TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENENZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO FALCON, CON SEDE EN PUNTO FIJO.
AÑOS 204° Y 156°
EXPEDIENTE: 10022
DEMANDANTE: AURORA YSABEL Y MARITZA JOSEFINA PULGAR
DEMANDADO: CARMEN REYES DE CENTENO Y OTROS.
ACCION: PETICION DE HERENCIA.
RESUELVE: SOLICITUD DE MEDIDA PREVENTIVA DE SECUESTRO.
Cursa por ante este Juzgado juicio de PETICION DE HERENCIA, intentando por las ciudadanas AURORA YSABEL Y MARITZA JOSEFINA PULGAR, venezolanas, mayores de edad, titulares de la cedulas Nº 3.391.628 y 3.395.186, en contra de CARMEN AMELIA REYES DE CENTENO, JOSE RAMON REYES CENTENO, NANCI VIOLETA CENTENO REYES, ISABEL TERESA CENTENO DE D`SANTIAGO, MIGDIA ELENA CENTENO DE ZERPA, 1.411.322, .3.393.937, 3.681.924, 4.792.645, 3.391.247, y los ciudadanos IBRAHIM ALI FARES, ANAS KAITOUNI ADRISI, de nacionalidad, libanés, y marroquí respectivamente, titulares de la cedula de identidad Nº E-84.377.202, E-83.131.131,Admitida la presente causa en fecha 03 de Noviembre de 2014.
Acompaña el actor con su demanda:
Original acta de nacimientos.
Original acta de defunción del ciudadano José Mateo Centeno.
Copia certificada de Declaración Sucesoral del ciudadano José Mateo Centeno.
Copia certificada de documento de compra venta de un inmueble en la ciudad de Punto Fijo.
Copia certificada de documento de compra venta de un apartamento en la ciudad de Maracaibo.
EL TRIBUNAL PARA DECIDIR OBSERVA:
El artículo 585 de la Ley adjetiva dispone que solo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama, el Juez decretara la Medida solicitada, en conformidad con el artículo 588, Numeral 1°, ejusdem.
“En conformidad con el artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa las
siguientes medidas”:
2°. “El secuestro de bienes determinados….”
Asimismo, con respecto a la idoneidad, adecuación y pertinencia de las medidas cautelares, el jurista venezolano, RAFAEL ORTIZ ORTIZ, en su obra “LAS MEDIDAS CAUTELARES INNOMINADAS. ESTUDIO ANALÍTICO Y TEMÁTICO DE LA JURISPRUDENCIA NACIONAL”, indica lo siguiente:
“La idoneidad es la aptitud de la medida cautelar para cumplir su finalidad preventiva, esto es, que se presente de tal manera que puedan precaver la futura ejecución o la efectividad de la sentencia dictada (…)”.
Además es importante acotar, lo sustentado por el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, con respecto al uso del poder cautelar del Juez:
“Este juzgamiento excepcional se justifica por cuanto al poder cautelar del juez no puede ser ilimitado ni absoluto, antes por el contrario, las medidas cautelares no pueden infringir derechos constitucionales en grado de inhabilitar civilmente al ciudadano sobre el cual ellas pesen, ya que las mismas fueron concebidas por el legislador para garantizar la tutela judicial efectiva y, por ende, la seguridad jurídica del justiciable. Esta es la premisa que, en criterio de esta Sala, debe orientar la actuación de todos los jueces de la Republica en el uso de su poder cautelar general.” (Sentencia N° 1662, Sala Constitucional del 16 de junio del 2003).
Establecidas las anteriores consideraciones, pasa este Tribunal en análisis de los requisitos exigidos en el artículo 585 del código de Procedimiento Civil para el decreto de las medidas cautelares, como son la presunción del buen derecho y el peligro en la mora.
El referido artículo consagra dos requisitos esenciales para la procedencia de la medida, conocidos en la doctrina como el Periculum in mora y el fumus bonis iuris.
A este respecto el Tratadista Zuliano Dr. RICARDO HENRIQUES LA ROCHE, en su obra Medidas Cautelares, paginas 187 y siguientes, opina:
"el peticionario de una medida que lo haga por la vía de causalidad, deberá probar respecto a dos materias distintas. Una prueba versara sobre la pretensión de su demanda, sobre las razones por la que intenta la acción, y otra versará sobre las razones por la que embarga, valga decir, sobre el peligro de que por falta de una oportuna aprehensión de bienes no se pueda llevar a cabo la ejecución forzosa. El nuevo Código de Procedimiento Civil, exige ahora, en ambos casos, un juicio de mera probabilidad (summaria cognitio) y por ello la enunciación latina de sendos requisitos debe ser: fumus bonis iuris, y fumus periculum in mora (...)"
El fundamento o ratio legis del requisito legal de la presunción grave del derecho que se reclama, radica en la necesidad de que se pueda presumir al menos que el contenido de la sentencia definitiva del juicio será de condena pecuniaria que conlleva la medida.
En cuanto al peligro en el retardo o periculum in mora, opina el citado autor que la otra condición de procedibilidad, peligro en el retardo, exige, como se ha dicho, la presunción de existencia de la circunstancia de hecho que, si el derecho existiera, serian tales que harían verdaderamente temibles el daño inherente por la no satisfacción del mismo.
En tal virtud, para el caso de autos, este Juzgador deberá determinar si la parte accionante es titular, al menos en apariencia, de los derechos en que se fundamenta su pretensión, al igual se debe determinar si en el proceso que se ha iniciado, la sentencia que debiera dictarse en el mismo podrá ejecutarse de manera efectiva, es decir, que para el caso de que la parte accionante resultare vencedora pueda lograr mediante ella la satisfacción de su pretensión y de su derecho.
Corresponde ahora verificar la existencia de tales extremos en el caso de autos, a cuyo efecto conviene -sin que ello implique adelanto de opinión respecto del fondo del presente asunto- analizar los recaudos consignados por la parte demandante; es así como de las actas se evidencia, en específico de los originales de las actas de nacimiento se comprueba la filiación de las demandantes con el decujus, así mismo del acta de defunción de el padre de las demandantes, el Tribunal da por satisfecho el requisito de presunción de buen derecho que asiste al reclamante.
En lo que atañe al periculum in mora, debe observarse, como se ha señalado con las jurisprudencias anteriormente citadas, se ha apilado el criterio de que el peligro de mora tiene dos causas motivas: una constante y notoria que no necesita ser probada, cual es la inexcusable tardanza del juicio de conocimiento, el arco del tiempo que necesariamente transcurre desde la introducción de la demanda hasta la sentencia ejecutoriada, otra causa es los hechos del demandado para burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada; adicionalmente el legislador exige al solicitante, la presentación de un medio de prueba que sustente o apoye la solicitud, ello con la finalidad de proveer al juzgador de los elementos necesarios para obtener un juicio valorativo de probabilidad sobre la pertinencia de lo reclamado y así determinar la procedencia del decreto de la medida solicitada; es así como la parte demandante alega en su escrito libelar que los demandados han hecho actos de disposición de bienes pertenecientes al acervo hereditario del cual son parte, así como también han desconocido de forma franca el parentesco que los unes, cuando de forma intencional no fueron incluidas en ni en el acta de defunción
ni en la declaración sucesoral. El Tribunal da por satisfecho el requisito de presunción de peligro de mora. Y ASÍ SE DECIDE.-
DECISION
En merito de los fundamentos expuestos, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO FALCON, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, decreta:
PRIMERO: Medida Preventiva de Secuestro sobre los siguientes bienes:
A) Un inmueble ubicado en la calle Mariño, en la ciudad de Punto Fijo, Distrito Carirubana, Estado Falcón, Nº 19 -126, dentro de los siguientes linderos: NORTE: que es su frente, calle Mariño; SUR: casa que es o fue del señor Alcibiades Osorio; OESTE: edificio Mary Sotelo, y Constituida en una porción de terreno que mide once metros con setenta centímetros (11,70 Mts) de frente y treinta y seis metros con noventa y cinco centímetros (36,95 Mts), de fondo dando una superficie de cuatrocientos treinta y dos metros con treinta y un centímetros cuadrados (432,31 Mts), que su causante adquirió según documento registrado por ante la Oficina Subalterna del Distrito Carirubana, bajo el Nº 21, folios, Folios 67 al 69, Tomo 1, Principal Protocolo Primero, de fecha 03 de Noviembre de 1976, Cuarto Trimestre del mencionado año 1.976..
B) un inmueble ubicado en la avenida 19, sector Paraíso, Municipio Chiquinquirá, Distrito Maracaibo, Edificio Nº 73-45, Apartamento 3 – A tercer piso, Edificio Auyantepuy, con las siguientes medidas y linderos: NORTE: diez metros con ochenta centímetros (10,80 Mts) y linda con la fachada norte del Edificio; SUR: Diez metros con ochenta centímetros (10,80 Mts) y linda con la fachada sur del Edificio; ESTE: mide diez metros (10 .Mts) y linda con la fachada este del Edificio; y OESTE: mide diez metros (10 Mts) y linda con la fachada o, representa un porcentaje de 8,45 del área vendible del Edificio, que su causante adquirió, según documento registrado en la Oficina Subalterna del Distrito Maracaibo, bajo el Nº 37, Folios 179 al 130, Tomo 22, Protocolo Primero, de fecha 08 de Noviembre de 1989, Tercer Trimestre del mencionado año 1989.
SEGUNDO: Para la ejecución de la medida decretada, se comisiona suficientemente al Juzgado Ejecutor de Medidas del Municipio Carirubana de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, que le corresponda por distribución, y al Juzgado Ejecutor de Medidas del Municipio Maracaibo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a quienes se ordena librar despachos con las inserciones correspondientes.
TERCERO: No hay condenatoria en costas en virtud de que lo decidido además de ser provisional, no implica pronunciamiento sobre el fondo de lo litigado.
Publíquese y Regístrese.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Punto Fijo, con sede en Punto Fijo, a los 20 días del mes de Abril de 2015. Años 204° y 156°.
El Juez Provisorio,

Abog. ESGARDO BRACHO GUANIPA
El Secretario Titular,

Abog. Víctor Hugo Peña B.
Nota: La anterior sentencia fue publicada en su fecha, siendo las 02:00 pm., previo el anuncio de Ley y registrada bajo el Nº 037 fecha up supra. Conste.

El Secretario Titular,

Abog. Víctor Hugo Peña B.