TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de Primera Instancia Estadales y Municipales en funciones de Control
Punto Fijo, 21 de Marzo de 2015
204º y 156º

ASUNTO PRINCIPAL : IP11-P-2014-005198
ASUNTO : IP11-P-2014-005198

AUTO MEDIANTE EL CUAL SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO

En fecha 19 de Noviembre de 2014, se efectuó la audiencia preliminar en la presente causa que se instruye a los ciudadanos GIANNY JAVIER VARGAS SALAZAR, de nacionalidad venezolana, natural Caracas, Guatire Estado Miranda , en fecha 28/07/1972, de 42 años de edad, titular de la cédula de identidad Nº 11.160.064, estado civil Casado, de ocupación u oficio Comerciante y domiciliado en Avenida Principal de la Rosa, Conjunto Residencial Apartoquintas Rosas Blancas, Calle Nº 05, Quinta O-58, Guatire Estado Miranda y HENRY ALBERTO VARGAS SALAZAR, de nacionalidad venezolana, de Caracas, en fecha 19/09/1970, de 44 años de edad, titular de la cédula de identidad Nº 10.543.947, estado civil soltero, de ocupación u oficio Publicista y domiciliado Av. Fuerzas Armadas, Calle Panorama, Casas Nº 05 Parroquia San José Caracas Municipio Libertador, por la presunta comisión del delito de POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 112 de la Ley para el desarme y control de armas y municiones, en perjuicio del Estado Venezolano y por cuanto el procedimiento se llevo a cabo de conformidad con el artículo 354 del Código Orgánico Procesal Penal del procedimiento especial establecido en el Título II del Código Orgánico Procesal Penal, la suspensión Condicional del Proceso, de conformidad con el Articulo 358 del Código Orgánico Procesal Penal, habiéndose efectuado la audiencia de verificación de condiciones se procede en consecuencia este Tribunal, a publicar la resolución motivada de la decisión recaída en sala de la siguiente manera:

DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS POR EL TRIBUNAL

El tribunal en la oportunidad de la Audiencia Preliminar analizó el contenido de los requisitos de ley para el otorgamiento del procedimiento de suspensión condicional del proceso.
Establece el artículo 358 que la Suspensión Condicional del Proceso podrá acordarse desde la fase preparatoria, siempre que sea procedente y el imputado lo solicite y acepte previamente el hecho que se le atribuye.
Del contenido de dicha norma se extraen los primeros 5 requisitos exigidos por el legislador para la procedencia de la medida, a saber:
1.- Que se trate de delitos leves, cuya pena no exceda de 8 años en su límite máximo.
2.- Que el acusado acepte el hecho que se le atribuye.
3.- Oferta de reparación social del daño.
4.- Que se comprometa a cumplir con las obligaciones que el Tribunal le imponga, adiciona un requisito más a aquellos 5, que es escuchar la opinión del Fiscal y de la víctima.
En relación al primer requisito se verifica con claridad suficiente que el delito imputado es leve, y la pena que podría llegarse a imponer e incluso el límite planteado por el Legislador no supera el límite establecido para la procedencia de ésta alternativa procesal.
Se deja expresa constancia que el Ministerio Público no se opuso a la solicitud planteada por el acusado y su defensa, ni manifestó hacer ninguna objeción.

Es evidente que si el imputado antes identificado, desea en el ejercicio de sus legítimos derechos e intereses, acogerse a la Suspensión condicional del proceso con todas sus implicaciones y requisitos legales previsto en la Norma procesal invocada, que comportaría la imposición de algunas condiciones de obligatorio cumplimiento siendo esta la voluntad del Legislador, este Tribunal, al contar con la formal imputación y la verificación de los requisitos establecidos en el artículo 236 de la ley adjetiva penal, por la comisión del delito de POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 112 de la Ley para el desarme y control de armas y municiones, en perjuicio del Estado Venezolano, en cuanto a su deseo acogerse a esta Institución procesal y la de admitir los hechos como requisito de procedencia, requiriendo la aplicación de los artículos 354 y 358 del Decreto con rango, valor y fuerza de ley del Código Orgánico Procesal Penal, relacionado con la suspensión condicional del proceso, por cuanto en esta audiencia de imputación es perfectamente aplicable esta figura jurídica.

El artículo 361 del Decreto con rango, valor y fuerza de ley del Código Orgánico Procesal Penal, establece que la duración de ésta formula alternativa acordada en esta etapa procesal no podrá ser inferior a tres meses ni superior a ocho meses, en este caso el proceso quedará en suspenso por lapso de CUATRO (4) MESES, el cual culminará el día 5 de Marzo de 2015 y se le imponen las siguientes obligaciones: 1) REALIZAR LABORES COMUNITARIAS BAJO LA SUPERVISION DEL CONSEJO COMUNAL DEL SECTOR ADAURE ARRIBA DEL MUNICIPIO FALCON DEL ESTADO FALCON. 2) PRESENTACION CADA 450 DIAS POR ANTE ESTE TRIBUNAL. 3) CONSIGNAR CONSTANCIAS DE TRABAJO Y DE RESIDENCIA. Y así se decide.-

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Verificados como han sido los requisitos señalados en la norma adjetiva penal, este Tribunal conforme a lo dispuesto en los artículos 354, 356 y 358 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir que estamos en presencia de un delito de acción Publica, cuya pena no excede en su limite máximo de ocho años de prisión, que no esta excluido según la ley, que la imputada aceptan los hechos que les imputa el Fiscal del Ministerio Publico y que se comprometen a cumplir las condiciones que este Tribunal y por cuanto el imputado de autos ha manifestado su deseo de acogerse a la Medida Alterna de Prosecución del Proceso, el Tribunal procedió a analizar todos y cada uno de los requisitos establecidos en los referidos dispositivos legales del Código Orgánico Procesal Penal.

Ahora bien, en fecha 20 de Marzo de 2015, se efectuó la audiencia oral de verificación de condiciones en la cual se verificó el cumplimiento de las mismas, constatándose que se encuentra inserta en las actuaciones la CONSTANCIA DE RESIDENCIA, LA CONSTANCIA AVAL y EL INFORME DE FINALIZACION donde se verifica el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Tribunal.

De lo anterior se observa que dicha ciudadana cumplió satisfactoriamente con las condiciones impuestas por el Tribunal cuando acordó la suspensión condicional del proceso por aplicación del procedimiento de los delitos menos graves.

En este sentido, el artículo 49 del Código Orgánico Procesal Penal establece lo siguiente: Son causas de extinción de la acción penal:

7.- El cumplimiento de las obligaciones y del plazo de suspensión condicional del proceso, luego de verificado por el Juez o Jueza.

En virtud de ello, en el presente caso opera la extinción de la acción penal de acuerdo a lo establecido en la precitada norma adjetiva, sobre la base del cumplimiento por parte del imputado de las condiciones impuestas derivadas de la aplicación del procedimiento de los delitos menos graves.

DISPOSITIVA

En consecuencia este Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley Resuelve: Se decreta la extinción de la acción penal y por ende el SOBRESEIMIENTO de la presente causa que se instruye al ciudadano GIANNY JAVIER VARGAS SALAZAR, de nacionalidad venezolana, natural Caracas, Guatire Estado Miranda , en fecha 28/07/1972, de 42 años de edad, titular de la cédula de identidad Nº 11.160.064, estado civil Casado, de ocupación u oficio Comerciante y domiciliado en Avenida Principal de la Rosa, Conjunto Residencial Apartoquintas Rosas Blancas, Calle Nº 05, Quinta O-58, Guatire Estado Miranda y HENRY ALBERTO VARGAS SALAZAR, de nacionalidad venezolana, de Caracas, en fecha 19/09/1970, de 44 años de edad, titular de la cédula de identidad Nº 10.543.947, estado civil soltero, de ocupación u oficio Publicista y domiciliado Av. Fuerzas Armadas, Calle Panorama, Casas Nº 05 Parroquia San José Caracas Municipio Libertador, por la presunta comisión del delito de POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 111 de la Ley para el desarme y control de armas y municiones, en perjuicio del Estado Venezolano, conforme a lo previsto en el artículo 49 numeral 7 y el artículo 300 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal.

El Juez Títular Segundo de Control
Abg. Kervin E. Villalobos M.

La secretaria,
Abg. Mariela Morillo