 de noviembre de 2013, dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución tanto del Nuevo Régimen como del Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón con sede en la ciudad de Santa Ana de Coro, en el juicio que por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES tiene incoado el ciudadano RAFAEL JESÚS HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, contra las Sociedades Mercantiles MATCOFER, S. A. y CRESMAR, C. A. SEGUNDO: Se CONFIRMA sentencia recurrida en todas y cada una de sus partes. TERCERO: Se ORDENA notificar de la presente decisión al Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución tanto del Nuevo Régimen como del Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón con sede en la ciudad de Santa Ana de Coro. CUARTO: Se ORDENA REMITIR el presente asunto al Archivo Sede de este Circuito Judicial Laboral, a los fines de que repose como causa inactiva, una vez que transcurra el lapso legal sin que las partes interpongan recurso alguno. QUINTO: No hay CONDENATORIA EN COSTAS de conformidad con lo dispuesto artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Ahora bien, los días de despacho transcurridos desde el día siguiente a la certificación, hasta el vencimiento del lapso legal para interponer algún recurso, fueron los siguientes: Jueves 16 de Enero, Viernes 17 de Enero, Lunes 20 de Enero, Martes 21 de Enero y Miércoles 22 de Enero, todos del presente año.

En consecuencia, se deja constancia que el Abogado Antonio José Ortiz Navarro, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 67.754, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante, anunció Recurso de Casación de manera tempestiva, es decir, en fecha 21 de enero de 2013.

Ahora bien, de las actas procesales este Tribunal observa que la parte demandante estableció como cuantía de su demanda la cantidad de BOLIVARES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 266.246,42). Cabe destacar, que dicha demanda fue reformada en fecha 25 de junio de 2013 y que dicha reforma fue admitida en fecha 27 de junio de 2003. No obstante, observa este Juzgador que en la misma no se reformó la cuantía de la demanda, es decir, se mantuvo el mismo monto demandando en el primer libelo de demanda (folios 113 al 126). Luego, el numeral 1 del artículo 167 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, dispone que el recurso de casación puede proponerse “contra las sentencias de segunda instancia que pongan fin al proceso”, como es el caso que nos ocupa. No obstante, agrega el legislador adjetivo laboral en la misma norma, “cuyo interés principal exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U. T.)”. Es decir, que constituye un requisito de procedibilidad para proponer un Recurso de Casación, que la cuantía del asunto principal exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U. T.).

Así las cosas, igualmente se observa que el valor de la Unidad Tributaria para la fecha cuando fue introducida la demanda que ha dado lugar al presente juicio 05 de junio de 2009, era la cantidad de BOLÍVARES CINCUENTA Y CINCO (Bs. 55,00), tal y como se desprende de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.127, de fecha 26 de Febrero de 2009, emanada del SENIAT. En consecuencia, para la fecha cuando se introdujo la demanda que inició este proceso laboral, la suma del valor de tres mil Unidades Tributarias (3.000 U. T.), ascendía a la cantidad de BOLÍVARES CIENTO SESENTA Y CINCO CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 165.000,00), suma ésta que entonces constituye la cantidad mínima a la cual debe ascender el interés principal de este asunto, para poder proponerse el Recurso de Casación contra la sentencia de este Tribunal que se pretende impugnar.

Así lo ha dispuesto la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, entre otras decisiones, en la Sentencia No. 741, de fecha 28 de Mayo de 2008, con ponencia de la Magistrada Dra. Carmen Elvigia Porras de Roa, cuyo contenido parcial es del siguiente tenor:

“Al respecto, es necesario destacar que en sentencia Nº 1573 de fecha 12 de julio de 2005, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, estableció que la cuantía necesaria para acceder a casación, debe examinarse conforme a la que regía para el momento en que se interpuso la demanda, señalando:
“(…) aún cuando las leyes procesales son de aplicación inmediata, las mismas no pueden tener efecto retroactivo respecto a los actos y hechos ya cumplidos y sus efectos procesales no verificados todavía; es decir, la ley no debe establecer correcciones en el iter procedimental salvo que sólo sean aplicables a futuro, pues de aceptarse así las partes estarían expuestas a sufrir las consecuencias de los cambios sobrevenidos durante el desarrollo del mismo, más aún, cuando el artículo 24 de la Carta Magna prevé que las leyes de procedimiento son de aplicación inmediata a los procesos en curso, no así deben ceder en su aplicación ante el supremo derecho a la justicia y de la tutela judicial efectiva, cuando la cuantía fue estimada bajo la vigencia de una ley anterior. (Omissis)”.
En tal sentido, esta Sala en aras de preservar la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, establece que la cuantía necesaria para acceder a casación, debe ser la misma que imperaba para el momento en que se interpuso la demanda, pues es en ese momento en el cual el actor determina el derecho a la jurisdicción y la competencia por la cuantía, y por ello considera cumplido el quantum requerido por el legislador para acceder en sede casacional, pues las partes no están en disposición de prever las modificaciones de la cuantía a que hubiere lugar durante la tramitación del proceso para acceder en casación. Así se decide.
Por otra parte, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la cuantía para acceder en casación quedó modificada, en efecto el artículo 18 (sic) lo siguiente: ‘(…) El Tribunal Supremo de Justicia conocerá y tramitará, en la Sala que corresponda, los recursos o acciones, que deban conocer de acuerdo con las leyes, cuando la cuantía exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.) (…)’.
De lo anterior se colige, que para acceder a la sede casacional de acuerdo con la referida ley la cuantía del juicio deberá exceder a las tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.). Sin embargo, ante los incrementos anuales que sufre la unidad tributaria pudiera estar afectándose o limitándose la posibilidad de los administrados de acceder en casación ante las respectivas Salas del Tribunal Supremo de Justicia; en tal sentido, el Juzgador correspondiente deberá determinar -con base a los parámetros anteriormente expuestos- la cuantía exigida para el momento en que fue presentada la demanda, y en caso que la cuantía exigida sea la establecida en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, deberá calcularse la unidad tributaria vigente para el momento en el cual fue interpuesta la referida demanda.
En este sentido, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación del criterio citado ut supra, mediante sentencia Nº 580 de fecha 4 de abril de 2006, estableció:
Conteste con los argumentos precedentes, y con la finalidad de adaptar los parámetros establecidos por la Sala Constitucional, a las vías recursivas previstas en el proceso laboral, esta Sala de Casación Social considera que el nuevo criterio sobre la cuantía que ha de examinarse para admitir o no el recurso de casación, debe aplicarse de acuerdo con la fecha en que se ejerza el medio recursivo correspondiente, de tal manera, que los recursos que hayan sido interpuestos antes del 12 de agosto de 2005 –fecha de publicación en Gaceta Oficial de la citada sentencia de la Sala Constitucional–, deberán decidirse conforme con el criterio entonces imperante; por el contrario, el nuevo criterio será aplicable para aquellos interpuestos con posterioridad a la fecha supra indicada (12 de agosto de 2005). Así se establece”. (Subrayado de este Tribunal).

Así las cosas, observa este sentenciador que siendo la suma de dinero demandada por la parte actora el 05 de junio de 2009, fecha ésta en que se introdujo la demanda, BOLIVARES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 266.246,42)., cantidad ésta que supera el valor de tres mil Unidades Tributarias (3.000 U. T.) para la fecha, es por lo que, resulta forzoso declarar el presente Recurso de Casación interpuesto por la parte demandante, ADMISIBLE por la cuantía, ya que el interés principal en este asunto supera el valor de tres mil Unidades Tributarias (3.000 U. T.), como lo exige el numeral 1 del artículo 167 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y así se decide.

EL JUEZ SUPERIOR.

ABG. JUAN PABLO ALBORNOZ ROSSA.

LA SECRETARIA.

ABG. LOURDES VILLASMIL.