REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Vigésimo (20°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas Caracas, 15 de junio de 2016 206º y 157º ASUNTO: AH21-X-2016-A1 AP21-L-2016-001332 En la demanda por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, incoada por el ciudadano Luis Alberto González Vivas, titular de la cédula de identidad Nº V-16-934.421, contra la entidad de trabajo Razas Express, C.A., y, de manera personal y solidaria contra la ciudadana Olga De Fátima Moniz De Abreu, titular de la cédula de identidad Nº V-9.063.313; se tiene que mediante el libelo de la demanda se solicita la medida preventiva de embargo, sobre bienes de las codemandadas, con el objeto de garantizar las resultas del presente procedimiento y evitar que quede ilusoria la pretensión del demandante, motivo por el cual este Tribunal pasa a pronunciarse sobre la base de las siguientes consideraciones: I Motivación Tenemos que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en el artículo 137 prevé lo siguiente: “A petición de patre, podrá el juez de sustanciación, mediación y ejecución acordar las medidas cautelares que considere pertinentes a fin de evitar que se haga ilusoria la pretensión, siempre que a su juicio exista presunción grave del derecho que se reclama…” De lo anterior, se evidencia que el Juez tiene las más amplias potestades cautelares y en tal virtud tiene la autoridad de dictar las medidas preventivas que estime pertinentes cuando se cumplan los extremos establecidos en dicha norma, con la finalidad de resguardar la apariencia del buen derecho y garantizar las resultas del juicio, ponderando los intereses públicos generales y colectivos, siempre que no prejuzguen sobre la decisión que en definitiva habrá de recaer. Resulta necesario expresar que los requisitos indispensables para que el juez pueda acordar una medida cautelar son: el periculum in mora (peligro en el retardo) y fumus boni iuris (presunción del buen derecho); en el entendido que deben ser probados por la parte solicitante con cualquier medio de prueba que se acompañe junto al libelo o solicitud y una vez acompañados, el juez debe evaluar y apreciar los instrumentos probatorios a los fines de decretar o no la medida peticionada. El fumus boni iuris, debe entenderse como una posición jurídica que el pretendiente posee y de la cual se derivan intereses jurídicos que merecen tutela. Esta “posición” jurídica puede derivarse de “relaciones jurídicas” o de “situaciones jurídicas”, en ambos casos, se generan derechos e intereses que se debaten en el proceso. Constituye un “cálculo de probabilidad”, y en nuestra doctrina se ha manejado como un juicio de verosimilitud del derecho alegado, para referirse a una posición jurídica que se desprende de las relaciones jurídicas o situaciones jurídicas que se debaten en el proceso. El periculum in mora, o temor fundado de infructuosidad del fallo o de la inefectividad del proceso, de acuerdo a la teoría general de la cautela explicativa que no son más que las llamadas “medidas cautelares” las adopta el juez, en el marco de un proceso o fuera de éste, para “garantizar” que la futura ejecución del fallo no quede ilusoria, o que, a pesar de la posibilidad de ejecución no sea capaz de reparar o sean de muy difícil reparación situaciones objetivas ocurridas durante la tramitación del procedimiento. Por ello se afirma que la tutela cautelar garantiza la “eficacia” del fallo y la “efectividad del proceso”, se trata (conforme a la doctrina más calificada) de “situaciones objetivas” apreciadas por el juzgador, y se refiere a hechos que pueden ser “apreciados hasta por terceros” y que revelan como “manifiesta”, “patente” y clara la eventual lesión a los derechos debatidos en juicio. Por otro lado, es importante indicar que el otorgamiento de las medidas cautelares se fundamenta, sólo en presunciones, vale decir, si existe en el expediente prueba que haga presumir la violación del derecho o garantía del reclamante e igualmente, se debe considerar la instrumentalizad de las medidas preventivas, que atiende a la urgencia de una de las partes, la cual presenta la garantía de eficacia de estas medidas. Es potestad del Juez, apreciar la existencia o no de la presunción del derecho reclamado, lo cual en modo alguno ahonda ni juzga sobre el fondo de la controversia, pues el conocimiento se encuentra limitado a un juicio de probabilidades y de verosimilitud y su resultado vale no como declaración de certeza sino de hipótesis; esto, visto que el juez no puede invadir el fondo del asunto el cual será conocido en el juicio principal. Al respecto señala el doctor Miguel Ángel Martín en el Libro de Derecho Procesal del Trabajo: Hemos señalado que el Juez Laboral tanto de Primera como de Segunda instancia, tiene la facultad para decretar medidas cautelares, ya que la necesidad de salvaguardar los derechos discutidos, puede presentarse en cualquier estado y grado de la causa, pudiendo presentarse circunstancias que determinen que el obligado esta realizando actos tendientes a insolventarse o empobrecerse, por ello el juez Laboral debe efectuar un estudio y análisis en el decreto de la medida y verificar la existencia de los requisitos de procedencia, porque de lo contratio incurriría en el vicio de inmotivación, inficcionando el decreto cautelar (…omissis…) Solo en aquellos casos en que el actor demuestre la existencia de la circunstancia que evidencien la dilapidación u ocultamiento de los bienes del demandado, que en definitiva se traduce en un prericulum in mora, el juez puede obrar a petición de parte y decretar (excepcionalmente) medidas cautelares para evitar se haga ilusoria la ejecución del fallo, siendo una carga del actor traer a los autos elementos suficientes que demuestren tal circunstancia (…omissis…) De todo lo anterior, tenemos que en el presente caso la parte demandante peticiona la presente solicitud de medida preventiva de embargo, para evitar que quede ilusoria la ejecución del fallo, en virtud al engaño con que actuó el patrono para defraudar al trabajador y de la actitud contumaz de los demandados en resolver el problema y pagarle las prestaciones sociales al accionante, que le corresponden por Ley y constituyen derechos adquiridos. En este sentido, este Juzgador observa que el fundamento de la parte demandante para solicitar la presente medida preventiva no está acreditado a los autos el riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución de un fallo firme (periculum in mora), por lo que forzosamente se debe declarar la improcedencia de la medida solicitada. Así se decide.- II Dispositivo Por las consideraciones expuestas este Juzgado Vigésimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, declara: Primero: Improcedente la solicitud de la parte demandante de decretar medida preventiva de embargo sobre bienes propiedad de las codemandadas, todo ello en el juicio incoado por el ciudadano Luis Alberto González Vivas, contra la entidad de trabajo Razas Express, C.A., y, de manera personal y solidaria contra la ciudadana Olga De Fátima Moniz De Abreu. Segundo: No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza del fallo. Dando cumplimiento a lo establecido en las disposiciones del artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, se ordena dejar copia certificada de la presente sentencia en el archivo del Tribunal así como la publicación de la presente sentencia en la página web del Tribunal Supremo de Justicia en el sitio denominado Regiones Área Metropolitana de Caracas http://caracas.tsj.gov.ve/. Cúmplase. Publíquese, regístrese y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Vigésimo (20°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los quince (15) días del mes de junio de dos mil dieciséis (2016). Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación. El Juez Abg. Héctor Mujica El Secretario, Abg. Mario Montalvan Nota: En esta misma fecha se publicó y registró la sentencia. El Secretario, Abg. Mario Montalvan