REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA



PODER JUDICIAL
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA MUNICIPAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE ESTADO FALCÓN
SANTA ANA DE CORO, 12 DE ABRIL DE 2017
206º Y 157º
AUTO DECRETANDO MEDIDA DE COERCION PERSONAL EN
AUDIENCIA DE PRESSENTACION DE IMPUTADOS

ASUNTO PRINCIPAL: IP02-P-2017-000210
ASUNTO: IP02-P-2017-000210
IDENTIFICACION DE LAS PARTES:
JUEZ PROVISORIOS ABG. JOSE G. REYES SALAS
SECRETARIO: ABG. GERARD ZAMBRANO
FISCAL 2º DEL MINISTERIO PÚBLICO: ABG. CARLA OVIEDO
VÍCTIMA: EL ESTADO VENEZOLANO
INVESTIGADO: JORGE ELIEZER CORONA CORONA
DEFENSOR PUBLICO: ABG. JESUS HENRIQUEZ

ACTA DE AUDIENCIA DE PRESENTACION DE IMPUTADOS
En el día de hoy 10 de ABRIL del año dos mil dieciséis (2017), siendo las 11:10 am., hora y fecha fijada para dar inicio a la AUDIENCIA DE PRESENTACION DE IMPUTADOS de conformidad con lo previsto en el artículo 356 del Código Orgánico Procesal Penal, solicitada por la FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO ABG. CARLA OVIEDO, quien solicitó la formal imputación los ciudadanos: JORGE ELIEZER CORONA CORONA. Se instaló el Tribunal primero de Primera Instancia Municipal en Función de Control a cargo del Ciudadano Juez Abg. JOSE. G. REYES, el Secretario Abg. GERARD ZAMBRANO, y el alguacil designado para este acto en la Sala de audiencias de este Circuito Judicial Penal del Estado Falcón. Seguidamente presentes en la Sala de Audiencia de este Circuito Judicial del Estado Falcón, el Juez Abg. JOSE. G. REYES, solicita al ciudadano Secretario verificar la presencia de las partes y éste informó que se encuentra presentes FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO: ABG. CARLA OVIEDO, EL DEFENSOR PUBLICO; ABG JESUS HENRIQUEZ, por lo que este tribunal procedió a preguntarle al investigado de autos si tenía defensor que los asistiera en la presente causa, manifestando los ciudadanos: JORGE ELIEZER CORONA CORONA, NO tener defensor que lo asista.”Por lo cual se procede a la designación de ley del defensor público, ABG. JESUS HENRIQUEZ. Acto seguido se impone al defensor público de las actuaciones procesales, previo acceso y valoración del expediente, así como entrevista a solas con el imputado” Seguidamente el ciudadano Juez da inicio al acto y concede la palabra a la Representante del Ministerio Público, ABG. CARLA OVIEDO, en su carácter de Fiscal del Ministerio Público quien expuso entre otras cosas lo siguiente: “hace una breve narración de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos descritas en el acta policial), esta Representación Fiscal solicita que el procedimiento continué por el Procedimiento Especial para el Juzgamiento de los Delitos Menos Graves, de conformidad con lo establecido en el artículo 354 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, en cuanto a la precalificación considera esta representación esta encajada en el Delito: USO DE FACSIMIL PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 114 DE LA LEY PARA EL DESARMEN Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES PARA EL CIUDADANO, JORGE ELIEZER CORONA CORONA, solicito se le sea impuesta Una Medidas cautelar sustitutiva de libertad, articulo 242 numeral 3, consistente en la presentación cada 45 días por ante este tribunal, ES TODO. Seguidamente el juez procede a imponer del precepto Constitucional establecido en el numeral 5 del artículo 49, que lo exime de declarar en causa propia, sin que su silencio le perjudique, también hizo de su conocimiento que la declaración es un medio con el que cuenta para su defensa y por consiguiente tiene derecho a explicar todo cuanto sirva para desvirtuar las sospechas que sobre el recaiga, así mismo el Juez explica el imputado el Principio de Oportunidad y las Medidas Alternativas a la Prosecución del Proceso, consagrados en los artículos 38, 357 y 358 del Código Orgánico Procesal Penal, en este estado e impuesto del Derecho Constitucional y de las Medidas Alternativas a la Prosecución del Proceso , el ciudadano Juez ordena identificar formalmente al ciudadano quien se identifico como: JORGE ELIEZER CORONA CORONA, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V-25.925.757, de 19 años de edad, soltero, fecha de nacimiento 23/09/1997, de ocupación obrero, residenciado en el sector cruz verde bloque 18 apartamento 01-02 piso 1, de la ciudad de coro del municipio Miranda del estado falcón. Teléfono, 02682512220, El ciudadano expuso sin coerción alguna: “NO DESEO DECLARAR”, ES TODO.- Seguidamente se le concede el derecho de palabra al Defensor público quien expuso: Buenas tardes a todos los presentes, una vez escuchada la exposición de la Representación del Ministerio Público, esta defensa solicita se presuma inocente mi defendido por cuanto no se cumplen los requisitos mínimos de la actividad probatoria, asimismo se destaca en el presente procedimiento no consta de testigos que den fe de la incautación del objeto en cuestión a mi defendido requisito exigido por el copp debido que según sala constitucional el solo dicho de los funcionarios no es elementos suficiente para la imposición de medidas cautelares, ES TODO.-”

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Ahora bien analizado como han sido los argumentos expuestos por las partes este Tribunal pasa a resolver con fundamento en las siguientes consideraciones: En lo que respecta a la detención del imputado, se Observa esta instancia del estudio de las actuaciones, específicamente del Acta Policial donde consta la aprehensión el ciudadano: JORGE ELIEZER CORONA CORONA. en labores de servicio fui comisionado por a superioridad para trasladarme en compañía del funcionario Detective Jefe EDGAR SANCHEZ, a bordo de vehículo particular, hacia los distintos sectores de esta jurisdicción, a fin de minimizar el índice delictivo relacionados con los delitos de hurto y robo acaecidos en esta ciudad de Coro, en momento cuando nos desplazábamos por 1a calle número 03 con calle numero 04, Sector numero 01 de la Urbanización Cruz verde de esta ciudad, avistamos a un (01) sujeto, quien portaba como vestimenta un suéter de color blanco con una bermuda de color blanco, quien al momento de notar la presencia de la comisión mostro una actitud nerviosa, motivo por el cual procedimos a descender de nuestro vehículo automotor identificarnos como funcionarios activos de este Cuerpo Detectivesco, procediendo el suscrito a buscar alguna persona que sirviera como testigo, sosteniendo entrevista con varios transeúntes del sector quienes se negaron rotundamente por temor a futuras represalias en su contra o algún miembro familiar, procediendo e funcionario Detective Jefe EDGAR SANCHEZ, a realizarle una revisión corporal, amparado en el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, incautándole a nivel de la cinto del pantalón UN (01) FACSIMIL CON MORFOLOGIA DE UN ARMA DE FUEGO, CONSTITUIDO EN MATERIAL DE METAL, CON UNA EMPUNADURA ELABORADA EN METAL, REVESTIDA POR DOS TAPAS ELABORADA EN MATERIAL SINTÉTICO DE COLOR NEGRO, SIN SERIAL Y MODELO APARENTE, por lo antes mencionado, procedió el funcionario Detective Jefe EDGAR SANCHEZ, a realizar ia respectivas Inspección Técnica del lugar, la cual consignó a la presente acta de investigación penal. En virtud de lo antes expuesto y por cuanto nos encontrábamos en presencia de un delito flagrante PREVISTO EN LA LEY PARA EL DESARME, CONTROL DE APNAS Y MEJNICIONES, se procedió a la aprehensión definitiva del sujeto de acuerdo a lo establecido en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal y de imponerle de sus derechos como imputados y garantías constitucionales, insertos en los Artículos 449 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el Artículo 127° del Código Orgánico Procesal Penal, siendo identificado de la siguiente manera: CORONA CORONA JORGE ELIECER, de nacionalidad Venezolano, natural de Coro, estado Falcón, nacido en fecha 23/09/1997, de 20 años de edad, estado civil soltero, profesión u oficio indefinida, residenciado en el Bloque número 18, piso numero 01, apartamento 01-02, de la Urbanización Cruz Verde de esta ciudad, titular de la cédula de identificación V-25.925.757. culminada nuestras diligencias nos retiramos del lugar y retornamos a nuestro Despacho en compañía del ciudadano investigado así como con la evidencia colectada, una vez apersonados en nuestra sede procedí a verificar a través del sistema de Investigación e Información Policial (SIIPOL), los posibles registros y solicitudes que pudiesen tener el ciudadano detenido, arrojando como resultado que le corresponden sus nombres, apellidos y número de cédula, y presenta el siguiente registro Policial según PD1 2433040, de fecha 08-04-2016, por el Delito: Uso Indebido de Arma de Fuego, según causa fiscal PF-N01006—Fl-20l6, seguidamente le informe a la Superioridad del procedimiento practicado y en tal sentido este Despacho dio inicio a las Actas procesales signadas con la nomenclatura K—17—0217— 00660, por la comisión de uno de los delitos: PREVISTO EN LA LEY PARA EL DESARNE CONTROL DE ABMAS Y MUNICIONES.





Lo anterior, a criterio de este Juzgador, se corresponde con el criterio de una flagrancia real y efectiva, pues los imputados fueron detenidos en razón del señalamiento expreso y directo por funcionarios CICPC. en labores de servicio fui comisionado por a superioridad para trasladarme en compañía del funcionario Detective Jefe EDGAR SANCHEZ, a bordo de vehículo particular, hacia los distintos sectores de esta jurisdicción, a fin de minimizar el índice delictivo relacionados con los delitos de hurto y robo acaecidos en esta ciudad de Coro, en momento cuando nos desplazábamos por 1a calle ndmero 03 con caile numero 04, Sector numero 01 de la Urbanización Cruz verde de esta ciudad, avistamos a un (01) sujeto, quien portaba como vestimenta un suéter de color blanco con una bermuda de color blanco, quien al momento de notar la presencia de la comisión mostro una actitud nerviosa, motivo por el cual procedimos a descender de nuestro vehículo automotor identificarnos como funcionarios activos de este Cuerpo Detectivesco, procediendo el suscrito a buscar alguna persona que sirviera como testigo, sosteniendo entrevista con varios transeúntes del sector quienes se negaron rotundamente por temor a futuras represalias en su contra o algún miembro familiar, procediendo el funcionario Detective Jefe EDGAR SANCHEZ, a realizarle una revisión corporal, amparado en el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, incautándole a nivel de la cinto del pantalón UN (01) FACSIMIL CON MORFOLOGIA DE UN ARMA DE FUEGO, CONSTITUIDO EN MATERIAL DE METAL, CON UNA EMPUNADURA ELABORADA EN METAL, REVESTIDA POR DOS TAPAS ELABORADA EN MATERIAL SINTÉTICO DE COLOR NEGRO, SIN SERIAL Y MODELO APARENTE, por lo antes mencionado, procedió el funcionario Detective Jefe EDGAR SANCHEZ, a realizar la respectivas Inspección Técnica del lugar, la cual consignó a la presente acta de investigación penal. En virtud de lo antes expuesto y por cuanto nos encontrábamos en presencia de un delito flagrante PREVISTO EN LA LEY PARA EL DESARME, CONTROL DE ARNAS Y MUNICIONES, se procedió a la aprehensión definitiva del sujeto de acuerdo a lo establecido en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal y de imponerle de sus derechos como imputados y garantías constitucionales. Siendo ello así, un delito flagrante, o de una flagrancia propiamente dicha, pues se relaciona las actuaciones con el hecho donde se encuentra incurso el ciudadano: JORGE ELIEZER CORONA CORONA existe una prueba inmediata y directa del delito cometido, que emana de la observación que del hecho delictivo efectuaran los funcionarios actuantes en el procedimiento.
Al respecto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No. 1901 de fecha 01.12.2008 precisó:
“...En el Código Orgánico Procesal Penal, la flagrancia está definida en el artículo 234, “se tendrá como delito flagrante el que se está cometiendo o el que acaba de cometerse”. En principio, todo delito cuando se está cometiendo es flagrante, se está ejecutando actualmente, pero la condición de flagrante –a los efectos del artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal y del proceso penal- viene dada porque al instante en que se ejecuta, es percibido por alguien, quién puede actuar en la aprehensión o simplemente, formular la denuncia ante los órganos competentes o llamar a la fuerza pública para que lo capture.
De allí que, la condición de flagrancia venga dada por las circunstancias de que alguien (una persona) pueda captar la ejecución del delito, bien porque lo presencia, o porque acabando de cometerse, el sospechoso (a quien así denomina el Código Orgánico Procesal Penal ni siquiera es imputado), se encuentra aún en el lugar del suceso, en actitud tal que quien observa la comisión del hecho necesariamente forma una relación de causalidad entre el delito y el presunto delincuente.
Asimismo, la flagrancia está ligada a la persona que presencia la comisión del hecho, quien así se convierte en medio de prueba del delito y su autoría, sin que por ello sea necesaria, en principio, cualquier otra probanza de lo acontecido. El delito es de tal evidencia para quien lo aprehendió que, salvo en ciertas excepciones, no requiere otra prueba del mismo. Se trata de una presencia inmediata y directa, la cual es necesaria que exista por igual tanto en la autoría como en las circunstancias que se perciben in situ del hecho.
Lo que clasifica de flagrante a un delito, es la captación del mismo que se comete o acaba de cometerse y será dicho conocimiento el que al llevarse al proceso, básicamente probará el cuerpo del delito y su autoría.

Siendo ello así, estima este juzgador, que en el presente caso al haberse verificado como se explicó un delito flagrante, la detención el ciudadano: JORGE ELIEZER CORONA CORONA, plenamente identificados en autos, fue practicada de manera legítima y ajustada a los parámetros que dispone el artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 234 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASÍ SE DECIDE.
En lo que respecta al delito precalificados y la medida de coerción personal a imponer; este tribunal observa que en el presente caso, la Representación Fiscal precalifico el delito de: USO DE FACSIMIL PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 114 DE LA LEY PARA EL DESARMEN Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES. En este sentido, la defensa de igual manera hace mención en sus alegatos donde indica lo siguiente: Buenas tardes a todos los presentes, una vez escuchada la exposición de la Representación del Ministerio Público, esta defensa solicita se presuma inocente mi defendido por cuanto no se cumplen los requisitos mínimos de la actividad probatoria, asimismo se destaca en el presente procedimiento no consta de testigos que den fe de la incautación del objeto en cuestión a mi defendido requisito exigido por el copp debido que según sala constitucional el solo dicho de los funcionarios no es elementos suficiente para la imposición de medidas cautelares, ES TODO.-”

Analizando el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de concurren los elementos para decretar una medida de coerción personal el ordinal 1º indica Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita; tal y como lo es el delito de: USO DE FACSIMIL PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 114 DE LA LEY PARA EL DESARMEN Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES, cuya materialidad se verifica de los elementos de convicción obtenidos de las diligencias preliminares de investigación, como a continuación se pasan a describir en el análisis del supuesto siguiente:
Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible; los cuales se obtienes del análisis de las siguientes actas de investigación tales como la son:

1.-ACTA DE INVESTIGACVION PENAL DE FECHA DE 12-04-2017, suscrita por funcionarios CICPC (la cual riela en los folio 04 de las actuaciones preliminares acompañadas al procedimiento).

2.-REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA FECHA DE 12-04-2017, suscrita por CICPC (la cual riela en los folio 07 de las actuaciones preliminares acompañadas al procedimiento).

3.-EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO LEGAL FECHA DE 12-04-2017, suscrita por CICPC (la cual riela en los folio 09 de las actuaciones preliminares acompañadas al procedimiento).


Elementos estos de convicción, de los cuales estima este Juzgador, se extraen motivo racional, coherente y suficiente para estimar la presunta participación del ciudadano: JORGE ELIEZER CORONA CORONA, en la comisión del delito: USO DE FACSIMIL PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 114 DE LA LEY PARA EL DESARMEN Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES, que le fuera acreditado a dicha conducta antijurídica por el Ministerio Público en la audiencia de presentación, habida consideración que de las actuaciones preliminares, iniciada se pudo determinar que efectivamente el imputado resultó detenido por los funcionarios adscritos a CICPC. Según consta en acta policial, en labores de servicio fui comisionado por a superioridad para trasladarme en compañía del funcionario Detective Jefe EDGAR SANCHEZ, a bordo de vehículo particular, hacia los distintos sectores de esta jurisdicción, a fin de minimizar el índice delictivo relacionados con los delitos de hurto y robo acaecidos en esta ciudad de Coro, en momento cuando nos desplazábamos por 1a calle número 03 con calle numero 04, Sector numero 01 de la Urbanización Cruz verde de esta ciudad, avistamos a un (01) sujeto, quien portaba como vestimenta un suéter de color blanco con una bermuda de color blanco, quien al momento de notar la presencia de la comisión mostro una actitud nerviosa, motivo por el cual procedimos a descender de nuestro vehículo automotor identificarnos como funcionarios activos de este Cuerpo Detectivesco, procediendo el suscrito a buscar alguna persona que sirviera como testigo, sosteniendo entrevista con varios transeúntes del sector quienes se negaron rotundamente por temor a futuras represalias en su contra o algún miembro familiar, procediendo el funcionario Detective Jefe EDGAR SANCHEZ, a realizarle una revisión corporal, amparado en el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, incautándole a nivel de la cinto del pantalón según consta en registro de cadena de custodia de fecha 12-04-2017 UN (01) FACSIMIL CON MORFOLOGIA DE UN ARMA DE FUEGO, CONSTITUIDO EN MATERIAL DE METAL, CON UNA EMPUNADURA ELABORADA EN METAL, REVESTIDA POR DOS TAPAS ELABORADA EN MATERIAL SINTÉTICO DE COLOR NEGRO, SIN SERIAL Y MODELO APARENTE, por lo antes mencionado, procedió el funcionario Detective Jefe EDGAR SANCHEZ, a realizar la respectivas Inspección Técnica del lugar, la cual consignó a la presente acta de investigación penal. Se toma en consideración EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO LEGAL FECHA DE 12-04-2017. En virtud de lo antes expuesto y por cuanto nos encontrábamos en presencia de un delito flagrante PREVISTO EN LA LEY PARA EL DESARME, CONTROL DE ARNAS Y MUNICIONES, se procedió a la aprehensión definitiva del sujeto de acuerdo a lo establecido en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal y de imponerle de sus derechos como imputados y garantías constitucionales. En virtud a lo antes expuesto, este juzgador observa que existen elementos de convicción que indica la participación del ciudadano de marras con el hecho punible que le imputa el representante del ministerio publico y siendo ello así, un delito flagrante, o de una flagrancia propiamente dicha, pues se relaciona las actuaciones con el hecho donde se encuentra incurso el ciudadano: JORGE ELIEZER CORONA CORONA, existe una prueba inmediata y directa del delito cometido, que emana de la observación que del hecho delictivo efectuaran los funcionarios actuantes en el procedimiento.
Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se ha referido a la posibilidad de imponer Medida de Coerción Personal desde la fase preparatoria, a los fines de asegurar las finalidades del proceso, señalando:
“... El Código Orgánico Procesal Penal en su título I regula las fases del proceso penal entre las cuales se encuentra la fase preparatoria, cuya finalidad no es más que practicar las diligencias necesarias tendentes a determinar si existen razones para proponer la acusación contra una persona y pedir su enjuiciamiento o sobreseimiento, según el caso.
En dicha fase, la medida más importante que se puede decretar, entre otras, es la privación preventiva judicial de libertad del imputado si se verifica la existencia de los requisitos concurrentes que para tal fin, establece el Código Orgánico Procesal Penal...” (Sent. Nro. 673 del 07/04/2003, ).

Así mismo, se estima oportuno precisar, que si bien es cierto, sólo será en la fase de juicio oral y público, luego de efectuada la práctica de todas y cada una de las pruebas, y dado el correspondiente contradictorio, el momento estelar donde se podrá establecer con certeza la existencia de responsabilidad o no del imputado; no obstante hasta el presente estado procesal, está demostrado a los solos efectos del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, la existencia de elementos de convicción suficientes para estimar la participación de éste en la comisión del hecho delictivo que le fue atribuido, lo hace procedente el decreto de una medida de coerción personal. Situación esta que en ningún momento comporta pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del imputado de autos, pues los elementos valorados por esta instancia, se ciñen estrictamente a establecer la procedencia fundada de la Medida Coerción Personal que fue solicitada, tal y como lo es la Privación Judicial Preventiva de Libertad.
Al respecto, ha señalado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No 1998 de fecha 22 de noviembre de 2006:
“… La protección de los derechos del imputado a la libertad y a ser tratado como inocente mientras no se establezca de manera plena su culpabilidad, tampoco puede significar el absoluto abandono de los mecanismos cautelares destinados a garantizar los objetivos del proceso…”. (Negritas de la Sala).

Y finalmente también está acreditado la existencia de una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de la investigación, pues aprecia este tribunal, partiendo de la circunstancia de que en el presente caso, nos encontramos en presencia de un delito menos graves, el cual tiene asignada una penalidad moderada para el delito de: USO DE FACSIMIL PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 114 DE LA LEY PARA EL DESARMEN Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES, lo cual se corresponde con el contenido del numeral 2 del artículo 238 que al respecto dispone:
Artículo 238. Peligro de Obstaculización. Para decidir acerca del peligro de Obstaculización para averiguar la verdad en cuenta, especialmente, la grave sospecha de que el imputado o imputada:
1. Destruirá. Modificará. Ocultará o falsificará elementos de convicción.
2. influirá para que coimputados o coimputadas, testigos, victimas, expertos o expertas, informe falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirán a otros u otras a realizar esos comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia.

No obstante a lo anterior, estima este Juzgador que el ciudadano, puede informar falsamente durante la investigación ya que oculto el arma que tenía en su posesión, es por lo que nos encontramos en un delito flagrante precalificado por el Ministerio público como USO DE FACSIMIL PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 114 DE LA LEY PARA EL DESARMEN Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES, en este caso el ciudadano está ejerciendo actos intencional y directamente sobre la construcción del establecimiento, una vez de efectuado el correspondiente estudio a las actuaciones que constituyen el presente procedimiento se determina el peligro de obstaculización, basado en el numeral 2 del art. 238 Código Orgánico Procesal Penal, los supuestos que motivan la medida de privación judicial preventiva de libertad, pueden ser razonablemente satisfecho, por una medida cautelar sustitutiva menos gravosa, como lo es, la medida prevista en el articulo 242 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal consistente presentaciones antes este Tribunal presentaciones cada 45 días. Ello en atención a las consideraciones que de seguidas se pasan a exponer.

Ciertamente, una de las tantas innovaciones del actual sistema Penal, lo constituye la institución del principio de afirmación de libertad, en razón del cual, toda persona a quien se le impute la comisión de un hecho punible, salvo las excepciones que establece la ley, tiene derecho a ser juzgada en libertad; de tal manera que la libertad constituye la regla en el juzgamiento penal y la privación judicial preventiva de libertad, una forma excepcional de enjuiciamiento. En tal sentido, los artículos 8, 9 y 229 del Código Orgánico Procesal Penal, establecen que:
Artículo 8. Presunción de inocencia. Cualquiera a quien que se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme.
Artículo 9. Afirmación de la libertad. Las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, sólo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta.
Las únicas medidas preventivas en contra del imputado son las que este Código autoriza conforme a la Constitución.
Artículo 229. Estado de Libertad. Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este código.
La privación de libertad es una medida cautelar, que solo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso”.

Ese juzgamiento en libertad, que como regla, emerge en nuestro proceso penal, no es más que el desarrollo de un mandato contenido en el numeral 1 del artículo 44 del texto constitucional, el cual al consagrar el derecho a la libertad personal establece que “…toda persona será juzgada en libertad excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el Juez o Jueza en cada caso…”; dispositivo constitucional con el cual, además, se establece una garantía de protección e intervención mínima en la afectación del derecho a la libertad personal, el cual sólo podrá verse restringido en casos excepcionales, para asegurar las finalidades del proceso.
En este orden de ideas, la Sala Constitucional de nuestro más alto Tribunal de Justicia, en sentencia No. 1825, de fecha 04 de julio de 2003, señaló:
.“...Al respecto debe recordarse que, de conformidad con el artículo 44 de la Constitución, las personas serán juzgadas en libertad, excepto por las razones que determine la ley. Por su parte, el artículo 252 (hoy, 243) del derogado Código Orgánico Procesal Penal reafirma la garantía del juicio en libertad, cuando establece que “Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este código”; asimismo, que “la privación de libertad es una medida cautelar, que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso” (Subrayado de la Sala). Tales excepciones... son las que autorizan a dictar medidas cautelares privativas de libertad, las cuales sin embargo y siempre en procura de que, solo en la menor medida posible y dada la garantía constitucional de presunción de inocencia, resulte afectado el derecho fundamental que reconoce el artículo el artículo 44 de la Constitución...” . (Negritas de esta Sala).

Así pues, hoy en día la Privación Judicial Preventiva de Libertad, constituye un decreto excepcional, que a la luz del nuevo sistema de juzgamiento penal, sólo puede ser dictado en todos aquellos casos en los cuales, no exista razonablemente la posibilidad de garantizar las eventuales resultas del proceso penal, con otra medida de coerción personal menos gravosa y distinta la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad.

En tal sentido, debe señalar este juzgador, que la imposición de cualquier medida de coerción personal, debe necesariamente obedecer a una serie de criterios y juicios debidamente razonados y ponderados, que atendiendo a las circunstancias que rodean cada caso, se encamine a conseguir el debido equilibrio que exige, tanto el respeto al derecho de los procesados penalmente a ser juzgados en libertad como al derecho del Estado y la sociedad de que se resguarden los intereses sociales, mediante el establecimiento de medios procesales que garanticen las futuras y eventuales resultas de los juicios.

Por ello, el análisis de todas y cada una de las circunstancias fácticas que reposan en las actuaciones y acompañan a las respectivas solicitudes de privación o cautelar sustitutiva de libertad, deben ser ponderadas bajo los criterios de objetividad, magnitud del daño, cuantía de la pena, peligro de fuga y de obstaculización en la búsqueda de la verdad, lo cual permitirá luego de un debido y motivado juicio, determinar con certeza la mayor o menor severidad de la medida a imponer.

Si bien es cierto a los imputados se le ha atribuido un hecho delictivo menos grave, pero este juzgador considera y estima la posibilidad de asegurar las resultas del presente proceso, mediante la imposición de una medida de coerción personal menos gravosa a la privación judicial preventiva de libertad, tal y como lo es, medida prevista en el artículo 242 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal consistente presentaciones antes este Tribunal cada 45 días. El cual al consagrar el derecho a la libertad personal establece que “…toda persona será juzgada en libertad excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el Juez o Jueza en cada caso…. Este juzgador, estima que lo ajustado a derecho es decretar a los imputados la medida cautelar sustitutivas a la privación judicial preventiva de libertad, previstas en el artículo 242 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal consistente presentaciones antes este Tribunal presentaciones cada 45 días

Finalmente, en cuanto al procedimiento a seguir, se observa que en la presente causa si bien fue estimada la flagrancia en la aprehensión del imputado, el Ministerio Público, solicitó la aplicación del procedimiento especial, por lo que a tenor de lo dispuesto del artículo 353 del Código Orgánico Procesal Penal el cual expresamente dispone:

Artículo 353. DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
En los asuntos sujetos a procedimientos especiales son aplicables las disposiciones establecidas específicamente para cada uno de ellos en este libro. En lo no previsto, y siempre que no se opongan a ellas, se aplicaran las reglas del procedimiento ordinario.

Ahora bien, visto, escuchado, analizados los alegatos de la Defensa y el Ministerio Público de igual manera vista las actuaciones acompañadas al escrito fiscal, y por cuanto el imputado de auto manifestó no acogerse a las Fórmulas alternativas a la Prosecución del Proceso como lo son la Suspensión Condicional del Proceso, este Juzgado primero de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control del Estado Falcón. Y ASÍ SE DECIDE.
DISPOSITIVA
Es por lo que este Juzgado primero de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control del Estado Falcón, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, pasa a decidir en los siguientes términos y decreta: PRIMERO: la flagrancia previsto y sancionado en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal SEGUNDO: se acuerda el Procedimiento especial para el juzgamiento de los delitos menos graves artículo 354 del Código Orgánico Procesal Penal TERCERO: Se admitió la precalificación del delito realizada por el ciudadano Fiscal del Ministerio Público de delito de: USO DE FACSIMIL PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 114 DE LA LEY PARA EL DESARMEN Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES, para el ciudadano: JORGE ELIEZER CORONA CORONA. CUARTO: con lugar la solicitud realizada por el representante del ministerio publico a la imposición de la medida cautelar sustitutiva de libertad, de presentaciones cada 45 días por ante este tribunal.



JUEZ PROVISORIO
ABG. JOSE G. REYES SALAS

SECRETARIO
ABG. GERARD ZAMBRANO