REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Cuarto de Primera Instancia Estadal y Municipal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón Santa Ana de Coro, 17 de Agosto de 2015 205º y 156º ASUNTO PRINCIPAL : IP01-P-2013-001907 ASUNTO : IP01-P-2013-001907 AUTO DECRETANDO LAZO PRUDENCIAL Corresponde a este tribunal motivar conforme al Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, la decisión judicial dictada en fecha 13/08/2015 mediante la cual acordó de conformidad con el artículo 295 eiusdem, fija el plazo de TREINTA (30) días para que el Ministerio Público concluya la investigación en causa seguida contra los imputados ciudadanos NICOLAS JOSÉ ROMERO ROMERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 24.581.140, MILLANGELA DEL CARMEN TORRES PEROZO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 12.1750.721, ELAN GABRIEL PETIT BLANCO venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 19.617.599, y el JOSÉ DOLORES BLANCO ROMERO venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 11.139.476. Al respecto se observa y considera lo siguiente: El artículo 295 del Código Orgánico Procesal Penal, establece lo siguiente: “El Ministerio Público procurará dar término a la fase preparatoria con la diligencia que el caso requiera. Pasados ocho meses desde la individualización del imputado, éste podrá requerir al Juez de control la fijación de un plazo prudencial, no menor de treinta días, ni mayor de cuarenta y cinco días para la conclusión de la investigación. Para la fijación de este plazo, dentro de las veinticuatro horas de recibida la solicitud, el Juez o Jueza deberá fijar una audiencia a realizarse dentro de los diez días siguientes para oír al Ministerio Público, al imputado o imputada y su defensa, debiendo tomar en consideración la magnitud del daño causado, la complejidad de la investigación, y cualquier otra circunstancia que a su juicio permita alcanzar la finalidad del proceso…” Sobre la normativa legal antes descrita, se evidencia el derecho del imputado (a) y en consecuencia a su defensa judicial de recurrir ante el Juez o Jueza de Control, solicitando fije un plazo prudencial para que el Ministerio Público concluya la investigación y presente el acto conclusivo a que hubiese lugar según su criterio, siempre y cuando la investigación haya superado los 8 meses y el imputado esté individualizado. Respecto a este requisito se observa que la investigación se inició según lo señaló la defensa y el Ministerio Público el día 07 de abril de 2013 siendo individualizados los imputados y perseguidos por la investigación, de modo que se encuentra satisfecha la individualización de los imputados y la antigüedad de la investigación. El segundo requisito exigido por el legislador es la obligación por parte del Juzgador de oír al Ministerio Público, a los acusados y a su defensa a los fines de la fijación del lapso, el cual no será menor de 30 días ni mayor de 45 días, debiéndose tomar en cuenta la magnitud del daño causado, la complejidad de la investigación y cualquier otra circunstancia que a juicio del Tribunal permita alcanzar las finalidades del proceso a luz del artículo 13 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, esto es, la verdad de los hechos por intermedio de las vías jurídicas y la justicia en la aplicación del derecho, última ratio a la que debe ceñirse la labor jurisdiccional. Sin embargo, la no comparecencia al acto del imputado o imputada y de su defensa, no suspenderá la celebración del acto. Respecto a este punto en fecha 09/04/2013 se celebró la audiencia oral referida, ratificando la defensa su solicitud. Como tercer requisito la ley excluye de la aplicación de la norma aquellos delitos considerados como de lesa humanidad, contra la cosa pública, violación a los derechos humanos, crímenes de guerra, narcotráfico y delitos conexos, en el caso de marra es evidente que el delito investigado no es de la naturaleza de ninguno de los excluidos porque fueron imputados por el delito de RIÑA, previsto y sancionado en el artículo 425 del Código Penal. Como corolario de lo anterior lo procedente y ajustado a derecho es declarar con lugar la solicitud de la defensa judicial del acusado de autos por cumplir los extremos de ley y en consecuencia se fija el lapso de TREINTA (30) días para que el Ministerio Público culmine la investigación e interponga el acto conclusivo que a bien considere. Y así se decide. DISPOSITIVA En nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, este Tribunal Penal de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, declara: PRIMERO: CON LUGAR LA SOLICITUD DE LA DEFENSA PÚBLICA. SEGUNDO: FIJA UN PLAZO PRUDENCIAL a la FISCALIA 2° DEL MINISTERIO PÚBLICO, CONSISTENTE EN TREINTA (30) DÍAS DE PLAZO a los fines de que concluya con la investigación seguida a los ciudadanos NICOLAS JOSÉ ROMERO ROMERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 24.581.140, MILLANGELA DEL CARMEN TORRES PEROZO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 12.1750.721, ELAN GABRIEL PETIT BLANCO venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 19.617.599, y el JOSÉ DOLORES BLANCO ROMERO venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 11.139.476, y emita el respectivo el acto conclusivo de conformidad con ley. Y ASÍ SE DECIDE.- Regístrese, publíquese, remítase el expediente a la Fiscalía SEGUNDA del Ministerio Público. Cúmplase.- JUEZA CUARTA DE CONTROL, BELKIS ROMERO DE TORREALBA LA SECRETARIA, ANDRINEY ZAVALA RESOLUCIÓN Nº PJ042015000372.-