TSJ Regiones - Decisión

AUTO DECRETANDO LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO EN LA AUDIENCIA ORAL

ACTA DE AUDIENCIA DE PRESENTACIÓN DE IMPUTADO

EL JUEZ: ABG. JOSE. G. REYES.
SECRETARIO: ABG. NEWGBERTT DOMINGUEZ
FISCAL: ABG. NEUCRATES LABARCA
VÍCTIMA: EMILIA GUADALUPE ROMERO
APREHENDIDO: RICARDO RAFAEL ZAVALA ORDOÑEZ
DEFENSOR PÚBLICO: ABG. HELYSAUL OBERTO.

DESARROLLO DE AUDIENCIA

En el día de hoy 10 de febrero de 2015, siendo las 01:30 p.m. hora y fecha fijada para dar inicio a la Audiencia Oral de Imputación solicitada por el Fiscal segundo del Ministerio Público en contra del ciudadano RICARDO RAFAEL ZAVALA ORDOÑEZ, se instaló el Tribunal Primero de Primera Instancia Municipal en Función de Control a cargo del Ciudadano JUEZ ABG. JOSE. G. REYES, el Secretario Abg. NEWGBERTT DOMINGUEZ y el alguacil designado para este acto en la sala de audiencia de este Circuito Judicial Penal del Estado Falcón; acto seguido el Juez insta al secretario a verificar la presencia de las partes, quien constató que se encuentra presente el Fiscal del Ministerio Público Abg. NEUCRATES LABARCA, el aprehendido RICARDO RAFAEL ZAVALA ORDOÑEZ, previo traslado desde Guardia Nacional Bolivariana, destacamento numero 132, primera compañía. Acto seguido el Juez impone al imputado de autos del derecho que tiene de estar asistido en este acto de un defensor de su confianza, por lo que este tribunal procede a preguntarle al imputado de autos si tiene defensor que los asistan en la presente causa, manifestando el ciudadano RICARDO RAFAEL ZAVALA ORDOÑEZ, no tener defensor que lo asista. En este acto hace acto de presencia el Defensor Público noveno penal por encontrarse de guardia Abg. HELY SAUL OBERTO y se impuso de las actuaciones procesales, previo acceso y valoración del expediente, así como entrevista a solas con el detenido. Seguidamente, el ciudadano Juez apertura el acto y le concede el derecho de palabra al

Ciudadano Fiscal 2do del Ministerio Público NEUCRATES LABARCA, quien expuso: “Con las atribuciones que me confiere el Ministerio Público y las leyes, presento en este acto formalmente al ciudadano RICARDO RAFAEL ZAVALA ORDOÑEZ, titular de la cédula de identidad Nº V- 20,682,763, (se deja constancia que la Representación Fiscal, hace una breve narración de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos descritas en el acta policial), esta Representación Fiscal solicita que el procedimiento continué por el Procedimiento Especial para el Juzgamiento de los Delitos Menos Graves, de conformidad con lo establecido en el artículo 354 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, en cuanto a la precalificación del Delito considero que la conducta desplegada por el ciudadano encaja en el delito de HURTO SIMPLE, previsto y sancionado en el artículo 451 , del Código Penal, solicito se le sea impuesta Una Medidas Alternativas A La Prosecución Del Proceso , finalmente solicito copias simples de la presente acta, es todo”. Seguidamente el juez procede a imponer del precepto Constitucional establecido en el numeral 5 del articulo 49, que lo exime de declarar en causa propia, sin que su silencio le perjudique, también hizo de su conocimiento que la declaración es un medio con el que cuenta para su defensa y por consiguiente tiene derecho a explicar todo cuanto sirva para desvirtuar las sospechas que sobre el recaiga, así mismo el Juez explica el imputado el Principio de Oportunidad y las Medidas Alternativas a la Prosecución del Proceso, consagrados en los artículos 38, 357 y 358 del Código Orgánico Procesal Penal, en este estado e impuesto del Derecho Constitucional y de las Medidas Alternativas a la Prosecución del Proceso, el ciudadano imputado Manifiesta “NO DESEO DECLARAR” el ciudadano Juez ordena identificar formalmente al imputado quien se identifico como: RICARDO RAFAEL ZAVALA ORDOÑEZ, titular de la cédula de identidad Nº V- 20,682,763, de 22 años de edad, natural de coro, soltero, ayudante de albañil, pero vendo artesanía en la vía, fecha de nacimiento 14/07/92, WILLIAN RAFAEL ZAVALA VARGAS (m) y IVEHT MILAGRO ORDOÑEZ BRET (F), residenciado en la población de Taratara carretera principal, cerca del mamut artificial a la entrada del mismo sector, casa de color amarilla sin numero, Estado Falcón, Teléfonos: 0412.7043514, mismo expuso sin coerción alguna: “No deseo declarar”, es todo”. Seguidamente se le concede el derecho de palabra al Defensor Público Abg. HELYSAUL OBERTO, quien expuso: "Buenas tardes a todos los presentes, una vez escuchada la exposición de la Representación del Ministerio Público, esta defensa solicita que se aplique el Procedimiento Especial para el Juzgamiento de los Delitos Menos Graves, de conformidad con lo establecido en el artículo 354 del Código Orgánico Procesal Penal, que a pesar de tener dos medidas cautelares no se ha acogido a la suspensión condicional del proceso, por la cual solicito labores de mantenimiento en la alcabala de mataruca, de acuerdo a lo expresado por la Representación del Ministerio Público, revisada las actuaciones y luego de conversaciones previas a la audiencia donde mi defendido el ciudadano RICARDO RAFAEL ZAVALA ORDOÑEZ, finalmente solicito copias simples de la presente acta, es todo”. Es Todo”.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Ahora bien analizado como han sido los argumentos expuestos por las partes este Tribunal pasa a resolver con fundamento en las siguientes consideraciones:

En lo que respecta a la detención del imputado, se observa esta instancia del estudio de las actuaciones, específicamente del Acta Policial donde consta la aprehensión de las imputadas, que la misma se hizo bajo los supuesto de flagrancia previstos en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, pues a el imputado: RICARDO RAFAEL ZAVALA ORDOÑEZ, quien fue detenido por funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela destacamento NRO. 132, donde los mismos dejas constancia que “El día de hoy 08 de febrero de 2015, siendo aproximadamente las 05:30 horas de la tarde, encontrándonos de patrullaje en el vehiculo militar, placa GN-447, en la vela, sector MANAURE, fuimos interceptado por ciudadanos pertenecientes a la comunidad y manifestaron que a la ciudadana: EMILIA GUADALUPE ROMERO, titular de la cedula de identidad No. V-10.709.331, le habían violentado la cerradura de la puerta delantera de su vivienda, ubicada en el sector MANAURE, calle Talavera, casa sin numero, nos dirigimos a la dirección antes descrita en donde el SM/2 Sánchez Molina Carlos, C.I V- 14.916.737, entrevisto a la ciudadana: EMILIA GUADALUPE ROMERO, titular de la cedulña de identidad 10.709.331, quien manifestó que le habían hurtado la cantidad de dos mil (2.000,00 Bs) bolívares en efectivo que tenia guardado debajo de su colchón, de inmediato procedimos a ubicar a dos ciudadano: que sirviera de testigo que se encontraba en la vela sector Manaure, quienes quedaron identificados como A Y B, ( datos en reserva del ministerio Publico) quienes nos indicaron que el ciudadano ZAVALA ORDOÑEZ RICARDO RAFAEL , titular de la cedula de identidad 20.682.763, se encontraba por los alrededores de la sede del comando de transito terrestre en la carretera Morón- Coro, nos dirigimos hacia el sector ante descrito con los testigo AY B, y efectivamente ahí se encontraba el ciudadano: RICARDO RAFAEL ZAVALA ORDOÑEZ, titular de la cedula de identidad V-.20.682.763, y fue reconocido por los testigos A Y B como autor material del hurto ocurrido en la vivienda de la ciudadana: Emilia romero, formularon la denuncia en su contra.

Lo anterior, a criterio de este Juzgador, se corresponde con el criterio de una flagrancia real y efectiva, pues el imputado fue detenido en razón del señalamiento expreso y directo de los testigo y funcionario GN, cuanto este se encontraba a poco distancia de lugar de los hecho; siendo ello así nos encontramos en virtud de un delito flagrante, o de una flagrancia propiamente dicha, pues en la detención del imputados, existe una prueba inmediata y directa del delito cometido por éste, y que emana de la observación que del hecho delictivo efectuara por parte de los testigos al momento en que éste se cometía.

Al respecto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No. 1901 de fecha 01/12/ precisó:

“...En el Código Orgánico Procesal Penal, la flagrancia está definida en el artículo 234, “se tendrá como delito flagrante el que se está cometiendo o el que acaba de cometerse”. En principio, todo delito cuando se está cometiendo es flagrante, se está ejecutando actualmente, pero la condición de flagrante –a los efectos del artículo del Código Orgánico Procesal Penal y del proceso penal- viene dada porque al instante en que se ejecuta, es percibido por alguien, quién puede actuar en la aprehensión o simplemente, formular la denuncia ante los órganos competentes o llamar a la fuerza pública para que lo capture.

De allí que, la condición de flagrancia venga dada por las circunstancias de que alguien (una persona) pueda captar la ejecución del delito, bien porque lo presencia, o porque acabando de cometerse, el sospechoso (a quien así denomina el Código Orgánico Procesal Penal ni siquiera es imputado), se encuentra aún en el lugar del suceso, en actitud tal que quien observa la comisión del hecho necesariamente forma una relación de causalidad entre el delito y el presunto delincuente.

Asimismo, la flagrancia está ligada a la persona que presencia la comisión del hecho, quien así se convierte en medio de prueba del delito y su autoría, sin que por ello sea necesaria, en principio, cualquier otra probanza de lo acontecido. El delito es de tal evidencia para quien lo aprehendió que, salvo en ciertas excepciones, no requiere otra prueba del mismo. Se trata de una presencia inmediata y directa, la cual es necesaria que exista por igual tanto en la autoría como en las circunstancias que se perciben in situ del hecho.

Lo que clasifica de flagrante a un delito, es la captación del mismo que se comete o acaba de cometerse y será dicho conocimiento el que al llevarse al proceso, básicamente probará el cuerpo del delito y su autoría, razón por la cual, el citado artículo 373 prevé que “(s)i el juez de control verifica que están dados los requisitos a que se refiere el artículo anterior, siempre que el fiscal del Ministerio Público lo haya solicitado, decretará la aplicación del procedimiento abreviado, y remitirá las actuaciones al tribunal unipersonal, el cual convocará directamente al juicio oral y público para que se celebre dentro de los diez a quince días siguientes”.
Ello es así porque tal como se estableció anteriormente, el delito flagrante no necesita de otra prueba que no sea la del hecho mismo y su comisión, por lo que obviamente se prescinde de la fase preparatoria o de investigación, prevista en el procedimiento ordinario...”.

Siendo ello así, estima este juzgador, que en el presente caso al haberse verificado como se explicó un delito flagrante, la detención del ciudadano imputado RICARDO RAFAEL ZAVALA ORDOÑEZ, plenamente identificado en autos, fue practicada de manera legítima y ajustada a los parámetros que dispone el artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 234 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASÍ SE DECIDE.

En lo que respecta al delito precalificados y la a medida de coerción personal a imponer; este tribunal observa que en el presente caso, la Representación Fiscal precalifico para el ciudadano: RICARDO RAFAEL ZAVALA ORDOÑEZ, procede a realizar la imputación formal contra el ciudadano RICARDO RAFAEL ZAVALA ORDOÑEZ, el delito de HURTO SIMPLE previsto y sancionado en el articulo 456 primer aparte del COPP, y que se siga el procedimiento ordinario conforme a los previsto en el articulo 262 del Código Orgánico Procesal Penal ejusden en perjuicio de la ciudadana EMILIA GUADALUPE ROMERO.

Analizando el articulo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de concurren los elementos para decretar una medida de coerción personal el ordinal 1º indica Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita; tal y como lo es el delito de Hurto Calificado, cometido por arte de astucia o destreza, el cual se cometió, cuya materialidad se verifica de los elementos de convicción obtenidos de las diligencias preliminares de investigación, como a continuación se pasan a describir en el análisis del supuesto siguiente.

Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible; los cuales se obtienes del análisis de las siguientes actas de investigación tales como la son:

1.-ACTA POLICIAL Nº 0210 DE FECHA 08-02-2015, suscrita por los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, comando de zona para el orden interno nº 13 (Falcón), Destacamento Nº 132, donde dejas constancia de la detención del ciudadano RICARDO RAFAEL ZAVALA ORDOÑEZ, (Riela en los folio 04 de las actuaciones preliminares acompañadas al procedimiento).

2.- COPIA FOTOSTATICA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD FECHA DE 08-02-2015. Consta de copia fotostática del ciudadano RICARDO RAFAEL ZAVALA ORDOÑEZ, bajo el número V-.20.682.763. (Riela en el folio 05 de las actuaciones preliminares acompañadas al procedimiento).

3.- DERECHOS DEL IMPUTADO DE FECHA DE 08-02-2015. Suscrita por funcionarios destacamento Nº 132. De la Primera Compañía Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. Según lo establecido en el art. 127 del C.O.P.P. dejando constancia de los derechos que tiene el imputado. (Riela en los folios 06 de las actuaciones preliminares acompañadas al procedimiento).

3.- ACTA DE NO MALTRATO 08-02-2015, Suscrita por funcionarios destacamento Nº 132. De la Primera Compañía Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (riela en los folios 07 de las actuaciones preliminares acompañadas al procedimiento).

4.- EXAMEN MEDICO PRACTICO AL CIUDADANO: se deja constancia de examen medico practico al ciudadano RICARDO RAFAEL ZAVALA ORDOÑEZ, bajo el número V-.20.682.763, donde se evidencia el examen físico que el imputado posee escabiosis múltiples generalidades y con antigüedad. (Riela en el folio 08 de las actuaciones preliminares acompañadas al procedimiento).

5.- ACTA DE DENUNCIA DE FECHA 08-02-2015. Suscrita por funcionarios destacamento Nº 132. De la Primera Compañía Guardia Nacional Bolivariana. Se deja constancia de la denuncia emitida por el ciudadano GEORGY VARGAS (Riela en el folio 09 de las actuaciones preliminares acompañadas al procedimiento).

6.- ACTA DE DENUNCIA DE FECHA 08-02-2015. Suscrita por funcionarios destacamento Nº 132. De la Primera Compañía Guardia Nacional Bolivariana. Se deja constancia de la denuncia emitida por la ciudadana MARIA SOTO (Riela en el folio 10 de las actuaciones preliminares acompañadas al procedimiento).

7.- ACTA DE DENUNCIA DE FECHA 08-02-2015. Suscrita por funcionarios destacamento Nº 132. De la Primera Compañía Guardia Nacional Bolivariana. Se deja constancia de la denuncia emitida por la ciudadana EMILIA GUADALUPE ROMERO (Riela en el folio 11 de las actuaciones preliminares acompañadas al procedimiento).

Elementos estos de convicción, de los cuales estima este Juzgador, se extraen motivo racionales, coherentes y suficientes para estimar la presunta participación del imputado ciudadano: RICARDO RAFAEL ZAVALA ORDOÑEZ, bajo el número V-.20.682.763, delito de HURTO SIMPLE, previsto y sancionado en el artículo 451 , del Código Penal, Se pudo determinar que efectivamente el procesado resultó ser aprehendido por los funcionario del Destacamento Nº 134 de la Guardia Nacional Bolivariana, en la cual al momento fue reconocido por testigos A Y B. razón por la cual fue detenido y puesto a la orden de la autoridades competentes.

Asimismo, se estima oportuno precisar, que si bien es cierto, sólo será en la fase de juicio oral y público, luego de efectuada la practica de todas y cada una de las pruebas, y dado el correspondiente contradictorio, el momento estelar donde se podrá establecer con certeza la existencia de responsabilidad o no del imputado; no obstante hasta el presente estado procesal, está demostrado a los solos efectos del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, la existencia de elementos de convicción suficientes para estimar la participación de éste en la comisión del hecho delictivo que le fue atribuido, lo hace procedente el decreto de una medida de coerción personal. Situación esta que en ningún momento comporta pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del imputado de autos, pues los elementos valorados por esta instancia, se ciñen estrictamente a establecer la procedencia fundada de la Medida Coerción Personal que fue solicitada, tal y como lo es la Privación Judicial Preventiva de Libertad.

Al respecto, ha señalado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No 1998 de fecha 22 de noviembre de 2006:

“… La protección de los derechos del imputado a la libertad y a ser tratado como inocente mientras no se establezca de manera plena su culpabilidad, tampoco puede significar el absoluto abandono de los mecanismos cautelares destinados a garantizar los objetivos del proceso…”. (Negritas de la Sala)

Y finalmente también está acreditado la existencia de una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de la investigación, pues aprecia este tribunal, partiendo de la circunstancia de que en el presente caso, nos encontramos en presencia de un delito menos grave, que atenta contra uno de los bienes fundamentales de toda organización social como lo es, el derecho a la propiedad, el cual además tiene asignada una penalidad moderada que va de cuatro (04) a ocho (08) años de prisión, lo cual se corresponde con el contenido del numeral 2 y 5 del artículo 237 que al respecto dispone:

Artículo 237. Peligro de fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:
Omissis…
Omissis
3. La magnitud del daño causado;
Omissis
5. La conducta predelictual del imputado o imputada.

Ciertamente, una de las tantas innovaciones del actual sistema Penal, lo constituye la institución del principio de afirmación de libertad, en razón del cual, toda persona a quien se le impute la comisión de un hecho punible, salvo las excepciones que establece la ley, tiene derecho a ser juzgada en libertad; de tal manera que la libertad constituye la regla en el juzgamiento penal y la privación judicial preventiva de libertad, una forma excepcional de enjuiciamiento. En tal sentido, los artículos 8, 9 y 243 del Código Orgánico Procesal Penal, establecen que:

Artículo 8. Presunción de inocencia. Cualquiera a quien que se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme.

Artículo 9. Afirmación de la libertad. Las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, sólo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta.
Las únicas medidas preventivas en contra del imputado son las que este Código autoriza conforme a la Constitución.

Artículo 229. Estado de Libertad. Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este código.
La privación de libertad es una medida cautelar, que solo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso”.

Ese juzgamiento en libertad, que como regla, emerge en nuestro proceso penal, no es más que el desarrollo de un mandato contenido en el numeral 1 del artículo 44 del texto constitucional, el cual al consagrar el derecho a la libertad personal establece que “…toda persona será juzgada en libertad excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el Juez o Jueza en cada caso…”; dispositivo constitucional con el cual, además, se establece una garantía de protección e intervención mínima en la afectación del derecho a la libertad personal, el cual sólo podrá verse restringido en casos excepcionales, para asegurar las finalidades del proceso.

En este orden de ideas, la Sala Constitucional de nuestro más alto Tribunal de Justicia, en sentencia No. 1825, de fecha 04 de julio de 2003, señaló:

“...Al respecto debe recordarse que, de conformidad con el artículo 44 de la Constitución, las personas serán juzgadas en libertad, excepto por las razones que determine la ley. Por su parte, el artículo 252 (hoy, 243) del derogado Código Orgánico Procesal Penal reafirma la garantía del juicio en libertad, cuando establece que “Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este código”; asimismo, que “la privación de libertad es una medida cautelar, que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso” (Subrayado de la Sala). Tales excepciones... son las que autorizan a dictar medidas cautelares privativas de libertad, las cuales sin embargo y siempre en procura de que, solo en la menor medida posible y dada la garantía constitucional de presunción de inocencia, resulte afectado el derecho fundamental que reconoce el artículo el artículo 44 de la Constitución...” . (Negritas de esta Sala)

Así pues, hoy en día la Privación Judicial Preventiva de Libertad, constituye un decreto excepcional, que a la luz del nuevo sistema de juzgamiento penal, sólo puede ser dictado en todos aquellos casos en los cuales, no exista razonablemente la posibilidad de garantizar las eventuales resultas del proceso penal, con otra medida de coerción personal menos gravosa y distinta la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad.

En tal sentido, debe señalar este juzgador, que la imposición de cualquier medida de coerción personal, debe necesariamente obedecer a una serie de criterios y juicios debidamente razonados y ponderados, que atendiendo a las circunstancias que rodean cada caso, se encamine a conseguir el debido equilibrio que exige, tanto el respeto al derecho de los procesados penalmente a ser juzgados en libertad como al derecho del Estado y la sociedad de que se resguarden los intereses sociales, mediante el establecimiento de medios procesales que garanticen las futuras y eventuales resultas de los juicios.

Por ello, el análisis de todas y cada una de las circunstancias fácticas que reposan en las actuaciones y acompañan a las respectivas solicitudes de privación o cautelar sustitutiva de libertad, deben ser ponderadas bajo los criterios de objetividad, magnitud del daño, cuantía de la pena, peligro de fuga y de obstaculización en la búsqueda de la verdad, lo cual permitirá luego de un debido y motivado juicio, determinar con certeza la mayor o menor severidad de la medida a imponer.

Ahora bien, en el presente caso, si bien es cierto a los imputados de autos se le ha atribuido un hecho delictivo, como lo es el delito de HURTO SIMPLE, previsto y sancionado en el artículo 451 del Código Pena, En este sentido, la defensa de igual manera hace mención en sus alegatos donde indica lo siguiente “En conversación con mi defendido se informo que desea someterse a la suspensión condicional del proceso condicionalmente el proceso y sea impuesto en este mismo acto de las condiciones del mismo. Es todo”.

Es por ello, que este Tribunal Primero Municipal de control, analizando al solicitud de la defensa y de conformidad artículo 356 tercer aparte del Código Orgánico Procesal Penal, los tribunal es de control tiene la obligación de la imponer a los ciudadanos de las formulas alternativas de prosecución del proceso que para el presente delito de HURTO SIMPLE cuya limite máximo no sobrepasa los (08) ocho años de prisión en la Suspensión Condicional del Proceso.

Artículo 358. La Suspensión Condicional del Proceso podrá acordarse desde la fase preparatoria, siempre que sea procedente y el imputado o imputada en la oportunidad de la audiencia de presentación así lo haya solicitado y acepte previamente el hecho que se le atribuye en la imputación fiscal. A esta solicitud el imputado o imputada, deberá acompañar una oferta de reparación social, que consistirá en su participación en trabajos comunitarios, así como el compromiso de someterse a las condiciones que fije el Juez o Jueza de Instancia Municipal…. Omissis

Artículo 359. Son condiciones para el otorgamiento de la Suspensión Condicional del Proceso, la restitución, reparación o indemnización por el daño causado a la víctima, en forma material o simbólica, el trabajo comunitario del imputado o imputada, acusado o acusada en cualquiera de los programas sociales que ejecuta el Gobierno Nacional y/o trabajos comunitarios, en la forma y tiempo que determina el Juez o Jueza de Instancia, según la formación, destrezas, capacidades y demás habilidades del imputado o imputada, acusado o acusada, que sean de utilidad a las necesidades de la comunidad. El trabajo comunitario del imputado o imputada, acusado o acusada, se hará cuidando en todo momento que la labor social no obstaculice el trabajo que al momento de la comisión del hecho punible venía desarrollando como medio de sustento personal y familiar. Además de la participación del imputado o imputada en las actividades de contenido social establecidas en los apartes anteriores, el Juez o Jueza de Instancia Municipal podrá establecer cualquiera de las condiciones previstas en el procedimiento ordinario.

Artículo 360. El régimen de prueba está sujeto al control y vigilancia por parte del Juez o Jueza de Instancia, quien deberá designar a un representante del consejo comunal u organización social existente de la localidad que ejerza funciones de coordinador, director o encargado del programa o actividad social a la que se someta el imputado o imputada, acusado o acusada.
La persona designada conforme a lo previsto en el encabezamiento de este artículo, deberá presentar un informe mensual al Juez o Jueza de Instancia Municipal del cumplimiento de las condiciones impuestas. Dicho informe deberá contar con el aval de la organización del poder popular correspondiente, en garantía del principio de participación ciudadana.

Artículo 361. Las Fórmulas Alternativas a la Prosecución del Proceso solicitadas por el imputado o imputada, que se hayan acordado en la oportunidad de llevarse a cabo la audiencia de imputación o en la audiencia preliminar; que consistan en la Suspensión Condicional del Proceso o en un Acuerdo Reparatorio estipulado a plazos, su duración no podrá ser inferior a tres meses ni superior a ocho meses, de cumplimiento efectivo de las condiciones impuestas.
Vencido el lapso otorgado para la duración de las Fórmulas Alternativas a la Prosecución del Proceso, prevista en el aparte anterior; el Juez o Jueza de Instancia Municipal procederá a verificar, dentro de los diez días hábiles siguientes, el cumplimiento de las condiciones impuestas si se trata de una Suspensión Condicional del Proceso, o el cumplimiento definitivo si se trata de un Acuerdo Reparatorio, así como el cumplimiento o no de las medidas cautelares sustitutívas a la privación judicial preventiva de libertad.
Si de la verificación a la que se refiere el aparte anterior, el Juez o Jueza de Instancia Municipal, comprueba el cumplimiento de las condiciones impuestas en la Suspensión Condicional del Proceso, o el cumplimiento definitivo del Acuerdo Reparatorio, así como el cumplimiento de las medidas cautelares sustitutivas a la privación judicial preventiva de libertad decretadas en la audiencia de presentación, con posterioridad a ésta o en la audiencia preliminar, podrá dictar sentencia de sobreseimiento por extinción de la acción penal, notificando de ello a las partes y a la víctima no querellada…Omissis

Ahora bien, por cuanto los imputados autos han manifestado su deseo de acogerse a la Medida Alterna de Prosecución del Proceso. ASI SE DECIDE.-

DISPOSITIVA

Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley PRIMERO: Se acuerda la solicitud de la Representación Fiscal de seguirse el presente caso mediante el Procedimiento Especial de Juzgamiento de Delitos Menos Graves establecido en el artículo 354 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Se admitió la precalificación del delito realizada por el ciudadano Fiscal del Ministerio Público de HURTO SIMPLE, previsto y sancionado en el artículo 451 del Código Penal, para el ciudadano RICARDO RAFAEL ZAVALA ORDOÑEZ,. TERCERO: Se acuerda la solicitud del Defensor Publico de la Fórmula Alternativa como es la Suspensión Condicional del Proceso establecida en el artículo 358 del Código Orgánico Procesal Penal, por un periodo de cuatro (4) meses, consistente en una labor comunitaria la cual deberán cumplir, en la Alcabala de MATARUCA seis (06) horas semanales, lo cual deberán presentar por ante su defensor carta de cumplimiento por el comandante de la Alcabala .CUARTO: se fija para la verificación de las medidas y la celebración de la audiencia de verificación para el día 10 de junio de 2015 a las 09:00 am.
El Auto Fundado se publicará en el tiempo hábil legal a la presente fecha. Quedan las partes notificadas de esta decisión. Es todo, terminó, se leyó y conformes firman.

Publíquese, regístrese y déjese copia

EL JUEZ PROVISORIO
Abg. JOSE GREGORIO. REYES
EL SECRETARIO
Abg. NEWGBERTT DOMINGUEZ