TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de Primera Instancia Estadales y Municipales en funciones de Control
Punto Fijo, 13 de Mayo de 2014
204º y 155º

ASUNTO PRINCIPAL : IP11-P-2014-002405
ASUNTO : IP11-P-2014-002405

AUTO MEDIANTE EL CUAL SE ACUERDA LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL DE LIBERTAD

En fecha 09 de Mayo de 2014, se efectuó la audiencia oral de presentación de detenido en la presente causa, en relación al ciudadano JAVIER RAMON SANCHEZ, de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad Nº INDOCUMENTADO de 30 años de edad, estado civil soltero, de ocupación Indefinida, natural de Punto Fijo Estado Falcón, fecha de nacimiento 17/11/1984, Domiciliario: CALLE LAS DELICIAS FRENTE A LA CANCHA ANTIGUO AEROPUERTO POR EL PARAGUANA PRIVADO, por la presunta comisión de los delitos de ROBO GENERICO, previsto y sancionado en el artículo 455 del Código Penal venezolano en perjuicio de MARLYN COROMOTO RIVERO HERNANDEZ.

HECHOS OBJETO DE LA INVESTIGACION

Según se evidencia del ACTA DE INVESTIGACION PENAL de fecha 07 de Mayo de 2014, que siendo las 4:10 horas de la tarde, encontrándonos de patrullaje de seguridad en el marco del Plan Patria segura enmarcado a la Gran Misión a Toda Vida Venezuela, específicamente por la avenida Santa Irene entre Garcés y Mariño del Municipio Carirubana Punto Fijo Estado Falcón, donde una ciudadana se nos acercó a la patrulla identificándose como MARILYN COROMOTO RIVERO HERNÁNDEZ, informándonos que un ciudadano le había despojado de sus pertenencias donde le informamos que se subiera al vehículo para realizar la búsqueda y pudiera identificar al ciudadano , donde escasos metros específicamente por la clínica La Familia la ciudadana pudo visualizarlo, el cual se encontraba transitando de manera peatonal por la mencionada calle emprendiendo la huida del sitio, al percatarse de la comisión indicándole al ciudadano que por favor se detuviera, incautándole un bolso en el cual se encontraban las pertenencias de de la denunciante.

CIRCUNSTANCIAS DE HECHO Y DE DERECHO QUE
MOTIVAN LA PRESENTE DECISIÓN

La Fiscalía Sexta del Ministerio Público solicitó la imposición de la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, conforme a lo dispuesto en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal y en relación a ello, este Tribunal considera oportuno hacer las siguientes consideraciones:

Ha dicho la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nro. 1423 del 12-07-07 lo siguiente: “…la garantía procesal del estado de libertad deviene de la inviolabilidad del derecho a la libertad personal. De allí, que toda persona a quien se le impute la participación en un hecho punible tiene derecho a permanecer en libertad durante el proceso, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez en cada caso.

Dichas excepciones nacen de la necesidad del aseguramiento del imputado durante el proceso penal, siempre y cuando se satisfagan las exigencias contenidas en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Dichas exigencias constituyen el fundamento del derecho que tiene el Estado de perseguir y solicitar medidas cautelares contra el imputado.

De allí que las medidas de coerción personal sólo pueden ser decretadas con arreglo a la citada disposición y mediante resolución judicial fundada…”

Además, ha señalado la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en reiteradas oportunidades, que las decisiones judiciales no deben consistir en una descripción de hechos aislados, sino concatenados entre si, que produzcan un convencimiento tanto interno como externo, en el juzgador y en las partes, en relación al hecho objeto de la controversia.

En el presente caso se establece la comisión de un hecho punible, cuya acción penal no se encuentra prescrita de acuerdo a la data de su comisión, tal y como se evidencia del ACTA DE INVESTIGACION PENAL de fecha 07 de Mayo de 2014, que siendo las 4:10 horas de la tarde, encontrándonos de patrullaje de seguridad en el marco del Plan Patria segura enmarcado a la Gran Misión a Toda Vida Venezuela, específicamente por la avenida Santa Irene entre Garcés y Mariño del Municipio Carirubana Punto Fijo Estado Falcón, donde una ciudadana se nos acercó a la patrulla identificándose como MARILYN COROMOTO RIVERO HERNÁNDEZ, informándonos que un ciudadano le había despojado de sus pertenencias donde le informamos que se subiera al vehículo para realizar la búsqueda y pudiera identificar al ciudadano , donde escasos metros específicamente por la clínica La Familia la ciudadana pudo visualizarlo, el cual se encontraba transitando de manera peatonal por la mencionada calle emprendiendo la huida del sitio, al percatarse de la comisión indicándole al ciudadano que por favor se detuviera, incautándole un bolso en el cual se encontraban las pertenencias de de la denunciante.

Tal conducta asumida por los presuntos autores del hecho, encuadra perfectamente en la descripción del artículo 455 del Código Penal venezolano como ROBO GENERICO, que establece:

Quien por medio de violencia o amenazas de graves daños inminentes contra personas o cosas, haya constreñido al detentor o a otra persona presente en el lugar del delito a que le entregue un objeto mueble o a tolerar que se apodere de éste, será castigado con prisión de seis a doce años.”

En el presente caso, se verificó a través del ACTA DE DENUNCIA de fecha 07 de Abril de 2014 interpuesta por la ciudadana MARILYN COROMOTO RIVERO HERNANDEZ que ese día como a las 4:00 horas de la tarde se encontraba caminando por la avenida Santa Irene entre Garcés y Mariño, cuando voleta hacia atrás para cruzar hacia el otro extremo de la calle observo a un ciudadano de piel morena de contextura flaco la cual vestía un Jean de color Negro y una franela de color blanca, al momento de cruzar la calle el ciudadano me llega por la espalda colocándome un cuchillo y me da un golpe diciéndome que le entregue mi bolso donde al ver que no se le entrego empezamos a forcejear, a escasos segundos de domina y me pudo arrebatar el bolso de mis manos, donde salió corriendohacia un matorral que había por el sector donde a escasos segundos pasa una comisión de la guardia nacional y les digo lo que había sucedido, donde me dicen que suba al vehículo, para que visualice al ciudadano que me robo donde al pasar por la clinica la familia lo visualicé y les informo a los efectivos, donde lo detienen y le preguntan donde se encontraban, seguidamente me informan que tengo que trasladarme hasta la sede para colocar la denuncia.”

La versión de la denunciante, puede corroborarse en la presente causa, a través del REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS FISICAS de fecha 07 de Mayo de 2014 así como del resultado de la EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO LEGAL Nro. 9700-175-DT-014 de fecha 08 de Mayo de 2014, practicada por el Cuerpo de Investigaciones Cientificas Penales y Criminalisticas de la cual se observa las características de las evidencias incautadas al procesado de autos, quedando identificadas como: UNA (01) PRENDA DE LUCIR DE USO FEMENINO, ELABORADO EN FIBRAS NATURALES (TELA) DE COLOR ROSADO, DENOMINADO COMÚNMENTE BOLSO, PRESENTANDO EN LA PARTE SUPERIOR SU HAZA DEL MISMO COLOR, PROVISTA DE VARIOS COMPARTIMIENTOS DEPENDIENDO DE SU CAPACIDAD DE SU TAMAÑO Y PESO – DOS (02) PRENDAS DE VESTIR ELABORADAS EN FIBRAS NATURALES DENOMINADAS COMÚNMENTE UNIFORMES, DE COLOR ROSADO, SIMILAR A UNA VESTIMENTA ACORDE A UNA ENFERMERA.

Es de observar además que de acuerdo a lo señalado anteriormente y los hechos que rodean la aprehensión del procesado de autos, pueden distinguirse claramente dos circunstancias que califican de flagrante dicha aprehensión, esto es, se produjo una inmediatez temporal y una inmediatez personal, en efecto, la aprehensión del procesado se produjo en el interior de la residencia donde mantenían sometidas a las víctimas.

Esto coincide con el contenido del artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, cuyo contenido es el siguiente:

“Para los efectos de este capítulo, se tendrá como delito flagrante el que se está cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquél por el cual el sospechoso o sospechosa se vea perseguido o perseguida por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él o ella es el autor o autora” (subrayado del Tribunal)

El procesado de autos resultó aprehendido a escasos minutos de haberse cometido el hecho, incautándose en su poder las evidencias pertenecientes a la víctima, circunstancia ésta que lo individualiza en la comisión del hecho objeto de la presente investigación, permitiendo concluir que se trata del autor del hecho en virtud de haber sido aprehendido de manera flagrante en la comisión del mismo.

Cabe destacar que, la necesidad del aseguramiento del imputado “…es como consecuencia de existir fundados elementos de convicción en su contra de la comisión de un delito, así como el temor fundado de la autoridad de su voluntad de no someterse a la persecución penal, siendo que estas dos condiciones constituyen el fundamento del derecho que tiene el estado de perseguir y solicitar medidas cautelares contra el imputado…” (Sala Constitucional, sentencia Nro. 1721 del 14-09-2004)

En el presente caso, con el análisis efectuado por este Tribunal a las actas que componen la presente causa, le permiten concluir a este juzgador, que existe una pluralidad de elementos de convicción de los cuales emerge una fundada presunción en relación a la participación del procesado de autos en la comisión del hecho que se les atribuye, no quedando ninguna duda de ello en virtud de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales se produjo su detención.

Además existe una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación.

En relación a ello, ha señalado la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia lo siguiente: “…es potestad exclusiva del Juez determinar cuando existe la presunción razonable del peligro de fuga…se trata de una apreciación discrecional que dependerá en todo caso de la ponderación de las circunstancias del caso concreto de autos…” (Sala Constitucional, Ponencia del Dr. Antonio Gracia Garcia Exp. 01-0380).

En el presente caso, el peligro de fuga deviene de la pena que pudiera llegar a imponerse, toda vez que sobre la base de la calificación jurídica que observa este juzgador en cuanto a los hechos objeto de la presente controversia, como lo es el delito de Robo Agravado, el mismo comporta una pena de seis (06) a diez (10) años de prisión, tal y como lo preceptúa el artículo 455 del Código Penal venezolano, pena ésta que excede del límite legal establecido en el artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal.

Además pudo verificarse a través del sistema Iuris que el procesado de autos presenta historial por varios delitos ante los diferentes Tribunales de Control que integran este Circuito, observándose los asuntos IP11-P-06-1174; IP11-P-07-002193; IP11-P-09-002846; IP11-P-10-00915; IP11-P-10-5383; IP11-P-13-0010414; IP11-P-12-007621, de los cuales se le ha impuesto más tres medidas cautelares, estableciéndose lo previsto en el último aparte del artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal.

En atención a todas las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Tribunal concluye que se acreditan en el presente caso, las exigencias de la normativa adjetiva penal, que hacen procedente el decreto de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra del referido ciudadano; y así se decide.

DISPOSITIVA

Por todo lo antes expuesto este Tribunal Segundo de Primera Instancia Penal Estadal y Municipal en funciones de Control del Circuito Judicial penal del Estado Falcón Extensión Punto Fijo, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, Resuelve:

Conforme a lo dispuesto en el artículo 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, se decreta la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad al ciudadano JAVIER RAMON SANCHEZ, de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad Nº INDOCUMENTADO de 30 años de edad, estado civil soltero, de ocupación Indefinida, natural de Punto Fijo Estado Falcón, fecha de nacimiento 17/11/1984, Domiciliario: CALLE LAS DELICIAS FRENTE A LA CANCHA ANTIGUO AEROPUERTO POR EL PARAGUANA PRIVADO, por la presunta comisión de los delitos de ROBO GENERICO, previsto y sancionado en el artículo 455 del Código Penal venezolano en perjuicio de MARLYN COROMOTO RIVERO HERNANDEZ.

Se ordena la tramitación del procedimiento ordinario. Se libró la correspondiente boleta de privación de la libertad. Notifíquese. Cúmplase.

Abg. Kervin E. Villalobos M.
Juez Títular Segundo de Control

Abg. Germain Miquilena
Secretario