REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL EXTENSIÓN PUNTO FIJO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de Primera Instancia Estadales y Municipales en funciones de Control
Punto Fijo, 8 de Febrero de 2015
204º y 155º

ASUNTO PRINCIPAL : IP11-P-2015-000420
ASUNTO : IP11-P-2015-000420

AUTO MEDIANTE EL CUAL SE ACUERDAN MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS DE LA PRIVACIÓN JUDICIAL DE LIBERTAD

Se efectuó la audiencia oral de presentación de detenido en la presente causa que se instruye en contra de las ciudadanas KATERIN CAROLINA JARABA FERRER, de nacionalidad venezolana, natural de Coro Punto fijo, de 38 años de edad, nacido en fecha 14/09/1976, soltera, de profesión u oficio ama de casa, dirección, Ezequiel Zamora, calle principal, calle 3, residencia color azul, arriba de la carnicería batista, Punto Fijo Estado Falcón, titular de la cedula de identidad numero V-13.511.388 y SULIANNYS JOSEFINA CALDERA RODRIGUEZ, de nacionalidad venezolana, natural de Coro Punto fijo, de 32 años de edad, nacido en fecha 15/07/1982, soltera, de profesión u oficio ama de casa, dirección, barrio industrial, calle 1, casa 02, a 6 casas de la escuela Rafael Sánchez López, Punto Fijo Estado Falcón, titular de la cedula de identidad numero V-16.830.346, a quien se le atribuye la presunta comisión del delito de HURTO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 452 ordinal 4 y 8 del Código Penal venezolano.

CIRCUNSTANCIAS DE HECHO Y DE DERECHO QUE
MOTIVAN LA PRESENTE DECISIÓN

Conforme a lo dispuesto en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, el Juez de Control, a solicitud del Ministerio Público , podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de:

1°. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita y 2° Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o participe en la comisión del hecho punible:


Cursa al folio uno (01) de la presente causa, ACTA POLICIAL de fecha 06 de Febrero de 2015, suscrita por los funcionarios adscritos al Centro de Coordinación Policial Nro. 02 de la cual se evidencia que en esa misma fecha, siendo aproximadamente las 10:30 horas de la mañana, momento en el cual se encontraban realizando labores de patrullaje por la calle Colombia específicamente frente al Centro Comercial CECOSA visualizaron a dos mujeres quienes gritaron que habían sido víctimas de un robo señalando a dichos sujetos a escasos metros del local rápidamente y con las precauciones del caso nos identificamos como funcionarios policiales y le indicamos a cuatro ciudadanas que colocaran las manos en un lugar visible, incautándose a dos de las ciudadanas UNA BOLSA DE MATERIAL SEINTETICO DE COLOR NEGRO, LA CUAL AL SER VERIFICADA TENIA EN SU INTERIOR LA CANTIDAD DE CUATRO (04) TELEFONOS CELULARES DESCRITOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 1) UN TELEFONO DE MATERIAL SINTETICO MARCA NOKIA DE COLOR NEGRO CON GRIS; 2) UN TELEFONO DE MATERIAL SINTETICO MARCA MOTOROLA DE COLOR FUCSIA; 3) UN TELEFONO DE MATERIAL SINTETICO MARCA VETELCA, DE COLOR NEGRO CON ROJO y UN TELEFONO DE MATERIAL SINTETICO MARCA NOKIA DE COLOR GRIS SIN SERIAL VISIBLE quedando identificadas dichas ciudadanas como SULIANNYS JOSEFINA CALDERA RODRIGUEZ y KATERIN CAROLINA JARABA FERRER.

De los anteriores hechos, se establece la comisión de un hecho punible precalificado por el Ministerio Público como el delito de Hurto Calificado cuya acción penal, de acuerdo a la fecha de su comisión, no se encuentra evidentemente prescrito a tenor de lo pautado en el artículo 108 del Código Penal venezolano.

En relación a la medida de coerción personal que solicita la vindicta pública, el tribunal hace las siguientes consideraciones:

Ha dicho la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nro. 1423 del 12-07-07 lo siguiente: “…la garantía procesal del estado de libertad deviene de la inviolabilidad del derecho a la libertad personal. De allí, que toda persona a quien se le impute la participación en un hecho punible tiene derecho a permanecer en libertad durante el proceso, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez en cada caso.

Dichas excepciones nacen de la necesidad del aseguramiento del imputado durante el proceso penal, siempre y cuando se satisfagan las exigencias contenidas en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Dichas exigencias constituyen el fundamento del derecho que tiene el Estado de perseguir y solicitar medidas cautelares contra el imputado.

De allí que las medidas de coerción personal sólo pueden ser decretadas con arreglo a la citada disposición y mediante resolución judicial fundada…”

En el presente caso, se desprende de las actuaciones que la aprehensión del procesado se produjo de manera flagrante, tal y como lo dispone el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal.

El artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, establece lo siguiente: “…se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor

En el presente caso, se acreditó que las procesadas SULIANNYS JOSEFINA CALDERA RODRIGUEZ y KATERIN CAROLINA JARABA FERRER, se les incautó los telefonos móviles que habían sustraído de la tienda Viva Móvil, C.A. lo cual coincide con la DENUNCIA formulada por el ciudadano EDWARD GIOVANNY PEÑUELA FRANCO, quedando identificadas dichas evidencias en el ACTA DE REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIA FISICAS, de esa misma fecha, inserta al folio 11 de la presente causa.

3.- “…Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación…”.

Sobre este particular, el Titular de la acción penal, solicitó la imposición de una medida cautelar Sustitutiva a la Libertad, contra las imputadas SULIANNYS JOSEFINA CALDERA RODRIGUEZ y KATERIN CAROLINA JARABA FERRER, fundamentando dicha solicitud en la precalificación jurídica expresada oralmente durante la audiencia oral de presentación de imputado, y por tanto considera procedente la imposición de una medida cautelar sustitutiva de libertad contenida en el artículo 242.3 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal.

A tal respecto, consagra el artículo 242 eiusdem:

“Siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado o imputada, el tribunal competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del imputado o imputada, deberá imponerle en su lugar, mediante resolución motivada, alguna de las medidas siguientes:

…3. La presentación periódica ante el Tribunal o la autoridad que aquel designe. …”

Es necesario señalar que considera quien aquí decide, que efectivamente los supuestos que motivan la imposición de una medida de privación preventiva de libertad pueden ser satisfechos en el presente caso, con la imposición de una medida menos gravosa, tomando en consideración que nos encontramos en la fase de investigación, motivo por el cual, se ordena imponer a las imputadas SULIANNYS JOSEFINA CALDERA RODRIGUEZ y KATERIN CAROLINA JARABA FERRER la medida cautelar sustitutiva de libertad de la prevista en el artículo 242 ordinales 3° del texto adjetivo penal, consiste LA PRESENTACIÓN POR ANTE ESTE TRIBUNAL CADA TREINTA (30) DIAS. Y ASÌ SE DECIDE.

Por otra parte, se ordena que el presente Procedimiento se llevara por el procedimiento ordinario conforme a solicitud fiscal. Remítanse las actuaciones a la Fiscalía Sexta del Ministerio Público, en su oportunidad para que continúe con las investigaciones.-


DISPOSITIVA

Por todo lo antes expuesto este Tribunal Segundo de Primera Instancia Estadal y Municipal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón Extensión Punto Fijo, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, Resuelve:

Único: Conforme a lo dispuesto en el artículo 242 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal, decreta la medida Cautelares Sustitutivas de Libertad a las ciudadanas KATERIN CAROLINA JARABA FERRER, de nacionalidad venezolana, natural de Coro Punto fijo, de 38 años de edad, nacido en fecha 14/09/1976, soltera, de profesión u oficio ama de casa, dirección, Ezequiel Zamora, calle principal, calle 3, residencia color azul, arriba de la carnicería batista, Punto Fijo Estado Falcón, titular de la cedula de identidad numero V-13.511.388. SULIANNYS JOSEFINA CALDERA RODRIGUEZ, de nacionalidad venezolana, natural de Coro Punto fijo, de 32 años de edad, nacido en fecha 15/07/1982, soltera, de profesión u oficio ama de casa, dirección, barrio industrial, calle 1, casa 02, a 6 casas de la escuela Rafael Sánchez López, Punto Fijo Estado Falcón, titular de la cedula de identidad numero V-16.830.346, a quien se le atribuye la presunta comisión del delito de HURTO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 452 ordinal 4 y 8 del Código Penal venezolano, consistentes dichas medidas en la obligación de presentarse cada treinta (30) días por ante el Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal. Se ordena el trámite del procedimiento ordinario y la remisión de la presente causa a la Fiscalía Sexta del Ministerio Público en la oportunidad legal correspondiente. Notifíquese el presente auto. Cúmplase.


Abg. Kervin E. Villalobos M.
Juez Títular Segundo de Control

Abg. Jorge González
Secretario