TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO MIRANDA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO FALCON
Santa Ana de Coro; 11 de enero de 2016
Años: 205º y 156º

EXPEDIENTE: 1796

PARTE ACTORA:
RAFAEL ANGEL MARTINEZ ARCAYA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-7.489.656, con domicilio en la Calle Raúl Leoni, Sector San José, casa N° 24, al lado de la Iglesia San José Obrero, Santa Ana de Coro, Municipio Miranda del Estado Falcón.

ABOGADO ASISTENTE: AMALIO OVIEDO ARAUJO; Inpreabogado Nº 46.118.

PARTE ACCIONADA:
MARITZA COROMOTO OLLARVEZ ROMERO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-7.472.105, domiciliada en la Carretera Falcón-Zulia, Sector El Cují, casa color azul, a tres casas de la Bodega El Cují, Municipio Urumaco del Estado Falcón.

APODERADOS JUDICIALES: PASTOR LISCANO BURGOS y RAIZA OLLARVES ACOSTA; Inpreabogado Nº 2.076 y 154.490, respectivamente.
MOTIVO: DIVORCIO 185-A ART.607 CPC

Se inicia el presente procedimiento, mediante solicitud presentada para su distribución en fecha 16/10/2015 por la ciudadana RAFAEL ANGEL MARTINEZ ARCAYA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-7.489.656, con domicilio en la Calle Raúl Leoni, Sector San José, casa N° 24, al lado de la Iglesia San José Obrero, Santa Ana de Coro, Municipio Miranda del Estado Falcón; asistido (a) por el (la) Abogado (a) AMALIO OVIEDO ARAUJO; Inpreabogado Nº 46.118; contra el (la) ciudadano (a) MARITZA COROMOTO OLLARVEZ ROMERO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-7.472.105, domiciliada en la Carretera Falcón-Zulia, Sector El Cují, casa color azul, a tres casas de la Bodega El Cují, Municipio Urumaco del Estado Falcón; mediante la cual solicita el Divorcio por separación de hecho por más de cinco (5) años, fundamentado en el artículo 185-A del Código Civil, alegando ruptura prolongada de la vida en común.
En tal sentido, el (la) ciudadana (o) RAFAEL ANGEL MARTINEZ ARCAYA, antes identificado (a), manifiesta que contrajo matrimonio civil con el (la) ciudadano (a) MARITZA COROMOTO OLLARVEZ ROMERO, en fecha 15 de marzo del año 1991, ante el Alcalde del Municipio Miranda del estado Falcón, tal como se evidencia de Acta de Matrimonio que acompaña la presente solicitud, distinguida con el N° 14; que fijaron su último domicilio conyugal en la Calle Vuelvan Caras, entre Calles Colina y González, casa S/N, diagonal a la plaza Santeliz, Santa Ana de Coro, Municipio Miranda del estado Falcón; que durante su unión matrimonial procrearon dos (02) hijos de nombres: RAFAEL ANGEL MARTINEZ OLLARVEZ y GENESIS ANGELICA MARTINEZ OLLARVEZ; que a partir del 18 de enero de 1994 decidieron separase, viviendo cada uno en domicilios diferentes, y desde ésa fecha no han hecho vida en común bajo ninguna circunstancia, existiendo una verdadera separación de hecho, prolongada y permanente de su vida en común que alcanza 21 años; por lo que, decide solicitar se declare disuelto el vínculo matrimonial.
A la solicitud se le dio entrada y se admitió en fecha 26 de octubre de 2015; se ordenó su sustanciación conforme a lo previsto en el Articulo 185-A del Código Civil por encontrarse llenos los extremos legales y considerar este Tribunal competente por el territorio y la materia, y actuando de conformidad a la RESOLUCIÓN Nº 2009-0006 de fecha 18/03/2009, dictada por la SALA PLENA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, vigente a partir de su publicación en Gaceta Oficial de fecha 02/04/2009, la cual en su artículo 3 confiere a los Juzgados de Municipio la potestad de conocer de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria no contenciosa en materia civil; en concordancia con la Sentencia con carácter vinculante del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, de fecha 15 de Mayo de 2014, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela el 19 de Mayo de 2014, Numero 40.414, Exp. Nº 14-0094, Caso: Víctor José de Jesús Vargas Irausquín Vs. Carmen Leonor Santaella. En consecuencia, en esa mismo auto se ordenó la citación de la cónyuge mediante despacho librado al Juzgado de municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Urumaco de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, por encontrarse el (la) ciudadano (a) MARITZA COROMOTO OLLARVEZ ROMERO, antes identificado (a) domiciliada en esa jurisdicción, cuyas resultas fueron agregados al expediente por auto de fecha 13 de noviembre de 2015.
En fecha 23 de noviembre de 2015, comparece (la) ciudadano (a) MARITZA COROMOTO OLLARVEZ ROMERO, asistido (a) por los Abogados PASTOR LISCANO BURGOS y RAIZA OLLARVES ACOSTA; Inpreabogado Nº 2.076 y 154.490, respectivamente; y mediante diligencia les confiere Poder Apud Acta, sin embargo, nada alegó en relación a los hechos expuestos en el escrito libelar.
En fecha 27 de noviembre de 2015, la parte actora mediante diligencia solicita se apertura la articulación probatoria prevista el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de ello y en atención a los principios constitucionales referidos al acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y al debido proceso (Arts. 26, 27 y 49 CRBV), en fecha 03 de diciembre de 2015, este órgano jurisdiccional dictó auto mediante la cual se fija expresamente el lapso probatorio a que se contrae el referido artículo 607 ejusdem, a los fines de que las partes evacuen las pruebas que consideren pertinentes; ordenándose en dicho auto la notificación del Ministerio Público para que en ejercicio de las facultades que le confiere la ley, haga o no oposición a la solicitud de divorcio de conformidad con la Sentencia vinculante dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha Quince (15) de Mayo de Dos Mil Catorce (2014), Exp. 14-0094.
Consta de autos que en fecha 09 de diciembre de 2015 solo la parte actora consigna su respectivo escrito de pruebas; el cual fue agregado y admitido por auto de esa misma fecha y serán valoradas en su congruo lugar.
Se desprende de las actas, que la representación del Ministerio Público, habiendo sido legal y oportunamente notificada, no formuló oposición ni objeción alguna a la presente solicitud de Divorcio.
DE LAS PRUEBAS APORTADAS Y SU VALORACIÓN:
La parte actora promueve las testimoniales de los ciudadanos: GUSTAVO ANTONIO MORILLO MARTÍNEZ, EGLIDA LOURDES QUERO, ANGEL MANUEL BORREGALES y ZULEIDA CHIQUINQUIRÁ GOMEZ AGUILAR, titulares de la cédula de identidad Nros. V-16.830.819, V-14.263.960, V-9.809.569 y V-10.478.011, respectivamente.
En este sentido se observa de la prueba testimonial promovida por el actor que los testigos evacuados que acudieron en la oportunidad señalada para rendir sus respectivas declaraciones fueron los ciudadanos: GUSTAVO ANTONIO MORILLO MARTÍNEZ, EGLIDA LOURDES QUERO y ZULEIDA CHIQUINQUIRÁ GOMEZ AGUILAR, quienes manifestaron de manera unánime que conocían a los ciudadanos RAFAEL ANGEL MARTINEZ ARCAYA y MARITZA COROMOTO OLLARVEZ ROMERO desde hace muchos años, que ambos conyugues tenían más de veinte años separados y habían establecido domicilios diferentes; por lo que, habiendo sido contestes los testigos en sus declaraciones, este tribunal le confiere pleno valor probatorio. Y ASÍ SE DECIDE.
Llegada la oportunidad para decidir este Tribunal lo hace en los siguientes términos:
Ahora bien, valoradas como fueron las pruebas, pasa el Tribunal a pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido a consideración, encontrándose dentro del lapso a que refiere el Artículo 10 del Código de Procedimiento Civil, y en tal sentido, el caso de marras está encaminado a determinar la procedencia o no del divorcio por separación de hecho de los cónyuges por más de cinco (05) años invocado por la parte solicitante, ciudadano: RAFAEL ANGEL MARTINEZ ARCAYA, ya identificado, conforme a lo previsto en el Artículo 185-A de Código Civil.
Así las cosas, el Fiscal de Ministerio Público consignó en fecha 17 de diciembre de 2015 (folio 49) diligencia mediante la cual manifiesta no formular oposición.
MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO
La RESOLUCIÓN Nº 2009-0006 de fecha 18/03/2009, dictada por la SALA PLENA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, vigente a partir de su publicación en Gaceta Oficial de fecha 02/04/2009, en su artículo 3 confiere a los Juzgados de Municipio la potestad de conocer, de forma exclusiva y excluyente, todos los asuntos de Jurisdicción Voluntaria no contenciosa en materia civil. La mencionada resolución en aras de garantizar el derecho constitucional del acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, y por ende, el acceso a los órganos de administración de justicia, hace mención al artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial donde tipifica que los tribunales de jurisdicción ordinaria tendrán competencia en todas las materias que disponga la Ley, siendo los Juzgados de Municipio parte integral de esa jurisdicción ordinaria, en consecuencia, se atribuye el conocimiento en asuntos relacionados con solicitudes de divorcio o separaciones de cuerpos amigables, siendo investidos de las mismas facultades u atribuciones los anteriormente Juzgados de Municipio Ejecutores de Medidas de conformidad con la RESOLUCIÓN Nº 2013-0006 del 20 de febrero de 2013, emanada de la SALA PLENA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, hoy, Juzgados de Municipio Ordinarios y Ejecutores de Medidas.
Antes de analizar las consideraciones de hecho y derecho en el presente caso, es necesario resaltar que la familia como institución natural sobre la cual se sustenta la sociedad, es una organización que se erige sobre la base del libre consentimiento y mutuo acuerdo. El término familia en el caso venezolano esta definido en el Articulo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde encontramos la figura del matrimonio y las uniones estables de hecho como sustento de lo que es el concepto de familia donde priva el libre consentimiento e igualdad absoluta de derechos y deberes de los cónyuges. Partiendo de esta base constitucional, resulta fácil deducir que la figura del libre consentimiento priva sobre el hecho cierto que una pareja constituida por un hombre y una mujer convivan, pero de la misma forma ese libre consentimiento está vinculado al hecho de la separación, donde los cónyuges decidan no permanecer unidos en el tiempo.
Asimismo, el Artículo 137 del Código Civil dispone la obligación de los cónyuges de convivir juntos u hacer vida en común, y cuando esta premisa legal se rompe por el mutuo consentimiento de las partes o mediante la solicitud de uno de ellos, lo procedente es disolver aquello que de conformidad a la Ley se constituyó, en este caso el matrimonio. El mutuo consentimiento es ratificado en el Artículo 140 del Código Civil al señalar que los cónyuges de mutuo acuerdo tomarán las decisiones relativas a la vida familiar.
En este sentido, la Sentencia con carácter vinculante del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, de fecha 15 de Mayo de 2014, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela el 19 de Mayo de 2014, Numero 40.414, Exp. Nº 14-0094, Caso: Víctor José de Jesús Vargas Irausquín Vs Carmen Leonor Santaella dice:
“…lo cual patentiza por el cese de la vida en común, uno de cuyos indicadores es el establecimiento de residencias separadas de hecho y que puede conducir al divorcio, como lo reconoce el citado artículo. La suspensión de la vida en común significa que el consentimiento para mantener el vínculo ha terminado...” más adelante alude la citada jurisprudencia: “Por tanto, conforme a las citadas normas, a juicio de esta Sala, si el libre consentimiento de los contrayentes es necesario para celebrar el matrimonio, es este consentimiento el que priva durante su existencia y, por tanto, su expresión destinada a la ruptura del vínculo matrimonial, conduce al divorcio.” (Negritas del Tribunal).
La parte solicitante invoca y sustenta su pedimento en el Artículo 185-A del Código Civil, que textualmente reza:
“Artículo 185-A: Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común.
Con la solicitud deberá acompañar copia certificada de la partida de matrimonio.
En caso de que la solicitud sea presentada por un extranjero que hubiere contraído matrimonio en el exterior, deberá acreditar constancia de residencia de diez (10) años en el país.
Admitida la solicitud, el Juez librará sendas boletas de citación al otro cónyuge y al Fiscal del Ministerio Público, enviándoles, además, copia de la solicitud.
El otro cónyuge deberá comparecer personalmente ante el Juez en la tercera audiencia después de citado. Si reconociere el hecho y si el Fiscal del Ministerio Público no hiciere oposición dentro de las diez audiencias siguientes, el Juez declarará el divorcio en la duodécima audiencia siguiente a la comparecencia de los interesados.
Si el otro cónyuge no compareciere personalmente o si al comparecer negare el hecho, o si el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente.” (Negritas del Tribunal).
El procedimiento contemplado en el Artículo ut supra indicado, se encuentra compelido dentro de los procedimientos sumarios de Jurisdicción Voluntaria, siendo este criterio reiterado de la doctrina y Jurisprudencia de los Tribunales de la República. De la lectura del artículo se desprende que el mismo debe sustanciarse como una “solicitud” y no como demanda, por cuanto da lugar a la separación de los cónyuges por mutuo consentimiento, al no poder encuadrar su situación de hecho en alguna de las causales de divorcio taxativamente establecidas en el artículo 185 ejusdem; No obstante, al aparecer en el procedimiento actuaciones que se pudieran entender como desvinculadas al mutuo consentimiento, entre ellas las que hoy nos ocupa, nace la discusión sobre la naturaleza contenciosa o no de este procedimiento, en consecuencia, la doctrina venezolana es amplia al respecto, siendo del criterio que si bien en principio el procedimiento es de Jurisdicción Voluntaria, no puede negarse que, en los hechos, puede devenir en algo litigioso, para el caso que uno de los cónyuges introduzca algún elemento contencioso que no debe dejarse en el aire, sin solución, por cuanto habría denegación de justicia, lo que atribuye un carácter dialéctico al procedimiento.
Dicho lo anterior, cabe preguntarse si es posible afirmar que el procedimiento establecido en el Artículo 185-A del Código Civil debe ser concebido como un juicio de naturaleza contenciosa; en ese sentido es pertinente destacar que en la Jurisdicción Voluntaria, el Estado interviene para integrar la actividad de los particulares dirigida a la satisfacción de sus intereses mediante el desarrollo de las relaciones jurídicas, por lo cual las personas pueden crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas mediante declaraciones de voluntad y que dista de los procedimientos contenciosos en cuanto al producto o resultado del uno u otro proceso, es allí donde surge la Cosa Juzgada según la naturaleza del proceso de que se trate, en el sentido que la jurisdicción contenciosa es la única capaz de producir cosa juzgada, alcanzando entonces la sentencia la inmutabilidad proveniente de la misma. Tal como señala el autor José Ángel Balzán en su libro “Lecciones de Derecho Procesal”, en la Jurisdicción Voluntaria no hay contraposición de intereses, ni conflicto, por lo cual los actos emanados del órgano judicial no tienen la fuerza ni la autoridad que dimana de la Cosa Juzgada. En la jurisdicción contenciosa, por el contrario, el Juez, después del enfrentamiento jurídico entre las partes procede a fijar la realidad, lo cual justifica la existencia de la Cosa Juzgada formal y material que trae consigo la sentencia.
En consecuencia, a pesar de ser un procedimiento esencialmente de naturaleza no contenciosa, aunque la ley no lo diga en forma expresa, dentro del proceso del 185-A existe una carga probatoria para las partes, en el siguiente sentido: 1) Debe probarse la existencia del matrimonio; 2) Que en efecto la separación fáctica tiene más de cinco (5) años y 3) Que dentro del lapso de cinco (5) años no haya habido reconciliación. Tal como en cualquier procedimiento de divorcio, al ser alegada la reconciliación, no basta con sólo alegar la causal de separación fáctica de cuerpos por más de cinco años para que la demanda de divorcio proceda, sino que se hace necesario aportar al proceso las pruebas que demuestran la existencia de tal causal, tanto es así, que cabe destacar que si bien el procedimiento establecido en el Artículo 185-A del Código Civil, pudiera entenderse que no da pie a la existencia de la Cosa Juzgada, no es menos cierto que los efectos que produce la misma son de estricto y riguroso orden público, por cuanto afecta el estado familiar y el estado civil de las personas, trayendo como consecuencia importantes efectos de tipo personal, entre los cuales destacan la disolución del matrimonio como efecto principal y, consecuentemente, la extinción de los deberes y derechos conyugales, así como otros efectos patrimoniales para ambos cónyuges.
Considerando lo anteriormente expuesto sobre la dualidad existente entre la Jurisdicción Voluntaria y la Contenciosa del procedimiento establecido en el Artículo 185-A del Código Civil, al ser alegada dentro de este procedimiento una incidencia o al no comparecer el otro cónyuge, o si compareciendo negare el hecho, siendo el verdadero problema que presenta esta norma el procedimiento que consagra para la tramitación de esta solicitud de divorcio, es por ello que se hace imprescindible la apertura de una articulación probatoria como la establecida en el Artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, y que previamente quedó determinada la comparecencia del Ministerio Público a los fines de que haga o no oposición a la solicitud de divorcio, lapso para el periodo de promoción de pruebas y sentencia, garantizando con ello los derechos y garantías constitucionales atinentes al debido proceso, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva de las partes, como interpretación progresiva del procedimiento civil a la luz del texto constitucional; motivado a que en el lapso probatorio las partes deberán traer al proceso las pruebas que consideren pertinentes y hacer sus descargos, para luego decidir el Tribunal lo que considere adecuado a los efectos de declarar o no con lugar la solicitud en la oportunidad legal correspondiente.
En el caso sub examine, visto el silencio de la conyugue de autos en relación a los argumentos expuestos por el actor, trajo al presente procedimiento un elemento contencioso que hizo necesario que este Tribunal, en aras de garantizar el derecho a la defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva, aperturara el lapso probatorio respectivo.
Ahora bien, a los fines de determinar la procedencia o no del vínculo matrimonial conviene analizar si existe en autos la concurrencia de los tres requisitos mencionados anteriormente, a saber:
1) La primera parte del Artículo 185-A del Código Civil señala el requisito indispensable sobre el cual se sustenta la situación fáctica para que proceda dicha solicitud, es decir, transcurridos Cinco (5) años separados de hecho, cualquiera de los cónyuges puede solicitar y obtener el divorcio. Refiere la norma que la sola separación se basta para alegar dicha causal, y lo que anteriormente resultaba un verdadero problema respecto al procedimiento que consagrado para la tramitación de esta solicitud de divorcio, hoy día fue aclarado por la Jurisprudencia Patria en Sentencia con carácter vinculante del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, de fecha 15 de Mayo de 2014, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela el 19 de Mayo de 2014, Numero 40.414, Exp. Nº 14-0094, Caso: Víctor José de Jesús Vargas Irausquín Vs. Carmen Leonor Santaella, y ya una parte, o él o la solicitante, no se priva de obtener la declaratoria de disolución del vínculo matrimonial al permitir que, por su sola voluntad, se extinga el procedimiento, motivado a la interpretación que los Tribunales de la República deben hacer a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en el entendido que las normas adjetivas y sustantivas civiles son anteriores al texto constitucional y con ello la parte solicitante pueda obtener la tutela efectiva de sus derechos, alegar y probar en su favor cuando la otra parte haya contradicho los hechos o no se haya presentado. En consecuencia el Artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tipifica:
“Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución.
En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente. Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley, cuando colidan con aquella”. (Negritas del Tribunal).
2) De conformidad al artículo 185-A del Código Civil, es requisito indispensable presentar junto a la solicitud de divorcio copia certificada de la partida u acta de matrimonio como elemento probatorio de la unión conyugal, requisito este cumplido en las presentes actuaciones y que de acuerdo a la legislación y Jurisprudencia Patria posee la categoría de documento público administrativo. Al respecto ha sido valorado por este sentenciador a los fines de decidir la causa. En ese sentido la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia de fecha ocho (08) de Marzo del año Dos Mil Cinco (2.005), Expediente Nº AA20-C-2003-000980, se establece:
“…La Sala acoge y reitera estos precedentes jurisprudenciales, y establece que si bien los documentos públicos administrativos son dictados por funcionarios de la administración Pública en el ejercicio de sus funciones y en forma exigida por la Ley, no son documentos públicos, sino una categoría distinta…la Sala concluye que si bien el documento público y el documento administrativo gozan de autenticidad desde el mismo momento en que se forman, la cual emanan del funcionario público que interviene en el acto, los documentos administrativos no se asimilan completamente a los públicos, por cuanto gozan de presunción de certeza y veracidad, que puede ser desvirtuada por la parte mediante prueba o pruebas en contrario, que deben ser incorporados en el proceso en cumplimiento de las formas procesales establecidas en la Ley, con el propósito de que los no promoventes puedan ejercer sobre éstas un efectivo control y contradicción. (Negritas del Tribunal).
De la misma forma la precitada Jurisprudencia expresa:
“…documentos públicos ‘administrativos’ que por emanar de funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones merecen plena fe conforme lo dispone el artículo 1359, estableciéndose una diferencia con los documentos públicos a los que se refieren los mencionados artículos, cual es que si bien estos son impugnables por la vía de la tacha los documentos públicos administrativos lo son a través de los recursos propios que otorga el ordenamiento administrativo, entre ellos los recursos administrativos.” (Negritas del Tribunal).
En igual sentido, la Sala Político Administrativa en Sentencia de fecha 14 de Febrero de 2007 caso: A. Betancourt contra C.A. Electricidad del Centro (ELECENTRO), establece:
“…se advierte que el certificado de defunción pertenece a la categoría de los denominados “documentos administrativos”, el cual al emanar de un órgano de la Administración Pública contiene una declaración de voluntad, conocimiento y certeza, que goza de una presunción de veracidad, legitimidad y autenticidad, hasta prueba en contrario” (Negritas del Juzgado).
En tal sentido, el documento público administrativo goza sólo de autenticidad, en razón de lo cual la presunción de plena fe “erga omnes” está sujeta a la posibilidad de ser desvirtuados a través de los distintos medios probatorios. Como se observa en la disposición legal que sustenta la solicitud, es requisito indispensable para ejercer la acción de divorcio el que las personas hayan estado casadas legalmente, siendo el principal instrumento probatorio el Acta de Matrimonio, la cual fue consignada en el escrito y valorada como elemento probatorio en la causa de acuerdo al análisis realizado anteriormente.-
El sistema jurídico Venezolano contempla dos formas para disolver la unión o vínculo matrimonial, la primera de ellas la amistosa o de mutuo acuerdo (no contenciosa) de la cual puede devenir una incidencia contenciosa como la que hoy nos ocupa; y la segunda de manera contenciosa mediante juicio previo; en la primera existen tres supuestos, la separación de cuerpos mediante mutuo acuerdo, el divorcio remedio o amistoso y la solicitud realizada por uno de los cónyuges que deviene en voluntario o contencioso, contemplado en el Artículo 185-A del Código Civil, la cual antes de la novísima jurisprudencia, ya nuestro máximo Tribunal había desarrollado en parte por la Sala de Casación Social en Sentencia Nº 0292, expediente 10-1574 de fecha 10 de Abril del año 2012, donde manifestó lo siguiente:
“Ahora bien. El procedimiento de separación de cuerpos por mutuo consentimiento tiene dos etapas, en la primera, de jurisdicción voluntaria, los cónyuges solicitan personalmente y conjuntamente la separación y el Tribunal la decreta y, en la segunda, contenciosa, uno de los cónyuges solicita la conversión en divorcio de la separación de cuerpos, si ha transcurrido más de un año, previa notificación del otro cónyuge, si no ha habido reconciliación” (Negritas y del Tribunal).
De acuerdo a lo expuesto, cabe señalar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como Ley fundamental del País, en el Articulo 7, se declara como: “La norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico” (Negritas del Tribunal), cuya garantía de cumplimiento es obligatoria para todos los jueces y juezas de la República (Art. 334 ejusdem). Por tanto, otorga al órgano jurisdiccional la obligación de brindar la tutela judicial efectiva, teniendo el Poder Judicial un Rol esencial en la Sociedad. Al respecto, René Molina Galicia, en el Libro “Reflexiones Sobre una Visión Constitucional del Proceso, y su Tendencia Jurisprudencial” expone: “Sobre los Jueces, en la búsqueda de la Justicia ha recaído el deber de resolver los conflictos de manera idónea; sin formalismos ni reposiciones inútiles” (Negritas del Tribunal), es decir, el Juez se encuentra inmerso entre la constitucionalidad, legalidad y la justicia. Es pertinente destacar que la gran mayoría de normas fueron concebidas en forma distinta y distante de la actual Constitución. Es de inferir entonces y de acuerdo al nuevo Estado Social de Derecho y de Justicia contemplado en la Carta Magna y la evolución que da el texto constitucional al proceso en cuando el novísimo derecho procesal constitucional, y en consonancia al contenido del Artículo 185-A del Código Civil, que los cónyuges pueden acudir juntos al Tribunal, a declarar que desean disolver el vínculo que los ha unido, alegando que han estado separados de hecho por más de cinco (5) años, lo que configura ruptura prolongada de la vida en común, y bajo el amparo de esta norma (185-A); pero de igual forma puede acudir uno de ellos a solicitar el divorcio alegando la misma causal sin la presencia del otro, para lo cual ya ha sido suficientemente explicado el procedimiento de conformidad a la Jurisprudencia invocada.
De conformidad a lo explanado, este Tribunal, aperturó la articulación probatoria a que se contrae el Artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, en la cual ambas partes estuvieron a derecho y solo una de ellas promovió y evacuó pruebas a fin de demostrar los hechos alegados, en este caso la parte solicitante asistido de su abogado en ejercicio, ambos ya identificados, aún cuando la cónyuge solicitada acudió al llamado del Tribunal no aportó nada al mismo, pues solo se concretó a otorgar poder apud acta, sin que ella o sus apoderados judiciales se pronunciaran en relación a la separación de hecho.
Por otra parte, no consta a las actuaciones oposición alguna por parte del FISCAL ESPECIAL ESPECIALIZADO de el MINISTERIO PÚBLICO, quien fue notificado, en la forma y fecha que riela en las actuaciones, no existiendo contradicción en nada de lo ventilado en el proceso.
De manera que, tomando en cuenta que los testigos evacuados, fueron contestes en los hechos narrados, manifestando en cuanto a la separación de hecho que hace más de 20 años los conyugues decidieron separase de hecho y establecieron domicilios diferentes, que el ciudadano RAFAEL ANGEL MARTINEZ ARCAYA tiene su domicilio en el sector San José de esta ciudad de Santa Ana de Coro y la ciudadana MARITZA COROMOTO OLLARVEZ ROMERO en Urumaco, lo cual corrobora los hechos señalados por el actor en su libelo; este Tribunal debe tenerlos como ciertos, verificándose entonces que existe una separación de hecho por más de veinte años, requisito indispensable para que sea procedente la disolución del vínculo conyugal conforme a los dispuesto en el artículo 185-A del Código Civil. Así se aprecia.
En consecuencia, ha quedando demostrado en la presente causa que hoy nos ocupa, que los ciudadanos: RAFAEL ANGEL MARTINEZ ARCAYA y MARITZA COROMOTO OLLARVEZ ROMERO, plenamente identificados, han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, específicamente veintiún (21) años aproximadamente, sin que se haya logrado demostrar la existencia de la vida en común entre ellos durante ese lapso, ni mucho menos la existencia de una reconciliación entre marido y mujer, lo cual, patentiza el cese de la vida en común, estableciéndose residencias separadas de hecho y conduciéndose al divorcio, en consecuencia, la suspensión de la vida en común significa que el consentimiento para mantener el vínculo ha terminado, de igual forma la Sentencia con carácter vinculante del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, de fecha 15 de Mayo de 2014, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela el 19 de Mayo de 2014, Numero 40.414, Exp. Nº 14-0094, Caso: Víctor José de Jesús Vargas Irausquín Vs. Carmen Leonor Santaella, es clara cuando determina en su interpretación del Articulo 185-A del Código Civil:
“Si el otro cónyuge no compareciere o si al comparecer negare el hecho, o si el fiscal del Ministerio Público lo objetare, el juez abrirá una articulación probatoria, de conformidad con lo establecido en el articulo 607 del Código de Procedimiento Civil, y si de la misma no resultare negado el hecho de la separación se decretará el divorcio; en caso contrario se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente. Así se declara.” (Negritas del Tribunal).
Por el análisis de hecho y derecho realizado, así como la jurisprudencia invocada, en efecto, evidentemente se hace procedente la solicitud interpuesta por el ciudadano: RAFAEL ANGEL MARTINEZ ARCAYA contra la ciudadana MARITZA COROMOTO OLLARVEZ ROMERO, ya identificados, en divorcio y visto que no hubo objeción por las partes ni el Ministerio Público, lo ajustado a derecho es declarar disuelto el matrimonio. ASÍ SE DECIDE.
Por las razones expuestas este Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Miranda de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y POR AUTORIDAD DE LA LEY, en ejercicio de la competencia conferida según Resolución Nº 2009-0006, de fecha 18/03/2009, emanada del Tribunal Supremo de Justicia y publicada en Gaceta Oficial Nº 39.152, de fecha 02/04/2009, actuando con conocimiento de causa y dejando a salvo los derechos de terceros declara CON LUGAR, la solicitud de divorcio realizada por los ciudadanos RAFAEL ANGEL MARTINEZ ARCAYA contra la ciudadana MARITZA COROMOTO OLLARVEZ ROMERO, antes identificados. En consecuencia queda DISUELTO el vínculo matrimonial contraído por ellos en fecha 15 de marzo del año 1991, ante el Alcalde del Municipio Miranda del estado Falcón. Y ASÍ SE DECIDE.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y DIARÍCESE, déjese copia certificada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dado firmado y sellado, en la sala de despacho del Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Miranda de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, a los Once (11) días del mes de enero de 2016. Años: 205 de la Independencia y 156 de la Federación.

La Juez Titular La Secretaria Titular,
Abg. Zenaida Mora de López Abg. Mariela Revilla Acosta

NOTA: La presente Sentencia se dictó y Publicó a las 10:30 de la MAÑANA y se dejó copia certificada en el archivo. Conste. Santa Ana de Coro. Fecha: UT-Supra,
La Secretaria Titular,
Abg. Mariela Revilla Acosta

EXP. 1796