TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA MUNICIPAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO FALCÓN

Santa Ana de Coro, 23 de Octubre de 2015.
204º Y 156º
ASUNTO PRINCIPAL: IP02-P-2015-000569
ASUNTO: IP02-P-2015-000569

AUTO DECRETANDO MEDIDA DE COERCCION PERSONAL DE LA AUDIENCIA DE PRESENTACION DE IMPUTADOS

IDENTIFICACION DE LAS PARTES
EL JUEZ: ABG. JOSE. G. REYES.
SECRETARIO: ABG. NEWGBERTT DOMINGUEZ
FISCAL AUXILIAR TERCERA: ABG. MILAGRO FIGUEROA
VÍCTIMA: ESTADO VENEZOLANO
APREHENDIDO: JUAN CARLOS RIVERO LEAÑEZ
DEFENSOR PUBLICO ABG JESUS HENRIQUEZ

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA
En el día de hoy 22 de octubre de 2015, siendo las 07:20 PM. hora y fecha fijada para dar inicio a la Audiencia Oral de Imputación de conformidad con lo establecido en el articulo 356 del Código Orgánico Procesal Penal, solicitada por la representación Fiscal del Ministerio Público en contra del ciudadano: JUAN CARLOS RIVERO LEAÑEZ, reservándose el derecho de precalificar el delito en las actuaciones el cual precalificara en este acto. Se instaló el Tribunal Primero de Primera Instancia Municipal en Función de Control a cargo del Ciudadano Juez Abg. JOSE. G. REYES, el Secretario Abg. Newgbertt Domínguez y el alguacil designado para este acto en la sala de audiencia de este Circuito Judicial Penal del Estado Falcón. Acto seguido el Juez insta al secretario a verificar la presencia de las partes, quien constató que se encuentra presente el Fiscal del Ministerio: ABG MILAGRO FIGUEROA, el aprehendido: JUAN CARLOS RIVERO LEAÑEZ, previo traslado desde GAURDIA NACIONAL BOLIVARIANA, así mismo se encuentra presente el Defensor publico por la unidad de la defensa ABG JESUS HENRIQUEZ, una vez haber impuesto el Juez al imputado de autos del derecho que tiene de estar asistidos en este acto de un defensor de su confianza, por lo que este tribunal procedió a preguntarle a los investigados de autos si tenia defensor que los asistiera en la presente causa, manifestando el ciudadano JUAN CARLOS RIVERO LEAÑEZ no tener defensor que los asista, Por lo cual se le impuso al defensor publico de las actuaciones procesales, previo acceso y valoración del expediente, así como entrevista a solas con el imputado Seguidamente el ciudadano Juez apertura el acto y le concede el derecho de palabra al ciudadano Fiscal del Ministerio Público abg MILAGRO FIGUEROA quien expuso: “Con las atribuciones que me confiere el Ministerio Público y las leyes, presento en este acto formalmente al ciudadano JUAN CARLOS RIVERO LEAÑEZ (se deja constancia que la Representación Fiscal, hace una breve narración de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos descritas en el acta policial), esta Representación Fiscal solicita que el procedimiento continué por el Procedimiento Especial para el Juzgamiento de los Delitos Menos Graves, de conformidad con lo establecido en el artículo 354 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, en cuanto a la precalificación del Delito considero que la conducta desplegada por los ciudadanos encaja en el delito de: USURPACION DE IDENTIDAD PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE IDENTIFICACION, por lo cual solicito les sea impuesta una medida cautelar articulo 242 numeral 3 el Código Orgánico Procesal penal consistente en la presentación CADA 30 días ante este tribunal”, es todo”. Seguidamente el juez le manifiesta al imputado de autos que es la oportunidad legal para que manifieste sus alegatos de conformidad con lo establecido en el articulo 132 del Código Orgánico Procesal Penal, así mismo el juez procede a imponer del precepto Constitucional establecido en el numeral 5 del articulo 49, que los exime de declarar en causa propia, sin que su silencio les perjudique, también hizo de su conocimiento que la declaración es un medio con el que cuenta para su defensa y por consiguiente tiene derecho a explicar todo cuanto sirva para desvirtuar las sospechas que sobre ellos recaiga, así mismo el Juez explica a los imputados de las formulas Alternativas a la Prosecución del Proceso, consagrados en los artículos 38, 357 y 358 del Código Orgánico Procesal Penal en este estado, e impuesto del Derecho Constitucional. El ciudadano Juez ordena identificar formalmente a los imputados quien se identificaron como: JUAN CARLOS RIVERO LEAÑEZ, Venezolano, titular de la cedula de identidad Nº V- 16.707.721 De 35 años de edad, nació el 18/03/1980 estado civil soltero, profesión u oficio obrero residenciado en la población de Churuguara sector callejón San pablo, punto de referencia frente al hospital, Municipio Federación del Estado Falcón, numero de teléfono Nº 0416-1259023, hijo de Adalberto Rivero y Rosa Leañez, El ciudadano imputado Manifiesta “NO DESEO DECLARAR” es todo”. Seguidamente se le concede el derecho de palabra al Defensor publico quien expuso: "Buenas tardes a todos los presentes, una vez escuchada la exposición de la Representación del Ministerio Público, que se presuma inocente según lo establecido del Código Orgánico Procesal Penal, ya que estamos en una etapa insipiente por lo cual ratifico la libertad sin restricciones ” Es Todo”

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Ahora bien analizado como han sido los argumentos expuestos por las partes este Tribunal pasa a resolver con fundamento en las siguientes consideraciones: En lo que respecta a la detención del imputado, se observa esta instancia del estudio de las actuaciones, específicamente del Acta de Investigación Penal Nº 0016, donde consta la aprehensión del ciudadano: RIVERO LEAÑES JUAN CARLOS. En esta misma fecha siendo las 15:00 horas de la tarde comparecieron ante este despacho los siguientes efectivos: TTE. DUARTE NOGUERA OSMAR CARLIN, SM/2DA ANDRADE LEON LEOPOLDO, S/1RO HERNANDEZ LIZRADO JOSE, adscritos a la Primera Compañía, del Destacamento de Comandos rurales Nro.139, del Comando de Zona Para el Orden Interno Nro. 13 Falcón, de la Guardia Nacional Bolivariana, con sede en Churuguara Municipio Federación del Estado Falcón, actuando como Órgano de Policía de Investigaciones Penales de conformidad con lo establecido en los en los artículos, 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 114, 115, 119, 191, 193, y 234 del Código Orgánico Procesal Penal Vigente, en concordancia con el articulo 50 ordinal 01 de la Ley de Orgánica de servicio de policía de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas; dejan constancia de la siguiente actuación: “El día miércoles 21 de Octubre de 2015, siendo las 11:30 horas de la mañana en el marco del operativo de liberación del pueblo (OLP), emanado por el ejecutivo Nacional, salimos de comisión por la jurisdicción con el fin de verificar y constatar sobre información de un fallecido suministrada a través del teléfono del cuadrante asignado a esta unidad, una vez en el callejón san pablo, sector los países de la parroquia Churuguara municipio federación del estado Falcón, visualizamos un grupo de personas todas de sexo masculino en las inmediaciones del callejón san pablo con prolongación a la calle padre Aldana, una vez en el lugar procedimos a identificamos como funcionarios de la guardia nacional bolivariana, donde se les efectuó chuequeo corporal al finalizar con el mismo, procedimos a informarles que serían trasladados hasta las instalaciones del comando donde se les verificara su documentación por el sistema integrado de policía ( SIPOL), estando en las instalaciones se procedió a establecer información con el 171 Falcón a espera de conexión con el sistema de datos, donde fuimos atendidos por el oficial POLIFALCÓN Asdrúbal Paris titular de la cedula de identidad numero V- 19.635.879. A quien se le emitió los datos del siguiente ciudadano RIVERO LEAÑES CARLOS ALBERTO, titular de la cedula de identidad numero V- 20.933.463. El cual registra sin novedad, al notar la actitud sospechosa y nerviosa del individuo se le solicito que estampara su firma sobre una hoja tal cual como esta en la cedula que porta, al ejecutar lo ordenado se concibió que eran totalmente distintas, al analizar profundamente el documento nos percatamos que el sujeto no cuenta con las mismas características físicas según la fecha de nacimiento, del documento presentado al interrogarlo, informo que el documento identificador que porta es de su hermano, razón por la cual se le requirió suministrara su verdaderos datos personales quien dijo ser y Llamarse RIVERO LEAÑES JUAN CARLOS titular de la cedula de identidad numero: V_ 16.707.721, quien registra prontuario policial por violencia de genero del año 2011, y que se encuentra sin requerimiento alguno, motivo por el cual se le hizo de sus conocimientos que estaba incurso en un delito tipificado el código orgánico policial por usurpación de identidad, al instante se efectuó llamada telefónica al Abg. Guillermo Amaya Fiscal Tercero del Circuito Judicial del Estado Falcón, quien giro las siguientes instrucciones. Realizar reseña policial y colocar despecho las actuaciones realizadas.
Lo anterior, a criterio de este Juzgador, se corresponde con el criterio de una flagrancia real y efectiva, pues el imputado fue detenido en razón del señalamiento expreso y directo que funcionarios GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA, “El día miércoles 21 de Octubre de 2015, siendo las 11:30 horas de la mañana en el marco del operativo de liberación del pueblo (OLP), emanado por el ejecutivo Nacional, salimos de comisión por la jurisdicción con el fin de verificar y constatar sobre información de un fallecido suministrada a través del teléfono del cuadrante asignado a esta unidad, una vez en el callejón san pablo, sector los países de la parroquia Churuguara municipio federación del estado Falcón, visualizamos un grupo de personas todas de sexo masculino en las inmediaciones del callejón san pablo con prolongación a la calle padre Aldana, una vez en el lugar procedimos a identificamos como funcionarios de la guardia nacional bolivariana, donde se les efectuó chuequeo corporal al finalizar con el mismo, procedimos a informarles que serían trasladados hasta las instalaciones del comando donde se les verificara su documentación por el sistema integrado de policía ( SIPOL), estando en las instalaciones se procedió a establecer información con el 171 Falcón a espera de conexión con el sistema de datos, donde fuimos atendidos por el oficial POLIFALCÓN Asdrúbal Paris titular de la cedula de identidad numero: V- 19.635.879. A quien se le emitió los datos del siguiente ciudadano RIVERO LEAÑES CARLOS ALBERTO, titular de la cedula de identidad número: V- 20.933.463. El cual registra sin novedad, al notar la actitud sospechosa y nerviosa del individuo se le solicito que estampara su firma sobre una hoja tal cual como esta en la cedula que porta, al ejecutar lo ordenado se concibió que eran totalmente distintas, al analizar profundamente el documento nos percatamos que el sujeto no cuenta con las mismas características físicas según la fecha de nacimiento, del documento presentado al interrogarlo, informo que el documento identificador que porta es de su hermano, razón por la cual se le requirió suministrara su verdaderos datos personales quien dijo ser y Llamarse RIVERO LEAÑES JUAN CARLOS, titular de la cedula de identidad numero: V- 16.707.721, quien registra prontuario policial por violencia de genero del año 2011, y que se encuentra sin requerimiento alguno, motivo por el cual se le hizo de sus conocimientos que estaba incurso en un delito tipificado el código orgánico policial por usurpación de identidad, al instante se efectuó llamada telefónica al Abg. Guillermo Amaya Fiscal Tercero del Circuito Judicial del Estado Falcón, quien giro las siguientes instrucciones. Realizar reseña policial y colocar despecho las actuaciones realizadas, En virtud a lo ante explanado se observa que existe una prueba inmediata y directa del delito cometido, que emana de la observación que del hecho delictivo efectuaran los funcionarios actuantes en el procedimiento.

Al respecto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No. 1901 de fecha 01.12.2008 precisó:
“...En el Código Orgánico Procesal Penal, la flagrancia está definida en el artículo 234, “se tendrá como delito flagrante el que se está cometiendo o el que acaba de cometerse”. En principio, todo delito cuando se está cometiendo es flagrante, se está ejecutando actualmente, pero la condición de flagrante –a los efectos del artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal y del proceso penal- viene dada porque al instante en que se ejecuta, es percibido por alguien, quién puede actuar en la aprehensión o simplemente, formular la denuncia ante los órganos competentes o llamar a la fuerza pública para que lo capture.
De allí que, la condición de flagrancia venga dada por las circunstancias de que alguien (una persona) pueda captar la ejecución del delito, bien porque lo presencia, o porque acabando de cometerse, el sospechoso (a quien así denomina el Código Orgánico Procesal Penal ni siquiera es imputado), se encuentra aún en el lugar del suceso, en actitud tal que quien observa la comisión del hecho necesariamente forma una relación de causalidad entre el delito y el presunto delincuente.
Asimismo, la flagrancia está ligada a la persona que presencia la comisión del hecho, quien así se convierte en medio de prueba del delito y su autoría, sin que por ello sea necesaria, en principio, cualquier otra probanza de lo acontecido. El delito es de tal evidencia para quien lo aprehendió que, salvo en ciertas excepciones, no requiere otra prueba del mismo. Se trata de una presencia inmediata y directa, la cual es necesaria que exista por igual tanto en la autoría como en las circunstancias que se perciben in situ del hecho.
Lo que clasifica de flagrante a un delito, es la captación del mismo que se comete o acaba de cometerse y será dicho conocimiento el que al llevarse al proceso, básicamente probará el cuerpo del delito y su autoría.

Siendo ello así, estima este juzgador, que en el presente caso al haberse verificado como se explicó un delito flagrante, la detención del ciudadano: RIVERO LEAÑES JUAN CARLOS, Venezolano, titular de la cedula de identidad Nº V- 16.707.721, plenamente identificado en autos, fue practicada de manera legítima y ajustada a los parámetros que dispone el artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 234 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASÍ SE DECIDE.
En lo que respecta al delito precalificados y la a medida de coerción personal a imponer; este tribunal observa que en el presente caso, la Representación Fiscal precalifico el delito de: USURPACION DE IDENTIDAD PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE IDENTIFICACION. En este sentido, la defensa de igual manera hace mención en sus alegatos donde indica lo siguiente: "Buenas tardes a todos los presentes, una vez escuchada la exposición de la Representación del Ministerio Público, que se presuma inocente según lo establecido del Código Orgánico Procesal Penal, ya que estamos en una etapa insipiente por lo cual ratifico la libertad sin restricciones” Es Todo”.

Analizando el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de concurren los elementos para decretar una medida de coerción personal el ordinal 1º indica Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita; tal y como lo es el delito de USURPACION DE IDENTIDAD PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE IDENTIFICACION, cuya materialidad se verifica de los elementos de convicción obtenidos de las diligencias preliminares de investigación, como a continuación se pasan a describir en el análisis del supuesto siguiente:

Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible; los cuales se obtienes del análisis de las siguientes actas de investigación tales como la son:

1.-ACTA POLICIAL N° 0016 DE FECHA DE 21-10-2015, suscrita por funcionarios GNB (la cual riela en los folio 03 de las actuaciones preliminares acompañadas al procedimiento).

2.-ACTA DE LECTURA DE DERECHOS DE FECHA 21-10-2015, suscrita por funcionarios GNB (la cual riela en los folio 04 las actuaciones preliminares acompañadas al procedimiento).

3.- .-INFORME MEDICO DE FECHA 21-10-2015, suscrita por DRA. JORCELIS RODRIGUEZ (la cual riela en los folio 07 las actuaciones preliminares acompañadas al procedimiento).

4.-OFICIO N°CZ13-DCR-139-SO-127 DE FECHA 21-10-2015, suscrita por GNB (la cual riela en los folio 08 las actuaciones preliminares acompañadas al procedimiento).

5.-OFICIO N°CZ13-DCR-139-SO-128 DE FECHA 21-10-2015, suscrita por GNB (la cual riela en los folio 09 las actuaciones preliminares acompañadas al procedimiento).

6.-REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA DE FECHA 21-10-2015, suscrita por funcionarios GNB, se deja Constancia de la siguiente evidencia: CEDULA DE IDENTIDAD N° 20.933.463 (la cual riela en los folio 10 las actuaciones preliminares acompañadas al procedimiento).
Elementos estos de convicción, de los cuales estima este Juzgador, se extraen motivo racional, coherente y suficiente para estimar la presunta participación del ciudadano: RIVERO LEAÑES JUAN CARLOS, en la comisión del delito: USURPACION DE IDENTIDAD PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE IDENTIFICACION, que le fuera acreditado a dicha conducta antijurídica por el Ministerio Público en la audiencia de presentación, habida consideración que de las actuaciones preliminares se pudo determinar que efectivamente el imputado resultó detenido por los funcionarios adscritos a GNB, “El día miércoles 21 de Octubre de 2015, siendo las 11:30 horas de la mañana en el marco del operativo de liberación del pueblo (OLP), emanado por el ejecutivo Nacional, salimos de comisión por la jurisdicción con el fin de verificar y constatar sobre información de un fallecido suministrada a través del teléfono del cuadrante asignado a esta unidad, una vez en el callejón san pablo, sector los países de la parroquia Churuguara municipio federación del estado Falcón, visualizamos un grupo de personas todas de sexo masculino en las inmediaciones del callejón san pablo con prolongación a la calle padre Aldana, una vez en el lugar procedimos a identificamos como funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, donde se les efectuó chuequeo corporal al finalizar con el mismo, procedimos a informarles que serían trasladados hasta las instalaciones del comando donde se les verificara su documentación por el sistema integrado de policía ( SIPOL), estando en las instalaciones se procedió a establecer información con el 171 Falcón a espera de conexión con el sistema de datos, donde fuimos atendidos por el oficial polifalcón Asdrúbal Paris C.l.V: 19.635.879. A quien se le emitió los datos del siguiente ciudadano RIVERO LEAÑES CARLOS ALBERTO C.l.V- 20.933.463. El cual registra sin novedad, al notar la actitud sospechosa y nerviosa del individuo se le solicito que estampara su firma sobre una hoja tal cual como esta en la cedula que porta, al ejecutar lo ordenado se concibió que eran totalmente distintas, al analizar profundamente el documento nos percatamos que el sujeto no cuenta con las mismas características físicas según la fecha de nacimiento, del documento presentado al interrogarlo, informo que el documento identificador que porta es de su hermano, razón por la cual se le requirió suministrara su verdaderos datos personales quien dijo ser y Llamarse: RIVERO LEAÑES JUAN CARLOS C.I.V_ 16.707.721, quien registra prontuario policial por violencia de genero del año 2011, y que se encuentra sin requerimiento alguno; existe una prueba inmediata y directa del delito cometido, que emana de la observación que del hecho delictivo efectuaran los funcionarios actuantes en el procedimiento.

Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se ha referido a la posibilidad de imponer Medida de Coerción Personal desde la fase preparatoria, a los fines de asegurar las finalidades del proceso, señalando:

“... El Código Orgánico Procesal Penal en su título I regula las fases del proceso penal entre las cuales se encuentra la fase preparatoria, cuya finalidad no es más que practicar las diligencias necesarias tendentes a determinar si existen razones para proponer la acusación contra una persona y pedir su enjuiciamiento o sobreseimiento, según el caso.
En dicha fase, la medida más importante que se puede decretar, entre otras, es la privación preventiva judicial de libertad del imputado si se verifica la existencia de los requisitos concurrentes que para tal fin, establece el Código Orgánico Procesal Penal...” (Sent. Nro. 673 del 07/04/2003, )

Asimismo, se estima oportuno precisar, que si bien es cierto, sólo será en la fase de juicio oral y público, luego de efectuada la práctica de todas y cada una de las pruebas, y dado el correspondiente contradictorio, el momento estelar donde se podrá establecer con certeza la existencia de responsabilidad o no del imputado; no obstante hasta el presente estado procesal, está demostrado a los solos efectos del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, la existencia de elementos de convicción suficientes para estimar la participación de éste en la comisión del hecho delictivo que le fue atribuido, lo hace procedente el decreto de una medida de coerción personal. Situación esta que en ningún momento comporta pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del imputado de autos, pues los elementos valorados por esta instancia, se ciñen estrictamente a establecer la procedencia fundada de la Medida Coerción Personal que fue solicitada, tal y como lo es la Privación Judicial Preventiva de Libertad.

Al respecto, ha señalado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No 1998 de fecha 22 de noviembre de 2006:
“… La protección de los derechos del imputado a la libertad y a ser tratado como inocente mientras no se establezca de manera plena su culpabilidad, tampoco puede significar el absoluto abandono de los mecanismos cautelares destinados a garantizar los objetivos del proceso…”. (Negritas de la Sala).

Y finalmente también está acreditado la existencia de una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de la investigación, pues aprecia este tribunal, partiendo de la circunstancia de que en el presente caso, nos encontramos en presencia de un delito menos graves, el cual tiene asignada una penalidad moderada para el delito de: USURPACION DE IDENTIDAD PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE IDENTIFICACION, lo cual se corresponde con el contenido del numeral 5 del artículo 237 que al respecto dispone:

Artículo 237. Peligro de fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:
Omissis…
5. la conducta predelictual del imputado o imputada.

No obstante a lo anterior, estima este Juzgador que el ciudadano posee conducta predelictual, según consta en Acta de Investigación Policial donde registra prontuario policial por violencia de genero del año 2011, y actualmente se encuentra inmerso en un procedimiento judicial penal ya que ha actuado de manera desleal suplantando la identidad de otra persona, donde se le solicito que estampara su firma sobre una hoja tal cual como esta en la cedula que porta, al ejecutar lo ordenado se concibió que eran totalmente distintas, al analizar profundamente el documento nos percatamos que el sujeto no cuenta con las mismas características físicas según la fecha de nacimiento, del documento presentado al interrogarlo, informo que el documento identificador que porta es de su hermano; luego de efectuado el correspondiente estudio a las actuaciones que constituyen el presente procedimiento se determina el peligro de fuga, basado en el numeral 5 del art. 237 Código Orgánico Procesal Penal, los supuestos que motivan la medida de privación judicial preventiva de libertad, pueden ser razonablemente satisfecho, por una medida cautelar sustitutiva menos gravosa, como lo es, la medida prevista en el artículo 242 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal consistente en la presentación cada treinta (30) días este tribunal; ello en atención a las consideraciones que de seguidas se pasan a exponer.

Ciertamente, una de las tantas innovaciones del actual sistema Penal, lo constituye la institución del principio de afirmación de libertad, en razón del cual, toda persona a quien se le impute la comisión de un hecho punible, salvo las excepciones que establece la ley, tiene derecho a ser juzgada en libertad; de tal manera que la libertad constituye la regla en el juzgamiento penal y la privación judicial preventiva de libertad, una forma excepcional de enjuiciamiento. En tal sentido, los artículos 8, 9 y 229 del Código Orgánico Procesal Penal, establecen que:

Artículo 8. Presunción de inocencia. Cualquiera a quien que se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme.
Artículo 9. Afirmación de la libertad. Las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, sólo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta.
Las únicas medidas preventivas en contra del imputado son las que este Código autoriza conforme a la Constitución.
Artículo 229. Estado de Libertad. Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este código.
La privación de libertad es una medida cautelar, que solo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso”.

Ese juzgamiento en libertad, que como regla, emerge en nuestro proceso penal, no es más que el desarrollo de un mandato contenido en el numeral 1 del artículo 44 del texto constitucional, el cual al consagrar el derecho a la libertad personal establece que “…toda persona será juzgada en libertad excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el Juez o Jueza en cada caso…”; dispositivo constitucional con el cual, además, se establece una garantía de protección e intervención mínima en la afectación del derecho a la libertad personal, el cual sólo podrá verse restringido en casos excepcionales, para asegurar las finalidades del proceso.
En este orden de ideas, la Sala Constitucional de nuestro más alto Tribunal de Justicia, en sentencia No. 1825, de fecha 04 de julio de 2003, señaló:

.“...Al respecto debe recordarse que, de conformidad con el artículo 44 de la Constitución, las personas serán juzgadas en libertad, excepto por las razones que determine la ley. Por su parte, el artículo 252 (hoy, 243) del derogado Código Orgánico Procesal Penal reafirma la garantía del juicio en libertad, cuando establece que “Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este código”; asimismo, que “la privación de libertad es una medida cautelar, que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso” (Subrayado de la Sala). Tales excepciones... son las que autorizan a dictar medidas cautelares privativas de libertad, las cuales sin embargo y siempre en procura de que, solo en la menor medida posible y dada la garantía constitucional de presunción de inocencia, resulte afectado el derecho fundamental que reconoce el artículo el artículo 44 de la Constitución...” . (Negritas de esta Sala).

Así pues, hoy en día la Privación Judicial Preventiva de Libertad, constituye un decreto excepcional, que a la luz del nuevo sistema de juzgamiento penal, sólo puede ser dictado en todos aquellos casos en los cuales, no exista razonablemente la posibilidad de garantizar las eventuales resultas del proceso penal, con otra medida de coerción personal menos gravosa y distinta la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad.

En tal sentido, debe señalar este juzgador, que la imposición de cualquier medida de coerción personal, debe necesariamente obedecer a una serie de criterios y juicios debidamente razonados y ponderados, que atendiendo a las circunstancias que rodean cada caso, se encamine a conseguir el debido equilibrio que exige, tanto el respeto al derecho de los procesados penalmente a ser juzgados en libertad como al derecho del Estado y la sociedad de que se resguarden los intereses sociales, mediante el establecimiento de medios procesales que garanticen las futuras y eventuales resultas de los juicios.

Por ello, el análisis de todas y cada una de las circunstancias fácticas que reposan en las actuaciones y acompañan a las respectivas solicitudes de privación o cautelar sustitutiva de libertad, deben ser ponderadas bajo los criterios de objetividad, magnitud del daño, cuantía de la pena, peligro de fuga y de obstaculización en la búsqueda de la verdad, lo cual permitirá luego de un debido y motivado juicio, determinar con certeza la mayor o menor severidad de la medida a imponer.

Si bien es cierto a los imputados se le ha atribuido un hecho delictivo menos grave, pero este juzgador considera y estima la posibilidad de asegurar las resultas del presente proceso, mediante la imposición de una medida de coerción personal menos gravosa a la privación judicial preventiva de libertad, tal y como lo es, medida prevista en el articulo 242 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal consistente en la presentación cada treinta (30) días este tribunal. El cual al consagrar el derecho a la libertad personal establece que “…toda persona será juzgada en libertad excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el Juez o Jueza en cada caso…”. Este juzgador, estima que lo ajustado a derecho es decretar a los imputados la medida cautelar sustitutivas a la privación judicial preventiva de libertad, previstas en el articulo 242 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal consistente en la presentación cada treinta (30) días este tribunal.

Finalmente, en cuanto al procedimiento a seguir, se observa que en la presente causa si bien fue estimada la flagrancia en la aprehensión del imputado, el Ministerio Público, solicitó la aplicación del procedimiento especial, por lo que a tenor de lo dispuesto del artículo 353 del Código Orgánico Procesal Penal el cual expresamente dispone:

Artículo 353. DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

En los asuntos sujetos a procedimientos especiales son aplicables las disposiciones establecidas específicamente para cada uno de ellos en este libro. En lo no previsto, y siempre que no se opongan a ellas, se aplicaran las reglas del procedimiento ordinario.

Ahora bien, visto, escuchado, analizados los alegatos de la Defensa y el Ministerio Público de igual manera vista las actuaciones acompañadas al escrito fiscal, y por cuanto el imputado de auto manifestó no acogerse a las Fórmulas alternativas a la Prosecución del Proceso como lo son la Suspensión Condicional del Proceso, este Juzgado primero de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control del Estado Falcón. Y ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVA
Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA: PRIMERO: se decreta la flagrancia previsto y sancionado en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal SEGUNDO: Se acuerda la solicitud de la Representación Fiscal de seguirse el presente caso mediante el Procedimiento de Juzgamiento de Delitos Menos Graves establecido en el artículo 354 del Código Orgánico Procesal Penal. TERCERO: Se admitió la precalificación del delito realizada por el ciudadano Fiscal del Ministerio Público de de USURPACION DE IDENTIDAD PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE IDENTIFICACION, para el ciudadano JUAN CARLOS RIVERO LEAÑEZ. CUARTO: CON lugar la solicitud de la representación fiscal en cuanto a la imposición de una medida cautelar sustitutiva de libertad articulo 242 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal consistente en la presentación cada 30 días ante este tribunal QUINTO:. Sin lugar la solicitud del defensor público en cuanto a la libertad sin restricciones para su defendido.
Publíquese, regístrese y déjese copia.

EL JUEZ PROVISORIO
ABG. JOSE. G. REYES

EL SECRETARIO
ABG. NEWGBERTT DOMINGUEZ