TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón
Santa Ana de Coro, 10 de Marzo de 2015
204º y 156º

ASUNTO PRINCIPAL : IP01-P-2013-001093
ASUNTO : IP01-P-2013-001093

AUTO DE ACTUALIZACIÓN DE CÓMPUTO DE PENA

Corresponde a este tribunal de conformidad con lo previsto en los artículos 471 numeral 1° y 474 del código orgánico procesal penal actualizar cómputo de pena en la causa seguida a los penados ALEXANDER ENRIQUE MORÁN MORENO, titular de la cédula de identidad Nº 12.590.592, venezolano, mayor de edad, taxista, residenciado en urbanización San jacinto, sector 08, vereda 01, casa N° 08, Maracaibo, estado Zulia, quien fuera condenado a cumplir la pena de DOCE (12) AÑOS de prisión mas las penas accesorias establecidas en el artículo 16 del código penal, por la comisión del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES y PSICOTRÓPICAS EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 149 de la Ley orgánica de drogas; y a ROXANA COROMOTO RAMIREZ MOLINA, quien es venezolana, de 38 años de edad, titular de la cédula de identidad N° 11.295.618, urbanización San jacinto, sector 08, vereda 01, casa N° 08, Maracaibo, estado Zulia, quien fuera condenada a cumplir la pena de CINCO AÑOS DE PRISIÓN mas las penas accesorias previstas en el artículo 16 del código penal, por la comisión del delito de COMPLICE NO NECESARIO EN EL TRÁFICO ILEGAL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES y PSICOTRÓPICAS EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE, previsto y sancionado en el artículo 149 en su encabezamiento de la Ley orgánica de Drogas, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, ambos recluidos en la comunidad penitenciaria de esta Ciudad.

PUNTO PREVIO

De igual manera se evidencia del auto de computo de pena de fecha 28 de julio de 2014 que los precitados penados no optan por medidas de pre libertad por estimar el tribunal haber cometido un delito de los considerados como de lesa humanidad en aplicación a reiterada y pacífica jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia en donde se determinaba que los penados por tales delitos no optaban por beneficios poscondena, y se reseña que solo optan por confinamiento a partir de la fecha 10 de febrero de 2022 y 10 de noviembre de 2016, para los penados ALEXANDER ENRIQUE MORÁN MORENO y ROXANA COROMOTO RAMIREZ MOLINA, respectivamente.
Estimó el Tribunal que de conformidad con el artículo 488 del Código Orgánico Procesal Penal de fecha 15 de junio de 2012, Gaceta Oficial Nº 60078 Extraordinaria que entró en vigencia anticipada para las sentencias proferidas posterior a la fecha de su publicación, que, respecto a las formulas alternativas de cumplimiento de pena y el confinamiento, tendrán la posibilidad de optar luego de cumplidas las respectivas cuotas partes exigidas por la ley, según sea el caso. Sin embargo en análisis del parágrafo segundo del artículo 488 relativo a las excepciones de los tipos delictivos que se exceptúan para el otorgamiento de los beneficios poscondena se advirtió que el delito perpetrado por el precitado penado era de los que se excluían para el otorgamiento de tales beneficios.
Es de acotar que el caso de marras fue perpetrado en fecha 10 de Febrero de 2013 y el mismo trata del delito de tráfico de sustancias estupefacientes en la modalidad de transporte, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 149 de la ley orgánica de drogas, en donde los penados les fue incautado la cantidad de 149,79 gramos de cannabis sativa lynne o marihuana tal como se denota acta de inspección y de experticia química cursante en actas.
Resulta imperioso acotar que en virtud del criterio acogido anteriormente por la Sala Constitucional de nuestro Tribunal Supremo de Justicia según sentencia 315, del 06 de marzo de 2008, los delitos vinculados al tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en forma genérica, como en sus distintas modalidades, por ser considerados de lesa humanidad limita a sus autores o partícipes a la concesión de beneficios procesales o post condena así como de la suspensión condicional de la pena, criterio éste de carácter vinculante para todos los tribunales de la República.
Ahora bien, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia cambia de criterio jurisprudencial al dictar sentencia vinculante de fecha 18 de diciembre de 2014, expediente 11-0836 con ponencia del Magistrado Juan José Mendoza Jover de la cual se desprende la posibilidad de conceder a los imputados y penados por el delito de tráfico de drogas de menor cuantía, fórmulas alternativas a la prosecución del proceso y a la ejecución de la pena, y a los condenados por el delito de tráfico de drogas de mayor cuantía se les pospone la posibilidad de obtener las fórmulas para el cumplimiento de la pena, solo para cuando el recluso haya cumplido las tres cuartas (3/4) partes de la misma, conforme lo previsto en el ordenamiento jurídico.
De una lógica interpretación del extracto supra se obtiene la probabilidad de que un penado acceda sin distingo alguno a las formulas alternativas de cumplimiento de pena y a la suspensión condicional de la ejecución de la pena cuando trate de casos de delitos de drogas en menor cuantía previo cumplimiento de los requisitos de ley, al estimar que el daño social ocasionado por este hecho y sus consecuencias no corresponden a una nocividad similar que ocasionaría la comisión de este mismo delito cuando se tipifique como de mayor cuantía, que si bien afecta un preciado bien jurídico ocasionado en menosprecio o detrimento de nuestra sociedad, su impacto resulta mucho mas lesivo, vil y superior al afectar mas gravemente nuestro interés social y colectivo.
Sobre lo señalado se estima entonces como menor cuantía aquellos hechos cuyas conductas encuadran o se subsumen en lo estipulado en el segundo aparte del artículo 149 de la ley orgánica de Drogas, en donde se prevé delitos vinculados a la comisión de dicho hecho con una cantidad no superior a los 50 gramos de cocaína clorhidrato y a los 500 gramos de cannabis sativa lynee, o marihuana, lo que no trata en el caso sub exámine al determinarse que la cantidad incautada a los penados sobrepasa el límite de los aludidos 500 gramos de marihuana. Siendo así se evidencia que el caso de marras trata de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES y PSICOTRÓPICAS EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE en mayor cuantía.
Sobre ese tenor es necesario observar el contenido del artículo 149 de la vigente Ley Orgánica de Drogas (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.546, de fecha 5 de noviembre de de 2010), el cual establece lo siguiente:
“Artículo 149. El o la que ilícitamente trafique, comercie, expenda, suministre, distribuya, oculte, transporte por cualquier medio, almacene o realice actividades de corretaje con las sustancias o sus materias primas, precursores, solventes y productos químicos esenciales desviados a que se refiere esta Ley, aún en la modalidad de desecho, para la producción de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, será penado o penada con prisión de quince a veinticinco años.
Si la cantidad de droga no excediere de cinco mil (5000) gramos de marihuana, mil (1000) gramos de marihuana genéticamente modificada, mil (1000) gramos de cocaína, sus mezclas o sustancias estupefacientes a base de cocaína, sesenta (60) gramos de derivados de amapola o quinientas (500) unidades de drogas sintéticas, la pena será de doce a dieciocho años de prisión.
Si la cantidad de droga excediere de los límites máximos previstos en el artículo 153 de esta Ley y no supera quinientos (500) gramos de marihuana, doscientos (200) gramos de marihuana genéticamente modificada, cincuenta (50) gramos de cocaína, sus mezclas o sustancias estupefacientes a base de cocaína, diez (10) gramos de derivados de amapola o cien (100) unidades de drogas sintéticas, la pena será de ocho a doce años de prisión.”

Atinente a la norma señalada y a lo expresado con anterioridad, sostiene la Sala Constitucional de nuestro máximo Tribunal en la referida Sentencia, lo siguiente:
“Conforme a lo anterior, esta Sala estima que no es posible dar el mismo trato a todos los casos, en razón de que no todos los supuestos de los delitos que corresponden a esta sensible materia son iguales, ni el daño social -consecuencias sociales- que ellos generan es de igual naturaleza. Sin embargo, existen situaciones cuyas consecuencias jurídicas y sociales son de mayor magnitud que otras, y es allí en donde el legislador por medio de la normativa vigente impone un orden para evitar que iguales conductas se realicen de nuevo.
Para esta Sala, el hecho de que los delitos de tráfico de mayor cuantía de drogas, de semillas, resinas y plantas tengan asignadas penas mayores se fundamenta en una razón objetiva: la magnitud de sus consecuencias jurídicas y sociales, en virtud de lo cual a los condenados se les pospone la posibilidad de obtener las fórmulas para el cumplimiento de la pena, solo para cuando el recluso haya cumplido las tres cuartas (3/4) partes de la misma, conforme lo previsto en el ordenamiento jurídico, toda vez que existe primacía de los derechos e intereses colectivos sobre los individuales, como consecuencia de la proclamación en la Constitución, de un Estado como social y democrático de Derecho. (…Omissis…)
De esta manera, esta Sala como máxima garante e intérprete de la Constitución, en ejercicio de las atribuciones que le confiere dicho Texto y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, replantea el criterio estableciendo de forma vinculante conforme a lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución, la obligación para todos los jueces y juezas con competencia en lo penal de la República Bolivariana de Venezuela, que cumplan cabalmente con los preceptos señalados en el presente fallo. Así se declara.”

Finalmente, debe interpretarse de una manera clara y precisa que a través de esta Sentencia el Estado Venezolano por medio de sus instituciones, propulsa el principio de progresividad penitenciaria estatuido en el artículo 272 de nuestra Carta Magna como el adecuado medio de humanizar nuestro modelo penitenciario y alcanzar nuevas metas que conlleven a una justicia social que permita la total reintegración de los privados de libertad a nuestra sociedad al brindárseles la posibilidad de acceder a los beneficios post condena que la ley adjetiva penal contempla a su favor.
Siendo así y en consideración de la Sentencia proferida con carácter vinculante, este Juzgador procede de conformidad con lo previsto en el artículo 474 del código orgánico procesal penal a actualizar y reformar el cómputo de pena que fuera practicado en el presente asunto los precitados penados y para tal fin se hace necesario atender que pueden acceder a los medios alternativos de cumplimiento de pena al cumplir las ¾ partes de la pena al atender el criterio de la Sala Constitucional de nuestro máximo tribunal.

CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO

En fecha 10 de Febrero de 2013 fueron detenidos policialmente los identificados penados, en fecha 12 del mismo mes y año, se celebró audiencia oral de presentación de los imputados por ante el Tribunal primero de Control de este Circuito Judicial Penal en la cual les fue decretada medida de privación judicial preventiva de libertad conforme a lo establecido en el artículo 236 del Código Orgánico procesal; medida esta que se ha mantenido vigente hasta la fecha de hoy, por lo que los penados han estado efectivamente privados de su libertad durante DOS (02) AÑOS y UN (01) MES y para el penado ALEXANDER ENRIQUE MORÁN MORENO el cumplimiento de pena corresponde para la fecha 10 de Febrero de 2025 y en cuanto a la penada ROXANA COROMOTO RAMIREZ MOLINA, debe sumársele al tiempo de privación, el tiempo redimido acordado mediante auto de esta misma fecha, es decir, DOS (02) MESES y DIECISIETE (17) DÍAS, para obtener un total de pena cumplida de DOS (02) AÑOS, TRES (03) MESES y DIECISIETE (17) DÍAS, por lo que el cumplimiento de pena le corresponde para la fecha 24 de Noviembre de 2017.

En el mismo tenor expresado con anterioridad los penados solo podrán por la formula alternativa de cumplimiento de pena de libertad condicional y a la conmutación del resto de la pena en confinamiento al cumplir las ¾ partes de la pena impuesta, es decir nueve (09) años para ALEXANDER ENRIQUE MORÁN MORENO, el cual corresponde a la fecha 16 de Octubre de 2017. Y así se decide. En cuanto a la ciudadana ROXANA COROMOTO RAMIREZ MOLINA corresponde Libertad condicional y confinamiento al cumplir tres años y nueve meses de pena cumplida, lo cual sería para la fecha 27 de marzo de 2016.

DISPOSITIVA
En nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, este Tribunal Primero de Ejecución de la Circunscripción Judicial Penal del estado Falcón con sede en la ciudad de Coro, Actualiza cómputo de pena en la causa seguida a los penados ALEXANDER ENRIQUE MORÁN MORENO, titular de la cédula de identidad Nº 12.590.592, venezolano, mayor de edad, taxista, residenciado en urbanización San jacinto, sector 08, vereda 01, casa N° 08, Maracaibo, estado Zulia, quien fuera condenado a cumplir la pena de DOCE (12) AÑOS de prisión mas las penas accesorias establecidas en el artículo 16 del código penal, por la comisión del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES y PSICOTRÓPICAS EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 149 de la Ley orgánica de drogas; y a ROXANA COROMOTO RAMIREZ MOLINA, quien es venezolana, de 38 años de edad, titular de la cédula de identidad N° 11.295.618, urbanización San jacinto, sector 08, vereda 01, casa N° 08, Maracaibo, estado Zulia, quien fuera condenada a cumplir la pena de CINCO AÑOS DE PRISIÓN mas las penas accesorias previstas en el artículo 16 del código penal, por la comisión del delito de COMPLICE NO NECESARIO EN EL TRÁFICO ILEGAL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES y PSICOTRÓPICAS EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE, previsto y sancionado en el artículo 149 en su encabezamiento de la Ley orgánica de Drogas, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO. Todo de conformidad con lo previsto en los artículos 471 y 474, ambos del código orgánico procesal penal.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias del Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de Sentencias y Medidas de Seguridad del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, con sede en la ciudad de Santa Ana de Coro, a los Diez días del mes de marzo de dos mil quince Remítase con oficio copia certificada del cómputo actualizado a la Dirección de la Comunidad Penitenciaria de Coro. Se acuerda el traslado de los penados a fines de su imposición para la fecha 20 de marzo de 2015 a las 09:00 horas de la mañana. Notifíquese. Cúmplase.

EL JUEZ PRIMERO DE EJECUCION

ALFREDO ANTONIO CAMPOS LOAIZA
LA SECRETARIA

MARIELVYS SANCHEZ MALDONADO

ASUNTO PRINCIPAL : IP01-P-2013-001093