TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Estado Falcón- Punto Fijo
Punto Fijo; ocho (8) de agosto de dos mil dieciséis (2016)
206º y 157º

ASUNTO: IP31-L-2015-000187

SENTENCIA DEFINITIVA
Nº PJ0052016000022

PARTE ACTORA: DANILO GUTIERREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 10.973.644.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA, PROCURADORES DEL TRABAJO: abogados RAMÓN ALVAREZ, ROSSYBEL CORDOBA, RAMÓN TUVIÑEZ, NEREIDA CAHUAO, JESSY PELAYO, MARTHA ALFONZO, THAYRIM MENDEZ, ANAROSA SANCHEZ, YRISNEL AMAYA, ANERYS CORDOVA, Y ABRAHAN SIBADA, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédulas de identidades N°s: V- 14.479.935, 16.161.111, 7.608.346, 14.647.760, 14.479.907, 20.568.851, 18.699.944, 18.294.787, 13.622.409, 9.519.669 y 10.972.711, respectivamente, inscritos en el INPREABOGADO bajo los N°s 111.808, 115.115, 53.595, 154.203, 154.459, 171.241, 178.810, 171.299, 188.649, 171.227, y 157.491 respectivamente.
PARTE DEMANDADA: ALIANZA ATMM, TRANSPORTE ROMERO C.A., y MULTISERVICIOS ANDRES C.A.
MOTIVO: COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR PÉRDIDA INVOLUNTARIA DEL EMPLEO (PARO FORZOSO).
-I-
NARRATIVA
1.- SÍNTESIS DE LAS ACTUACIONES:
Se inicia la presente causa mediante demanda interpuesta por la Abogada ANAROSA DEL VALLE SANCHEZ COLINA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 171.299, actuando en su carácter de Procuradora de Trabajadores y como apoderada judicial del ciudadano DANILO GUTIERREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-10.973.644, en fecha treinta (30) de julio de dos mil quince (2015).
En fecha tres (3) de agosto de 2015, se admitió la demanda y se ordenó notificar a la parte demandada, entidades de trabajo ALIANZA ATMM, TRANSPORTE ROMERO C.A., y MULTISERVICIOS ANDRES C.A.; siendo debidamente notificadas.
En fecha 11 de marzo de 2016, se abocó de oficio la Jueza Provisoria Abg. Albelis Olivares, y en fecha 17 de marzo de 2016 día y hora fijado por el despacho para la realización de la audiencia preliminar, se dejó constancia de la comparecencia de la parte actora y de la parte demandada entidades de trabajo ALIANZA ATMM, TRANSPORTE ROMERO C.A., y MULTISERVICIOS ANDRES C.A., prolongándose la referida audiencia hasta el día 17 de mayo de 2016, donde se dejó constancia de la comparecencia de la parte actora, y de la incomparecencia de la parte demandada, en consecuencia se ordenó enviar el presente asunto ante los tribunales de juicio, por ende se da el lapso de cinco (05) días a la demandada para la contestación de la demanda, no habiendo contestado ni existiendo medios de prueba alguno, se ordenó la remisión del asunto a la Coordinación Judicial para la redistribución entre los Tribunales de Juicio, correspondiendo el conocimiento a este Tribunal, dándole entrada en fecha 17 de junio de 2016, y fijándose la audiencia de juicio correspondiente, la cual se apertura en fecha tres (3) de agosto de 2016, estando presente la parte actora a traves de su apoderada judicial abogada ANAROSA DEL VALLE SANCHEZ COLINA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 171.299, y dejándose constancia de la incomparecencia de la parte demandada entidades de trabajo ALIANZA ATMM, TRANSPORTE ROMERO C.A., y MULTISERVICIO ANDRES C.A., ni por medio de sus representantes ni de sus apoderados judiciales, aplicándose la consecuencia jurídica establecida en el articulo 151 de la LOPT, dictándose el dispositivo del fallo correspondiente y dentro de la oportunidad legal se publica el mismo in extenso.

2.-HECHOS ALEGADOS POR LAS PARTES:
2.1 Hechos alegado por la parte actora:
Expone el demandante en su libelo:
- Que en fecha 28 de octubre de 2013, comenzó a prestar sus servicios personales, directos y subordinados para la entidad de trabajo ALIANZA ATM, la cual se encuentra conformada por las sociedades mercantiles: TRANSPORTE ROMERO C.A., y MULTISERVICIOS ANDRES C.A.; desempeñándose como MECANICO-MANTENEDOR, en un horario de trabajo de lunes a domingo con una jornada de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
- Que devengaba un último salario diario de bolívares 189,27.
- Que en fecha 23 de abril de 2014, terminó el vínculo laboral que lo unía con la entidad de trabajo ALIANZA ATM.
- Que en virtud de la culminación del vínculo laboral, se dirigió al IVSS a los fines de hacer efectivo el cobro de la indemnización por daños y perjuicios, encontrándose dentro del lapso establecido por la ley adjetiva.
- Que una vez que el IVSS revisara su documentación correspondiente, le manifestó que no podía ser procesada la solicitud por cuanto su patrono nunca lo inscribió por ante el IVSS.
- Que en fecha 9 de octubre de 2014, se dirigió a la Inspectoría del Trabajo Alí Primera de la ciudad de Punto Fijo, donde realizó la reclamación, aperturandose expediente administrativo signado con el N° 053-2014-03-000811, en la cual se dictó providencia administrativa signada con el N° 074-03-2015 de fecha 16 de marzo de 2015, mediante la cual declaró no tener competencia.
- Que demanda por esta vía el monto de bolívares diecisiete mil treinta y cuatro con treinta céntimos (Bs.17.034, 30) por concepto de indemnización por pérdida involuntaria del empleo (PARO FORZOSO).
En consecuencia, demanda formalmente a la entidad de trabajo ALIANZA ATM, ampliamente identificada en autos, para que le pague, o a ello sea expresamente condenado por este Tribunal, la cantidad de Bolívares diecisiete mil treinta y cuatro con treinta céntimos (Bs.17.034, 30) por concepto de indemnización por pérdida involuntaria del empleo (PARO FORZOSO), con la imposición de intereses moratorios según lo contemplado en el articulo 39 de la Ley de Régimen Prestacional de Empleo.

2.2 Hechos alegados por la parte demandada:
De la revisión de las actas procesales que conforman el presente asunto, se evidencia que la representación judicial de la parte demandada, no dio contestación a la demanda, y no consignó ningún tipo de elementos probatorios.
-II-
MOTIVA
1.-LÍMITES DE LA CONTROVERSIA
Luego de la revisión de las actas procesales que conforman el presente asunto, se evidencia que no existe contestación al fondo de la demanda por parte de la demandada de autos y la incomparecencia de la misma a la audiencia de juicio, aunado al hecho de no haber promovido ningún medio de prueba, lo que refleja que no existe ningún hecho que resultare controvertido entre las partes, lo que lleva a esta juzgadora a la verificación de lo demandado y lo procedente conforme a derecho. Así se decide.

2.-SOBRE EL FONDO DEL PRESENTE ASUNTO:
Esta sentenciadora antes de pronunciarse sobre el fondo de la litis, considera necesario resolver como punto previo, la figura de la confesión ficta de la parte demandada. Al respecto este Tribunal observa:
La confesión ficta, es una institución procesal de orden público y en ese sentido debe ser declarada por el sentenciador, aún de oficio. Es igualmente, el resultado de la conducta contumaz del demandado, quien tácitamente acepta la veracidad de los hechos narrados en la demanda.
Advierte esta sentenciadora, que en el caso subexámine la demandada no dio contestación a la demanda ni promovió pruebas en su defensa en el lapso procesal correspondiente, así las cosas corresponderá la verificación de haberse configurado la confesión ficta, esto es, si concurrieron los requisitos exigidos para que opere la confesión, teniendo en cuenta la obligatoriedad del demandante de aportar en el juicio, los elementos que prueben sus dichos y que lleven al juzgador al convencimiento de la veracidad de los mismos. (Sala de Casación Civil, 14 de junio de 2000).
El artículo 362 del Código de Procedimiento Civil señala: “Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca.”
Mientras que el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece: omisis… Si fuere el demandado quien no compareciere a la audiencia de juicio, se tendrá por confeso con relación a los hechos planteados por la parte demandante, en cuanto sea procedente en derecho la petición del demandante…omisis.
La confesión ficta, es una ficción jurídica por la que, a falta de contestación a la demanda en tiempo útil, la Ley considera que el demandado admitió por verdaderos los hechos constitutivos de la acción deducida por el actor. A la luz de los precitados artículos y de la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo de Justicia, se produce lo que la doctrina ha denominado ‘confesión ficta’ por efecto de la falta de contestación a la demanda y por falta de promoción de pruebas, cuando existe la concurrencia de las siguientes condiciones para su verificación:
1.-) Que la parte demandada haya sido legal y válidamente citada para la litis contestación.
2.-) Que la parte demandada no haya comparecido a dar contestación a la demanda.
3.-) Que la parte demandada nada haya probado para destruir la presunción de verdad de los hechos demandados; y
4.-) Que no sea contraria a derecho la petición contenida en el libelo de la demanda.

Por su parte nuestro máximo Tribunal ha ratificado su doctrina sobre los supuestos que deben cumplirse para la procedencia de la confesión ficta:
“… En el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, regula la confesión ficta exigiendo dos requisitos: 1) que la petición del demandante no sea contraria a derecho y, 2) que nada probare que le favorezca. En cuanto, al segundo requisito, como se dijo anteriormente supone una situación particular, que consiste en la no contestación de la demanda, en el plazo establecido para el demandado. Caso en el cual el demandado puede presentar pruebas que contradigan las presentadas por el actor. Esta disposición jurídica da una nueva oportunidad al demandado confeso, para que promueva las contra pruebas, de los hechos alegados, en el libelo de la demanda.” (Sentencia de la Sala de Casación Civil del 05 de abril de 2000, Oscar Pierre Tapia, Tomo 4, año 2000, Pág. 434).

"...La inasistencia del demandado a la contestación de la demanda o su comparecencia tardía al mismo, vale decir extemporánea, trae como consecuencia que se declare la confesión ficta, que por su naturaleza es una presunción juris tantum, lo cual comporta una aceptación de los hechos expuestos en el escrito de la demanda; siempre y cuando, la pretensión intentada no sea contraria a derecho, por una parte y por la otra, que nada probare el demandado que le favorezca, ni aparecieren desvirtuados las pretensiones del accionante por ninguno de los elementos del proceso, ya que puede en el lapso probatorio el accionado lograr, con los medios de pruebas admisibles en la Ley, enervar la acción del demandante. Es oportuno puntualizar que el contumaz tiene una gran limitación en la instancia probatoria. No podrá defenderse con alegaciones, hacer contra prueba a los dichos del accionante, que han debido ser esgrimidos en la contestación de la demanda por lo que sólo podrá realizar la contraprueba de las pretensiones del demandante; puesto que tal como lo pena el mentado los artículos 362 del Código de Procedimiento Civil, se le tendrá por confeso si nada probare que le favorezca; por tanto, las pruebas aceptadas para ser invocadas por el demandado, son limitadas. (Destacado de la Sala. Sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 14 de junio de 2000, en el juicio seguido por la ciudadana Yajaira López vs. Carlos Alberto López, expediente N° 99-458)". (Sentencia N° 337 de la Sala de Casación Civil, del 02/11/2001, publicada en la página Web del Tribunal Supremo de Justicia).

En este orden de ideas y sobre la base de la sentencia citada, es necesario analizar en el caso de autos, los requisitos exigidos a los fines de verificar si efectivamente se configuró la confesión ficta, así tenemos:
En primer lugar, señala el Dr. Jesús Eduardo Cabrera que para que se configure la ficción sobre la confesión, deben concurrir todos los requisitos indispensables, siendo dos de ellos que la parte demandada haya sido citada y que no haya comparecido oportunamente a dar contestación a la demanda.
En el caso bajo análisis, quien examina observa que de las actas procesales se evidencia que la demandada entidad de trabajo ALIANZA ATM, la cual se encuentra conformada por las sociedades mercantiles: TRANSPORTE ROMERO C.A., y MULTISERVICIOS ANDRES C.A.; fueron legalmente notificadas de la existencia de la demanda, la cual compareció a la celebración de la Audiencia Preliminar, incompareciendo a la prolongación de la audiencia preliminar efectuada en fecha 17 de mayo de 2016, quedando a derecho para la contestación de la demanda, correspondiéndole comparecer por ante este Tribunal a dar contestación, dentro del lapso de cinco (05) días de despacho siguientes a dicha fecha, actuación procesal que no ocurrió; de modo que se configuró el primero y el segundo requisito de la confesión ficta.
Ahora bien, en cuanto al tercer requisito de la ley, “si nada probare que le favorezca”, ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 29 de agosto de 2003, caso: Teresa De Jesús Rondón de Canesto, expediente Nº 03-0209:
“…si en una demanda donde se afirman unos hechos y simplemente se niega su existencia, la carga de la prueba la tiene el accionante, sin embargo, si el demandado no contesta la demanda, el legislador por disposición establecida en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, puso en su cabeza la carga de la prueba, siendo a él, a quien le corresponde probar algo que le favorezca…”
La jurisprudencia venezolana, en forma totalmente reiterada ha venido señalando que lo único que puede probar el demandado es algo que le favorezca, la llamada contraprueba, es decir la inexistencia de los hechos alegados por el actor, ya que el demandado puede en el lapso probatorio lograr con los medios admisibles por la ley, enervar la pretensión del demandante. Sin embargo, es importante tener en cuenta la limitación a la que se encuentra sometido el demandado cuando no da contestación de la demanda o lo hace tardíamente, pues no puede defenderse con los simples alegatos que correspondían en la contestación; para su defensa debe traer a los autos la contraprueba de las pretensiones del actor.
La Sala de Casación Civil, ha sido muy enfática en cuanto a este requisito de la confesión, pues tal como lo ha sentado en la sentencia citada anteriormente, el contumaz tiene una gran limitación en la instancia probatoria.
El anterior criterio fue ratificado en decisión de la Sala de Casación Civil, del 11 de agosto de 2004, caso: Jorge Ignacio Rossel Herrera y otros contra Sonia Josefina Saavedra, expediente N° 03-598, en la que señaló:
“...Así las cosas, la falta de contestación de la demanda acarrea para el demandado una presunción iuris tantum de confesión ficta, y siempre que la demanda no sea contraria a derecho, a las buenas costumbres o atente contra el orden público, únicamente desvirtuable mediante la aportación de pruebas que contradigan las pretensiones del demandante, pero sin que le sea permitido consignar otros medios probatorios que él estime conducentes o la alegación de hechos nuevos. (Sic).
Para la doctrina de casación, es permitida la prueba que tienda a enervar o paralizar la acción intentada, hacer la contraprueba de los hechos alegados por el actor, demostrar que ellos son contrarios a derecho, pero no es permitida la prueba de aquellos hechos constitutivos de excepciones que han debido alegarse en la contestación de la demanda…”
Del análisis de los autos, se evidencia que la demandada tampoco cumplió con la carga de la prueba, pues no presentó en la etapa probatoria algo que le favoreciera para desvirtuar la presunción de veracidad de los hechos esgrimidos por la actora en su demanda, con lo cual es evidente que se verificó el tercero de los requisitos antes señalados para hacer procedente la confesión ficta.
En relación al requisito de que la pretensión del actor no sea contraria a derecho, sobre este punto en la confesión ficta, el referido doctrinario, insiste en que lo contrario a derecho más bien debe referirse a los efectos de la pretensión, y que realmente hay pretensiones contrarias a derecho cuando esta no se subsume en el supuesto de la norma invocada. En el subiudice, la pretensión planteada consiste en un juicio por motivo de COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR PÉRDIDA INVOLUNTARIA DEL EMPLEO (PARO FORZOSO), el cual está contemplado en el artículo 10 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley que regula el sistema de Paro Forzoso y Capacitación Laboral, de manera que la acción ejercida no está prohibida por la ley, por el contrario, se encuentra amparada por ella. En consecuencia, se ha cumplido con el último de los requisitos indicados.
Finalmente, la Jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido lo siguiente: “Si del análisis de los autos resulta que los hechos confesados por la vía de Confesión Ficta evidencian la procedencia de la petición del actor y, además, que tal petición no es contraria a derecho, entonces inevitablemente el tribunal deberá fallar declarando con lugar la demanda”.
En este sentido, quien aquí juzga procede a apreciar los elementos probatorios que constan en autos, los mismos deben valorarse al momento de la decisión de juicio, con independencia de que hubiere operado la confesión por falta de contestación a la demanda, pues el control de dichas pruebas debe realizarse, siendo la única oportunidad la audiencia oral y pública de juicio, previo pronunciamiento sobre la admisión de las pruebas, pues de lo contrario, implicaría obviar la oportunidad procesal para la admisión y evacuación de las pruebas, considerados, de obligatorio acatamiento por parte de este Tribunal. En el caso sub examine, donde la parte demandada no presentó elementos probatorios, ni escrito de contestación de la demanda, el Juez de Juicio debe convocar la audiencia para que las partes puedan controlar las pruebas aportadas por la contraria, pues es la única oportunidad y el escenario por excelencia para que tenga lugar dicho control; razón por la cual este tribunal procedió a fijar la oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio, a fin de que se puedan evacuar los elementos probatorios aportados por la parte actora y puedan las partes ejercer su derecho a controlarlos. En consecuencia, procede esta Juzgadora a apreciar las pruebas que constan en las actas; a los fines de verificar la procedencia o improcedencia del concepto reclamado. Así se establece.

Corresponde así entonces verificar, los medios probatorios traídos por la parte demandante y su valoración:

2.1 DEL ACERVO PROBATORIO:
PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE DEMANDANTE:
DOCUMENTALES:
Promueve y hace valer como prueba, comprobante de solicitud de la prestación dineraria, emitida por el IVSS, marcado con la letra “A”, constante de un (1) folio útil, el cual corre inserto del folio 43 del expediente. De la referida instrumental, la parte promovente realizó sus observaciones, y siendo que esta juzgadora observa que se trata de documentos públicos administrativos emanado de funcionario público competente para ello y por cuanto sobre el mismo como elemento de impugnación, solo recae la plena prueba en contrario, es por lo que este Tribunal le otorga pleno valor probatorio, y se extrae de ella como elementos de convicción, que el actor realizó su solicitud correspondiente ante dicho instituto en fecha 04-06-2014. Así se decide.-

DE INFORMES:
PRIMERO: de conformidad con el articulo 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, solicita al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en sus oficinas administrativas para que emita informe correspondiente a si el ciudadano Danilo José Gutiérrez, cédula de identidad N° 10.973.644 realizó la solicitud de la prestación dineraria ante esta oficina en fecha 04/06/2014 y a su vez informe el motivo para el cual no fue admitido o rechazado. Se dejó expresa constancia en la audiencia de juicio celebrada, que aun no constaba en actas la resulta de la referida prueba de informes. Así las cosas y tomando el derecho de palabra la apoderada judicial de la parte actora en la audiencia de juicio, indica que vista la incomparecencia de las demandadas así como el hecho de que las mismas no presentaron contestación a la demanda, es por lo que desiste de la prueba de informes. Quedando dicha prueba desechada del presente juicio. Motivo por el cual, esta Juzgadora nada tiene que valorar al respecto. Así se decide.-

PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE DEMANDADA: Este Tribunal deja expresa constancia que la parte demandada no promovió medio probatorio alguno razón por la cual esta Juzgadora no tiene materia sobre la cual pronunciarse.

2.2.- CONCLUSIÓN:
A manera de corolario, la situación planteada en el presente expediente, impulsa a esta Juzgadora, a resolver el asunto debatido sobre la base de la indudable confesión en que incurrió la accionada, en virtud de su contumacia al no contestar la demanda en la oportunidad señalada ni probar nada que la favoreciera, y tratándose de una acción que no es contraria al orden público pues está permitida y reglamentada por la ley, se consuman todas las circunstancias de ley necesarias para declarar la confesión ficta establecida en el artículo 362 de la norma civil adjetiva y 151 de la ley adjetiva laboral que es la consecuencia jurídica que el legislador asigna a la conducta omisiva de la parte demandada; esto es, que debe declararse confeso a la parte demandada, y por consiguiente debe sentenciarse, considerando que los hechos constitutivos de la acción son todos ciertos en el sentido de que la aquí demandada no cumplió con su deber de inscribir al extrabajador ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, para que este pudiera acceder a la seguridad social que le correspondía en cuanto a su contingencia, por lo que es procedente la Acción por INDEMNIZACIÓN POR PÉRDIDA INVOLUNTARIA DEL EMPLEO (PARO FORZOSO), y así debe declararse en la dispositiva del presente fallo.
Al hilo de lo anterior estima conveniente este tribunal, esbozar el criterio sostenido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con relación al régimen de distribución de la carga de la prueba en materia laboral. Así, en sentencia Nº 419, de fecha 11 de mayo del año 2004, se señaló:

1) El demandado tiene la carga de probar la naturaleza de la relación que le unió al trabajador, cuando en la contestación de la demanda haya admitido la prestación de un servicio personal y no la califique de naturaleza laboral, por ejemplo la califique de mercantil. (Presunción iuris tantum, establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo).
2) El demandante tiene la carga de probar la naturaleza de la relación que le unió con el patrono, cuando el demandado en la litiscontestación haya negado la prestación de un servicio personal.
3) Cuando el demandado no niegue la existencia de la relación laboral, se invertirá la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral. Es decir, es el demandado quién deberá probar la improcedencia de los conceptos que reclama el trabajador. Asimismo, tiene el demandado la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar la pretensión del actor.
4) Se tendrán como admitido aquellos hechos alegados por el demandante en su libelo, que el demandado no niegue o rechace expresamente en su contestación, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a los actos, alguna prueba capaz de desvirtuar los alegatos del actor.
5) Se tendrán como admitidos aquellos hechos alegados por el demandante en su libelo, cuando el demandado no haya fundamentado el motivo del rechazo, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a los autos en la oportunidad legal, alguna prueba capaz de desvirtuar los alegatos del actor.

Sobre la carga de la prueba y su distribución en el Proceso Laboral, vale la pena destacar el contenido del artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo:
“Salvo disposición legal en contrario, la carga de la prueba corresponde a quien afirme hechos que configuren su pretensión o a quien los contradiga, alegando nuevos hechos. El empleador, cualquiera que fuere su presencia subjetiva en la relación procesal, tendrá siempre la carga de la prueba de las causas del despido y del pago liberatorio de las obligaciones inherentes a la relación de trabajo. Cuando corresponda al trabajador probar la relación de trabajo gozará de la presunción de su existencia, cualquiera que fuere su posición en la relación procesal”.

Por lo antes expuesto, se concluye, que corresponde a la demandada de autos, la carga de la prueba de las causas que justifiquen el pago liberatorio de las obligaciones de la relación de trabajo aquí demandada, en virtud de la confesión decretada, y sobre la admisión de los hechos alegados en el libelo por no haber contestado la demanda. Así queda establecido.
Ahora bien, siendo que en el presente caso como ya se indicó anteriormente, las codemandadas no promovieron pruebas, no comparecieron a la prolongación de la audiencia preliminar, no contestaron la demanda y finalmente no comparecieron a la audiencia de juicio, es por lo que esta operadora de justicia, mediante la actitud contumaz de los codemandados de autos, debe proceder a la aplicación de esta presunción, partiendo de la ficción legal sobre la confesión de los hechos de la parte demandada, en relación a aquellos alegados por la parte actora en su escrito libelar acompañada de sus elementos probatorios; aclarando que dicha presunción tiene como excepción, tener como cierto lo aducido por la parte accionante, siempre y cuando, su petitorio no sean contrario a derecho, conforme a la ley sustantiva vigente en la materia.
Con respecto al pago del seguro de paro forzoso, solicitada por el actor, esta Juzgadora, considera debe dejar precisado esta instancia que el derecho a percibir las prestaciones dinerarias por la perdida del empleo, es un derecho humano fundamental, que ha sido categorizado constitucional, por la norma contenida en el artículo 86 de nuestra carta magna, donde se expresa:
Artículo 86. Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social.
El estado tiene la obligación de asegurar la efectividad de este derecho, creando un sistema de seguridad social universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de contribuciones directas o indirectas. La ausencia de capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas de su protección. Los recursos financieros de la seguridad social no podrán ser destinados a otros fines. Las cotizaciones obligatorias que realicen los trabajadores y las trabajadoras para cubrir los servicios médicos y asistenciales y demás beneficios de la seguridad social podrán ser administrados sólo con fines sociales bajo la rectoría del Estado. Los remanentes netos del capital destinado a la salud, la educación y la seguridad social se acumularán a los fines de su distribución y contribución en esos servicios.
El sistema de seguridad social será regulado por una ley orgánica especial.

Tenemos entonces en aplicación a este mandato constitucional el deber del Estado de garantizar, la protección ante la contingencia de la perdida del empleo debiéndose hacer las siguientes consideraciones en esta causa: Por cuanto la norma contenida en el artículo 10 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley que regula el Sistema de Paro Forzoso y Capacitación Laboral, establece la obligación de “hacer” que debe cumplir el empleador, de entregar al trabajador una copia de la planilla de retiro validada por el servicio de registro e información de la seguridad social, para que este pueda obtener el certificado de cesantía, expedido por dicho servicio, el cual acredita el derecho del trabajador a la percepción de las prestaciones previstas en el decreto de marras, e igualmente por cuanto ante el incumplimiento por la parte empleadora de esta obligación de hacer, al trabajador le fue negado el reclamo respectivo, no siendo este hecho imputable al trabajador accionante, creando la consecuencia de no cubrir las exigencias legales que le permitan accesar a dichas prestaciones dinerarias, le acarrea al empleador la carga de cancelarle al trabajador lo correspondiente a dicha prestación dineraria y así debe dejarse establecido.
En este orden de ideas la solicitud de pago del Seguro de Paro Forzoso, que se encuentra regulada por el Decreto con Rango y Fuerza de Ley que Regula el Sistema de Paro Forzoso y Capacitación Laboral, el cual tiene vigencia y aplicación de conformidad con lo establecido por el Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de la Sala Constitucional Nº 91 de fecha 02 de Marzo de 2005, donde se declara la ultractividad de dicha Ley, haciéndola aplicable al presente caso y a los demás que tienen por objeto el pago de este derecho, por lo que esta juzgadora debe forzosamente ceñirse a lo establecido en la sentencia Nº 160 dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 27 de febrero de 2009, en la cual se dilucidan cuales son los supuestos de procedencia para que se otorgue el beneficio del seguro de paro forzoso, de la cual transcribo un extracto textualmente:
…omissis
“Fundamentó el accionante su petición en el artículo 10 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley que regula el Sistema de Paro Forzoso y Capacitación Laboral, e incluso abordó el tema de su derogatoria por la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y la ultractividad declarada según sentencia N° 91 de fecha 2 de marzo de 2005, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Indicó que si bien es cierto, según el artículo 102 de la Ley de Seguro Social, en concordancia con el 1 eiusdem y con el 1.870 del Código Civil, se considera que es este instituto un acreedor privilegiado por los créditos a su favor causados por las cotizaciones dejadas de pagar, no es menos cierto que las cotizaciones correspondientes al paro forzoso son retribuibles al trabajador por cuanto éste se hace acreedor a la asistencia dineraria a la cual tiene derecho por el accidente de trabajo que lo ha incapacitado parcial y permanentemente.
Así las cosas, es menester señalar que el artículo 10 de la Ley que regula el Sistema de Paro Forzoso y Capacitación Laboral, de fecha 22 de octubre de 1999 (G.O N°5.392), expresa lo siguiente:
Articulo 10. Entrega de la planilla de retiro.
Una vez finalizada la relación de trabajo, el empleador dentro de los 5 días hábiles siguientes deberá notificarlo al Servicio de Registro e Información de la Seguridad Social y entregará al trabajador una copia de la planilla de retiro validada por dicho servicio, quedando por cuenta del trabajador los trámites posteriores para la percepción de las prestaciones establecidas en este Decreto.
El incumplimiento del empleador a la obligación aquí establecida acarreará que éste deberá cancelar al Trabajador lo correspondiente a la prestación dineraria mensual.
Precisado lo anterior, observa esta Sala que efectivamente el empleador incumplió con su obligación “de hacer” contenida en el artículo 10 del Decreto en referencia, el cual le impone el deber de entregar al trabajador una copia de la planilla de retiro validada por el Servicio de Registro e Información de la Seguridad Social, para que éste pueda obtener el certificado de cesantía que no es otra cosa que el documento, expedido también por dicho servicio, que acredita el derecho del trabajador a la percepción de las prestaciones previstas en el Decreto en cuestión. El incumplimiento de dicha obligación acarrea como consecuencia para el patrono, la carga de cancelarle al trabajador lo correspondiente a la prestación dineraria mensual, de conformidad con la citada norma, por lo que a priori pudiera concluirse que al trabajador le corresponde dicha prestación y es el patrono quien debe cancelarla en virtud del incumplimiento de la obligación “de hacer” impuesta por Ley.
De las actas procesales, se evidencia, que el actor al no estar solvente la patronal con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, por inobservancia de este a la norma, no puede reclamar el pago del seguro de paro forzoso, por lo que, debe entonces el empleador cancelar esta prestación dineraria mensual”.

Ahora bien, en el caso de autos, el trabajador manifiesta en su escrito libelar que se le hizo imposible reclamar la prestación dineraria relativa al paro forzoso, por ende, en virtud de la confesión hoy decretada, habiéndose tenido como admitidos por la parte demandada los hechos narrados por el actor debe entonces el empleador pagar dicha prestación de conformidad con el criterio de la Sala de Casación Social y que comparte esta Juzgadora.
Por las motivaciones antes expresadas, se considera procedente el pago del Seguro de Paro Forzoso, el cual se calculará siguiendo los lineamientos previstos en la Ley que regula el subsistema de Paro Forzoso y capacitación laboral de fecha 22 de octubre de 1999 en su artículo 7º, y se hace de la siguiente forma:

El salario que se debe tomar en consideración para el pago de esta prestación dineraria, es el salario normal devengado del trabajador, que en vista de que no existe oposición de la entidad de trabajo en cuanto al mismo éste se establece según lo declarado por el actor en el libelo que es de ciento ochenta y nueve bolívares con treinta y cuatro céntimos (Bs. 189,34), diarios, lo que es lo mismo cinco mil seiscientos ochenta bolívares con veinte céntimos (Bs. 5.680,20) mensual, siendo este mismo el promedio de los doce meses que establece la Ley, por lo que debe hacerse la siguiente operación: al salario mensual se le debe calcular el 60%, es decir, el salario mensual que era Bs. 5.680,20 se multiplica por el 60% lo cual arroja la cantidad de Bs. 3.408,12 que se multiplica por los 5 meses que es el tope máximo de pago de esta prestación dineraria y que condena esta juzgadora. Resultando la cantidad de DIECISIETE MIL TREINTA Y CUATRO BOLÍVARES CON TREINTA CÉNTIMOS (Bs. 17.034,30). Así se decide.-
Por las consideraciones anteriores se declara la PROCEDENCIA DE LA PRETENSIÓN; y en consecuencia se condena a las entidades de trabajo demandada ALIANZA ATMM, TRANSPORTE ROMERO C.A., y MULTISERVICIOS ANDRES C.A.; al pago de la cantidad de BOLIVARES DIECISIETE MIL TREINTA Y CUATRO BOLÍVARES CON TRES CÉNTIMOS (Bs. 17.034,3), por el concepto de INDEMNIZACIÓN POR PÉRDIDA INVOLUNTARIA DEL EMPLEO (PARO FORZOSO). Así se decide.-
En lo concerniente a la indexación y corrección monetaria, por ser de Orden Público y considerando la decisión vinculante para todas las causas, a saber la emitida por nuestra Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 1841, de fecha 11 de Noviembre del 2008, caso JOSÉ ZURITA, en contra de la sociedad mercantil MALDIFASSI & CIA C.A., bajo la Ponencia del Magistrado Dr. LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ; es por lo que se ordena al pago de la indexación de la cantidad señalada, la cual deberán ser calculados desde la fecha de notificación de la demandada hasta que la sentencia quede definitivamente firme, excluyendo el lapso en que el proceso haya estado suspendido por acuerdo de las partes, y aquellos períodos en los cuales la causa estuviere paralizada por motivo no imputables a ellas, es decir, hechos fortuitos o fuerza mayor, tales como vacaciones judiciales, huelga de funcionarios tribunalicios y la implementación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En el caso de incumplimiento de la sentencia, por parte de la demandada, se ordenará nueva experticia complementaria del fallo, por un único perito designado por el Tribunal Ejecutor y procederá la indexación o corrección monetaria, desde el decreto de ejecución, hasta la materialización de esta, entiéndase por este último, la oportunidad del pago efectivo, en el lapso establecido en la Ley; todo de conformidad con lo establecido en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y en cuanto a los intereses moratorios ya fue analizado al inicio de la presente motiva, siendo otorgado el monto condenado de acuerdo indemnización establecida en la Ley de Régimen Prestacional de Empleo, y no los establecidos en el articulo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se decide.-
-III-
DISPOSITIVA
Este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO TANTO DEL NUEVO REGIMEN COMO DEL REGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO FALCÓN, SEDE PUNTO FIJO, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley. DECLARA: PRIMERO: LA CONFESIÓN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 151 DE LA LEY ADJETIVA LABORAL y CON LUGAR, la demanda que por concepto de: INDEMNIZACIÓN POR PÉRDIDA INVOLUNTARIA DEL EMPLEO (PARO FORZOSO), incoara la ciudadano DANILO GUTIERREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 10.973.644, en contra de las entidades de trabajo ALIANZA ATM, TRANSPORTE ROMERO C.A., Y MULTISERVICIOS ANDRES C.A., por las razones que se explanan en la parte motiva de la presente decisión. ASI SE DECIDE. SEGUNDO: Se ordena a las empresas: ALIANZA ATM, TRANSPORTE ROMERO C.A., Y MULTISERVICIOS ANDRES C.A., a cancelar el concepto y monto que serán explanados en la parte motiva de la decisión. ASI SE DECIDE. TERCERO: Se condena en costas a la parte perdidosa, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. ASI SE DECIDE.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada por secretaria de la presente Sentencia Definitiva, de conformidad con lo establecido en el Artículo 1.384 del Código Civil a los fines previstos en los ordinales 3 y 4 del Artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, firmada y sellada en el despacho del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio Tanto del Nuevo Régimen como del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede Punto Fijo; a los ocho (8) días del mes de agosto de dos mil dieciséis (2016), siendo las doce y cuarenta y cinco minutos del medio día (12:45 m.). Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación. Cúmplase lo ordenado.
LA JUEZA DE JUICIO,

ABG. ROXANNA MORILLO BORGES
LA SECRETARIA,

ABG. DANIELIS GUARECUCO

Nota: En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado, publicándose y registrándose el presente pronunciamiento.

LA SECRETARIA,

ABG. DANIELIS GUARECUCO