NARRATIVA En fecha 09-05-2.016, se recibe la presente demanda de DAÑOS CIVILES, DAÑOS Y PERJUICIOS MATERIALES DERIVADOS DE ACCIDENTE DE TRANSITO TERRESTRE, presentada por el ciudadano RENE PAVEL AMAYA HIGUERA, debidamente asistido por el Abogado EDGAR GARCIA SALAZAR, Abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 13.809, en contra de ROSMEL FREITES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V- 10.700.966, domiciliado en la Población de Casigua, Municipio Mauroa, san Esteban, Estado Falcón, a la Empresa FARALLON AQUACULTURE VENEZUELA C.A., representada por el ciudadano JOSE FABREGA, y La Empresa Aseguradora Banesco Seguros, representada por su Coordinador de Departamento de Servicios, ANA KARINA RODRIGUEZ, para su distribución correspondiendo conocer de la misma este Tribunal.- En fecha 16-05-2.016, el Tribunal mediante auto admite la presente demanda ordenándose la Citación de la parte demandada a los fines de que compareciera a este Tribunal dentro de los Veinte (20) días de Despacho siguientes, más Un (01) días de término de distancia que se le conceden en razón del domicilio de uno de los demandados, en horario de despacho comprendido de 8:30 a.m., a 3:30 p.m., a contestar la demanda, comisionándose a tal efecto al JUZGADOS DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO MAUROA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO FALCÓN y JUZGADO DISTRIBUIDOR DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS FALCÓN Y LOS TAQUES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO FALCÓN En la fecha 16-05-2.016, comparece por ante este órgano jurisdiccional el ciudadano RENE PAVEL AMAYA HIGUERA, debidamente asistido por el Abogado EDGAR GARCIA SALAZAR, Abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 13.809, quien mediante diligencia solicita copia certificada del libelo de la demanda y auto de admisión.- En la misma fecha el Tribunal mediante auto acordó expedir las copias certificadas solicitadas.- En fecha 20-06-2.016, el Tribunal mediante auto acuerda practicar computo por Secretaria de los días continuos transcurridos desde el día siguiente a la fecha 16-05-2.016 hasta el día 20-06-2.016. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Ahora bien, el legislador estableció la Institución de Perención fundamentando el abandono de las partes en la prosecución del juicio, lo que se atribuye al hecho objetivo de la inactividad procesal durante un tiempo previamente establecido en el Código de Procedimiento Civil. En el caso que nos ocupa, se evidencia que desde el 02 de mayo de 2.016 hasta el 15 de junio de 2.016, han transcurrido un total de treinta y tres (33) días continuos, sin que las partes hubiese ejecutado ningún acto de procedimiento, sufriendo un abandono total por falta de impulso procesal del actor; lo cual es castigado por la Ley con la perención de la instancia, tal y como está establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil dispone que: “(…) Artículo 267. Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención. También se extingue la instancia: 1º Cuando transcurridos treinta (30) días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado. 2º Cuando transcurridos treinta (30) días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado; 3º Cuando dentro del término de seis (06) meses constados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la Ley les impone para proseguirla. (…)”. La doctrina señala que la perención es la extinción del proceso por el transcurso de un tiempo determinado (anual, semestral, mensual), sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. En tal sentido, el autor Arístides Rengel-Romberg, en su obra sobre Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo ll. Pág. 372-373, afirma lo siguiente: “(...) Para que la perención se produzca, se requiere la inactividad de las partes. La inactividad está referida a la no realización de ningún acto de procedimiento. Es una actitud negativa u omisiva de las partes, que debiendo realizar los actos del procedimiento, no los realizan; pero no del Juez, porque si la inactividad del Juez pudiese producir la perención, ello equivaldría a dejar el arbitrio de los órganos del Estado la extinción del proceso. La perención se encuentra así determinada por tres condiciones esenciales: una objetiva, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales; otra subjetiva, que se refiere a la actitud omisiva de las partes y no del Juez; y finalmente una condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes por el término de un año. La jurisprudencia nacional ha venido sosteniendo que la perención tiene su fundamento en la negligencia de las partes y en la presunción de que la inactividad de éstas entraña una renuncia a continuar la instancia. (...)” De lo Ut-Supra transcrito se desprende que la perención de la instancia es la figura que extingue el proceso en virtud de la inactividad de las partes prolongada por un cierto tiempo, y se encuentra determinada por tres condiciones esenciales: una objetiva, que está referida a la inactividad, se reduce a la falta de realización de actos procesales; otra subjetiva, que se refiere a la actividad omisiva de las partes y/o del Juez; y finalmente, una condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes por el término de un año, o de un semestre o de treinta días. Las mencionadas condiciones objetivas, subjetivas y temporales de la perención revelan que su fundamento está en que la inactividad de las partes entraña una renuncia a continuar la instancia y en la conveniencia de que el estado se libere de la obligación de proveer sobre la demanda, después de ese período de inactividad prolongada.