TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO FALCÓN
AÑOS; 206° Y 157°
ASUNTO: IP21-G-2017-000001
MOTIVO: DEMANDA POR DAÑOS Y PERJUICIOS
PARTE DEMANDANTE: CIUDADANOS ANDRINETH ELINA RUBIO CALDERA, JOSE GUILLERMO RIVERO DIAZ, PACO ALEXANDER HIDALGO, JOSE LUIS GRATEROL DURAN Y ROMUALDO JOSE TOLEDO GUADARRAMA, TITULARES DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NROS. V-17.005.587, V-16.643.387, V-12.585.915, V-5.638.822 Y V-7.568.977, RESPECTIVAMENTE.
REPRESENTACIÓN JUDICIAL: OLUDOET MARIA RODRIGUEZ DAVALILLO, INSCRITA EN EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL ABOGADO BAJO EL Nº 43.853.
PARTE DEMANDADA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AGRÍCOLA INTEGRAL (INSAI), Y SUBSIDIARIAMENTE A LA EMPRESA INVERSIONES LA FORTALEZA 33 C.A.
I
ANTECEDENTES
EN FECHA VEINTICINCO (25) DE ENERO DE 2017, SE RECIBIÓ ANTE LA UNIDAD DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTO DE ESTE JUZGADO SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO FALCÓN, DEMANDA POR DAÑOS Y PERJUICIOS, SUSCRITA POR LA ABOGADA OLUDOET MARIA RODRIGUEZ DAVALILLO, ACTUANDO CON EL CARÁCTER DE APODERADA JUDICIAL DE LOS CIUDADANOS ANDRINETH ELINA RUBIO CALDERA, JOSE GUILLERMO RIVERO DIAZ, PACO ALEXANDER HIDALGO, JOSE LUIS GRATEROL DURAN Y ROMUALDO JOSE TOLEDO GUADARRAMA. SUPRAS IDENTIFICADOS ANTERIORMENTE, CONTRA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AGRÍCOLA INTEGRAL (INSAI), Y SUBSIDIARIAMENTE A LA EMPRESA INVERSIONES LA FORTALEZA 33 C.A.
II
FUNDAMENTOS DEL RECURSO INTERPUESTO.
MANIFESTÓ LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE QUE SUS REPRESENTADOS PRESTAN SUS SERVICIOS AL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AGRÍCOLA INTEGRAL (INSAI) ADSCRITA AL MINISTERIO DE PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS, EN SU DIFERENTES DEPENDENCIAS COMO LOS ESTADO ARAGUA, ZULIA, GUARICO, FALCÓN Y TRUJILLO.

QUE EN FECHA DIECISÉIS (16) DE ENERO DE 2015 POR MEDIOS DE SUS COORDINADORES LES ORDENARON A REALIZAR UN TRABAJO DE CUARENTENA ANIMAL A UN LOTE DE 260 ANIMALES BOVINOS HEMBRAS CON EDADES ENTRE 2 Y 3 AÑOS CON EL FIN DE EXPORTACIÓN A VENEZUELA, COMO INSPECTORES DE CUARENTENA FUNCIONARIOS ENCARGADOS A LA OBSERVACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PROTOCOLO SANITARIO, CONVENIDO PREVIAMENTE ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD INTEGRAL (INSAI), TENIÉNDOSE QUE TRASLADARSE DESDE SUS CORRESPONDIENTES ESTADO HASTA LA REPUBLICA DE COLOMBIA, DIRIGIÉNDOSE EL DÍA 25 DE ENERO DE 2015 A ENCARGARSE DE LA CUARENTENA EL BOHÍO, EL IRÁN, YARUMA Y LA IRLANDA EN LA POBLACIÓN DE AGUA CHICA Y EL VESUBIO EN LA POBLACIÓN DE SAN ANTERO, REQUIRIÉNDOSE OTRO CIUDADANO PARA INSPECCIONAR LA CUARENTENA, EL CUAL LLEGÓ EL TRECE (13) DE FEBRERO DE 2015, (18 DIAS DESPUÉS).

QUE SUS REPRESENTADOS LE HICIERON NOTAR A LA EMPRESA ENCARGADA DE LA LOGÍSTICA EN COLOMBIA EMPRESA JAGME SAS QUE SE AMERITABA UN FUNCIONARIO MAS, LA MISMA PRETENDÍA QUE UN SOLO FUNCIONARIO ATENDIERA DOS CUARENTENAS DE MANERA SIMULTÁNEA, LO QUE COLIDE CON EL PROTOCOLO SANITARIO Y LAS MEDIDAS MÍNIMAS DE BIOSEGURIDAD ENTRE LAS MISMAS.

POSTERIORMENTE, EN REUNIÓN DEL DÍA VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2015, SE ESTABLECIÓ EL PAGO DE LOS VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EL CUAL ACORDARON SERIA SEMANAL, LO QUE NUNCA OCURRIÓ, PAGOS QUE DECIDIERON REALIZARSE POR CADA UNA DE LAS SEMANAS QUE SUS REPRESENTADO PERMANECIERON EN EL EXTRANJERO, QUE EN UN PRINCIPIO SE HABÍA ESTABLECIDO QUE SERIAN EN CUATRO (04) O CINCO (05) SEMANAS SEGÚN EL PROTOCOLO SANITARIO Y QUE POR CAPRICHO DEL CIUDADANO RAUL DIAZ PERALTA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA INVERSIONES LA FORTALEZA 33 C.A, DE RECHAZAR LAS CUARENTENAS DE LAS FINCAS EL VISUBIO, YARUMA, EL BOHÍO Y EL IRÁN, SE CONVIRTIÓ ESTE LAPSO EN CIENTO OCHENTA (180) DIAS EQUIVALENTE A 25.72 SEMANAS, QUE CONSTITUYEN EL MISMO NÚMEROS DE VIOLACIONES AL CONVENIO DE PAGO.

ALEGÓ LA REPRESENTANTE JUDICIAL, QUE UNA VEZ CONOCIDA LA DECISIÓN DE INSAI DE NO ACEPTAR EL INGRESO A VENEZUELA DE LAS CUARENTENAS POR PRESENTAR UNA ALTA PREVALECÍA DE LEUCOSIS BOVINA, LA EMPRESA HA DEBIDO REPATRIAR A SUS MANDANTES PUESTO QUE SU ACTIVIDAD HABÍA CONCLUIDO EN COLOMBIA, SIN EMBARGO LA APTITUD ASUMIDA POR EL CIUDADANO RAUL DIA, YA IDENTIFICADO DE REFUTAR ALGUNAS CUARENTENAS, OCASIONÓ QUE FUERAN RETENIDOS EN CONTRA DE SU VOLUNTAD HASTA QUE EXPIRÓ EL PERMISO DE PERMANENCIA OTORGADO POR LA OFICINA DE EMIGRACIÓN COLOMBIA, SEÑALÁNDOLE EN REUNIÓN QUE EL INTENTO DE CAMBIAR LA DECISIÓN SOLO TRAERÍA DEMORAS Y QUE DEBIA PAGARLES EL TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL PAÍS SEGÚN COMO LO ESTABLECE LA GACETA OFICIAL QUE RIGE ESTAS LABORES EN EL EXTRAJERON CUMPLIÉNDOSE EL PROTOCOLO SANITARIO, DESARROLLÁNDOSE EN EL TIEMPO EXACTAMENTE PREVISTO, EN LOS TREINTA (30) DIAS, NUNCA PASO DE CUARENTA Y CINCO (45) DIAS.

SEÑALÓ QUE EN FECHA DIEZ (10) DE JUNIO DE 2015, LES FUE ENTREGADO A SUS REPRESENTADOS UN MILLÓN DE PESOS (1.000.000PESOS) LO QUE EQUIVALE A CUATROCIENTOS DÓLARES (400) DEL MONTO QUE HABÍA CONVENIDO Y SE DEDUCIRÍA DEL MONTO TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS VIÁTICOS EN COLOMBIA POR UNA SEMANA MAS LA MANUTENCIÓN, CONVINIENDO QUE EL PAGO DE LOS VIÁTICOS SE CONCRETARÍA EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2015, PUES NUNCA LES CUMPLIERON CON LOS REFERIDOS ACUERDOS DE PAGO PLANTEADOS, PROMETIÉNDOLES QUE A LA SALIDA DE LA CUARENTENA REALIZADA EN LA FINCA LA IRLANDA EN ESE MOMENTO SE LES CANCELARÍA.

QUE SUS REPRESENTADOS ADRINETH RUBIO Y ROMUALDO TOLEDO ANTES IDENTIFICADOS PERMANECIERON CIENTO (180) DIAS, EL CIUDADANO JOSE GRATEROL PERMANECIÓ CIENTO SESENTA Y UN (161) DIAS, POR CUANTO LLEGÓ EL 13 DE FEBRERO Y SALIÓ EL 23 DE JUNIO, SIN EMBARGO JOSE RIVERO SALIÓ DE COLOMBIA DIAS ANTES POR LO QUE PERMANECIÓ CIENTO CUARENTA Y TRES (143) DIAS, EN CAMBIO EL CIUDADANO PACO HIDALGO, ESTUVO UNA SEMANA MAS PERMANECIENDO EN COLOMBIA HASTA EL TREINTA (30) DE JULIO DE 2015 PERMANECIENDO CIENTO OCHENTA Y SIETE (187) DIAS.

FUNDAMENTÓ SU DEMANDA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9 ORDINALES 3,4,5,8 Y 11, ARTÍCULO 23 ORDINALES 2 Y 24, ARTICULO 25 ORDINALES 2.4.5 Y 10, ARTÍCULO 26 Y 33 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, ARTÍCULO 8 DE LA GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA Nº 34.243 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 1989, LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, CON EL ARTÍCULO 174 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL VENEZOLANO.

ESTIMÓ LA PRESENTE ACCIÓN EN LA CANTIDAD DE CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (BS. 137.040.694,47) EQUIVALENTE A SETECIENTAS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN CON VEINTIDÓS UNIDADES TRIBUTARIAS (774.241.22 U.T).

III
DE LA COMPETENCIA
ASÍ PUES, TENEMOS QUE LA JURISDICCIÓN EN EL CAMPO DEL DERECHO PROCESAL, PUEDE SER DEFINIDA COMO LA POTESTAD QUE DETENTAN LOS ÓRGANOS DEL PODER PÚBLICO PARA EJERCER LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS DENTRO DE SU MARCO NORMATIVO CON LA FINALIDAD DE TUTELAR LOS INTERESES JURÍDICOS DEL COLECTIVO MEDIANTE UN PRONUNCIAMIENTO DE DERECHO. DE ALLÍ QUE LA COMPETENCIA ADQUIERA UNA FUNCIÓN FUNDAMENTAL DENTRO DE LA JURISDICCIÓN.

POR OTRA PARTE, LA COMPETENCIA, “ES LA MEDIDA DE LA JURISDICCIÓN QUE EJERCE, EN CONCRETO, EL JUEZ EN RAZÓN DE LA MATERIA, DEL VALOR DE LA DEMANDA Y DEL TERRITORIO” (RENGEL-ROMBERG, ARÍSTIDES (1992). TRATADO DE DERECHO PROCESAL CIVIL. TOMO I. TEORÍA GENERAL DEL PROCESO. CARACAS: ARTE. P.298).

LA COMPETENCIA, ESTÁ DETERMINADA POR EL ÁMBITO DE APLICACIÓN O EJERCICIO DE LA JURISDICCIÓN, BIEN SEA, POR LA CUANTÍA, POR EL TERRITORIO O POR LA MATERIA, SOBRE LO CUAL EXPRESA IGUALMENTE EL CITADO AUTOR LO SIGUIENTE:

“LA INCOMPETENCIA ES UNA DETERMINACIÓN DE SIGNO NEGATIVO, QUE EXCLUYE AL JUEZ DEL CONOCIMIENTO DE LA CAUSA, PERO AL PROPIO TIEMPO POSITIVO, PORQUE DETERMINA CUÁL ES EL COMPETENTE, POR ESTAR COMPRENDIDO EL ASUNTO EN LA ESFERA DE SUS PODERES Y ATRIBUCIONES LEGALES. ASÍ, AL DECLARARSE LA INCOMPETENCIA DEL JUEZ PARA CONOCER DE LA CAUSA, SE DECLARA TAMBIÉN CUÁL ES EL COMPETENTE PARA ELLO ENTRE LOS DEMÁS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL. EL JUEZ INCOMPETENTE, TIENE JURISDICCIÓN, PUES AL SER ELEGIDO JUEZ, QUEDA INVESTIDO DEL PODER ORGÁNICO DE ADMINISTRAR JUSTICIA, Y SÓLO LE FALTA LA COMPETENCIA, EN CUANTO AL ASUNTO CONCRETO SOMETIDO A SU CONOCIMIENTO, NO ESTÁ COMPRENDIDO EN LA ESFERA DE PODERES Y ATRIBUCIONES QUE POSITIVAMENTE LE ASIGNAN LAS REGLAS DE LA COMPETENCIA. POR TANTO, CADA VEZ QUE SE PROPONE LA DEMANDA ANTE UN JUEZ A QUIEN NO LE CORRESPONDE CONOCERLA SEGÚN LAS REGLAS DE LA COMPETENCIA, SE DICE QUE DICHO JUEZ ES INCOMPETENTE.”
EN ESE MISMO ORDEN DE IDEAS, SE PUEDE COLEGIR QUE LA COMPETENCIA, ES LA CAPACIDAD O FACULTAD DETERMINADA POR LEY QUE TIENEN LOS ÓRGANOS JUDICIALES PARA CONOCER DETERMINADOS ASUNTOS EN EL EJERCICIO DEL PODER PÚBLICO. DICHA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIA VIENE DADA COMO SE INDICÓ UT SUPRA EN RAZÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN, MATERIA, CUANTÍA Y TERRITORIO, DIVISIÓN ÉSTA QUE CORRESPONDE A LA NECESIDAD DE ACELERAR LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, DISMINUIR LA CARGA DE EXPEDIENTES A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, ASÍ COMO LOS COSTOS, TANTO PARA LAS PARTES INTERVINIENTES EN LOS JUICIOS QUE SE VENTILAN, COMO PARA EL PROPIO ESTADO, CONFORME AL PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL.

LA COMPETENCIA POR LA MATERIA, SE REFIERE A LA FUNCIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE CADA TRIBUNAL PARA CONOCER DE DETERMINADOS ASUNTOS, MIENTRAS QUE LA COMPETENCIA POR LA CUANTÍA RESPONDE AL VALOR EN TÉRMINOS PECUNIARIOS DEL ASUNTO EN DISPUTA, LO QUE ES DE UTILIDAD EN LA OPORTUNIDAD DE CANALIZAR LA CANTIDAD DE CAUSAS, QUE AÚN ESTABLECIDA LA COMPETENCIA EN RAZÓN DE LA MATERIA, SEAN EXCLUIDAS CON MOTIVO DEL COSTO QUE SE LE ATRIBUYE, ELLO ESTA FUNDAMENTADO EN LA GARANTÍA DE ACORTAR PARA EL JUSTICIABLE EL CAMINO PROCESAL Y LA COMPETENCIA TERRITORIAL SE DETERMINA POR LA ATRIBUCIÓN DE LA FACULTAD OTORGADA AL ÓRGANO JURISDICCIONAL EN RAZÓN DE SU UBICACIÓN GEOGRÁFICA DENTRO DEL PAÍS.

ASÍ LAS COSAS, Y SIENDO QUE LA COMPETENCIA ES EMINENTEMENTE DE ORDEN PÚBLICO, NO CONVALIDABLE BAJO NINGÚN ARGUMENTO Y QUE LA MISMA PUEDE SER DECLARADA AÚN DE OFICIO EN CUALQUIER ESTADO E INSTANCIA DEL PROCESO, CORRESPONDE A ESTE JUZGADO, REVISAR SU COMPETENCIA PARA CONOCER EL CASO CONCRETO, ESTO ES, EL RECURSO INTERPUESTO, Y PARA ELLO SE HACE NECESARIO OBSERVAR QUE DE LOS ALEGATOS ESGRIMIDOS EN EL LIBELO DE DEMANDA, ASÍ COMO, DE LOS RECAUDOS ACOMPAÑADOS, SE EVIDENCIA QUE LA HOY ACCIONANTE ESTIMÓ LA PRESENTE ACCIÓN EN LA CANTIDAD DE CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (BS. 137.040.694,47) EQUIVALENTE A SETECIENTAS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN CON VEINTIDÓS UNIDADES TRIBUTARIAS (774.241.22 U.T).

AL RESPECTO, CONSIDERA QUIEN JUZGA TRAER A COLACIÓN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, EL CUAL ESTABLECE LAS COMPETENCIAS DE LOS JUZGADOS SUPERIORES ESTADALES DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, ENTRE OTRAS DESTACA EL ORDINAL 1ERO:
“…1ERO. LAS DEMANDAS QUE SE EJERZAN CONTRA LA REPÚBLICA, LOS ESTADOS, LOS MUNICIPIOS, O ALGÚN INSTITUTO AUTÓNOMO, ENTE PÚBLICO, EMPRESA O CUALQUIER OTRA FORMA DE ASOCIACIÓN, EN LA CUAL LA REPÚBLICA, LOS ESTADOS, LOS MUNICIPIOS U OTROS DE LOS ENTES MENCIONADOS TENGAN PARTICIPACIÓN DECISIVA, SI SU CUANTÍA NO EXCEDE DE TREINTA MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (30.000 U.T.), CUANDO SU CONOCIMIENTO NO ESTE ATRIBUIDO EXPRESAMENTE A OTRO TRIBUNAL, EN RAZÓN DE SU ESPECIALIDAD”

DE IGUAL FORMA, ESTA INSTANCIA JUDICIAL SE PERMITE TRAER A COLACIÓN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4º DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, EL CUAL ESTABLECE LO SIGUIENTE:

“…ARTÍCULO 24. LOS JUZGADOS NACIONALES DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA SON COMPETENTES PARA CONOCER DE:
(…OMISSIS…)
4. LAS DEMANDAS QUE SE EJERZAN CONTRA LA REPÚBLICA, LOS ESTADOS, LOS MUNICIPIOS, O ALGÚN INSTITUTO AUTÓNOMO, ENTE PÚBLICO, EMPRESA O CUALQUIER OTRA FORMA DE ASOCIACIÓN, EN LA CUAL LA REPÚBLICA, LOS ESTADOS, LOS MUNICIPIOS U OTROS DE LOS ENTES MENCIONADOS TENGAN PARTICIPACIÓN DECISIVA, SI SU CUANTÍA EXCEDE DE TREINTA MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (30.000 U.T.), Y NO SUPERA SETENTA MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (70.000 U.U.), CUANDO SU CONOCIMIENTO NO ESTE ATRIBUIDO EXPRESAMENTE A OTRO TRIBUNAL, EN RAZÓN DE SU ESPECIALIDAD”

DE LA NORMA, PARCIALMENTE TRASCRITA, SE EVIDENCIA SIN LUGAR A DUDAS QUE LOS JUZGADOS NACIONALES DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS CONTRA LA REPÚBLICA, LOS ESTADOS, LOS MUNICIPIOS AUTÓNOMOS O ALGÚN INSTITUTO AUTÓNOMO SI SU CUANTÍA EXCEDE LAS TREINTA MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (30.000 U.T.), Y SIENDO QUE EN EL PRESENTE CASO LA DEMANDA SE INTERPUSO CONTRA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AGRÍCOLA INTEGRAL (INSAI), Y SUBSIDIARIAMENTE A LA EMPRESA INVERSIONES LA FORTALEZA 33 C.A, FUE ESTIMADA LA DEMANDA POR LA CANTIDAD DE CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (BS. 137.040.694,47), A RAZÓN DE CIENTO SETENTA Y SIETE BOLÍVARES (BS. 177,00 U.T) LA UNIDAD TRIBUTARIA EQUIVALENTE A SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN CON VEINTIDÓS UNIDADES TRIBUTARIAS (774.241.22 U.T), ESTE TRIBUNAL SE DECLARA FORZOSAMENTE INCOMPETENTE EN RAZÓN DE LA CUANTÍA PARA CONOCER Y DECIDIR LA PRESENTE DEMANDA Y DECLINA LA MISMA POR ANTE EL JUZGADO NACIONAL DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL CORTES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. REMÍTASE BAJO OFICIO EL PRESENTE EXPEDIENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL LAPSO LEGAL. Y ASÍ SE DECIDE.

IV
DECISIÓN
EN MÉRITO DE LAS CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO PRECEDENTEMENTE EXPUESTAS, ESTE JUZGADO SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO FALCÓN, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA:

PRIMERO: SU INCOMPETENCIA PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y DECIDIR LA DEMANDA POR DAÑOS Y PERJUICIOS, SUSCRITA POR LA ABOGADA OLUDOET MARIA RODRIGUEZ DAVALILLO, INSCRITA EN EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL ABOGADO BAJO EL Nº 43.853, EN SU CONDICIÓN DE APODERADA JUDICIAL DE LOS CIUDADANOS ANDRINETH ELINA RUBIO CALDERA, JOSE GUILLERMO RIVERO DIAZ, PACO ALEXANDER HIDALGO, JOSE LUIS GRATEROL DURAN Y ROMUALDO JOSE TOLEDO GUADARRAMA, TITULARES DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NROS. V-17.005.587, V-16.643.387, V-12.585.915, V-5.638.822 Y V-7.568.977, RESPECTIVAMENTE, CONTRA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AGRÍCOLA INTEGRAL (INSAI), Y SUBSIDIARIAMENTE A LA EMPRESA INVERSIONES LA FORTALEZA 33 C.A.

SEGUNDO: DECLINA LA COMPETENCIA EN EL JUZGADO NACIONAL DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MARACAIBO.

TERCERO: ORDENA REMITIR EL EXPEDIENTE EN LA OPORTUNIDAD LEGAL CORRESPONDIENTE.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, DIARÍCESE Y REMÍTASE EL EXPEDIENTE.

DADA, FIRMADA Y SELLADA EN EL DESPACHO DE ESTE JUZGADO SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO FALCÓN, A LOS DOS (02) DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017. AÑOS 206º DE LA INDEPENDENCIA Y 157º DE LA FEDERACIÓN.-
EL JUEZ SUPERIOR LA SECRETARIA

CLÍMACO MONTILLA MIGGLENIS ORTIZ