TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Segundo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón
Santa Ana de Coro, 6 de Octubre de 2015
205º y 156º
ASUNTO PRINCIPAL : IP01-P-2015-000416
ASUNTO : IP01-P-2015-000416

SENTENCIA DEFINITIVA POR ADMISION DE HECHOS.-

Corresponde a este Tribunal de Juicio, emitir sentencia en la presente causa, seguida contra del ciudadano HARDY FARAEL ALVAREZ BRACHO, a quienes este Tribunal, condenó a cumplir la pena de CINCO (05) AÑOS, NUEVE (09) MESES Y QUINCE (15) DIAS de PRISIÓN, por la comisión del delito de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE, previsto y sancionado en el artículo 149, segundo aparte, de la Ley Orgánica de Drogas, PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el articulo 274 del Código Penal, y el delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el articulo 218 ejusdem, todo conforme al procedimiento especial por admisión de los hechos previsto en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal; a tal efecto, este Juzgado hace las siguientes consideraciones previas:

I
IDENTIFICACIÓN PLENA DEL ACUSADO

HARDY FARAEL ALVAREZ BRACHO, titular de la cédula de identidad Nº 15.386.874, venezolano, de 32 años de edad, nacido en fecha 12-04-1979, de profesión obrero y natural, residenciado en Sector Las Piedras, calle Democracia, casa Nº 27, Punto Fijo estado Falcón.

II
DE LOS HECHOS OBJETO DEL PROCESO

En esta fecha, se llevó a efecto el acto de apertura del Juicio Oral y Público, acto en el cual la Fiscalía al tomar uso de la palabra, ratificó el contenido de su acusación.

Los hechos contenidos en ella y admitidos por el Juez de Control en audiencia Preliminar son por los que el acusado admitió los hechos

Seguidamente el Representante Fiscal, expuso sucintamente los medios de pruebas en los que soportaba su acusación y los ofreció a los fines de demostrar la culpabilidad de las sindicadas y las acusó formalmente del delito de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE, previsto y sancionado en el artículo 149, segundo aparte, de la Ley Orgánica de Drogas, PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el articulo 274 del Código Penal, y el delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el articulo 218 ejusdem.

Acto seguido la defensa hizo el uso de palabra a los efectos de exponer su discurso de apertura.

Acto seguido se le impuso a la acusada de sus derechos contemplados en el artículo 127 del COPP, y se les informó que su declaración era un instrumento para su defensa por lo que se le impuso del contenido de los artículos 132 y 134 eiusdem, así como del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, manifestando no querer declarar.

Acto seguido se le impuso a las acusadas de las medidas alternativas de prosecución del proceso penal, a saber, Principio de Oportunidad, Acuerdos Reparatorios y Suspensión Condicional del Proceso, aún y cuando es claro que dichas medidas no proceden respecto al delito imputado. También se les explicó detalladamente del procedimiento especial por admisión de hechos, previsto en el artículo 375 del COPP, indicándole de manera detallada y clara en que consistía y los beneficios que procuraban tanto a él como al Estado. Se le concedió el derecho de palabra a las acusadas y libre y de forma voluntaria, manifestó admitir los hechos y en consecuencia su responsabilidad en el delito por el que se le acusó, solicitó la imposición de la pena bajo la institución de la admisión de los hechos.

III
HECHOS QUE QUEDAN ACREDITADOS

Basado en la admisión de los hechos efectuada por el acusado quien asumió plenamente la responsabilidad de los hechos, el Tribunal cumpliendo con su función sentenciadora y los requisitos de la sentencia conforme al contenido del artículo 364.3 del COPP, estima acreditados los hechos que el Ministerio Público planteó como objeto del debate en su escrito de acusación, esto es que:

EI estacionamiento de la Estación de Servicio La Piedra, ubicada en la avenida Jacinto Lara con calle Comercio y la calle Acueducto (vía pública) entre avenida Jacinto Lara y Calle El Cambur, Sector Nuevo Pueblo Norte de esta ciudad, Estado Falcón; . . dejándose constancia de lo siguiente: “El lugar a inspeccionar se trata de un sitio de suceso abierto, de iluminación artificial deficiente y temperatura ambiental fresca, todos estos elementos apreciables para el momento de practicar la presente inspección; correspondiente primeramente a una estacionamiento constituido por una extensión de suelo de concreto de los utilizados para aparcar vehículos automotores en forma ordenada, donde se localiza en sentido Norte un local comercial denominado Licorería La Piedra, observando frente a este local en el referido estacionamiento de forma diseminada, un (01) trozo de proyectil dorado (semiblindaje) parcialmente deformado, identificado con la letra “A”; una (01) concha calibre 9 mm, marca CA VIM, identificada con la letra “B”; una (01) concha calibre 9 mm, marca CA VIM, identificada con la letra “C”; concha calibre 9 mm, marca CA VIM, identificada con la letra “D” y concha calibre 9 mm, marca CA VIM, identificada con la letra “E’ Todas estas evidencias colectadas para su posterior análisis y comparación. Seguidamente en sentido Norte, saliendo hacía la parte posterior de la mencionada licorería, doblando en sentido Oeste hacia la calle Acueducto, constituida por una extensión de terreno de suelo asfaltado de las utilizadas para el libre transito automotor y el acceso peatonal, donde se observa a treinta metros de distancia aproximadamente de la avenida Jacinto Lara y en el mismo sentido, una (01) concha calibre 9mm, marca LUGGER WIN, identificada con la letra “F”; a pocos centímetros de ella y en sentido noroeste se localiza una (01) concha calibre 9mm, marca LUOGER WIN, • identificada con la letra “G’ en sentido norte y cerca del hombrillo se aprecian una (01) concha calibre 9mm, marca CA VIM, identificada con la letra “H”, a pocos centímetros de esta y hacia el norte se tiene una (01) concha calibre 9mm, marca CA VIM, identificada con la letra “1”. Seguido y en el centro de la referida calle se visualizan una mancha de una sustancia de aspecto hemático y color pardo rojizo, de igual forma, a escasos centímetros de esta se ubica un (01) teléfono celular marca BlackBerry de color negro con protector de color rojo, identificado con la letra “J”; en sentido anti horario y a pocos centímetros se observa un (01) bolso de regular tamaño, de color negro y franjas blancas marca TOMMY HILFIGER, identificado con la letra “K”, en el mismo sentido y a pocos centímetros se aprecia una funda para armas de fuego, de color negro sin marca aparente, identificada con la letra “L “, en el mismo sentido y a escasos centímetros se localiza un (01) arma de fuego tipo pistola, pavón negro marca BERETTA, modelo PX4 STORM, calibre 9 mm, serial PXSO44H, provista de su respectivo cargador contentivo de tres (03) balas del mismo calibre sin percutir, identificada con la letra “Mp, en el mismo sentido anti horario y a pocos centímetros se tiene una (01) concha calibre 9 mm, marca CA VIM, identificada con la letra “N”, en sentido oeste se visualiza una (01) concha calibre 9 mm, marca CA VIM, identificada con la letra “O”. Seguido y a cuatro metros de distancia aproximadamente y en sentido Oeste en el hombrillo, se localizan, una (01) concha calibre 9 mm, marca CAVIM, identificada con la letra “P’ en el mismo sentido y a pocos centímetros se localiza una (01) concha calibre 9 mm, marca CA VIM, identificada con la letra “Q’ a escasos centímetros de la concha anterior se aprecia una (01) concha calibre 7.56 mm, marca CAVIM, identificada con la letra “R”, a pocos centímetros se ubica una (01) concha calibre 7.65 mm, marca CA VIM, identificada con la letra “5”. Seguidamente a tres metros de distancia aproximadamente y en sentido oeste, se observa un vehículo colisionado contra una pared de bloques y concreto sin frisar, con las siguientes características: marca TOYOTA, modelo 4 RUNNER. color DORA DO, placas lA K-96R. Dicho vehículos al ser inspeccionado se puede apreciar con ambas puertas delanteras abiertas, con sus bolsas de aire expuestas en su parte interna, observando en el vidrio trasero izquierdo o detrás del conductor un orificio de forma irregular, producido por el paso de un proyectil rasante disparado por una arma de fuego, de igual manera, en la parte inferior de la misma puerta se visualiza otro orificio de forma ovalada con similares características al orificio anterior, el caucho trasero de ese lado se aprecia despresurizado, así mismo en su compuerta trasera se observa un orificio de forma circular, producido por un proyectil rasante disparado por un arma de fuego, seguido y en el parachoques trasero, debajo de la mica trasera izquierda se visualiza un impacto producido por un objeto de menor o igual cohesión molecular. Su parte frontal se observa con abolladura y deformación debido al impacto ocurrido con la referida pared, con desprendimiento del parachoqÜes, fracturas de micas y faros delanteros, deformación del capot y el caucho delantero izquierdo del lado del conductor despresurizado con deformación de su respectivo rin. Interiormente presenta asientos elaborados en cuero de color beige, con restos de sustancia hemática y color pardo rojizo en su parte delantera, observando en el piso delantero izquierdo del lado del chofer, una (01) concha calibre 9 mm, marca CA VIM, identificada con la letra “T” y una (01) concha calibre 9 mm, marca CA VIM, identificada con la letra “U”, sus asientos traseros vacíos. En su parte delantera derecha del lado del acompañante, especificamente en el piso se localiza un (01) arma de fuego tipo pistola, pavón negro marca CZ, modelo VZOR 70, calibre 7.65 mm, serial J7528 1, provista de su respectivo cargador contentivo de cuatro (04) balas del mismo calibre sin percutir, identificada con la letra “y” y dos (02) proyectiles parcialmente deformados, de igual forma, en su parte media específicamente en la consola se localiza un envoltorio de regular tamaño, elaborado en material sintético de color azul y negro, anudado en su único extremo con su mismo material sintético en cuyo interior se observan cinco (05) envoltorios de pequeño tamaño, de los cuales dos (02) de ellos son elaborados en material sintético de color azul y blanco, anudados en su único extremo con hilo de color negro y tres (03) elaborados en material sintético de color negro y azul, anudados en su único extremo con hilo de color negro, en cuyo interior se aprecia una sustancia solida (polvo) de color blanco, con un olor fuerte y penetrante, presumiblemente al de una sustancia ilícita conocida como droga tipo cocaína. Seguidamente se procede a colectar las evidencias antes descritas no sin antes fijar fotográficamente en vista general y en detalle las mismas y el sitio de suceso antes descrito, de igual manera, se colecta una muestra de la sus tancia hemática que se localiza en el pavimento a través de un trozo de gasa, identificada como muestra “1” y otra que se localiza en el interior del referido vehículo, identificada como muestra “2 “.

IV
FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

La institución de la admisión de hecho se encuentra contemplada en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal y fundamentalmente es un mecanismo de auto composición procesal tendiente a la conclusión anticipada del procedimiento penal producto del reconocimiento voluntario que el acusado expresa respecto a su participación y culpabilidad en los hechos que el Estado por intermedio del Ministerio Público le imputa. Tal reconocimiento que contribuye a la efectiva tutela de los derechos de las victimas, la ciudadanía en general y del propio Estado conlleva a un conjunto de beneficio, entre los cuales está, la celeridad judicial lo cual comporta además de una pronta Justicia y el ejercicio efectivo del ius puniendi por parte del Estado, igualmente conlleva a una recompensa para el acusado que ha reconocido su culpabilidad y responsabilidad en el delito de manera anticipada, es precisamente, la formula prevista en el artículo 375 del COPP, la admisión de los hechos, que prevé una rebaja especial que va desde 1/3 a 1/2 de la pena que por el delito cometido normalmente se le aplicaría, según sea el caso, a la luz del encabezamiento de dicho artículo y su primer aparte, es decir, tomando en cuenta las circunstancias del caso, el bien jurídico afectado y el daño social causado. Pero, en el caso que los hechos se subsuman en los presupuestos del primer aparte de dicho artículo el juez sólo podrá rebajar 1/3 de la pena.

Sobre esta novísima Institución -La Admisión de los hechos- el Tribunal Supremo de Justicia se ha pronunciado de manera reiterada y entre las sentencias más recientes encontramos la número 78 del 25 de enero de 2006, expediente 2228 con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta Merchan, (sala Constitucional) igualmente y más reciente en sentencia del 23 de mayo de 2006, sentencia 1106, expediente 1422, expresó lo siguiente:
“De acuerdo con la norma reseñada, el procedimiento por admisión de los hechos es una de las formas de autocomposición procesal, mediante la cual el legislador creó una manera especial de terminación anticipada del proceso, con prescindencia del juicio oral y público, que, a pesar de no estar incluida dentro de las alternativas a la prosecución del proceso previstas en el Capítulo III, Título I del Libro Primero del Código Orgánico Procesal Penal (como lo son el principio de oportunidad, la suspensión condicional del proceso y los acuerdos reparatorios), cumple la misma función, es decir, pone fin al proceso, toda vez que se trata de una “negociación procesal” que asume voluntariamente el acusado, con el objeto de terminar la causa penal.
Se trata, además, de un mecanismo establecido en el Texto Penal Adjetivo que le permite al acusado obtener una rebaja de pena, cuando declara en forma anticipada su culpabilidad, lo que trae como consecuencia un ahorro económico para el Estado, en virtud de que se evita la celebración del juicio oral y público, el cual, por su propia naturaleza, contiene una serie de gastos de índole pecuniario. Permite, igualmente, la obtención de una justicia expedita, la cual es originada por la propia voluntad del acusado, al aceptar los hechos que le son atribuidos, estando ello en concordancia con la tutela judicial efectiva establecida en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En tal sentido, del análisis del señalado artículo 376 se coligen los requisitos para que proceda la admisión de los hechos, el primero de ellos, es la admisión por parte del juez de control, en la audiencia preliminar, de la acusación presentada por el Ministerio Público, cuando se trate del procedimiento ordinario, o en el caso del procedimiento abreviado -delitos flagrantes-. El segundo de dichos requisitos es la admisión por parte del acusado de los hechos objeto del proceso -los comprendidos dentro de la acusación- y la solicitud de la imposición inmediata de la pena.
Así pues, respecto a la oportunidad para realizar la admisión de los hechos se debe distinguir del tipo de proceso que se trate, pues en el procedimiento ordinario, regulado por las normas contenidas en el Libro Segundo del Código Orgánico Procesal Penal, el acusado sólo podrá admitir los hechos objeto del proceso en la audiencia preliminar y una vez que el juez de control haya admitido la acusación presentada en su contra por el Ministerio Público; y en el caso del procedimiento abreviado -Título II del Libro Tercero- la admisión de los hechos sólo procederá en la audiencia del juicio oral, una vez presentada la acusación por el Ministerio Público y antes que el juez de juicio unipersonal haya dado inicio al debate.
Por tanto, no puede el acusado admitir los hechos en otras oportunidades, ya que esa circunstancia sería contradictoria con la naturaleza propia de la intención del legislador procesal penal, que se basó en la figura del “plea guilty”, tomada del derecho anglosajón, que permite la declaración de culpabilidad anticipada, ahorrándole al Estado tiempo y dinero, para invertirlos en otros juicios.
Así pues, dicha institución procesal está acorde con el derecho de toda persona a obtener una tutela judicial efectiva, pero necesariamente esa posibilidad de ofrecimiento al acusado de culminar anticipadamente el proceso, debe hacerse dentro de los parámetros y exigencias establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal.
Además, cabe resaltar el procedimiento de admisión de los hechos no es contrario, en la forma como se encuentra contemplada en el Código Orgánico Procesal Penal, al derecho constitucional que tiene el imputado –como parte del debido proceso- de reconocer, en forma voluntaria, su culpabilidad dentro del proceso penal. La institución de la admisión de los hechos, simplemente es una oportunidad que se le ofrece al imputado, con un beneficio para su persona, para que reconozca voluntariamente su responsabilidad del hecho que le es imputado, lo que no quiere decir que, en el caso que no lo haga en ese instante, pueda declarar posteriormente y aceptar su participación o coparticipación del hecho que le es atribuido. Pero en este último caso, su declaración de la aceptación de la culpabilidad no le trae beneficio procesal alguno, por haber precluido la oportunidad para hacerlo, la cual es, el procedimiento ordinario, en la audiencia preliminar, y en el procedimiento abreviado, una vez presentada la acusación y antes de iniciarse el debate oral y público.
Asimismo, el derecho al debido proceso, y el consecuente derecho a la defensa, en plenitud, no se encuentran mermados por la figura de la admisión de los hechos, toda vez que al imputado que se le ofrece la oportunidad de concluir el proceso de acuerdo con su declaración de reconocimiento, previamente tuvo la oportunidad, durante el iter procesal, ya sea ordinario o abreviado, de alegar todo aquello que lo beneficie y que pueda desvirtuar la imputación fiscal (alegar excepciones de forma y de fondo, ser oído, ofrecer medios de pruebas, interponer recursos ordinarios, ser notificado de los “cargos” por los cuales se le investiga, entre otros mecanismos de defensa)….”
Hechas previamente las consideraciones de derecho respecto a la Admisión de los Hechos, se observa que el acusado admitió su participación y responsabilidad en el delito de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE, previsto y sancionado en el artículo 149, segundo aparte, de la Ley Orgánica de Drogas, PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el articulo 274 del Código Penal, y el delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el articulo 218 ejusdem, en consecuencia, será a partir de dicho tipo penal que habrá de hacerse el calculo de la pena para aplicarle la rebaja especial por admisión de hechos y finalmente imponerle la pena que deberá cumplir.

En relación a la pena que se le debe imponer a los acusados por el delito de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE, previsto y sancionado en el artículo 149, segundo aparte, de la Ley Orgánica de Drogas, establece para ese delito una pena que va desde los 8 años a 12 años de prisión, cuyo término medio en aplicación de la dosimetría penal establecida en el artículo 37 eiusdem, es 10 años de prisión.

A partir de allí, entonces se aplicaría el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece:

“El Procedimiento por admisión de los hechos tendrá lugar desde la audiencia preliminar una vez admitida la acusación, hasta antes de la recepción de pruebas.

El Juez o Jueza deberá informar al acusado o acusada respecto al procedimiento por admisión de los hechos, concediéndole la palabra. El acusado o acusada podrá solicitar la aplicación del presente procedimiento, para lo cual admitirá los hechos objeto del proceso en su totalidad y solicitará al tribunal la imposición inmediata de la pena respectiva.

En estos casos; el Juez o Jueza podrá rebajar la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse, pudiendo cambiar la calificación jurídica del delito, atendidas todas las circunstancias, tomando en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado y motivando adecuadamente la pena impuesta.

Si se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas, cuya pena exceda de los ocho años en su límite máximo, y en los casos de delitos de: homicidio intencional, violación; delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes; secuestro, delito de corrupción, delitos que causen graves daños al patrimonio público y la administración público; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financieros y delitos conexos, delitos con multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, violaciones graves a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y seguridad de la nación y crímenes de guerra, el Juez o Jueza sólo podrá rebajar hasta un tercio de la pena aplicable” (Subrayado del Tribunal).

De la inteligencia de la norma antes transcrita se evidencian unas series de circunstancias que merecen ser analizadas a los efectos de imponer adecuadamente la pena que el acusado deberá cumplir. Así observamos que el legislador adjetivo penal en la parte in fine del encabezamiento autoriza al juez de la causa a rebajar la pena aplicable desde un tercio a la mitad atendiendo todas las circunstancias, el bien jurídico afectado y el daño social causado, lo que exige independientemente de la rebaja una motivación adecuada al caso en concreto.

Sin embargo, observamos que el primer aparte trae una excepción a aquella regla donde establece que sólo podrá rebajarse la pena en 1/3 en los siguientes casos:

1.- En delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas.
2.- En los delitos contra el patrimonio público, y
3.- En los delitos contemplados en Ley Orgánica de Drogas, siempre que sea Tráfico en mayor cuantía, sin embargo, es argumento en contrario de lo anterior, que en el caso de delitos relacionado con el tráfico en menor cuantía el juez o jueza puede rebajar la pena normalmente aplicable hasta la mitad.

Es claro decir, que a partir de aquellos 10 años de prisión procedería la rebaja que por concepto le corresponde por la admisión de hechos, que en este caso, quien aquí decide, rebaja la pena a ½, considerando que la droga que se decomisó y las circunstancias de comisión, es de poca cuantía y de muy baja calidad lo cual implica que no estamos en presencia de unos delincuentes o criminales mayores de los carteles de la droga, es decir, estamos en presencia de un buhonero de la droga que ocultaba sustancias ilegales en menor cuantía, la pena se disminuye a su límite inferior, vale decir, a 8 años de prisión, al aplicar la rebaja de 1/2 a aquellos 8 años, queda una pena a imponer de CUATRO (4) AÑOS de prisión.

En relación al delito de PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el articulo 274 del Código Penal, la ley prevé una pena de 5 a 8 años de prisión, cuyo término medio es de 6 años y 6 meses, y al aplicar la rebaja por admisión de los hechos (1/2) la pena queda en 3 años y 3 meses de prisión y siendo que nos encontramos ante la concurrencia real de delitos, debe ser aplicado lo dispuesto en el artículo 88 del Código Penal, quedando la pena final a imponer por este delito en un (1) año, (6) meses y (15) días de prisión.

Por ultimo en cuanto al delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el articulo 218 del Código Penal, la ley prevé una pena de 3 meses a 2 años de prisión, cuyo término medio es de 1 año, 1 mes y 15 días, y al aplicar la rebaja por admisión de los hechos (1/2) la pena queda en 7 meses de prisión y siendo que nos encontramos ante la concurrencia real de delitos, debe ser aplicado lo dispuesto en el artículo 88 del Código Penal, quedando la pena final a imponer por este delito en (3) meses y (15) días de prisión.

Visto lo anterior se procede a sumar a la pena impuesta por el delito de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE, valga decir, cuatro (04) años, mas la pena por el delito de PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO que seria de (1) año, (6) meses y (15) días y la del delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, que seria de (3) meses y (15) días, suma una pena definitiva a imponer de CINCO (05) AÑOS, NUEVE (09) MESES Y QUINCE (15) DIAS DE PRISION. Y así se decide.

Igualmente se le condenada a cumplir las penas accesorias establecidas en el artículo 16 del Código Penal vigente. Y así se decide.

De conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código Orgánico Procesal Penal, se exime del pago de las costas procesales contempladas en el artículo 276 eiusdem, en virtud del principio de la gratuidad de la justicia consagrado en el artículo 254 de la Constitución Nacional. Y así se decide.

DECISIÓN

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal 2º en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley de conformidad con lo establecido en los artículos 346 del Código Orgánico Procesal Penal, en armonía con el artículo 375 eiusdem, resuelve: Primero: CONDENA a CUATRO (4) AÑOS de prisión al ciudadano HARDY FARAEL ALVAREZ BRACHO, a quienes este Tribunal, condenó a cumplir la pena de CINCO (05) AÑOS, NUEVE (09) MESES Y QUINCE (15) DIAS de PRISIÓN, por la comisión del delito de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE, previsto y sancionado en el artículo 149, segundo aparte, de la Ley Orgánica de Drogas, PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el articulo 274 del Código Penal, y el delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el articulo 218 ejusdem. Segundo: Se le condena a cumplir las penas accesorias establecidas en el artículo 16 del Código Penal vigente. Tercero: De conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código Orgánico Procesal Penal, se exime del pago de las costas procesales contempladas en el artículo 276 eiusdem, en virtud del principio de la gratuidad de la justicia consagrado en el artículo 254 de la Constitución Nacional. Tercero: Se mantiene la medida de privación judicial preventiva de libertad.

Regístrese, déjese copia, inclúyase en diario. Remítase en su oportunidad legal al Tribunal de Ejecución.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias del Tribunal 2º de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Falcón. En Coro a los 06 días del mes de octubre de dos mil quince (2015). Años 204° de la Independencia y 155° de la Federación.

EL JUEZ SUPLENTE,

VICTOR MIGUEL ACOSTA
LA SECRETARIA,

ELISMARY MARRUFO