TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR PRIMERO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO FALCÓN
Santa Ana de Coro, 09 de febrero de 2015.
Año 204º y 155º

ASUNTO No.: IP21-R-2014-000087.

Vistos los Recursos de Casación formulados por el abogado José Delgado Pelayo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 60.212, y la abogada Lisbeth Días Petit, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 64.360, ambos actuando en su carácter de apoderados judiciales de las Sociedades Mercantiles ATOVEN, C. A., ATUMAR, S. A., AVENCATUN, S. A., y AVIATUN, S. A., así como del ciudadano FRANCISCO ORTISI, contra la Sentencia dictada en fecha 14 de noviembre de 2014, por este Tribunal Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón y mediante la cual se declaró: “PRIMERO: CON LUGAR la apelación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia de fecha 03 de julio de 2014, dictada por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio tanto del Nuevo Régimen como del Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en la ciudad de Punto Fijo. SEGUNDO: Se REVOCA la sentencia recurrida en todas y cada una de sus partes. TERCERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda que por Cobro de Prestaciones Sociales y Otros Beneficios Laborales, tiene incoada el ciudadano GUILLERMO CONTRERAS USECHE, contra el ciudadano FRANCISCO ORTISI y solidariamente contra las sociedades mercantiles AVIATUN S. A., AVENCATUN, S. A., ATUMAR, S. A. y ATOVEN, C. A. CUARTO: Se ORDENA notificar sobre la presente sentencia al Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio tanto del Nuevo Régimen como del Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en la ciudad de Punto Fijo. QUINTO: Se ordena REMITIR el presente asunto a la Coordinación Judicial del Circuito Laboral del Estado Falcón, con sede en la ciudad de Punto Fijo, a los fines de que efectúe la respectiva distribución entre los Tribunales de Sustanciación, Mediación y Ejecución de ese Circuito Judicial para su prosecución procesal, una vez que transcurra el lapso legal sin que se haya interpuesto recurso alguno. SEXTO: NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS por la naturaleza del presente fallo”.

Ahora bien, en fecha 14 de noviembre de 2014, se dictó decisión, ordenándose la notificación de las partes sobre la decisión, por cuanto la sentencia se publicó de manera extemporánea, todo ello con el objeto de garantizarle a las partes el derecho a la defensa, el debido proceso y la tutela judicial efectiva.

En fecha 27 de noviembre de 2014, se recibió exposición del alguacil EDUARDO BETHENCOURT, mediante la cual informa que practicó las notificaciones dirigidas a las Sociedades Mercantiles AVIATUN, S. A., AVENCATUN, S. A., ATUMAR, S. A., así como al ciudadano FRANCISCO ORTISI, en la persona de su apoderado judicial abogado José Delgado Pelayo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 60.212.

En esa misma fecha (27/11/14), se recibió exposición del mismo alguacil EDUARDO BETHENCOURT, mediante la cual informa que practicó la notificación dirigida al ciudadano GUILLERMO CONTRERA USECHE, en la persona de su apoderada judicial abogada Liseth Martínez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 154.417.

En fecha 08 de diciembre de 2014, el abogado José Delgado Pelayo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 60.212, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, mediante diligencia anunció Recurso de Casación, contra la sentencia del 14 de noviembre de 2014.

En fecha 18 de diciembre de 2014, este Tribunal Superior dictó mediante el cual dejó sin efecto la notificación de fecha 17 de noviembre de 2014, dirigida a la Sociedad Mercantil ATOVEN, C. A., en virtud de la diligencia presentada por la parte demandante, a los fines de consignar nueva dirección de la mencionada empresa, por lo cual se ordenó librar nueva boleta de notificación.

En fecha 28 de enero de 2015, se recibió exposición del alguacil KAREN STAMPONE, mediante la cual informa que practicó la notificación dirigida a la Sociedad Mercantil ATOVEN, C. A., en la dirección indicada en la boleta de notificación, siendo recibida la misma por el abogado Orlando Días Petit, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 91.938.

En fecha 28 de enero de 2015, se libró certificación de la secretaria para que comiencen a correr el lapso legal correspondiente, para que las partes interpongan los recursos que consideren pertinentes a razón de la sentencia de fecha 14 de noviembre de 2014.

En fecha 5 de febrero de 2015, compareció por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de este Circuito Judicial Laboral, la abogada Lisbeth Díaz Petit, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 64.360, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada, a los fines de consignar diligencia mediante la cual anuncia Recurso de Casación contra la sentencia del 14 de noviembre de 2014.

Ahora bien, los días de Despacho transcurridos desde el día siguiente a la certificación, hasta el vencimiento del lapso legal para interponer algún recurso, fueron los siguientes: Jueves 29 de enero, Viernes 30 de enero, Miércoles 04 de febrero, Jueves 05 de febrero, viernes 06 de febrero, todos del año 2015.

Asimismo, se deja constancia que el Abogado José Delgado Pelayo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 62.212, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, anunció Recurso de Casación extemporáneo por anticipado, en fecha 08 de diciembre de 2014.

Ahora bien, se deja constancia que la abogada Lisbeth Díaz Petit, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 64.360 la parte demandada, anunció Recurso de Casación, de forma tempestiva en fecha 5 de febrero de 2015.

No obstante, sobre la validez del anuncio anticipado del Recurso Extraordinario de Casación ya se ha pronunciado la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, estableciendo que aún en el supuesto de haberse presentado dicho recurso antes de comenzar a computarse el lapso legal para su anuncio, dicha actividad no perjudica de forma alguna a la parte contraria, ni invalida el acto, por cuanto éste igualmente cumpliría su fin, que es manifestar el desacuerdo de la parte recurrente contra la decisión proferida, lo cual resulta coherente con el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 206 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto puede analizarse la Sentencia de fecha 02 de Mayo de 2002, Expediente R. H. No. 2002-000088, con ponencia del Magistrado Dr. Juan Rafael Perdomo, la cual, está basada a su vez en decisión de la misma Sala de casación Social del 1° de Junio de 2000 y en los criterios doctrinarios de los autores patrios Dr. Arístides Rangel-Romberg y Dr. Ricardo Henríquez La Roche, quienes respectivamente en sus obras “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano”, Tomo II, Ex Libris, Caracas 1991, Página 403 y “Código de Procedimiento Civil”, Tomo II, al comentar el artículo 198 del Código Adjetivo Civil, expresan opiniones conteste con el criterio expuesto.

En consecuencia, con fundamento en los razonamientos precedentes, se tiene como válido el anuncio del Recurso de Casación del abogado José Delgado Pelayo realizado anticipadamente. Y así se decide.

Ahora bien, de las actas procesales se desprende que la demanda que inició el presente asunto en principio tenía una cuantía de BOLÍVARES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON OCHO CÉNTIMOS (Bs. 664.380.352,08), lo que equivale en moneda actual a la cantidad de BOLÍVARES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 664.380,35). Luego, el numeral 1 del artículo 167 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, dispone que el recurso de casación puede proponerse “contra las sentencias de segunda instancia que pongan fin al proceso”, como es el caso que nos ocupa. No obstante, agrega el legislador adjetivo laboral en la misma norma, “cuyo interés principal exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U. T.)”. Es decir, que constituye un requisito de procedibilidad para proponer un Recurso de Casación, que la cuantía del asunto principal exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U. T.).

Así las cosas, igualmente se observa que el valor de la Unidad Tributaria para la fecha cuando fue reformada la demanda que ha dado lugar al presente juicio, vale decir, 21 de julio de 2008, era la cantidad de BOLÍVARES CUARENTA Y SEIS MIL CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 46,00), tal y como se desprende de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 38.855, de fecha 22 de Enero de 2008, emanada del SENIAT. En consecuencia, para la fecha cuando se intentó la demanda que inició este proceso laboral, la suma del valor de tres mil Unidades Tributarias (3.000 U. T.), ascendía a la cantidad de BOLÍVARES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL EXACTOS (Bs. 138.000,00), suma ésta que entonces constituye la cantidad mínima a la cual debe ascender el interés principal de este asunto, para poder proponerse el Recurso de Casación contra la sentencia de este Tribunal que se pretende impugnar.

Así lo ha dispuesto la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, entre otras decisiones, en la Sentencia No. 741, de fecha 28 de Mayo de 2008, con ponencia de la Magistrada Dra. Carmen Elvigia Porras de Roa, cuyo contenido parcial es del siguiente tenor:

“Al respecto, es necesario destacar que en sentencia Nº 1573 de fecha 12 de julio de 2005, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, estableció que la cuantía necesaria para acceder a casación, debe examinarse conforme a la que regía para el momento en que se interpuso la demanda, señalando:
“(…) aún cuando las leyes procesales son de aplicación inmediata, las mismas no pueden tener efecto retroactivo respecto a los actos y hechos ya cumplidos y sus efectos procesales no verificados todavía; es decir, la ley no debe establecer correcciones en el iter procedimental salvo que sólo sean aplicables a futuro, pues de aceptarse así las partes estarían expuestas a sufrir las consecuencias de los cambios sobrevenidos durante el desarrollo del mismo, más aún, cuando el artículo 24 de la Carta Magna prevé que las leyes de procedimiento son de aplicación inmediata a los procesos en curso, no así deben ceder en su aplicación ante el supremo derecho a la justicia y de la tutela judicial efectiva, cuando la cuantía fue estimada bajo la vigencia de una ley anterior. (Omissis)”.
En tal sentido, esta Sala en aras de preservar la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, establece que la cuantía necesaria para acceder a casación, debe ser la misma que imperaba para el momento en que se interpuso la demanda, pues es en ese momento en el cual el actor determina el derecho a la jurisdicción y la competencia por la cuantía, y por ello considera cumplido el quantum requerido por el legislador para acceder en sede casacional, pues las partes no están en disposición de prever las modificaciones de la cuantía a que hubiere lugar durante la tramitación del proceso para acceder en casación. Así se decide.
Por otra parte, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la cuantía para acceder en casación quedó modificada, en efecto el artículo 18 (sic) lo siguiente: ‘(…) El Tribunal Supremo de Justicia conocerá y tramitará, en la Sala que corresponda, los recursos o acciones, que deban conocer de acuerdo con las leyes, cuando la cuantía exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.) (…)’.
De lo anterior se colige, que para acceder a la sede casacional de acuerdo con la referida ley la cuantía del juicio deberá exceder a las tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.). Sin embargo, ante los incrementos anuales que sufre la unidad tributaria pudiera estar afectándose o limitándose la posibilidad de los administrados de acceder en casación ante las respectivas Salas del Tribunal Supremo de Justicia; en tal sentido, el Juzgador correspondiente deberá determinar -con base a los parámetros anteriormente expuestos- la cuantía exigida para el momento en que fue presentada la demanda, y en caso que la cuantía exigida sea la establecida en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, deberá calcularse la unidad tributaria vigente para el momento en el cual fue interpuesta la referida demanda.
En este sentido, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación del criterio citado ut supra, mediante sentencia Nº 580 de fecha 4 de abril de 2006, estableció:
Conteste con los argumentos precedentes, y con la finalidad de adaptar los parámetros establecidos por la Sala Constitucional, a las vías recursivas previstas en el proceso laboral, esta Sala de Casación Social considera que el nuevo criterio sobre la cuantía que ha de examinarse para admitir o no el recurso de casación, debe aplicarse de acuerdo con la fecha en que se ejerza el medio recursivo correspondiente, de tal manera, que los recursos que hayan sido interpuestos antes del 12 de agosto de 2005 –fecha de publicación en Gaceta Oficial de la citada sentencia de la Sala Constitucional–, deberán decidirse conforme con el criterio entonces imperante; por el contrario, el nuevo criterio será aplicable para aquellos interpuestos con posterioridad a la fecha supra indicada (12 de agosto de 2005). Así se establece”. (Subrayado de este Tribunal Superior del Trabajo).

Así las cosas, observa este Sentenciador que siendo la suma de dinero demandada por la parte actora el 21 de julio de 2008, fecha ésta, en que se intentó la demanda, de BOLÍVARES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 664.380,35), cantidad ésta que supera el valor de tres mil Unidades Tributarias (3.000 U. T.) para la fecha, es por lo que, resulta forzoso declarar el presente Recurso de Casación interpuesto por la parte demandada, ADMISIBLE por la cuantía, ya que el interés principal en este asunto supera el valor de tres mil Unidades Tributarias (3.000 U. T.), como lo exige el numeral 1 del artículo 167 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y así se decide.

EL JUEZ SUPERIOR.

ABG. JUAN PABLO ALBORNOZ ROSSA.

LA SECRETARIA.

ABG. MARÍA GABRIELA JANSEN.