TSJ Regiones - Decisión

AUTO DECRETANDO MEDIDA DE SUSPENCIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO DE LA AUDIENCIA DE PRESENTACION DE IMPUTADOS

IDENTIFICACION DE LAS PARTES

EL JUEZ PROVISORIO: ABG. JOSE. G. REYES
SECRETARIO: ABG. NEWGBERTT DOMINGUEZ.
FISCAL AUXILAIR PRIMERO: ABG KRISTIAN FIGUEROA
VÍCTIMA: ESTADO VENEZOLANO
INVESTIGADO: RICHARD RAFNEL LUGO OVIEDO
DEFENSA PRIVADA: SALVADOR GUARECUCO Y MARIANGELICA FORNERINO

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

En el día de hoy dos (02) de marzo del año dos mil quince (2015), siendo las 03:30 p.m., hora y fecha fijada para dar inicio a la AUDIENCIA IMPUTACIÓN de conformidad con lo previsto en el artículo 356 del Código Orgánico Procesal Penal, solicitada por el FISCAL AUXILIAR PRIMERO DEL MINISTERIO PUBLICO Abg. KRISTIAN FIGUEROA, quien solicitó la formal imputación al ciudadano: RICHARD RAFNEL LUGO OVIEDO titular de la cédula de identidad Nº C.I 19.253.564., PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto en el artículo 112 de la ley Desarme. Se instaló el Tribunal primero de Primera Instancia Municipal en Función de Control a cargo del Ciudadano Juez Abg. JOSE. G. REYES, el Secretario Abg. NEWGBERTT DOMINGUEZ, y el alguacil designado para este acto en la Sala de audiencias de este Circuito Judicial Penal del Estado Falcón. Seguidamente presentes en la Sala de Audiencia de este Circuito Judicial del Estado Falcón, el Juez Abg. Abg. JOSE. G. REYES, solicita al ciudadano Secretario verificar la presencia de las partes y éste informó que se encuentra presentes FISCAL AUXILIAR PRIMERO DEL MINISTERIO PUBLICO Abg. KRISTIAN FIGUEROA, Acto seguido el Juez impone al imputado de autos del derecho que tiene de estar asistido en este acto de un defensor de su confianza, por lo que este tribunal procede a preguntarle al imputado de autos si tiene defensor que los asistan en la presente causa, manifestando el ciudadano: RICHARD RAFNEL LUGO OVIEDO. Si tener defensores que lo asistan. Donde designan a los defensores privados abogado SALVADOR GUARECUCO Y MARIANGELICA FORNERINO inscrito bajo el IMPREABOGADO Nº 101.872 Y 154.330 respectivamente DOMICILIO PROCESAL calle Falcón con calle Iturbe, C.C paseo san Miguel, piso Nº 1 oficina Nº 7 teléfono 04146709728 y 04146820490, previa designación, del imputado RICHARD RAFNEL LUGO OVIEDO seguidamente el profesional del derecho designado expone” Acepto la designación al cargo asignado para la cual e sido asignado y juro cumplir fielmente con los deberes inherentes al caso”.Seguidamente el ciudadano Juez da inicio al acto y concede la palabra a la Representante del Ministerio Público, Abg KRISTIAN FIGUEROA, en su carácter de Fiscal segundo del Ministerio Público quien expuso entre otras cosas lo siguiente: “hace una breve narración de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos descritas en el acta policial), esta Representación Fiscal solicita que el procedimiento continué por el Procedimiento Especial para el Juzgamiento de los Delitos Menos Graves, de conformidad con lo establecido en el artículo 354 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, en cuanto a la precalificación del Delito considero que la conducta desplegada por el ciudadano encaja en el delito de PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto en el artículo 112 de la ley Desarme. En contra del ciudadano RICHARD RAFNEL LUGO OVIEDO, solicito se le sea impuesta Una Medida cautelar sustitutiva de libertad articulo 242 numeral 3 en contra del ciudadano RICHARD RAFNEL LUGO OVIEDO Seguidamente el juez procede a imponer del precepto Constitucional establecido en el numeral 5 del articulo 49, que lo exime de declarar en causa propia, sin que su silencio le perjudique, también hizo de su conocimiento que la declaración es un medio con el que cuenta para su defensa y por consiguiente tiene derecho a explicar todo cuanto sirva para desvirtuar las sospechas que sobre el recaiga, así mismo el Juez explica el imputado el Principio de Oportunidad y las Medidas Alternativas a la Prosecución del Proceso, consagrados en los artículos 38, 357 y 358 del Código Orgánico Procesal Penal, en este estado e impuesto del Derecho Constitucional y de las Medidas Alternativas a la Prosecución del Proceso , el ciudadano Juez ordena identificar formalmente a ciudadana quien se identifico como: RICHARD RAFNEL LUGO OVIEDO titular de la cédula de identidad Nº V- 19.253.564, de 25 años de edad, natural de CORO, soltero, fecha de nacimiento 16/10/1988, de ocupación u oficio albañil, hijo de padre Richard Lugo y Mildred Oviedo (F), residenciado sector San José Calle Páez entre Brisas Managua, cerca del Mercal de san José: numero telefónico madre (0412-513-57-87) el mismo expuso sin coerción alguna: “NO DESEO DECLARAR”, Es Todo”. Seguidamente el ciudadano Juez toma la palabra a los fines de preguntarle al ciudadano RICHARD RAFNEL LUGO OVIEDO ¿se acoge usted a las Fórmulas alternativas a la Prosecución del Proceso como lo son la Suspensión Condicional del Proceso? Respondiendo: “SI LO ACEPTO ES TODO”. Seguidamente se le concede el derecho de palabra al Defensor Privado Abg. SALVADOR GUARECUCO Y MARIANGELICA FORNERINO, quien expuso: "Buenas tardes a todos los presentes, en aras de la buena fe y que los abogados somos garantes de la justicia, y previa conversación con nuestro defendido, invocando el articulo 253 de la Constitución de la republica Bolivariana de Venezuela nos exige inclusive ahorrarles gastos al Estado y por ser la economía procesal del estado el se va a someter a la suspensión condicional del proceso, y se somete a la decisión que considere pertinente este tribunal, es todo”.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Ahora bien analizado como han sido los argumentos expuestos por las partes este Tribunal pasa a resolver con fundamento en las siguientes consideraciones:
En lo que respecta a la detención del imputado, se observa esta instancia del estudio de las actuaciones, específicamente del Acta Policial donde consta la aprehensión del imputado, RICHARD RAFNEL LUGO OVIEDO, “ Siendo aproximadamente a las 12:20 horas de la madrugada del dia hoy encontrándome de recorrido en la unidad radio patrulla signada con las siglas P-002, conducida por el OFICIAL AGREAGADO (PMM) CORONEL JHOAN, OFICIAL (PMM) MORENO ANDRES Y OFICIAL ODUBER FRANCISCO, cumpliendo funciones inherentes a nuestro caro por el sector San José calle Brisas específicamente frente al establecimiento Mercal motivo a las constantes denuncias que realiza la comunidad referente a la inseguridad que azota a los ciudadanos residentes del sector, logramos avistar a un ciudadano (aun por identificar) que transitaba en una moto color negra placa AA0Z22J MODELO MAX 150 MARCA UM y que para el momento vestía un pantalón Jean de color azul franela blanca y gorra blanca, procedimos a desbordar rápidamente la unidad radio patrullera y con las precauciones del caso le dimos la voz de alto, acto seguido procedimos a identificar plenamente como Funcionarios Policiales amparados en el articulo 66 de la Ley Orgánica de Servicio Policial del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana de Venezuela, inmediatamente se le hizo la interrogante si poseía algún objeto de interés criminalistico entre su vestimenta o adherido a su cuerpo que lo exhibiere informado el mismo que no, de igual manera se le informo que se le realizaría al ciudadano (aun por identificar) una inspección corporal, fue cuando apegado al articulo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, procede el OFICIAL ODUBER FRANCISCO, a realizarle la inspección a el ciudadano (aun por ser identificado) informado el mismo, que se le incauto UN ARMA DE FUEGO TIPO REVOLVER CALIBRE 38 MARCA SMITH WILSON COLOR NEGRO DE EMPUÑADURA DE MADERA COLOR MARRON SERIAL TAMBOR 1458, CON DOS CARTUCHOS DE PLOMO, 9MM LUGER, MARCA CAVIN, SIN PERCUTIR, en vista de lo sucedido amparado en el articulo 187 del Código Orgánico Procesal Penal en relación a la cadena de custodia, procede el mismo que realizó la inspección corporal a resguardar la evidencia incautada, inmediatamente amparados en los artículos 49 de la constitución Bolivariana de Venezuela, y el 127 Código Orgánico Procesal Penal se impone de sus derechos constitucionales, seguidamente procedemos a trasladarlo hasta el centro de Coordinación Policial, y se realizó la aprehensión definitiva del ciudadano, quedando plenamente identificado como queda escrito: RICHARD RAFNEL LUGO OVIEDO C.I 19.253.564, natural de Coro Estado Falcón residenciado en el sector son José calle Páez entre calles Brisas y Manaure soltero de profesión u oficio obrero, al igual que las evidencias incautadas en el lugar, proceden amparado en el articulo 187 del Código Orgánico Procesal Penal, OFICIAL (PMM) MORENO ANDRES, UN VEHICULO TIPO MOTO COLOR NEGRA PLACA AA0Z22J SERIAL CARROCERIA 822 MXT410EKM11876 MODELO MAX 150 MARCA UM, y por parte del OFICIAL (PMM) ODUBER FRANCISCO la siguiente evidencia colectada UN ARMA DE FUEGO TIPO REVOLVER CALIBRE 38 MARCA SMITH WILSON COLOR NEGRO DE EMPUÑADURA DE MADERA COLOR MARRON SERIAL TAMBOR 1458, CON DOS CARTUCHOS DE PLOMO, 9MM LUGER, MARCA CAVIN, SIN PERCUTIR, de igual manera se verificaron por el sistema integrado de policía (SIIPOL) atendido por el OFICIAL JEFE (PF) OVANIS ROSALES, manifestando que el mismo no presentaban antecedentes policiales, se le informó sobre la diligencia practicada al COMISIONADO AGREGADO (PF) LCFO. PIÑA ALFREDO (Director del Cuerpo de Policía Municipal de Miranda del Estado Falcón), al mismo tiempo procedí a efectuar llamada telefónica al Fiscal Primero del Ministerio Publico a cargo del Abg. Einier Biel. Quien informó que se realizará las experticias técnicas a la evidencia incautada y la respectiva reseña al ciudadano aprehendido, y una vez adelantadas las diligencias pertinentes al caso, ordeno se culminara con las diligencias ordinarias al caso y se remitiera de manera formal ante su despacho.

Lo anterior, a criterio de este Juzgador, se corresponde con el criterio de una flagrancia real y efectiva, pues el imputado fue detenido en razón del señalamiento expreso y directo de funcionarios de POLIMIRANDA; siendo ello así nos encontramos en virtud de un delito flagrante, o de una flagrancia propiamente dicha, pues en la detención del imputado, existe una prueba inmediata y directa del delito cometido por éste, y que emana de la observación que del hecho delictivo efectuara por parte de los funcionarios al momento en que éste se cometía.

Al respecto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No. 1901 de fecha 01.12.2008 precisó:

“...En el Código Orgánico Procesal Penal, la flagrancia está definida en el artículo 234, “se tendrá como delito flagrante el que se está cometiendo o el que acaba de cometerse”. En principio, todo delito cuando se está cometiendo es flagrante, se está ejecutando actualmente, pero la condición de flagrante –a los efectos del artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal y del proceso penal- viene dada porque al instante en que se ejecuta, es percibido por alguien, quién puede actuar en la aprehensión o simplemente, formular la denuncia ante los órganos competentes o llamar a la fuerza pública para que lo capture.
De allí que, la condición de flagrancia venga dada por las circunstancias de que alguien (una persona) pueda captar la ejecución del delito, bien porque lo presencia, o porque acabando de cometerse, el sospechoso (a quien así denomina el Código Orgánico Procesal Penal ni siquiera es imputado), se encuentra aún en el lugar del suceso, en actitud tal que quien observa la comisión del hecho necesariamente forma una relación de causalidad entre el delito y el presunto delincuente.
Asimismo, la flagrancia está ligada a la persona que presencia la comisión del hecho, quien así se convierte en medio de prueba del delito y su autoría, sin que por ello sea necesaria, en principio, cualquier otra probanza de lo acontecido. El delito es de tal evidencia para quien lo aprehendió que, salvo en ciertas excepciones, no requiere otra prueba del mismo. Se trata de una presencia inmediata y directa, la cual es necesaria que exista por igual tanto en la autoría como en las circunstancias que se perciben in situ del hecho.
Lo que clasifica de flagrante a un delito, es la captación del mismo que se comete o acaba de cometerse y será dicho conocimiento el que al llevarse al proceso, básicamente probará el cuerpo del delito y su autoría,

Siendo ello así, estima este juzgador, que en el presente caso al haberse verificado como se explicó un delito flagrante, la detención del imputado RICHARD RAFNEL LUGO OVIEDO, de nacionalidad venezolana, titular de la Cédula de Identidad Nº 19.253.564, plenamente identificado en autos, fue practicada de manera legítima y ajustada a los parámetros que dispone el artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 234 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASÍ SE DECIDE.

En lo que respecta al delito precalificados y la a medida de coerción personal a imponer; este tribunal observa que en el presente caso, la representación fiscal precalifico el delito de PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 112 de la Ley Para el Desarme.

Ahora bien, en el presente caso, si bien es cierto el imputado de auto se le ha atribuido un hecho delictivo, como lo es el delito de PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el Artículo 112 de la Ley de Desarme. En este sentido, la defensa de igual manera hace mención en sus alegatos donde indica lo siguiente: "Buenas tardes a todos los presentes, en aras de la buena fe y que los abogados somos garantes de la justicia, y previa conversación con nuestro defendido, invocando el articulo 253 de la Constitución de la republica Bolivariana de Venezuela nos exige inclusive ahorrarles gastos al Estado y por ser la economía procesal del estado el se va a someter a la suspensión condicional del proceso, y se somete a la decisión que considere pertinente este tribunal, es todo”.

Analizando el articulo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de concurren los elementos para decretar una medida de coerción personal el ordinal 1º indica Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita; tal y como lo es el delito de PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 112 de la Ley Para el Desarme, cuya materialidad se verifica de los elementos de convicción obtenidos de las diligencias preliminares de investigación, como a continuación se pasan a describir en el análisis del supuesto siguiente.

Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible; los cuales se obtienes del análisis de las siguientes actas de investigación tales como la son:

1.-ACTA POLICIAL DE FECHA 01-03-2015, suscrita por funcionarios POLIMIRANDA, donde se deja constancia de la aprehensión del ciudadano de modo, tiempo y lugar, (la cual riela en los folio 06 de las actuaciones preliminares acompañadas al procedimiento).

2.- ACTA DE DERECHOS DE IMPUTADO DE FECHA DE 01-03-2015, suscrita por funcionarios POLIMIRANDA, donde se deja constancia de los derechos del imputado RICHARD RAFNEL LUGO OVIEDO (la cual riela en los folio 07 de las actuaciones preliminares acompañadas al procedimiento).

3.- REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIA FÍSICA DE FECHA DE 01-03-2015. Suscrita por funcionarios POLIMIRANDA, donde se deja constancia de la evidencia de: UN ARMA DE FUEGO TIPO REVOLVER CALIBRE 38 MARCA SMITH WILSON COLOR NEGRO DE EMPUÑADURA DE MADERA COLOR MARRON SERIAL TAMBOR 1458, CON DOS CARTUCHOS DE PLOMO, 9MM LUGER, MARCA CAVIN, SIN PERCUTIR, (la cual riela en los folio 08 de las actuaciones preliminares acompañadas al procedimiento).

4.- REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIA FÍSICA DE FECHA DE 01-03-2015. Suscrita por funcionarios POLIMIRANDA, donde se deja constancia de la evidencia de: UN VEHICULO TIPO MOTO COLOR NEGRA PLACA AA0Z22J SERIAL CARROCERIA 822 MXT410EKM11876 MODELO MAX 150 MARCA UM (la cual riela en los folio 09 de las actuaciones preliminares acompañadas al procedimiento).

Elementos estos de convicción, de los cuales estima este Juzgador, se extraen motivo racionales, coherentes y suficientes para estimar la presunta participación del imputado RICHARD RAFNEL LUGO OVIEDO, de nacionalidad venezolana, titular de la Cédula de Identidad Nº 19.253.564, en la comisión del delito de PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 112 de la Ley Para el Desarme.

Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se ha referido a la posibilidad de imponer Medida de Coerción Personal desde la fase preparatoria, a los fines de asegurar las finalidades del proceso, señalando:
“... El Código Orgánico Procesal Penal en su título I regula las fases del proceso penal entre las cuales se encuentra la fase preparatoria, cuya finalidad no es más que practicar las diligencias necesarias tendentes a determinar si existen razones para proponer la acusación contra una persona y pedir su enjuiciamiento o sobreseimiento, según el caso.
En dicha fase, la medida más importante que se puede decretar, entre otras, es la privación preventiva judicial de libertad del imputado si se verifica la existencia de los requisitos concurrentes que para tal fin, establece el Código Orgánico Procesal Penal...” (Sent. Nro. 673 del 07/04/2003, )

Asimismo, se estima oportuno precisar, que si bien es cierto, sólo será en la fase de juicio oral y público, luego de efectuada la practica de todas y cada una de las pruebas, y dado el correspondiente contradictorio, el momento estelar donde se podrá establecer con certeza la existencia de responsabilidad o no del imputado; no obstante hasta el presente estado procesal, está demostrado a los solos efectos del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, la existencia de elementos de convicción suficientes para estimar la participación de éste en la comisión del hecho delictivo que le fue atribuido, lo hace procedente el decreto de una medida de coerción personal. Situación esta que en ningún momento comporta pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del imputado de autos, pues los elementos valorados por esta instancia, se ciñen estrictamente a establecer la procedencia fundada de la Medida Coerción Personal que fue solicitada, tal y como lo es la Privación Judicial Preventiva de Libertad.

Al respecto, ha señalado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No 1998 de fecha 22 de noviembre de 2006:

“… La protección de los derechos del imputado a la libertad y a ser tratado como inocente mientras no se establezca de manera plena su culpabilidad, tampoco puede significar el absoluto abandono de los mecanismos cautelares destinados a garantizar los objetivos del proceso…”. (Negritas de la Sala)

Y finalmente también está acreditado la existencia de una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de la investigación, pues aprecia este tribunal, partiendo de la circunstancia de que en el presente caso, nos encontramos en presencia de dos delitos graves, conlleva y del bien jurídico tutelado en el tipo penal, como lo es, la salud pública o colectiva, el cual es un derecho constitucional social y fundamental conforme lo consagra el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y al posible pena a imponer con cuanto estamos en presencia de concurrencia de delitos lo cual se corresponde con el contenido del numeral 3 y 5 del artículo 237 que al respecto dispone, el cual además tiene asignada una penalidad moderada para el delito de PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 112 de la Ley Para el Desarme y Control de Arma y Municiones que va de cuatro (04) a ocho (08) años de prisión.

Artículo 237. Peligro de fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:
Omissis…
3. la magnitud del daño causado;
Omisis
5. La conducta predelictual del imputado o imputada

No obstante lo anterior, estima este Juzgado luego de efectuado el correspondiente estudio a las actuaciones que constituyen el presente procedimiento, que en el caso de autos, los supuestos que motivan la medida de privación judicial preventiva de libertad, pueden ser razonablemente satisfecho, por una medida cautelar sustitutiva menos gravosa, como lo es, la medida suspensión condicional del proceso establecida en el articulo 358 del Código Orgánico Procesal Penal.

Ciertamente, una de las tantas innovaciones del actual sistema Penal, lo constituye la institución del principio de afirmación de libertad, en razón del cual, toda persona a quien se le impute la comisión de un hecho punible, salvo las excepciones que establece la ley, tiene derecho a ser juzgada en libertad; de tal manera que la libertad constituye la regla en el juzgamiento penal y la privación judicial preventiva de libertad, una forma excepcional de enjuiciamiento. En tal sentido, los artículos 8, 9 y 229 del Código Orgánico Procesal Penal, establecen que:

Artículo 8. Presunción de inocencia. Cualquiera a quien que se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme.

Artículo 9. Afirmación de la libertad. Las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, sólo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta.
Las únicas medidas preventivas en contra del imputado son las que este Código autoriza conforme a la Constitución.

Artículo 229. Estado de Libertad. Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este código.
La privación de libertad es una medida cautelar, que solo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso”.

Ese juzgamiento en libertad, que como regla, emerge en nuestro proceso penal, no es más que el desarrollo de un mandato contenido en el numeral 1 del artículo 44 del texto constitucional, el cual al consagrar el derecho a la libertad personal establece que “…toda persona será juzgada en libertad excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el Juez o Jueza en cada caso…”; dispositivo constitucional con el cual, además, se establece una garantía de protección e intervención mínima en la afectación del derecho a la libertad personal, el cual sólo podrá verse restringido en casos excepcionales, para asegurar las finalidades del proceso.

En este orden de ideas, la Sala Constitucional de nuestro más alto Tribunal de Justicia, en sentencia No. 1825, de fecha 04 de julio de 2003, señaló:

“...Al respecto debe recordarse que, de conformidad con el artículo 44 de la Constitución, las personas serán juzgadas en libertad, excepto por las razones que determine la ley. Por su parte, el artículo 252 (hoy, 243) del derogado Código Orgánico Procesal Penal reafirma la garantía del juicio en libertad, cuando establece que “Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este código”; asimismo, que “la privación de libertad es una medida cautelar, que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso” (Subrayado de la Sala). Tales excepciones... son las que autorizan a dictar medidas cautelares privativas de libertad, las cuales sin embargo y siempre en procura de que, solo en la menor medida posible y dada la garantía constitucional de presunción de inocencia, resulte afectado el derecho fundamental que reconoce el artículo el artículo 44 de la Constitución...” . (Negritas de esta Sala)

Así pues, hoy en día la Privación Judicial Preventiva de Libertad, constituye un decreto excepcional, que a la luz del nuevo sistema de juzgamiento penal, sólo puede ser dictado en todos aquellos casos en los cuales, no exista razonablemente la posibilidad de garantizar las eventuales resultas del proceso penal, con otra medida de coerción personal menos gravosa y distinta la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad.

En tal sentido, debe señalar este juzgador, que la imposición de cualquier medida de coerción personal, debe necesariamente obedecer a una serie de criterios y juicios debidamente razonados y ponderados, que atendiendo a las circunstancias que rodean cada caso, se encamine a conseguir el debido equilibrio que exige, tanto el respeto al derecho de los procesados penalmente a ser juzgados en libertad como al derecho del Estado y la sociedad de que se resguarden los intereses sociales, mediante el establecimiento de medios procesales que garanticen las futuras y eventuales resultas de los juicios.

Por ello, el análisis de todas y cada una de las circunstancias fácticas que reposan en las actuaciones y acompañan a las respectivas solicitudes de privación o cautelar sustitutiva de libertad, deben ser ponderadas bajo los criterios de objetividad, magnitud del daño, cuantía de la pena, peligro de fuga y de obstaculización en la búsqueda de la verdad, lo cual permitirá luego de un debido y motivado juicio, determinar con certeza la mayor o menor severidad de la medida a imponer.

Ahora bien, en el presente caso, si bien es cierto al imputado de autos se le ha atribuido un hecho delictivo menos grave, pero este juzgador considera y estima la posibilidad de asegurar las resultas del presente proceso, mediante la imposición de una medida de coerción personal menos gravosa a la privación judicial preventiva de libertad, tal y como lo es, la medida suspensión condicional del proceso establecida en el articulo 358 del Código Orgánico Procesal Penal. El cual al consagrar el derecho a la libertad personal establece que “…toda persona será juzgada en libertad excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el Juez o Jueza en cada caso”.

Consideraciones en atención a las cuales esta Instancia, estima que lo ajustado a derecho es decretar al imputado de auto la medida suspensión condicional del proceso establecida en el articulo 358 del Código Orgánico Procesal Penal. Y de igual manera queda demostrado su participación en los delitos precalificados por el ministerio público. Y ASÍ SE DECIDE.

Finalmente, en cuanto al procedimiento a seguir, se observa que en la presente causa si bien fue estimada la flagrancia en la aprehensión del imputado, el Ministerio Público, solicitó la aplicación del procedimiento especial, por lo que a tenor de lo dispuesto del artículo 353 del Código Orgánico Procesal Penal el cual expresamente dispone:

Artículo 353. DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

En los asuntos sujetos a procedimientos especiales son aplicables las disposiciones establecidas específicamente para cada uno de ellos en este libro.. en lo no previsto, y siempre que no se opongan a ellas, se aplicaran las reglas del procedimiento ordinario.

Ahora bien, visto, escuchado y analizados la Defensa y el Ministerio Público de igual manera vista las actuaciones acompañadas al escrito fiscal e igual manera visto las actuaciones acompañadas del escrito fiscal este tribunal, considera que existe la comisión de un hecho punible tal como consta en el procedimiento realizado, no encontrándose evidentemente prescrito. Y ASÍ SE DECIDE.
DISPOSITIVA

Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, PRIMERO: Se decreta la flagrancia en contra del ciudadano RICHARD RAFNEL LUGO OVIEDO, de conformidad a lo establecido en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Se acuerda la solicitud de la Representación Fiscal de seguirse el presente caso mediante el Procedimiento de Juzgamiento de Delitos Menos Graves establecido en el artículo 354 del Código Orgánico Procesal Penal. TERCERO: Se admitió la precalificación del delito., PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto en el artículo 112 de la ley Desarme realizada por el ciudadano Fiscal del Ministerio Público en contra de RICHARD RAFNEL LUGO OVIEDO CUARTO: Sin lugar la solicitud de la representación Fiscal sobre la medida cautelar sustitutiva de libertad de conformidad con lo establecido en el articulo 242 numeral 3 QUINTO: Se acuerda la solicitud de los Defensores Privados de la Fórmula Alternativa como es la Suspensión Condicional del Proceso establecida en el artículo 358 del Código Orgánico Procesal Penal, por un periodo de cuatro (4) meses, consistente en una labor comunitaria la cual deberán cumplir, en el Consejo Comunal San José Norte (06) horas semanales, para labores de reparación y pintura lo cual deberán presentar por ante su defensor carta de cumplimiento. SEXTO: Se designa como correo especial a la defensa Privada. Líbrese la correspondiente boleta de libertad. Cúmplase lo ordenado siendo las 02:35 PM se termino se leyó y conformen firman, estampando el imputado sus dígitos pulgares de ambas manos.
Publíquese, regístrese y déjese copia.

EL JUEZ PROVISORIO
Abg. JOSE. G. REYES
EL SECRETARIO
ABG. NEWGBERTT DOMINGUEZ