TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del estado Falcón sede Punto Fijo
Punto Fijo, ocho (8) de octubre de dos mil quince (2015)
Años: 205° y 156°

SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA
No. PJ0032015000054

ASUNTO No.: IP31-L-2014-000373

PARTE ACTORA: ABDON RAMÓN ARCAYA ALCALA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-15.806.784 e inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 191.924.

PARTE DEMANDADA (SEGÚN REFORMA DE LIBELO DE DEMANDA): ACCIONA AGUA C.A. (SUCURSAL DE VENEZUELA)

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES

Recibido el presente expediente según acto de distribución realizado en fecha 5/12/2014 por lo que se le dió entrada en la misma fecha e igualmente se admitió en fecha 12/12/2014. Sin embargo en fecha 22/7/2015 fue presentado escrito contentivo de reforma de demanda. Es así como esta Juzgadora en la oportunidad procesal realizó un análisis de la referida reforma del libelo de demanda y observó que la misma presentaba deficiencia en relación a lo exigido en el numeral 2 del artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por cuanto no especifica a quien demanda en función de quien fuere su patrono o según la entidad de trabajo a la cual prestó sus servicios, así mismo considera pertinente aclarar a la parte actora que la responsabilidad solidaria en el presente asunto la determinará el Juez de juicio de ser procedente, por lo que estando en fase de sustanciación es necesario especificar contra que entidad de trabajo recae su pretensión con exactitud. En consecuencia el Tribunal dictó un Despacho Saneador, mediante auto de fecha treinta (30) del mes de septiembre del año en curso, en el cual se le ordenó corregir la reforma del libelo de demanda en cuanto a lo antes indicado, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación efectuada. En fecha seis (6) del mes de octubre del año en curso, el alguacil Rafael Montero expuso que fue debidamente notificado en la misma fecha el ciudadano demandante, por lo que en la misma fecha la secretaria del Tribunal dejó constancia de la práctica de la notificación positiva. Siendo así las cosas, en fecha 7/10/2015 mediante auto se ordenó agregar a la actas procesales el escrito de subsanación de la reforma del libelo de la demanda presentado por la parte demandante el mismo día, el cual pasa a revisarse en esta oportunidad.
Al respecto esta Juzgadora considera pertinente traer a colación los señalamientos del Dr. ERIC LORENZO PEREZ SARMIENTO, en su obra “Comentarios a la Ley Orgánica Procesal del Trabajo”, al indicar lo siguiente : “…el desarrollo de la doctrina procesal civil condujo a la formación de diversos medios procesales, a través de los cuales el Juez, actuando de oficio podía sanear el proceso y restablecer el equilibrio procesal, primero a nivel estrictamente procesal y luego en un nivel más cercano al fondo de la controversia. Uno de esos medios es el llamado Despacho Saneador; asimismo la Sala de Casación Social del Tribunal Superior de Justicia en sentencia de fecha 26/2/2000 define ésta institución como “el instituto procesal (omissis) que inviste al Juez de las más amplias facultades, es decir, lo autoriza, ya de oficio o a petición de parte para requerir de las mismas la subsanación de los errores en que hayan incurrido en el procedimiento”. El despacho saneador es, pues, una institución procesal que tiene por finalidad, sanear el proceso, es decir, depurar la relación jurídico-procesal a los efectos de asegurar una óptima resolución del litigio conforme a las adecuadas pretensiones de las partes y a la Ley…”.
Es por ello que se hace importante y necesario destacar que la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia No. 0248 de fecha 12/4/2005, en cuanto a esta institución, ha sentado criterio el cual esta Juzgadora se permite transcribir: “Cabe insistir en que el control sobre los presupuestos no debe darse en etapas finales del juicio, sino que debe estar ligado al despacho saneador, como una facultad y un deber del Juez competente que permita terminar el proceso, u ordenar su depuración, en cualquier momento en que constate la ausencia de un presupuesto procesal o un requisito del derecho de acción que requiera de su fenecimiento o que por medio de un auto de reposición que haga renovar, en casos específicos, el acto al momento oportuno para aplicar el correctivo formal del caso, sin esperar que el control sea requerido por el opositor de una excepción. Todo ello con la finalidad de evitar que el Juez, cumplidas las etapas sustanciales, llegue a un pronunciamiento formal en el que constate la existencia de obstáculos o impedimentos trascendentales para emitir una sentencia de fondo, ya por invalidez o ineficacia, pero siempre buscando un control para remediarlos”.
Asimismo el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela considera al proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia; en tal sentido, para que el proceso pueda cumplir tal elevado cometido, debe ofrecer garantías formales y sustanciales, cuya efectividad es atribuida a los órganos judiciales, es así como en el mismo orden de ideas el artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, consagra la institución del despacho saneador.
En consecuencia una vez analizado el escrito de subsanación presentado por el ciudadano demandante quien actúa en nombre y representación de sus propios derechos e intereses, dentro del lapso procesal establecido en el artículo 124 eiusdem, esta Operadora de Justicia considera que dicha subsanación no cumple de forma clara y precisa con los extremos indicados en el Despacho Saneador ordenado, toda vez que en su petitorio demanda formalmente a la sociedad de comercio firma mercantil ACCIONA AGUA, C.A. (SUCURSAL DE VENEZUELA) “solidariamente responsable”, por lo que nace la duda, si la pretensión va dirigida contra ésta sociedad mercantil de forma principal o solidaria, así mismo en el primer folio de la reforma del libelo señala que prestó servicios en forma personal y directa para la empresa CONSTRUCTORA TZION, C.A. (CONSTZIOCA), y dentro del cuerpo del referido escrito el actor manifiesta que opera la presunción de convexidad entre las sociedades mercantiles antes señaladas. Es por ello que esta Jurisdicente consideró de suma importancia aclararle a la parte actora que la responsabilidad solidaria en el presente asunto la determinará el Juez de juicio de ser procedente, por lo que estando en fase de sustanciación es necesario especificar contra qué entidad de trabajo recae su pretensión con exactitud y precisión, dado que en esta fase del proceso es fundamental determinar los sujetos de derecho en el juicio que se inicia, en virtud de la cualidad que tengan para actuar en el mismo, por lo que no se puede iniciar un procedimiento con la presunción del resultado de una sentencia definitiva, porque una cosa es la pretensión que pueda tener el actor cuyos derechos subjetivos le están dados por la Ley y no se discuten en esta oportunidad, dentro de un marco jurídico que establece que su petitorio debe versar con ocasión de la relación laboral como hecho social, cuya naturaleza nace con la “prestación del servicio”, ello en principio y otra cosa es, que de responder solidariamente otro sujeto de derecho será en base al acervo probatorio que ha de ventilarse en la fase de juicio, por lo que mal podría demandarse inicialmente al responsable solidario, sin que exista un responsable principal, en el entendido que la determinación de esa situación no le está dado al actor, sino al Juez de juicio de considerarlo conforme a la Ley. Por lo que no se puede confundir la posibilidad de demandar a una entidad de trabajo y solidariamente a otra; con el hecho que la pretensión vaya directamente a la que se considera podría responder solidariamente demandarla única y exclusivamente.
En tal sentido, en el caso sub iudice se constata que dentro del lapso procesal establecido para que la parte actora realizara la corrección ordenada, consta escrito de fecha 7/10/2015 donde hay la manifestación de realizar la misma, sin embargó no se realizó en los términos indicados por el Tribunal, razón por la cual siendo éste el momento en el que se verifica tal situación, para pronunciarse de conformidad con el artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es por lo que a esta Jurisdecente le corresponderá aplicar la consecuencia jurídica establecida en la norma antes mencionada, y conforme a la interpretación que en derecho debe otorgársele a tal disposición según sentencia No. 038 dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil nueve (2009) con Ponencia del Magistrado Alfonso Valbuena Cordero en el expediente No. 08-399 caso: Agustín Ramón Rojas y otros contra la empresa Brahma Venezuela, S.A., en la cual se señala lo siguiente: “se observa que lo pretendido por el legislador es que la falta de corrección oportuna -dentro del lapso de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación que a tal fin se le practique- de los defectos de forma observados por el Juez produce la perención de la instancia. Ahora bien, si por el contrario el demandante efectivamente corrige la demanda, pero no lo hace en los términos solicitados por el Juez o lo realiza de forma errónea, la consecuencia jurídica es la inadmisibilidad de la demanda”. Es así como en el primer supuesto la consecuencia jurídica de apercibimiento de perención es el desacato del demandante a la orden impartida de corrección dentro del lapso legal y en el segundo supuesto de resolución inadmisibilidad de la demanda que declara el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, en el caso donde la parte accionante visto su cumplimiento a lo solicitado mediante el despacho saneador oportunamente no cumple suficientemente con lo peticionado por el Tribunal siendo éste el caso de marras.

DISPOSITIVA
Por todos los razonamientos antes expuestos este Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución tanto del Nuevo Régimen como del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, con sede en Punto Fijo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declarar la INADMISIBILIDAD de la demanda en virtud de no cumplir suficientemente con lo peticionado por el Tribunal conforme a la norma prevista en el artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en la demanda por motivo de COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES incoada por el ciudadano ABDON RAMÓN ARCAYA ALCALA, titular de la cédula de identidad No. V-15.806.784 e inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 191.924 contra la entidad de trabajo ACCIONA AGUA C.A. (SUCURSAL DE VENEZUELA). Así se decide.

PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DEJESE UN EJEMPLAR PARA EL COPIADOR DE SENTENCIAS.
Dada, sellada y firmada en la sala del despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución tanto del Nuevo Régimen como del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón con sede en Punto Fijo, a los ocho (8) días del mes de octubre del año dos mil quince (2015). Años 205° de La Independencia y 156° de la Federación.
LA JUEZA TEMPORAL
ABG. ROSALY JOSEFINA MUÑOZ CHIRINO
LA SECRETARIA

ABG. FRANCIS KATHERINE PETIT ROJAS

En esta misma fecha 8/10/2015 siendo las 10:45 a.m. se dictó y público la presente decisión.
LA SECRETARIA

ABG. FRANCIS KATHERINE PETIT ROJAS
ASUNTO: IP31-L-2014-000373
RJMCH