TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de Primera Instancia Estadales y Municipales en funciones de Control
Punto Fijo, 9 de Marzo de 2015
204º y 156º

ASUNTO PRINCIPAL : IP11-P-2010-000923
ASUNTO : IP11-P-2010-000923

AUTO DE ENTREGA DE VEHÍCULO EN GUARDA Y CUSTODIA

Por recibido escrito interpuesto por el abogado GEREMÍAS GARCIA MARTINEZ, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano ANGEL CORNELIO SANCHEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 3.678.595, y domiciliado en Azuay, Urbanización Parque Amuay, calle Las Piedras, Manzana 05, casa Nº 28, municipio Los Taques del Estado Falcón, teléfono 0269 277796, por medio del cual consigna Poder y solicita la entrega material de un vehículo Marca: CHEVROLET, Modelo: MALIBU, Año 1.981, Placas GBO-299, Clase AUTOMOVIL, Color VERDE, Uso PARTICULAR, Serial de Carrocería 1T69ABV300423, serial de motor: ABV300423, Tipo: SEDAN, este Tribunal agrega a la causa dicho escrito y para decidir observa lo siguiente:

- En fecha 08 de Febrero de 2010, funcionarios del Destacamento 44 de la Guardia Nacional Bolivariana, Comando Regional Nº 4, Primera Compañía, detienen al vehículo objeto de la presente solicitud.

- Dicho vehículo fue colocado a disposición de la Fiscalía Décimo Quinta del Ministerio Público del Estado Falcón.

- Consta la negativa de entrega de vehículo por parte de la Fiscalía Décimo Quinta del Ministerio Público de fecha 24 de Marzo de 2010, en la cual especifica el resultado de la experticia Reconocimiento legal Nº 254 de fecha 18 de Marzo de 2010, en el cual funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub Delegación Punto Fijo en la cual concluyen lo siguiente:
1. Chapa identificadora ubicada en el tablero y corta fuego FALSA, en cuanto a la lámina y troquel, las mismas presentan signos de remoción.
2. Serial identificador del chasis FALSO
3. Se aplicó el generador de caracteres borrados en metal, sobre la superficie del serial del chasis y no se obtuvo ningún serial identificador.

- Se observa en la causa documento de propiedad autenticado por la Notaría Pública Vigésima tercera del Municipio Libertador del Distrito Capital, 04 de Febrero de 2010, quedando inserto bajo el Nº 44 del Tomo 21 de los libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría, en la cual se evidencia que el ciudadano DOUGLAS JOSE FAJARDO, titular de la cédula de identidad Nº 8.260.881, le da en venta pura y simple, perfecta e irrevocable al ciudadano solicitante ANGEL CORNELIO SANCHEZ, titular de la cédula de identidad Nº 3.678.595, el vehículo objeto de la presente solicitud, con la respectiva constancia de revisión.

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

En este orden de ideas, el artículo 293 del Código Orgánico Procesal Penal, en primer término señala la obligación del Ministerio Público de devolver aquellos objetos incautados que no son imprescindible para la investigación, y le dan la opción a los solicitantes de que acudan ante el Tribunal, en el presente caso, hubo una respuesta por parte de la Fiscalía, cuando niega dicha entrega con fundamento en el resultado de la Experticia, y le hace la solicitud al Tribunal, a tal efecto el artículo 293 del Código Orgánico Procesal Penal, establece lo siguiente:

“El Ministerio Público devolverá lo antes posible los objetos recogidos o que se incautaron y que no son imprescindibles para la investigación. No obstante, en caso de retardo injustificado del Ministerio Público, las partes o los terceros interesados podrán acudir ante el juez de Control solicitando su devolución, sin perjuicio de la responsabilidad Civil, administrativa y disciplinaria en que pueda incurrir el fiscal sin la demora le es imputable.

El Juez o el Ministerio Público entregarán los objetos directamente o en depósito con la expresa obligación de presentarlos cada vez que sean requeridos”

Por otra parte, el referido artículo 293 del Código Orgánico Procesal Penal, establece la devolución de objetos incautados que no son imprescindibles para la investigación, y a tal efecto se deduce que si en el presente asunto solicitaron un sobreseimiento, dicha retención no es imprescindible para la investigación, por cuanto las misma ya concluyó, y debido a la naturaleza del acto conclusivo consignado por la Fiscalía Décimo Quinta del Ministerio Público del Estado Falcón.

Por otro lado, cabe hacer referencia al criterio sostenido por la Corte de Apelaciones de este Estado Falcón, quien con ocasión a un recurso de apelación en contra de una decisión emitida por este mismo Tribunal en donde se negara la entrega de un vehículo que presentaba irregularidad en los seriales, señaló lo siguiente:
De igual forma la Corte de Apelaciones de este Circuito Penal, con Ponencia de la Jueza GLENDA ZULAY OVIEDO RANGEL, de fecha veintiséis de marzo de dos mil doce (26-03-2012), asunto IP01-R-2012-000045, que señala, entre otras cosas, lo siguiente:
"...MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

“Omisis….
En casos como estos, en que pueda resultar imposible determinar la propiedad del vehículo, ya que los seriales u otras identificaciones en el motor, en la carrocería o en otro sector del vehículo, no pueden ser cotejados con datos de los legítimos documentos de propiedad, o tal cotejo funcione sólo parcialmente, impidiendo una plena prueba, el juez que conoce la reclamación o la tercería debe aplicar como principio general el postulado del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, postulado general del derecho, el cual sostiene que en igualdad de circunstancias, provenientes de la imposibilidad del cotejo entre los datos identificatorios que aún quedan en el vehículo -si es que existen- y los que reproducen los documentos presentados por quienes pretenden la propiedad sobre el mismo, favorecerán la condición del poseedor, lo que se ve apuntalado por el artículo 775 del Código Civil, el cual reza: "En igualdad de circunstancias es mejor la condición del que posee", y el 794 eiusdem, que señala: "Respecto de los bienes por su naturaleza y de los títulos al portador, la posesión produce, a favor de los terceros de buena fe, el mismo efecto que el título ...".
….. Con base en esta doctrina de la Sala del Máximo Tribunal de la República, que ilustra en el sentido del deber que tienen los Jueces de ponderar la circunstancia en la que se encuentra el poseedor de buena fe ante aquellos casos en los que resulte comprobar la plena identificación del vehículo objeto de reclamación ante el Ministerio Público y los Tribunales, conforme a lo establecido en los artículos 311 y 312 del Código Orgánico Procesal Penal, concluye esta Corte de Apelaciones apreciando tal circunstancia a favor del hoy apelante, a fin de decidir sobre la entrega del bien solicitado, ante la injusticia que se produce cuando dicho bien se encuentra a la interferir en un Estacionamiento no perteneciente al Estado, sufriendo deterioros que inciden en la pérdida de su valor, en franco detrimento del patrimonio del solicitante y del propio Estado, al tener que soportar los gastos de depósito y custodia que su retención produce, por lo cual se revoca el fallo dictado y se ordena entregar el vehículo ……..”
En tal sentido, se ha pronunciado la Corte de Apelaciones, tomando en consideración los ideales de Justicia, en aquellos casos que una persona actuando de buena fe adquiere un vehículo, a través de un documento autenticado, y con una supuesta revisión, invirtiendo en eso buena parte de sus ahorros, a veces de casi una vida, y al percatarse las autoridades de errores en los seriales, proceden a incautarle el vehículo, pagando las consecuencias de perder el dinero invertido y el vehículo que ha adquirido de buena fe.
Desde el punto vista doctrinaria se observa posiciones en lo que respecta a la entrega de vehículo, tal como lo señala el autor FRANK VECCHIONACCE, quien al analizar la norma del artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal (antes de la reforma) en las VII Y VIII Jornadas de Derecho Procesal Penal del año 2005, denominadas: “Pruebas, Procedimientos Especiales y Ejecución Penal”, señala:

“… Es frecuente que un vehículo haya sido adquirido mediante acto auténtico por quien tenía el título o certificado expedido por la autoridad administrativa y una vez examinado haya presentado cambios en alguno de los seriales, bien del motor, que de la carrocería, o que las placas identificadotas no le corresponden por algún motivo válido. Puede también tratarse de una compra auténtica basada en un certificado de Registro que luego se demuestra que es falso, bien en el soporte, bien en los datos. En otras oportunidades puede tratarse de un vehículo adquirido mediante acto auténtico y el mismo no aparece registrado en el registro nacional de Vehículos…
… si un vehículo presenta seriales no registrados ante el Registro de Vehículos-inclusive seriales aparentemente substituidos, alterados o suplantados- y unas placas de identificación que no le corresponden, este vehículo está más individualizado y más identificado de cuanto puede afirmar la sentencia de la Sala Constitucional. Podríamos decir que se trata de otro vehículo y nadie podría afirmar que se trata de un vehículo hurtado o robado o proveniente de algún hecho ilícito. Esto es lo que suele suceder: vehículos cuyos seriales en razón de alteración, suplantación o substitución, son imposible de reconocer como hurtados o robados y, en consecuencia, también imposible de vincularlos a supuestos y anteriores propietarios. Es como si se tratara de otros vehículos, de otros vehículos nuevos.
En estos casos, la persona que presenta el documento autenticado de compra, tiene derecho a que se le reconozca como legítimo adquirente de dicho vehículo, lo cual es materia totalmente distinta de la del Registro de Vehículos.
Al negar la entrega del vehículo, el Estado no tiene potestad para pretender defender o ser custodio de derechos de terceros que no existen o que son desconocidos. Tampoco puede pretender la autoridad policial o judicial ejercer atribuciones que la ley no le confiere en materia de tutela de derechos sobre las cosas sin que haya un tercero que los haga valer, sobre todo en un caso como el de marras en el que el comprador adquirió de buena fe, o cuando en esos casos la Ley no le otorga facultad para restringir o limitar los derechos de los interesados sobre los vehículos incautados.
Corresponde a los terceros o al propio Estado representado por el Ministerio Público, demostrar que el vehículo tiene un origen ilícito _por ejemplo_ probando que el vehículo estuvo alguna vez registrado en el RNV_ o que el comprado (sic) actuó de mala fe, en cuyo caso podría incurrir en el delito de aprovechamiento de la cosa proveniente de delito (Art. 472 del CP) (Págs. 452, 455, 457)

Cabe destacar que el autor es del criterio que la buena fe en el comprador le genera ciertos derechos, aunado, a que existe una investigación en la Fiscalía que concluyó con un acto conclusivo de sobreseimiento, y la consecuencia del sobreseimiento es que cesa cualquier medida y concluye la investigación, considera este Tribunal que lo procedente, es la entrega al ciudadano ANGEL CORNELIO SANCHEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 3.678.595, y domiciliado en Azuay, Urbanización Parque Amuay, calle Las Piedras, Manzana 05, casa Nº 28, municipio Los Taques del Estado Falcón, teléfono 0269 277796, Así se decide.

DISPOSITIVA

A tal efecto, este Tribunal Primero de Control Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ordena la entrega al ciudadano ANGEL CORNELIO SANCHEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 3.678.595, y domiciliado en Azuay, Urbanización Parque Amuay, calle Las Piedras, Manzana 05, casa Nº 28, municipio Los Taques del Estado Falcón, teléfono 0269 277796, la entrega en guarda y custodia del vehículo Marca: CHEVROLET, Modelo: MALIBU, Año 1.981, Placas GBO-299, Clase AUTOMOVIL, Color VERDE, Uso PARTICULAR, Serial de Carrocería 1T69ABV300423, serial de motor: ABV300423, Tipo: SEDAN. DICHO VEHÍCULO SE ENTREGA EN GUARDA Y CUSTODIA es decir EN DEPOSITO A DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA DECIMO QUINTA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO FALCÓN, CUANDO El DESPACHO FISCAL ASÍ LO REQUIERA, todo de conformidad con el artículo 293 en su primer aparte del Código Orgánico Procesal Penal. Líbrese el correspondiente oficio al Comandante del Destacamento 44 de la Guardia Nacional Bolivariana, Comando Comunidad Cardón. Entréguese al solicitante los documentos originales. Notifíquese al solicitante para que suscriba el acta de compromiso. Notifíquese Cúmplase.

JUEZ PRIMERO DE CONTROL
SATURNO RAMÍREZ ZORRILLA

SECRETARIA DE SALA
GLORIANA MORENO