TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR PRIMERO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO FALCÓN
Santa Ana de Coro, 20 de abril de 2015
205º y 156º

ASUNTO PRINCIPAL: IP21-N-2015-000009.

ASUNTO: IC02-X-2015-000006

PARTE DEMANDANTE: Sociedad Mercantil BODEGÓN HERMANOS GOUVEIA PARAGUANÁ, C. A., inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en la ciudad de Punto Fijo en fecha 01 de octubre de 2008, bajo el No. 37, Tomo 37-A.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE RECURRENTE: Abogados JORGE LUIS GARCÉS GARCÍA y RAFAEL YGNACIO CARVAJAL ORUDUZ, respectivamente inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 43.962 y 92.260

MOTIVO: Recurso de Nulidad contra Acto Administrativo de efectos particulares, No. PA-USFAL-036-2014, de fecha 26 de junio de 2014, dictado por la DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES FALCÓN (GERESAT FALCÓN) del INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES FALCÓN, en el Expediente No. US-FAL-007- 2014.

I) NARRATIVA:

I.1) DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS EN ESTA INSTANCIA.

Visto el análisis de las actas procesales se constata que en fecha 30 de enero de 2015, este Tribunal Superior del Trabajo mediante Sentencia Interlocutoria dictada en el Asunto Principal signado bajo el No IP21-N-2015-000009, admitió el Recurso de Nulidad Contra Acto Administrativo de Efectos Particulares contra la Providencia Administrativa No. PA-USFAL-036-2014, de fecha 26 de junio de 2014, interpuesto por el abogado Jorge Luis Garcés, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 43.962, en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil BODEGÓN HERMANOS GOUVEIA PARAGUANÁ, C. A. Del mismo modo dispuso este Tribunal, que “en relación con la suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado que ha solicitado la parte accionante, este Tribunal se pronunciará mediante decisión motivada en el Cuaderno Separado de Medida Cautelar, dentro del lapso que dispone el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”. Por lo cual, este Tribunal pasa a pronunciarse acerca de la Medida Cautelar solicitada, para lo cual se hacen las siguientes observaciones:

I.1) DE LA PRETENSIÓN CAUTELAR.

El apoderado judicial de la parte recurrente solicita a este Tribunal en su escrito de Nulidad contra la Providencia Administrativa No. PA-USFAL-036-2014, dictada por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Falcón, lo que a continuación se transcribe:

“Con fundamento en lo anterior y a los fines de solicitar la protección cautelar paso a analizar los supuestos de procedencia en el caso concreto:
Fumus boni iuris o Apariencia de Buen Derecho: Para que proceda el decreto de la medida se requiere la presunción grave del derecho que se reclama. Este requisito fácilmente se desprende del contenido mismo del acto administrativo en cuestión, de los hechos y de las distintas denuncias efectuadas en el presente recurso de nulidad. A modo de resumen, tenemos: 1)El Falso Supuesto de Derecho, por falta de aplicación del artículo 22 del Reglamento Parcial de la LOPCYMAT, en el establecimiento que hace el INPSASEL, sobre que mi representada, a pesar de que solo ocupa 21 trabajadores, como constataron los funcionarios inspectores y el funcionario decisor, posee la obligación de organizar los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo que posean un sistema de vigilancia epidemiologica de accidentes y enfermedades ocupacionales; 2) El Falso Supuesto de Hecho y el Decreto en el que incurre el INPSASEL por error en la interpretación y alcance de los artículos 79 de la LOPTRA y 431 del CPC, y por falta de aplicación de los artículos 67 y 75 del Reglamento Parcial de la LOPCYMAT, que lo llevan a desechar documentos que demuestran fehacientemente que mi representada cumple con haber elaborado el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo; 3) El Falso Supuesto de Hecho en el que incurre el funcionario decisor del INPSASEL cunado desecha las resultas de la prueba de informe, a pesar de que las mismas establecen expresamente que el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo fue elaborado y aprobado antes de la fecha de reinspección.
Periculum in mora o Peligro de la Demora: La doctrina civilista ha permitido explicar que presupuesto referido al hecho concreto de que si el Juez no decreta la medida, la sentencia definitiva que pueda dictarse en el juicio, no podría ejecutarse, por no existir bienes sobre los cuales pueda trabarse ejecución y/o por haberse causado un daño que resulte irreversible e irreparable o de difícil reparación, como consecuencia de los actos de insolvencia o cualquier otro acto dañoso ejecutado por el demandado durante la pendencia del juicio. No cabe duda que este presupuesto estaba concebido para el tipo de tutela denominado “contra la transgresión del precepto” que daba lugar a las acciones típicamente de condena. Pero el peligro en la mora no está referido únicamente a los actos de insolvencia sino de cualquier hecho o circunstancia que haga nugatorio el derecho del ciudadano que acude al órgano jurisdiccional paticionando la tutela judicial efectiva a sus derechos. Este último elemento se conoce como periculum in damini o peligro manifiesto de daño y esta íntimamente relacionado con el peligro en la demora en cuanto a que, de no dictarse la medida cautelar, el paso del tiempo puede generar un daño irreversible o irreparable que no podrá ser solucionado con la sentencia definitiva. En el caso bajo examen, es claro que existe gravísimo peligro en la demora en base a que el monto condenado a pagar por parte del INPSASEL, resulta totalmente confiscatorio y prácticamente impagable para mi representada.
En ese sentido, de no decretarse la medida cautelar haría TOTALMENTE NUGATORIO el derecho del administrado recurrente y el restablecimiento de la situación jurídica infringida; en poca palabras, ciudadano Juez, dada la ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos traería como consecuencia la perdida de una altísima cantidad de dinero que prácticamente dejaría a mi mandante en situación de cierre técnico. En conclusión, se configura el periculum in damini o peligro manifiesto de daño irreversible e irreparable y así pido que sea apreciado este Juzgador. Quiero significar, ante este Tribunal del Trabajo, que el limite para dictar la medida cautelar es la irreversibilidad de la misma, es decir, la medida nunca puede sustituir a la sentencia que resuelva el fondo de la controversia y esta debe poder ser reversible, de manera tal, que si la parte a la que se le concedió resulta vencida al final del juicio, la situación pueda volver a su estado anterior una vez extinguida la medida. En el caso bajo examen la medida es perfectamente reversible, pues de acordarse la suspensión de los efectos del acto administrativo no se causaría gravamen alguno a la administración ni al colectivo, ni incluso al actor, pues consta incluso que se ha sostenido la voluntariedad del reenganche, muy por el contrario de no ser acordada se causaría un gravamen irreparable, pues de resultar victoriosa nuestra representada, en el recurso interpuesto, la esfera de sus derechos subjetivos se vería severamente afectada la posibilidad alguna de retrotraer los efectos del caso administrativo impugnados con su consecuencia y así pido que sea apreciado por este Tribunal del Trabajo”. (Negritas y subrayado originales del escrito de nulidad).

II) MOTIVA:

El artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa dispone lo siguiente:

“Artículo 104. A petición de las partes, en cualquier estado y grado del procedimiento el tribunal podrá acordar las medidas cautelares que estime pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva.
El tribunal contará con los más amplios poderes cautelares para proteger a la Administración Pública, a los ciudadanos o ciudadanas, a los intereses públicos y para garantizar la tutela judicial efectiva y el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas mientras dure el proceso.
En causas de contenido patrimonial, el tribunal podrá exigir garantías suficientes al solicitante”.

Asimismo, conviene recordar que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ha dejado sentado mediante la Sentencia No. 158, de fecha 9 de febrero de 2011, que a pesar de la falta de previsión de la medida de suspensión de efectos tanto en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, como en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, “ello no implica que la misma no pueda ser acordada, al ser una de las medidas preventivas típicas del contencioso administrativo”. Y más adelante establece la misma decisión, que dicha medida debe analizarse en atención al artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela “y de conformidad con lo previsto en el Parágrafo Primero del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por la remisión supletoria que hace el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”.

De modo que el Juez competente, al momento de evaluar la procedencia de una medida cautelar de suspensión de efectos de un acto administrativo, debe al menos precaver que su actuación resulte coherente con el derecho de obtener una tutela judicial efectiva, sin que ello constituya un prejuzgamiento sobre la decisión definitiva, habida ponderación de los intereses públicos generales y colectivos y ciertas gravedades en juego, más la correcta aplicación de las exigencias que dispone el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, que a la letra dice en su Parágrafo Primero:

“Artículo 588. Omisis …
Parágrafo Primero.- Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión.
Omisis …”. (Subrayado del Tribunal).

Por su parte, el mencionado artículo 585 del Código de Procedimiento Civil dispone que las medidas cautelares como la que solicita la parte recurrente en el asunto principal, proceden “sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”, es decir, el cumplimiento de lo que la doctrina ha dado en llamar con frases latinas el “periculum in mora” y el “fomus boni juris”, respectivamente.

De la norma transcrita, tanto la doctrina como el desarrollo jurisprudencial del más alto Tribunal de la República han establecido, que el requisito del “fomus boni juris” está relacionado con la necesidad de evidenciar elementos de juicio (pero sólo presuntivamente), que permitan sospechar que la demanda pueda ser estimada favorablemente, esto es, la apariencia de la verosimilitud de la existencia del derecho alegado. Mientras que el “periculum in mora”, está asociado a la necesidad de evidenciar las circunstancias de hecho conforme a las cuales, el derecho que se presume será apreciado favorablemente, no va a poder ser satisfecho por la demora del proceso. Así, la demostración de estos extremos determinan la procedencia y validez del decreto de la respectiva medida cautelar y ha de hacerlo el interesado con medios de prueba que constituyan presunción grave de ambas circunstancias, es decir, que a los efectos de la providencia cautelar, el ordenamiento jurídico exige sumariamente de la parte peticionante, la necesidad de traer a las actas procesales fuentes probáticas que hagan verosímil o hipotéticamente factible, el éxito de su pretensión y la imposibilidad de su ejecución. Adicionalmente debe destacarse que, los extremos exigidos por la norma para la procedencia de la medida cautelar deben cumplirse de manera concurrente, de forma tal, que la falta de uno cualquiera de ellos, impide que se decrete la medida. Y así se establece.

Ahora bien, establecidos los anteriores lineamientos, este Tribunal procede a verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en el caso concreto y en tal sentido, se observa lo siguiente:

La Sociedad Mercantil accionante en el asunto principal y solicitante de la Medida Cautelar que nos ocupa, ha pedido (además de la nulidad de la Providencia Administrativa No. P.A USFAL/036/2014, de fecha 26 de junio de 2014, emanada de la GERESAT-FALCÓN); la suspensión de los efectos de dicho acto administrativo, es decir, la suspensión de la obligación de pagar la multa que le fue impuesta por Bs. 134.683,50, por la comisión de la infracción muy grave (según el acto administrativo impuganado), prevista en el artículo 119, numerales 6 y 19 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

Luego, para satisfacer el requisito del “periculum in mora”, es decir, para demostrar que “existe riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo”, la empresa solicitante ha indicado que tal circunstancia se demuestra con los alegatos contenidos en su escrito libelar, sosteniendo textualmente lo siguiente:

“La doctrina civilista ha permitido explicar este presupuesto referido al hecho concreto de que si el Juez no decreta la medida, la sentencia definitiva que pueda dictarse en el juicio, no podría ejecutarse, por no existir bienes sobre los cuales pueda trabarse ejecución y/o por haberse causado un daño que resulte irreversible e irreparable o de difícil reparación, como consecuencia de los actos de insolvencia o cualquier otro acto dañoso ejecutado por el demandado durante la pendencia del juicio. No cabe duda que este presupuesto estaba concebido para el tipo de tutela denominado “contra la transgresión del precepto” que daba lugar a las acciones típicamente de condena. Pero el peligro en la mora no esta referido únicamente a los actos de insolvencia sino cualquier hecho o circunstancia que haga nugatorio el derecho del ciudadano que acude al órgano jurisdiccional peticionando la tutela judicial efectiva de sus derechos. Este último elemento se conoce como periculum in dimini o peligro manifiesto de daño y esta íntimamente relacionado con el peligro en la demora en cuanto a que, de no dictarse la medida cautelar, el paso del tiempo puede generar un daño irreversible o irreparable que no podrá ser solucionado con la sentencia definitiva. En el caso bajo examen, es claro que existe gravísimo peligro en la demora en base al monto condenado a pagar por parte del INPSASEL, resulta totalmente confiscatorio y prácticamente impagable para mi representada.
En ese sentido, de no decretarse la medida Cautelar haría TOTALMENTE NUGATORIO el derecho del administrado recurrente y el restablecimiento de la situación jurídica infringida; en pocas palabras, ciudadano Juez, dada la ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos traería como consecuencia la perdida de un altísima cantidad de dinero que prácticamente dejaría a mi mandante en situación de cierre técnico. En conclusión, se configura el periculum in damini o peligro manifiesto de daño irreversible e irreparable y así pido sea apreciado este juzgador. Quiero significa, ante este tribunal del Trabajo, que limite para dictar la medida cautelar es la irreversibilidad de la misma, es decir, la medida nunca puede sustituir a la sentencia que resuelva a fondo de la controversia y esta debe poder ser reversible, de manera tal, que si la parte a la que se le concedió resulta vencida al final del juicio, la situación pueda volver a su estado anterior una vez extinguida la medida. En el caso bajo examen la medida es perfectamente reversible, pues de acordarse la suspensión de los efectos del acto administrativo no se causaría gravamen alguno a la administración ni al colectivo, ni incluso al actor, pues consta incluso que se ha sostenido la voluntariedad del reenganche, muy por el contrario de no ser acordada se causaría un gravamen irreparable, pues de resultar victoriosa nuestra representada en el recurso interpuesto, la esfera de sus derechos subjetivos se vería severamente afectada sin posibilidad de retrotraer los efectos del acto administrativo impugnado con sus consecuencias y así pido que sea apreciado por este Tribunal del Trabajo”.

Como puede apreciarse, la empresa peticionaria pretende demostrar la existencia del riesgo manifiesto de que la ejecución del fallo que se dicte en el asunto principal se haga ilusoria, indicando que de no dictarse la medida cautelar, el paso del tiempo puede generar un daño irreversible o irreparable que no podrá ser solucionado con la sentencia definitiva, que en el caso bajo examen, es claro que existe gravísimo peligro en la demora en base al monto condenado a pagar por parte del INPSASEL, el cual resulta totalmente confiscatorio y prácticamente impagable para su representada y que dada la ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos traería como consecuencia la perdida de un altísima cantidad de dinero que prácticamente dejaría a su mandante en situación de cierre técnico, lo que a juicio de este Juzgado Superior del Trabajo no constituye demostración del riesgo manifiesto que exige el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, remitida su aplicación expresamente por el artículo 588 ejusdem, ambos aplicables supletoriamente al caso concreto por disposición del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Dichos argumentos resultan improcedentes a los efectos de comprobar que en este caso, la sentencia definitiva que dicte este Tribunal, aún siendo de nulidad del acto administrativo atacado (como lo solicita la parte recurrente en el asunto principal), no pueda ejecutarse o quede ilusoria. De hecho, ni siquiera está demostrado el carácter irreparable del presunto daño que le causaría el pago de la multa que le fue impuesta, conforme lo alega la parte solicitante de esta medida cautelar, toda vez que en el mejor de los casos (desde la óptica de la parte solicitante), aún en el supuesto que este Tribunal considere en la definitiva que están dadas las circunstancias de hecho, de derecho y probatorias que hacen nulo o anulable el acto cuya impugnación se pretende y aún considerando la posibilidad que en ese momento, la empresa solicitante haya pagado ya la multa que le fue impuesta, aún bajo ese escenario, el daño causado es absolutamente reparable a través de una orden de reintegro o reversión de la cantidad pagada por la empresa solicitante, que emita este Tribunal Superior del Trabajo en la sentencia definitiva, en caso de que las circunstancias descritas se evidencian así.

Es decir, cualquiera sea la decisión de este Tribunal al fondo del asunto principal, esa decisión será absolutamente ejecutable y sin posibilidad alguna de quedar ilusoria, puesto que en caso de considerarse que no hay lugar a nulidad alguna, el acto administrativo recurrido mantendrá la presunción de legalidad que lo reviste y en consecuencia, su carácter de ejecutividad y ejecutoriedad intactos, con lo cual, el pago de la multa impuesta a la Sociedad Mercantil solicitante, no sólo será legal, sino también exigible de pleno derecho en caso de no haberla pagado o se le tendrá por satisfecha conforme a derecho, en caso contrario. Luego, si la decisión definitiva de este Tribunal resulta ser contraria a la anterior, es decir, si se declara con lugar la pretensión principal de la empresa recurrente y con ello, la nulidad de la Providencia Administrativa atacada, entonces el pago de la multa impuesta no será exigible de modo alguno en caso de no haberse pagado y en caso contrario, es decir, demostrado en las actas el hecho de su satisfacción monetaria, este Tribunal deberá ordenar su retribución de manera inmediata a la administrada (la empresa recurrente). Cabe destacar que este último supuesto (el pago de la multa impuesta y la posible declaratoria de nulidad del acto administrativo posteriormente), si bien es cierto que eventualmente podría constituir un perjuicio a la empresa recurrente, también es cierto que ese perjuicio es absolutamente reparable, dado el carácter pecuniario del mismo, que lo hace eminentemente disponible en dinero y por tanto, restituible por orden expresa de este mismo Tribunal, en caso de resultar procedente hacerlo.

Otro aspecto que debe destacarse es que en el presente asunto, no demuestra la parte recurrente y solicitante de la Medida Cautelar bajo análisis, el carácter irreparable que le ocasionaría satisfacer la multa que le fue impuesta, es decir, más allá de argumentar que dada la ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos traería como consecuencia la perdida de un altísima cantidad de dinero que prácticamente dejaría a su mandante en situación de cierre técnico, ha debido acompañar a su solicitud los elementos probatorios de la circunstancia de hecho que denuncia, o sea, el acompañamiento de los medios que demuestren que la empresa en realidad no podía pagar la multa cuya ejecución pide sea suspendida y que en consecuencia esto traería el cierre técnico de su establecimiento. Lo cual debe ser demostrado, no sólo porque así lo exige la Ley a los efectos del periculum in mora, sino también por resultar contradictoria esa apreciación al sentido y espíritu consecuencial de la institución.

El carácter irreparable del pago de la multa cuya suspensión de efectos se solicita, pudiera considerarse satisfecho por ejemplo, en caso de haberse demostrado que su pago comporta técnicamente y de hecho el cierre de la empresa, dado que su monto es tan alto que resulta imposible de satisfacer sino se dispone de los activos de la empresa que le permiten su funcionamiento y/u operatividad, por ejemplo. No obstante, esa circunstancia no fue probada de modo alguno, es decir, esta circunstancia debió ser demostrada con los estados financieros, balances, registros de ventas, gastos corrientes e inventario de activos de la empresa, por ejemplo, debidamente comprobados en las actas procesales y actualizados a la fecha. Sin embargo, como antes se dijo, no es el caso de marras.

De tal modo que, los argumentos esgrimidos como demostración del “periculum in mora” no sólo resultan inconducentes para evidenciar la circunstancia que pretenden, sino que tampoco están demostrados, tal y como lo exige la norma para poder suspender los efectos de un acto administrativo revestido en principio de una presunción de legalidad.

Por último, en relación con este mismo requisito de procedibilidad de la Medida Cautelar de autos, conviene advertir que el legislador adjetivo civil, utilizado por permitirlo el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, establece una interpretación restrictiva de las normas que regulan esta materia, disponiendo que “sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia …”, podrá decretarse la medida preventiva solicitada, lo que en este caso particular no se ha evidenciado, conforme a las explicaciones precedentes. Y así se declara.

Así las cosas, es forzoso para quien aquí decide declarar que, el “periculum in mora” o la demostración de que “exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo”, que constituye un requisito indispensable y concurrente para la procedencia de la medida cautelar solicitada, en el presente asunto no está satisfecho. Y así se declara.

Luego, siendo criterio jurisprudencial unánime, reiterado y pacíficamente establecido que, el fomus boni juris y el periculum in mora, constituyen requisitos de procedibilidad concurrentes de una Medida Cautelar y declarada como ha sido en el presente asunto la inexistencia de uno de ellos, como lo es el periculum in mora, resulta inoficioso pronunciarse sobre la demostración o inexistencia del otro, es decir, pronunciarse acerca del fomus boni juris, ya que basta la inexistencia o falta de comprobación de cualquiera de ellos individualmente considerado, para que la Medida Cautelar solicitada resulte improcedente. Y así se establece.
A los fines de sustentar aún más las afirmaciones que preceden, a continuación se transcribe un extracto de la Sentencia No. 768 del 02 de junio de 2009, publicada al día siguiente, emanada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Dr. Hadel Mostefi Paolini, la cual es del siguiente tenor:
“Asimismo, se ha precisado que la devolución de la multa no constituye una prestación de imposible ejecución, ya que, una vez acordada su nulidad, basta la realización del correspondiente procedimiento administrativo para que proceda el reintegro del dinero. (Vid. Sentencias Nos. 1.578, 1.876, 2.466, 2.105 del 22 de septiembre y 20 de octubre de 2004, del 27 de septiembre y 8 de noviembre de 2006).
Siguiendo esta línea de razonamiento, debe concluir esta Alzada que el a quo actuó ajustado a derecho al declarar la no configuración del requisito bajo análisis, por lo que se desestima el presente alegato. Así se declara.
En segundo lugar, la apelante alegó que el a quo no examinó el fumus boni iuris ya que no entró a analizarlo a pesar que “existen suficientes elementos dentro del caso soportados por recaudos donde se deja en evidencia la existencia de una presunción grave de buen derecho”.
Al efecto, se advierte que ha sido criterio reiterado de esta Sala Político-Administrativa, que la suspensión de efectos consagrada en el artículo 21 aparte vigésimo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela procede sólo cuando se verifiquen concurrentemente los supuestos que la justifican, esto es, que la medida sea necesaria a los fines de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación, o bien para evitar que el fallo quede ilusorio, y que adicionalmente resulte presumible que la pretensión procesal principal será favorable; significa entonces que deben comprobarse los requisitos de procedencia de toda medida cautelar: el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y la presunción grave del derecho que se reclama, simultáneamente.
El carácter concurrente del fumus boni iuris y del periculum in mora, implica que la falta de verificación de alguno de estos dos requisitos ocasiona la improcedencia de la solicitud de suspensión de efectos realizada.
Sobre la base de las precisiones antes indicadas, esta Sala considera que el a quo actuó ajustado a derecho al declarar improcedente la medida cautelar solicitada, al haber constatado la inexistencia de elementos suficientes para que se configurara el periculum in mora, sin tener que -en virtud del carácter concurrente de estos requisitos- verificar la presencia del fumus boni iuris, por lo tanto se desestima el presente alegato. Así se declara”. (Subrayado y negritas de este Juzgado Superior del Trabajo).

Es por lo que este Juzgador, al no observar pruebas fehacientes que informen que el pago de la multa impuesta en el presente asunto, llevaría a la Sociedad Mercantil solicitante al cierre de su establecimiento o la negación de su solvencia laboral y adicionalmente, al no encontrarse demostrado que el pago de dicha multa ocasiona un daño irreparable, ni que el fallo que dicte este Tribunal al fondo resulte ilusorio; forzoso es para este Tribunal Superior del Trabajo declarar la improcedencia de la medida cautelar solicitada por la parte recurrente. Y así se decide.

III) DISPOSITIVA:

Con fundamento en los hechos analizados, los elementos probatorios que obran en actas, las normas aplicables al caso concreto, la doctrina jurisprudencial procedente y todos los razonamientos y motivos que preceden, este Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

ÚNICO: IMPROCEDENTE la Medida Cautelar Innominada solicitada por el abogado Jorge Luis Garcés García, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 43.962, respectivamente, con el carácter de apoderados judiciales de la Sociedad Mercantil BODEGON HERMANOS GOUVEIA PARAGUANA, C. A., en contra de la Providencia Administrativa de efectos particulares No. PA-USFAL/036/2014, de fecha 26 de junio de 2014, emanada de la Gerencia Estadal de Salud de los Trabajadores del Estado Falcón (GERESAT-FALCÓN).

Publíquese, regístrese, agréguese. Notifíquese a la parte solicitante de la medida en razón de la extemporaneidad del la presente decisión.

Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Santa Ana de Coro, a los veinte (20) días del mes de abril de dos mil quince (2015). Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación.

EL JUEZ SUPERIOR.

ABG. JUAN PABLO ALBORNOZ ROSSA.

LA SECRETARIA.

ABG. LOURDES VILLASMIL.

Nota: La anterior decisión se dictó y publicó en su fecha, 20 de abril de 2015, a las cuatro y diez minutos de la tarde (04:10 p.m.). Se dejó copia certificada en el Copiador de Sentencias de este Tribunal. Conste, en Santa Ana de Coro, en la fecha señalada.

LA SECRETARIA.

ABG. LOURDES VILLASMIL.