TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón
Santa Ana de Coro, 3 de Diciembre de 2015
205º y 156º

ASUNTO PRINCIPAL : IP01-R-2015-000252
ASUNTO : IG01-X-2015-000042

JUEZ PONENTE: RHONALD DAVID JAIME RAMIREZ

Procede esta Corte de Apelaciones a resolver, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 98 del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la inhibición planteada por los Jueces CARMEN NATALIA ZABALETA Y GLENDA ZULAY OVIEDO RANGEL, en su carácter de Jueces Presidente, Titular y Provisorio e integrantes de esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal Falcón, para conocer de la causa signada bajo la nomenclatura Nº IP01-R-2015-000252, y signada por el Tribunal de Instancia bajo el número IP01-R-2015-000252, seguido en contra de los ciudadanos CESAR ALEJANDRO CARDENAS REBOLLEDO, MARISOL VERONICA SALCEDO RIVAS Y SOLVIA SIRIMAR PADILLA, por estar incursas en la causal de incompetencia subjetiva prevista en el ordinal 7° del articulo 86 del Código Orgánico Procesal Penal.
La referida inhibición fue presentada el día 21 de Julio de 2015, para cuya fundamentación alegaron entre otras cosas:

“…En el resguardo de los principios éticos NOS INHIBIMOS de conocer en la presente causa, signada IP01-R-2015-000252, por las siguientes razones:
Es el caso que ante esta Corte de Apelaciones ingresó en fecha 20 de julio de 2015 el recurso de apelación N° IP012-R-2015-000252, por motivo de la apelación que efectuaran las Fiscalías quincuagésima Segunda a Nivel Nacional con competencia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y Vigésima del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, con competencia e materia de Drogas, contra la decisión dictada el 22 de Mayo de 2015 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de la Extensión de Tucacas de este Circuito Judicial Penal, que acordó revisar la medida de privación judicial preventiva de libertad a los ciudadanos CESAR ALEJANDRO CÁRDENAS, MARISOL SALCEDO y SOLVIA SIRIMAR PADILLA, en el Asunto Penal N° 1CO-4147-2014, contentivo del proceso que se les sigue por la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, de cuya revisión hemos constatado que con ocasión al trámite del aludido proceso penal, estas Juzgadoras, conociendo de una acción de amparo constitucional contra omisión de pronunciamiento judicial en el aludido asunto penal 1CO-4147-2014, ejercida por la Defensa Pública Penal del ciudadano CESAR ALEJANDRO CÁRDENAS, contra el mismo Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de la Extensión de Tucacas de este Circuito Judicial Penal, con ocasión a la audiencia preliminar celebrada, lo declaró con lugar en fecha 04/02/2015, en el asunto IP01-O-2014-000113, resolviendo en los términos siguientes:
… Por las razones anteriormente expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:
1.- CON LUGAR la acción de amparo constitucional incoada por el Abogado LANDO AMADO, en su condición de Defensor Público Auxiliar con Competencia Plena adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Estado Falcón, Extensión Tucacas, actuando en nombre y representación del ciudadano CÉSAR ALEJANDRO CÁRDENAS REBOLLEDO, contra la Jueza del Tribunal Primero en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, extensión Tucacas, por incurrir en omisión procesal, vulnerando así derechos y garantías Constitucionales, que conllevaron a la lesión directa de los derechos de su defendido como sujeto en proceso, anulando la decisión dictada el 29 de Octubre de 2014 y el auto que la fundó en fecha 05 de noviembre de 2014 por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Control de la Extensión de Tucacas de este Circuito Judicial Penal y ordena que otro Juzgado de la misma competencia de la aludida extensión jurisdiccional, una vez efectuada la distribución correspondiente, emita un nuevo pronunciamiento sobre las solicitudes de revisión de medida de privación judicial preventiva de libertad impetradas por la defensoría Pública Penal, visto que la Fiscalía del Ministerio Público con competencia en materia de Drogas presentó en el señalado asunto penal nueva acusación penal, tomando en consideración el criterio expuesto en el presente fallo. Notifíquese a las partes intervinientes. Líbrense boletas de notificación. Devuélvase el asunto penal principal N° 1CO-4147-2014 al Circuito Judicial Penal del estado Falcón Extensión de Tucacas para su redistribución…

De la aludida decisión se evidencia que el pronunciamiento dictado por quienes suscriben la presente acta de inhibición, versó sobre una declaratoria de nulidad absoluta, reponiendo la causa al estado de celebración de una nueva audiencia oral preliminar en el asunto penal principal 1CO-4147-2014, siendo que el artículo 425 del Código Orgánico Procesal Penal establece: “Prohibición. Los jueces o juezas que pronunciaron o concurrieron a dictar la decisión anulada no podrán intervenir en el nuevo proceso”, sobre lo cual la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 96 del 15 de abril de 2010, en la que dispuso:
… El recurrente impugnó la sentencia (hoy recurrida en casación), al considerar que los jueces que integraron la Corte de Apelaciones (quienes dictaron el referido fallo), incumplieron con su obligación de inhibirse por haber emitido, previamente, opinión sobre el fondo de la controversia. Igualmente, agregaron, que dos de los miembros integrantes de la mencionada Corte de Apelaciones, son los mismos jueces que anteriormente habían actuado en el proceso al haber conocido del recurso de apelación ejercido contra la sentencia dictada en el primer juicio oral y público, y que en esa oportunidad declararon sin lugar; siendo que posteriormente dicho fallo fue declarado nulo por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, y ahora, en esta oportunidad, conocieron del recurso de apelación ejercido contra la sentencia dictada en el segundo juicio oral y público.
[…]
De lo expuesto precedentemente, se evidencia que la razón asiste al recurrente.
En efecto, dos de los ciudadanos jueces integrantes de la Corte de Apelaciones, específicamente Francisco Álvarez Chacín y Mariela Casado Acero, conocieron del primer recurso de apelación ejercido contra sentencia definitiva, luego su decisión fue anulada por la Sala de Casación Penal, posteriormente, se inhibieron de seguir conociendo del proceso y a pesar de ello, volvieron a conocer del recurso de apelación ejercido contra la sentencia condenatoria dictada con motivo del segundo juicio oral y público celebrado en la causa.
Resulta evidente, que los ciudadanos jueces Francisco Álvarez Chacín y Mariela Casado Acero, entraron a conocer en un proceso, obviando que previamente se habían inhibido de seguir conociendo, alegando que ya habían emitido opinión sobre el fondo de la controversia, por lo cual violentaron lo dispuesto en el artículo 87 del Código Orgánico Procesal Penal, tal como lo alegó el recurrente en casación.
Aunado a ello, los ciudadanos jueces Francisco Álvarez Chacín y Mariela Casado Acero, dictaron una sentencia (declarando sin lugar el recurso de apelación ejercido contra la sentencia condenatoria dictada en el primer juicio oral y público), dicho fallo fue declarado nulo, y posteriormente, volvieron a conocer de la causa, dictando sentencia con motivo del recurso de apelación ejercido contra el fallo condenatorio pronunciado en el segundo juicio oral y público, celebrado con motivo de la declaratoria de nulidad de su primera decisión.
La actuación de estos dos miembros integrantes de la Corte de Apelaciones, contraviene lo dispuesto en el artículo 434 del Código Orgánico Procesal Penal, de acuerdo al cual: “Prohibición. Los jueces que pronunciaron o concurrieron a dictar la decisión anulada no podrán intervenir en el nuevo proceso”.
De todo lo expuesto precedentemente, se evidencia que los ciudadanos jueces Francisco Álvarez Chacín y Mariela Casado Acero, se encontraban impedidos legalmente de seguir conociendo del proceso incoado contra el ciudadano CARLOS EDUARDO CANO SIFONTES, en primer lugar, porque previamente habían concurrido a dictar una decisión que fue anulada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 434, del mencionado texto adjetivo penal, y en segundo término, porque previo a dictar la segunda decisión, se habían inhibido de seguir conociendo de la causa por haber emitido opinión de fondo en la controversia, conforme a lo dispuesto en el artículo 86 numeral 7 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con el artículo 87 eiusdem.
En consecuencia, la Sala considera que la recurrida incurrió en el vicio denunciado, razón por la cual de conformidad con lo establecido en el artículo 467 del Código Orgánico Procesal Penal, lo procedente es declarar CON LUGAR el recurso de casación interpuesto por el ciudadano abogado Rafael Huncal Martínez, defensor del ciudadano acusado CARLOS EDUARDO CANO SIFONTES; ANULA el fallo impugnado y ORDENA remitir el expediente a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, a fin de que se constituya la Sala Accidental para que dicte nueva sentencia, prescindiendo de los vicios que originaron la nulidad anterior. Así se declara.

Conforme a lo establecido en el citado artículo 425 del Código Orgánico Procesal Penal y al criterio jurisprudencial antes citado, al haber dictado quienes suscriben la presente acta de inhibición, el pronunciamiento que declaró la nulidad de la audiencia preliminar y del auto que le sucedió a la misma, por haber incurrido en evidente falta de motivación u omisión judicial, reponiendo la causa al estado de celebración de una nueva audiencia preliminar ante un Tribunal distinto del que produjo los actos u omisiones judiciales, conforme a lo establecido en el artículo 312 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo cual quedamos impedidas de volver a intervenir como integrantes de esta Sala en cualquier otra incidencia de apelación, inhibición, amparo constitucional o recusación que ocurran en la tramitación del señalado asunto penal principal 1CO-4147-2014, respecto del cual se ha recibido en fecha 20/07/2015 un recurso de apelación interpuesto por las Fiscalías del Ministerio Público anteriormente identificadas, contra el auto que pronunció el mismo Tribunal Primero de Control al cual les fueron anuladas la audiencia preliminar y el auto publicado con ocasión de la misma, que revisó la medida de privación judicial preventiva de libertad al mencionado imputado y otros, y que se tramita ante esta Sala bajo la nomenclatura IP01-R-2015-000252,circunstancias claramente establecidas como causal de inhibición, de acuerdo a lo establecido en el articulo 89 cardinal 7 (Por haber emitido opinión en la causa con conocimiento de ella) de la Ley Adjetiva Penal, por lo cual NOS INHIBIMOS de tramitar y decidir en el presente asunto. Es todo. Terminó, se leyó y conformes firman.

En consecuencia, se evidencia que los funcionarios en el acta de inhibición cumplen con la exigencia de fundamentar debidamente su inhibición al invocar la causal especifica establecida en el ordinal 7° del artículo 89 del texto penal adjetivo y la causal genérica establecida en el ordinal 8º, razón por la cual considera quien aquí decide que tal inhibición cumple con la debida fundamentación para que resulte procedente, ello como consecuencia que basta con que los mismos se reconozcan no sentirse imparcial para que no se tenga como jueces naturales de la aludida causa, esto es, carente de intereses ni conflictos subjetivos a favor o en contra de los litigantes.

En atenencia a todo lo antes expuesto, estima esta Alzada que en la presente causa existen elementos suficientes para apreciar que la Inhibición planteada por los Jueces CARMEN NATALIA ZABALETA Y GLENDA ZULAY OVIEDO RANGEL, en su carácter de Jueces Presidente, Titular y Provisoria integrantes de esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal Falcón es procedente, a tenor de lo establecido en el artículo 89.7 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

DISPOSITIVA
Por todos los razonamientos antes expuestos, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA: CON LUGAR LAS INHIBICIONES de las Abogadas GLENDA ZULAY OVIEDO RANGEL Y CARMEN NATALIA ZABALETA, Jueza Titular y Provisoria de este Despacho Superior Judicial, en la causa penal Nº IG01-X-2015-000042, seguida en contra de los ciudadanos CESAR ALEJANDRO CARDENAS REBOLLEDO, MARISOL VERONICA SALCEDO RIVAS Y SOLVIA SIRIMAR PADILLA, por estar incursas en la causal de incompetencia subjetiva prevista en el ordinal 7° del artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a las Juezas inhibidas.
Dada, firmada y sellada en la Corte de Apelaciones, a los 3 días del mes de Diciembre de 2015.

ABG. RHONALD DAVID JAIME RAMÍREZ
PROVISORIO Y PONENTE

ABG. IRAIK ROMERO
SECRETARIA ACCIDENTAL

Numero de Resolución: IG01201500001105