TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Juicio de Punto Fijo
Punto Fijo, Viernes siete (07) de Febrero de 2014.
203º y 154º

ASUNTO PRINCIPAL : IP11-P-2012-005416
ASUNTO : IP11-P-2012-005416

AUTO NEGANDO EXAMEN Y REVISION DE MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD.-

Recibido como fuera el escrito que antecede, propuesto por la Abogada Dena Jiménez, en su carácter de defensora de los ciudadanos ciudadano ROGELIO MONTERO Y JESUS ALBERTO RODRIGUEZ, a quienes se les sigue el presente asunto penal por la presunta comisión del delito de ROBO GENERICO previsto y sancionado en el artículo 415 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano RODOLFO DIAZ; esta Juzgadora hace las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

I
RECORRIDO PROCESAL

En fecha 16.02.2012: Se celebro Audiencia Oral de Presentación de detenido en contra de los ciudadanos ciudadano ROGELIO MONTERO Y JESUS ALBERTO RODRIGUEZ, a quienes se les sigue el presente asunto penal por la presunta comisión del delito de ROBO GENERICO previsto y sancionado en el artículo 415 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano RODOLFO DIAZ, así como, fuera decreta la detención en Flagrancia, ordenando la tramitación del presente Asunto por el procedimiento ordinario.
En fecha 30.08.20112, se recibió por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Departamento de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, extensión Punto Fijo escrito Acusatorio suscrito por la Representación Décima Quinta del Ministerio Publico en contra de los ciudadanos ciudadano ROGELIO MONTERO Y JESUS ALBERTO RODRIGUEZ, a quienes se les sigue el presente asunto penal por la presunta comisión del delito de ROBO GENERICO previsto y sancionado en el artículo 415 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano RODOLFO DIAZ.-
En fecha 12.02.2013: se celebro audiencia preliminar en contra de los ciudadanos ciudadano ROGELIO MONTERO Y JESUS ALBERTO RODRIGUEZ, a quienes se les sigue el presente asunto penal por la presunta comisión del delito de ROBO GENERICO previsto y sancionado en el artículo 415 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano RODOLFO DIAZ, mediante el cual se acuerda el AUTO DE APERTURA A JUICIO manteniéndose la medida de privación judicial preventiva de libertad impuesta en fecha 16.02.2012.-

II
RESOLUCION DEL TRIBUNAL.-

En el presente caso tenemos que la detención de la cual fueran objetos los acusados de autos, se realizó siguiendo todos los lineamientos correspondientes no sólo a normas de derecho internacional, sino también a las correspondientes a nuestra legislación interna, esto es, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 44° y 49° de la Constitución en concordancia con los artículos 236 y 237 del Código Orgánico Procesal Penal al momento de la presentación de imputado, por ello la privación preventiva de libertad se encuentra ajustada a derecho.
Al respecto, esta Juzgadora compartiendo el Criterio Jurisprudencial sustentado en la sentencia No. 676, expediente No. 05-2368, con ponencia del Magistrado JESUS EDUARDO CABRERA, el cual establece: “… el texto adjetivo penal –artículo 264-impone al juez competente según el caso, la obligación de examinar, cada tres meses, la necesidad de mantener la privación judicial de libertad y, sustituirla por una menos gravosa, cuando lo estime conveniente, siempre que los supuestos que motivan dicho aseguramiento puedan razonablemente ser satisfecho con la aplicación de otra medida. Por otra parte, el imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de dicha medida privativa las veces que lo considere pertinente…” Es evidente que el Máximo Tribunal es claro al imponer o exigir los supuestos elementos que conlleven a este Juzgador a ponderar y valorar para otorgar la medida cautelar que asegure el resultado de un proceso revestido de Equidad Justicia y Derecho…”
Del mismo modo, la sentencia No. 1079, expediente No. 06-118, con ponencia del Magistrado PEDRO RONDON HAAZ, el cual refiere: “…conforme al régimen legal vigente en Venezuela, la privación de libertad y demás medidas cautelares de coerción personal aplicables al proceso penal son providencias de excepción que solo son autorizadas por la ley, como medio indispensables para el aseguramiento de las finalidades del proceso, tal como, clara e indubitablemente, lo preceptúan los artículo 9.3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y 243 in fine del Código Orgánico Procesal Penal…”.
La norma invocada por la Defensa preceptúa los que establece el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal el cual establece:
“…El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación...”.
Asimismo, de la revisión del Sistema Iuris 2000, así como de la totalidad de las actas que conforman el presente asunto penal, se observa que los supuestos, que motivaron la privación judicial, no han variado, todo lo cual deviene de un análisis circunstancia facticas del presente caso, en el cual se ha establecido la existencia de indicios racionales de criminalidad, en concatenación con la normas de rango legal a las cuales se ha hecho referencia, la medida acordada resulta legitima y legal; observándose de igual forma, que la representación fiscal en su acto conclusivo acuso a los ciudadanos ROGELIO MONTERO Y JESUS ALBERTO RODRIGUEZ, por la presunta comisión del delito de ROBO GENERICO previsto y sancionado en el artículo 415 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano RODOLFO DIAZ; hecho punible este, por el cual les fuera imputado en el acto de presentación y por el cual se decretara su detención preventiva.-
De igual forma, considera este Juzgador, luego igualmente del análisis efectuado al presente asunto penal, que se estima proporcional la medida de coerción personal dictada en contra de los referidas ciudadanos en atención a la gravedad de los delitos, toda vez, que los mismos fueron acusados por presunta la comisión del delito ROBO GENERICO previsto y sancionado en el artículo 415 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano RODOLFO DIAZ; y en virtud de la pena que pudiera llegar a imponérsele en el presente caso; es por ello que quien aquí decide considera proporcional y suficiente la medida decretada para asegurar la finalidad del proceso, todo ello con fundamento en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, sin que tal pronunciamiento se pudiera considerar como una valoración al fondo de la controversia.
Es por lo que encontrándose a juicio de esta juzgadora aún llenos los extremos de ley previsto en el artículo 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que hasta la presente fecha no han variado las circunstancias que dieron motivo al Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventivo de Libertad, considera procedente y ajustado en derecho NEGAR la medida de PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD conforme con lo previsto en los artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal. ASI SE DECIDE-
En este orden de ideas, se hace necesario dejar constancia la diversidad de asuntos penales que poseen los hoy acusados en dicha sede judicial, y a los fines de graficar se anexa lo siguiente:

DISPOSITIVA

Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Tribunal Primero de Primera Instancia Penal en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, Extensión Punto Fijo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: Primero: IMPROCEDENTE la sustitución de la Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, impuesta a los ciudadanos ROGELIO MONTERO Y JESUS ALBERTO RODRIGUEZ, a quienes se les sigue el presente asunto penal por la presunta comisión del delito de ROBO GENERICO previsto y sancionado en el artículo 415 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano RODOLFO DIAZ y en consecuencia, acuerda MANTENER la medida de PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD conforme con lo previsto en los artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal; todo de conformidad con lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Se ordena notificar a las partes de la presente resolución. Se libró copia certificada del presente acto, para ser archivada en el copiador respectivo Regístrese, publíquese, déjese copia de la presente decisión, a los siete (07) días del mes de Febrero de 2014.-

LA JUEZA PRIMERA EN FUNCIONES DE JUICIO
ABOG. CLAUDIA RENATA BRACHO PEREZ.

LA SECRETARIA

ABG. NANCY FALCON COSSI
ASUNTO : IP11-P-2012-005416