REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
PODER JUDICIAL
JUZGADO SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO FALCÓN
AÑOS 206° Y 157°
ASUNTO: IP21-N-2016-000059
PARTE QUERELLANTE: YUSMARY ISABEL BERMUDEZ RIVERO, VENEZOLANA MAYOR DE EDAD, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD Nº V- 12.734.775.
REPRESENTACIÓN JUDICIAL: ABOGADOS ISIDRO RAMÓN LEAL ROJAS Y DANIEL JOSUE AGÜERO SANCHEZ, INSCRITOS EN EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL ABOGADO BAJO LOS NROS. 191.952 Y 229.604
PARTE QUERELLADA: CUERPO DE POLICIA BOLIVARIANA DEL ESTADO FALCÓN, ADSCRITO A LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO FALCÓN
I
ANTECEDENTES
EN FECHA DIECISÉIS (16) DE MAYO DE 2016, SE RECIBIÓ ANTE LA UNIDAD DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS DE ESTE JUZGADO SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO FALCÓN, ESCRITO CONTENTIVO DE RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL, PRESENTADO POR LA CIUDADANA YUSMARY ISABEL BERMUDEZ RIVERO, ASISTIDA POR LOS ABOGADOS ISIDRO RAMÓN LEAL ROJAS Y DANIEL JOSUE AGÜERO SANCHEZ SUPRA IDENTIFICADOS, CONTRA EL CUERPO DE POLICIA BOLIVARIANA DEL ESTADO FALCÓN, ÓRGANO ADSCRITO A LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO FALCÓN.
EN FECHA VEINTITRÉS (23) DE MAYO DE 2016, SE ADMITIÓ EL RECURSO ORDENÁNDOSE CITAR A LA CIUDADANA PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y NOTIFICAR A LA CIUDADANA GOBERNADORA DEL ESTADO FALCÓN Y AL CIUDADANO DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE POLICÍA BOLIVARIANA DEL ESTADO FALCÓN, CONSIGNADAS EL VEINTE (20) DE JULIO DE 2016.
EN FECHA TRES (03) DE OCTUBRE DE 2016, LA ABOGADA MARIBEL JOSEFINA OLLARVES, INSCRITA EN EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL ABOGADO BAJO EL Nº 87.716, ACTUANDO CON EL CARÁCTER DE ABOGADA DELEGADA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO FALCÓN, CONSIGNÓ ESCRITO DE CONTESTACIÓN.
EN FECHA TRECE (13) DE OCTUBRE DE 2016, SE FIJÓ OPORTUNIDAD PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR, PARA EL QUINTO (5TO) DÍA DE DESPACHO SIGUIENTE A LAS DIEZ Y TREINTA (10:30 A.M.), TENIENDO LUGAR EL DOS (02) DE NOVIEMBRE DE 2016, EN LA CUAL SE DEJÓ CONSTANCIA LA COMPARECENCIA DE AMBAS PARTES.
EN FECHA DOS (02) DE NOVIEMBRE DE 2016, SE FIJÓ OPORTUNIDAD PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DEFINITIVA PARA EL QUINTO (5TO) DÍA DE DESPACHO SIGUIENTE A LAS DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 A.M.), TENIENDO LUGAR LA MISMA EL DIECISIETE (17) DE NOVIEMBRE DE 2016, EN LA CUAL SE DEJÓ CONSTANCIA DE LA COMPARECENCIA DE AMBAS PARTES.
EN FECHA VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DE 2016, SE DIFIRIÓ LA OPORTUNIDAD PARA DICTAR EL DISPOSITIVO DEL FALLO POR UN LAPSO DE CINCO (05) DÍAS DE DESPACHO.
SUSTANCIADAS EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES LA PRESENTE CAUSA, POR AUTO DE ESTA MISMA FECHA, ESTE TRIBUNAL DICTÓ EL DISPOSITIVO DEL FALLO DECLARANDO SIN LUGAR EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL Y SIENDO ESTA LA OPORTUNIDAD PARA DICTAR EL TEXTO ÍNTEGRO DE LA DECISIÓN TOMADA, ESTE JUZGADO PASA A REALIZARLO PREVIAS LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:
II
DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL
ALEGÓ LA PARTE QUERELLANTE QUE INGRESÓ A PRESTAR SUS SERVICIOS AL CUERPO DE POLICÍA DEL ESTADO FALCÓN EN ENERO DEL AÑO 1998, COMO FUNCIONARIO POLICIAL DE CARRERA, OSTENTANDO EL RANGO DE SUPERVISORA, DESDE EL AÑO 2012, QUE FUE DESTITUIDA, POR ESTAR INCURSA EN LA CAUSAL DE DESTITUCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 97 NUMERAL 7 DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN POLICIAL, SEGÚN PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 0021-16 DE FECHA DIECINUEVE (19) DE FEBRERO DE 2016, SUSCRITA POR EL CIUDADANO COM. JEFE. JOSÉ ALFREDO MEDINA COLINA, ACTUANDO EN CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE POLICÍA DEL ESTADO FALCÓN, Y DE LA CUAL FUE NOTIFICADA EN FECHA VEINTINUEVE (29) DE FEBRERO DEL MISMO AÑO.
ARGUYÓ QUE SU SITUACIÓN LABORAL EN EL CUERPO DE POLICÍA DEL ESTADO FALCÓN HA SIDO PASIVA POR SU ESTADO DE SALUD, YA QUE EL INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.), LE DIAGNOSTICÓ HIPERTENSIÓN ARTERIAL, ESTADO 2 NO CONTROLADA, CARDIOPATÍA HIPERTENSIVA, ARRITMIA VENTRICULAR LOWN III, DIABETES MELLITUS TIPO II, TRASTORNO DE ANGUSTIA FÓBICA, RECTITIS INESPECÍFICA, QUE CONSTA EN SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE DISCAPACIDAD, SUSCRITA POR LA COMISIÓN EVALUACIÓN DE DISCAPACIDAD DE FECHA TRECE (13) DE AGOSTO DE 2013, POR LO CUAL INICIÓ TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA EVALUACIÓN POR INCAPACIDAD RESIDUAL, POR SU ESTADO DE SALUD, EVIDENCIADO EN COMUNICACIÓN Nº 301, SUSCRITA POR EL DIRECTOR DEL CUERPO DE POLICÍA DEL ESTADO FALCÓN.
MANIFESTÓ QUE EL PRIMERO (01) DE DICIEMBRE DE 2015, FUE NOTIFICADA DEL INICIO DE UNA AVERIGUACIÓN ADMINISTRATIVA DE CARÁCTER DISCIPLINARIO, INSTRUIDA POR LA OFICINA DE CONTROL DE ACTUACIÓN POLICIAL (OCAP), ADSCRITA AL CUERPO DE POLICÍA DEL ESTADO FALCÓN, SIGNADA CON LA NOMENCLATURA 0113-15, QUE DICHA AVERIGUACIÓN CARECIÓ DE FUNDAMENTO JURÍDICO, A TENOR DE QUE EN EL ACTO DE FORMULACIÓN DE CARGOS DE FECHA OCHO (08) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, SE EVIDENCIARON LOS VACÍOS LEGALES QUE LA ADMINISTRACIÓN LE ATRIBUYÓ, COMO INASISTENCIA INJUSTIFICADA O ABANDONO DE TRABAJO, INDICÓ QUE NO ACUDIÓ AL ACTO DE FORMULACIÓN DE CARGOS Y NO PRESENTÓ OPORTUNAMENTE EL DESCARGO, POR MOTIVO DE SALUD, YA QUE TENÍA SERIAS LIMITACIONES FÍSICAS Y ECONÓMICAS QUE LE IMPEDÍAN LA AGILIZACIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, QUE LA OFICINA DE ACTUACIÓN POLICIAL (OCAP), ACTUÓ DE MALA FE, YA QUE POSEÍA CONOCIMIENTO SOBRE SU SALUD, Y SE PUDO HABER TRASLADADO A SU RESIDENCIA PARA GARANTIZARLE EL DERECHO A LA DEFENSA QUE LE ASISTE COMO INVESTIGADA DE AUTOS.
SEÑALÓ QUE CULMINÓ LA SUSTANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN SU CONTRA EL VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2015, REMITIÉNDOSE PARA INSTANCIA DE LA CONSULTORÍA JURÍDICA DEL CUERPO DE POLICÍA DEL ESTADO FALCÓN, PARA EL PROYECTO DE RECOMENDACIÓN, POSTERIORMENTE EL DIECINUEVE (19) DE ENERO EL CONSEJO DISCIPLINARIO DEL CUERPO DE POLICÍA, NOTIFICÓ MEDIANTE OFICIO Nº 0001-16 AL CIUDADANO DIRECTOR GENERAL LA DECISIÓN DE DESTITUIRLO DEL CARGO DE FUNCIONARIO POLICIAL, LUEGO DE QUE EN UN ACTO CELEBRADO EN SU AUSENCIA EL DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2015, SE ELABORÓ UN ACTA SIN NÚMERO DENOMINADA FORMATO DE APRECIACIÓN EN LA CUAL SE DESTITUYE AL FUNCIONARIO, NEGÁNDOLE LA OPORTUNIDAD DE ESCUCHARLO EN TAN IMPORTANTE INSTANCIA, REMITIÉNDOSE EL RESULTADO EL DIECINUEVE (19) DE FEBRERO DE 2016, NOTIFICÁNDOSELE DEL MISMO EL VEINTINUEVE (29) DE FEBRERO DE 2016.
SEÑALÓ QUE SI EXISTE DUDAS SOBRE LA LEGALIDAD DEL INSTRUMENTO QUE CERTIFICA SU INCAPACIDAD RESIDUAL, DEBEN SER DESPEJADAS CON UNA PRUEBA TÉCNICA CIENTÍFICA APLICADA AL INSTRUMENTO, QUE ESTA NO EXISTE EN EL EXPEDIENTE DE MARRAS, QUE EL DR. MARVIN FLORES, DIRECTOR NACIONAL DE REHABILITACIÓN Y SALUD EN EL TRABAJO Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN DE INCAPACIDAD RESIDUAL, ACONSEJÓ QUE SE DEBE CONSIDERAR COMO FALSO DICHO INSTRUMENTO, PUNTEÓ QUE EL INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.), NO CERTIFICÓ QUE SEA FALSA, SINO QUE DEBE CONSIDERARSE COMO TAL, RESALTÓ QUE LA FIRMA DEL DOCTOR ANTES MENCIONADO NO ES REFUTADA EN NINGÚN MOMENTO, QUE ESTAMOS ANTE LA PREMISA DE VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE INOCENCIA.
ALEGÓ A SU FAVOR LAS GARANTÍAS PROCESALES CONTENTIVAS EN LOS NUMERALES 2 Y 3 DEL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, LAS CUALES ESTÁN REFERIDAS AL DERECHO A SER PRESUMIDO INOCENTE Y DE SER TRATADO COMO TAL EN TODO EL PROCESO HASTA QUE NO SE DEMUESTRE LO CONTRARIO, Y ADEMÁS A SER OÍDO TODA VEZ QUE EL CONSEJO DISCIPLINARIO HECHO EN SU AUSENCIA VULNERO DICHO PRINCIPIO DE ORALIDAD, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 83 Y 86 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, QUE TODO LO ANTERIOR EXPUESTO SE ERIGE COMO VICIOS DE FONDO Y VICIOS DE FORMA, QUE HACEN SUCESIBLE DE SER DECLARADO NULO DE TODA NULIDAD EL ACTO ADMINISTRATIVO CONSTITUIDO POR PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA SIGNADA CON EL Nº 0021-16, DE FECHA DIECINUEVE (19) DE FEBRERO DE 2016.
FINALMENTE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 82 Y SIGUIENTES DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, ASÍ COMO LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY ORGÁNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS, Y LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN BOLIVARIANA DE VENEZUELA, SOLICITÓ SE DECLARE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, LA RESTITUCIÓN AL CARGO QUE VENÍA DESEMPEÑANDO, ASÍ COMO EL PAGO DE LOS SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR.
POR SU PARTE LA REPRESENTACIÓN DE LA PARTE QUERELLADA, EN LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE SU CONTESTACIÓN, MANIFESTÓ QUE LUEGO DE LA AVERIGUACIÓN QUE DIO ORIGEN AL PROCEDIMIENTO DE DESTITUCIÓN, PRESUNTAMENTE SE LOGRÓ DEMOSTRAR A LA PARTE ACCIONANTE LOS SIGUIENTES HECHOS.
QUE PRESENTÓ ANTE LA OFICINA DE SEGURO SOCIAL CONSTANCIA DE INCAPACIDAD RESIDUAL Nº DNR-CN-987-14-PB, DE FECHA CUATRO (04) DE DICIEMBRE DE 2014 CON UN PORCENTAJE DE 67% DE PERDIDA DE CAPACIDAD PARA EL TRABAJO.
QUE EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR UNA VEZ REALIZADO EL PROCESO DE EVALUACIÓN ES QUE EL INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S), CONSIGNE ANTE LA INSTITUCIÓN POLICIAL LOS RESULTADOS DE LA MISMA (INCAPACIDAD RESIDUAL).
SEÑALÓ QUE EVADIÓ TOTALMENTE EL PROCEDIMIENTO POR CUANTO LA CONSTANCIA INCAPACIDAD RESIDUAL FUE CONSIGNADA POR LA MISMA TRABAJADORA.
QUE POR LA SITUACIÓN IRREGULAR AL EVADIR EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE, OBLIGÓ AL PATRONO A SOLICITAR LA CERTIFICACIÓN DE LA REFERIDA CONSTANCIA DE INCAPACIDAD RESIDUAL ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE, MEDIANTE OFICIO Nº 1200 DE FECHA VEINTIDÓS (22) DE OCTUBRE DE 2015 DIRIGIDA AL DR. MARVIN FLORES, DIRECTOR NACIONAL DE REHABILITACIÓN Y SALUD EN EL TRABAJO Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN DE INCAPACIDAD RESIDUAL, QUE INCURRIÓ EN LAS CAUSALES DE DESTITUCIÓN ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 97 NUMERALES 2, 4 Y 10 DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN POLICIAL, CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 86 NUMERAL 6 DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
DESTACÓ QUE LA QUERELLANTE ADMITIÓ EN SU ESCRITO LIBELAR ACUDIÓ AL ACTO DE FORMULACIÓN DE CARGOS Y NO PRESENTÓ OPORTUNAMENTE EL DESCARGO, NO HIZO USO DE LAS ETAPAS QUE TIENE EL PROCEDIMIENTO A LOS FINES DE EJERCER SU DERECHO A LA DEFENSA NI POR MEDIO DE APODERADO, QUE MAL PUEDE ALEGAR QUE LA PARTE QUERELLADA ACTUÓ DE MALA FE, YA QUE POSEÍA LEGALMENTE EL DERECHO DE AUTORIZAR A UN PROFESIONAL DEL DERECHO PARA QUE LA ASISTIERA SINO PODÍA HACERLO PERSONALMENTE Y ASÍ NO QUEDARSE INDEFENSA ANTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE SE LE APERTURÓ EN SU CONTRA, DE LO QUE SE INFIRIÓ QUE LA QUERELLANTE CON SU CONDUCTA NO DESVIRTUÓ LOS HECHOS QUE SE LE IMPUTARON.
POR OTRO LADO LA PARTE ACTORA ALEGÓ, QUE EL CONSEJO DISCIPLINARIO CELEBRÓ EL ACTO EN EL CUAL REALIZARON EL PROYECTO QUE RECOMENDÓ SUS DESTITUCIÓN Y QUE EL MISMO SE REALIZÓ, EN SU AUSENCIA, ES DECIR, QUE NO FUE CITADA PARA QUE ASISTIERA A LA CELEBRACIÓN DE DICHO CONSEJO NEGÁNDOLE LA OPORTUNIDAD DE ESCUCHARLA EN TAN IMPORTANTE INSTANCIA, SUBRAYÓ QUE EN LA LEY RESPECTIVA, NO SE EVIDENCIÓ, EN NINGUNO DE SUS ARTÍCULOS QUE EL QUERELLANTE SEA PARTE INTEGRANTE DEL CONSEJO DISCIPLINARIO Y TENGA QUE ESTAR PRESENTE EN LOS ACTOS QUE SE CELEBREN CON FUNDAMENTO AL HECHO INVESTIGADO.
ASIMISMO MANIFESTÓ LA PARTE QUERELLANTE, QUE EL INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.), NO CERTIFICÓ QUE LA INCAPACIDAD RESIDUAL SEA FALSA, SINO QUE ESTABLECIÓ QUE DEBE CONSIDERARSE COMO TAL Y QUE LA FIRMA DEL DR. MARVIN FLORES NO FUE REFUTADA EN NINGÚN MOMENTO, NO ES EL PUNTO QUE NOS OCUPA EN LA CAUSA, QUE LO IMPUTADO ES LA INFRACCIÓN DE LEY.
FINALMENTE, SOLICITÓ SE DECLARE SIN LUGAR LA DEMANDA INCOADA POR EL QUERELLANTE.
III
MOTIVACIÓN
EL CASO SUB EXAMINE, VERSA SOBRE UN RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL, CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 0021-16 DE FECHA DIECINUEVE (19) DE FEBRERO DE 2016, Y NOTIFICADO EN FECHA VEINTINUEVE (29) DE FEBRERO DEL MISMO AÑO, DICTADO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE POLICÍA DEL ESTADO FALCÓN, MEDIANTE LA CUAL SE DESTITUYÓ DEL CARGO DE SUPERVISORA ADSCRITA A LA POLICÍA BOLIVARIANA DEL ESTADO FALCÓN A LA CIUDADANA YUSMARY ISABEL BERMUDEZ RIVERO.
ASÍ LAS COSAS, SE OBSERVA QUE EN EL ESCRITO RECURSIVO PRESENTADO POR LA CIUDADANA UT SUPRA MENCIONADA, ALEGÓ QUE EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO SE ENCUENTRA VICIADO DE NULIDAD, POR CONSIDERAR QUE EN EL MISMO LE FUE VIOLENTADO LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 49, NUMERAL 2 Y 3 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, EN RELACIÓN AL DERECHO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, Y EL PRINCIPIO DE ORALIDAD, QUE AUNQUE LA LEGISLACIÓN POLICIAL NO CONTEMPLE QUE EL INVESTIGADO DEBA ACTUAR EN DICHA SEDE, ES UN PRINCIPIO DE ORDEN CONSTITUCIONAL, TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 257 DE LA CONSTITUCIÓN, QUEBRANTANDO EL PRINCIPIO DE SER JUZGADO POR UN JUEZ NATURAL. DE IGUAL MANERA ALEGÓ EL FALSO SUPUESTO DE HECHO Y LA VIOLACIÓN A SU DERECHO A LA SALUD, YA QUE SU ESTADO DE SALUD ACTUAL LA INHABILITA PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES POLICIALES.
EN LO ATINENTE A LA DENUNCIA DE VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO Y AL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA LA PARTE ACTORA ARGUMENTÓ, QUE “EN VIRTUD DE QUE DE SER CIERTO QUE DICHO INFORME ES FALSO, MAL PODRÍA ATRIBUÍRSELE LA MANIPULACIÓN DE DICHO INSTRUMENTO POR CUANTO NO TIENE ACCESO AL SISTEMA DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.), QUE ES MAS FÁCIL CONSIDERAR QUE HA SIDO VÍCTIMA DE UN DELITO Y EN ÚLTIMA INSTANCIA NO SE ENCUENTRA ACTIVA PRESTANDO SERVICIOS COMO POLICÍA DEBIDO A SU ESTADO DE SALUD, MAL PODRÍA DEJAR EN DESPRESTIGIO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y LA RESPETABILIDAD DE LA FUNCIÓN POLICIAL POR ENCONTRARSE CESANTE POR INCAPACIDAD RESIDUAL”, VIOLENTÁNDOSE ASÍ LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL REFERIDA A QUE TODA PERSONA SE PRESUME INOCENTE HASTA QUE SE DEMUESTRE LO CONTRARIO.
ASÍ LAS COSAS, CABE ADVERTIR QUE EL DEBIDO PROCESO Y SUS DERECHOS DERIVADOS COMO LO SON EL DERECHO A LA DEFENSA Y ENTRE ELLOS EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, SON GARANTÍAS DE RANGO CONSTITUCIONAL APLICABLES A TODA CLASE DE PROCEDIMIENTOS QUE SE VENTILEN, BIEN, EN SEDE ADMINISTRATIVA O BIEN EN SEDE JUDICIAL, TAL Y COMO LO CONSAGRA EL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA QUE ESTABLECE:
“ARTÍCULO 49. EL DEBIDO PROCESO SE APLICARÁ A TODAS LAS ACTUACIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS; EN CONSECUENCIA:
1-LA DEFENSA Y LA ASISTENCIA JURÍDICA SON DERECHOS INVIOLABLES EN TODO ESTADO Y GRADO DE LA INVESTIGACIÓN Y DEL PROCESO. TODA PERSONA TIENE DERECHO A SER NOTIFICADA DE LOS CARGOS POR LOS CUALES SE LE INVESTIGA, DE ACCEDER A LAS PRUEBAS Y DE DISPONER DEL TIEMPO Y DE LOS MEDIOS ADECUADOS PARA EJERCER SU DEFENSA. SERÁN NULAS LAS PRUEBAS OBTENIDAS MEDIANTE VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO. TODA PERSONA DECLARADA CULPABLE TIENE DERECHO A RECURRIR DEL FALLO, CON LAS EXCEPCIONES ESTABLECIDAS EN ESTA CONSTITUCIÓN Y LA LEY.
2- TODA PERSONA SE PRESUME INOCENTE MIENTRAS NO SE PRUEBE LO CONTRARIO.
3-TODA PERSONA TIENE DERECHO A SER OÍDA EN CUALQUIER CLASE DE PROCESO, CON LAS DEBIDAS GARANTÍAS Y DENTRO DEL PLAZO RAZONABLE DETERMINADO LEGALMENTE POR UN TRIBUNAL COMPETENTE, INDEPENDIENTE E IMPARCIAL ESTABLECIDO CON ANTERIORIDAD.(…)
4- TODA PERSONA TIENE DERECHO A SER JUZGADA POR SUS JUECES NATURALES EN LAS JURISDICCIONES ORDINARIAS O ESPECIALES, CON LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN ESTA CONSTITUCIÓN Y LA LEY. NINGUNA PERSONA PODRÁ SER SOMETIDA A JUICIO SIN CONOCER LA IDENTIDAD DE QUIEN LA JUZGA, NI PODRÁ SER PROCESADA POR TRIBUNALES DE EXCEPCIÓN O POR COMISIONES CREADAS PARA TAL EFECTO.
(…)”.
EN LA CITADA NORMA, SE ESTABLECEN UN CONJUNTO DE GARANTÍAS QUE SE TRADUCEN EN UNA DIVERSIDAD DE DERECHOS, ENTRE LOS QUE FIGURAN, EL DE ACCEDER A LA JUSTICIA, A SER OÍDO, A LA ARTICULACIÓN DE UN PROCESO DEBIDO, ACCESO A LOS RECURSOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS, A UN TRIBUNAL COMPETENTE, INDEPENDIENTE E IMPARCIAL, A OBTENER UNA RESOLUCIÓN DE FONDO FUNDADA EN DERECHO, A TENER ACCESO DEL EXPEDIENTE, A SOLICITAR Y PODER PARTICIPAR EN LA PRACTICA DE LAS PRUEBAS, A UN PROCESO SIN DILACIONES INDEBIDAS, ENTRE OTROS.
EN EFECTO, LA POTESTAD SANCIONATORIA DE LA ADMINISTRACIÓN SE ENCUADRA DENTRO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD MATERIAL, QUE IMPLICA LA TIPICIDAD DE LA SANCIÓN, ESTO ES, QUE LOS SUPUESTOS ESTÉN PERFECTAMENTE DELIMITADOS DE MANERA PRECISA EN LA LEY; EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA; EL PRINCIPIO DE LA TUTELA EFECTIVA; EL DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, ENTRE OTROS. ASIMISMO, DEBE VERIFICAR LA ADMINISTRACIÓN QUE EN TODOS LOS ACTOS PREVIOS A LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN, SE LE PERMITA AL FUNCIONARIO INVESTIGADO LA OPORTUNA Y EFECTIVA DEFENSA, ASÍ COMO, LA LIBRE PRESENTACIÓN DE LAS PRUEBAS ESTABLECIDAS EN LA LEY.
EN ESE ORDEN DE IDEAS, CONVIENE REFERIR QUE EN REITERADAS OPORTUNIDADES LA CORTE SEGUNDA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SE HA PRONUNCIADO CON RELACIÓN A LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y AL DERECHO A LA DEFENSA, TAL Y COMO SE EXPRESÓ EN SENTENCIA DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2011, EN LA QUE SE INDICÓ LO SIGUIENTE:
“(…) ES POR ELLO QUE LA SATISFACCIÓN DEL DEBIDO PROCESO SE VERIFICA CUANDO EL TRÁMITE GARANTIZA A LAS PARTES LA DEFENSA EFECTIVA Y ADECUADA DE SUS DERECHOS DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN LA LEY, CONCEDIÉNDOSELES EL TIEMPO Y LOS MEDIOS ADECUADOS PARA INTERPONER SUS ALEGATOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS EN TUTELA DE SUS INTERESES.
EN ESTE PROPÓSITO, LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, DESDE UNA PERSPECTIVA INMERSA EN EL MARCO DEL DEBIDO PROCESO, INVOLUCRA EL RESPETO AL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, ASÍ COMO LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A SER NOTIFICADO, EL DERECHO A QUE SE OIGAN Y ANALICEN OPORTUNAMENTE LOS ALEGATOS DE CADA UNA DE LAS PARTES Y DE QUE ÉSTAS CONOZCAN TANTO DICHOS ALEGATOS COMO LAS PRUEBAS APORTADAS AL PROCESO, ES DECIR, QUE SE LES GARANTICE EL ACCESO A LAS ACTUACIONES DEL CASO. EN CONSECUENCIA, EXISTE VIOLACIÓN A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, Y CON ELLO, VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO, CUANDO EL SUJETO NO CONOCE EL PROCEDIMIENTO QUE PUEDE AFECTAR SUS INTERESES Y SE LE IMPUTE POR LOS HECHOS O CUANDO SE LE IMPIDE VISIBLEMENTE SU PARTICIPACIÓN EN EL MISMO, SIENDO CONCEBIDA LA DECISIÓN QUE LE AFECTA CON TOTAL O IRREFUTABLE ESTADO DE INDEFENSIÓN.
DADAS LAS CONDICIONES QUE ANTECEDEN, CONSIDERA ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LA VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO Y A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, -ELEMENTO FUNDAMENTAL DEL MISMO-, SÓLO PUEDE ORIGINARSE CUANDO EL INTERESADO HA SIDO PRIVADO DE CONOCER LOS HECHOS QUE LE AFECTAN O PODRÍAN AFECTAR SUS DERECHOS, O CUANDO SU DEFENSA PROCESAL HA SIDO OBSTACULIZADA GRAVEMENTE, LO QUE TRAE COMO CONSECUENCIA LA CERTEZA DE QUE, ANTE LA IMPORTANCIA DE LA ARBITRARIEDAD EVIDENCIADA, EL ACTO PRONUNCIADO ACORDADO DEBE CARECER FORZOSAMENTE DE LEGITIMIDAD.
(…) LA IMPORTANCIA DE LA ALUDIDA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA TRASCIENDE EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE COMO EL ANALIZADO, ALUDEN A UN RÉGIMEN SANCIONATORIO, CONCRETIZADO EN LA NECESARIA EXISTENCIA DE UN PROCEDIMIENTO PREVIO A LA IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN, QUE OFREZCA LAS GARANTÍAS MÍNIMAS AL SUJETO INVESTIGADO Y PERMITA, SOBRE TODO, COMPROBAR SU CULPABILIDAD.
EN ESOS TÉRMINOS SE CONSAGRA EL DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, CUYO CONTENIDO ABARCA TANTO LO RELATIVO A LA PRUEBA Y A LA CARGA PROBATORIA, COMO LO CONCERNIENTE AL TRATAMIENTO GENERAL DIRIGIDO AL IMPUTADO A LO LARGO DEL PROCEDIMIENTO. POR TAL RAZÓN, LA CARGA DE LA PRUEBA SOBRE LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE LAS PRETENSIONES SANCIONADORAS DE LA ADMINISTRACIÓN, RECAE EXCLUSIVAMENTE SOBRE ÉSTA. DE MANERA QUE LA VIOLACIÓN AL ALUDIDO DERECHO SE PRODUCIRÍA CUANDO DEL ACTO DE QUE SE TRATE SE DESPRENDA UNA CONDUCTA QUE JUZGUE O PRECALIFIQUE COMO ‘CULPABLE’ AL INVESTIGADO, SIN QUE TAL CONCLUSIÓN HAYA SIDO PRECEDIDA DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO, EN EL CUAL SE LE PERMITA AL PARTICULAR LA OPORTUNIDAD DE DESVIRTUAR LOS HECHOS IMPUTADOS (…)
POR TANTO, ANTE LA EXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y EN CONSECUENCIA VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO, DEBE HABER EN EL FALLO UNA INDEFECTIBLE, GROTESCA Y MÁS QUE VISIBLE INDEFENSIÓN DE SUS DERECHOS (…)” (RESALTADOS DE ESTE TRIBUNAL).
QUEDA CLARO ENTONCES QUE, LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y EL DERECHO A LA DEFENSA SE MANTIENEN INCÓLUMES CUANDO SE LE GARANTIZA AL IMPUTADO LA EXISTENCIA DE UN DEBATE PROBATORIO QUE LE PERMITA DESVIRTUAR LA PRESUNTA CULPABILIDAD O RESPONSABILIDAD QUE LE ES ATRIBUIDA.
EXPLANADO LO ANTERIOR, PASA ESTE JUZGADO A REVISAR SI DE LAS ACTAS QUE COMPONEN EL PRESENTE EXPEDIENTE SE EVIDENCIA LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE RANGO CONSTITUCIONAL DENUNCIADOS POR EL RECURRENTE Y A TAL EFECTO OBSERVA, QUE LA REPRESENTACIÓN DEL ORGANISMO QUERELLADO PROMOVIÓ CONSTANTE DE 42 FOLIOS ÚTILES, EXPEDIENTE DISCIPLINARIO ABIERTO EN CONTRA DEL HOY QUERELLANTE, EL CUAL GOZA DE PRESUNCIÓN DE VERACIDAD Y LEGITIMIDAD AL NO HABER SIDO IMPUGNADO, Y DEL CUAL SE PUEDEN CONSTATAR LO SIGUIENTE:
• MEMORANDUM DE FECHA NUEVE (09) DE NOVIEMBRE DE 2015, EMITIDO POR LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE EL CUAL REMITE AL DIRECTOR DE LA OFICINA DE CONTROL Y ACTUACIÓN POLICIAL, NOVEDAD DE INCAPACIDADES RESIDUALES RELACIONADA CON EL FUNCIONARIO YUSMARY ISABEL BERMÚDEZ RIVERO. (FOLIO 02).
• OFICIO DNR-15480-15-DN DE FECHA TRES (03) DE NOVIEMBRE DE 2015 EMITIDO POR EL DR. MARVIN FLORES, EN SU CONDICIÓN DE DIRECTOR NACIONAL DE REHABILITACIÓN Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIANTE EL CUAL REMITE RESPUESTA AL OFICIO 1200 DE FECHA VEINTIDÓS (22) DE OCTUBRE DE 2015. (FOLIO 6 AL 9).
• AUTO DE APERTURA DE AVERIGUACIÓN DISCIPLINARIA DE FECHA DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE 2015, EMITIDO POR LA OFICINA DE CONTROL DE ACTUACIÓN POLICIAL, EN LA PERSONA DE SUPERVISOR JEFE ABG. NAHILIO MAYANIN CHIRINOS QUERO, EN SU CONDICIÓN DE DIRECTOR. (FOLIO 11).
• OFICIO S/N DE FECHA DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE 2015, EMITIDO POR EL SUPERVISOR JEFE ABG. NAHILIO MAYANIN CHIRINOS QUERO, DIRIGIDO A L SUPERVISOR AGREGADO ABG. GREGORIO COLINA, MEDIANTE EL CUAL ES DESIGNADO COMO INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE. (FOLIO 12).
• NOTIFICACIÓN DE FECHA PRIMERO (01) DE DICIEMBRE DE 2015, DIRIGIDA A LA CIUDADANA YUSMARY ISABEL BERMUDEZ RIVERO, MEDIANTE EL CUAL SE LE INFORMA EL INICIO DE LA AVERIGUACIÓN DISCIPLINARIA NÚMERO 0113-15 OCAP. (FOLIO 13).
• ACTA DE FORMULACIÓN DE CARGOS DE FECHA OCHO (08) DICIEMBRE DE 2015, SUSCRITA POR EL SUPERVISOR JEFE, NAHILIO CHIRINOS QUERO, EN SU CONDICIÓN DE DIRECTOR DE LA OFICINA DE CONTROL DE ACTUACIÓN POLICIAL, DIRIGIDA A LA CIUDADANA YUSMARY ISABEL BERMUDEZ RIVERO. (FOLIO 20 AL 24).
• PROYECTO DE RECOMENDACIÓN, SUSCRITO POR LA ABOGADA JANET GREGORIA SANCHEZ ROMERO, ASESOR LEGAL DE LA CONSULTORÍA JURÍDICA DEL CUERPO DE POLICÍA DEL ESTADO FALCÓN, EL CUAL ESTA RELACIONADO CON EL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO Nº 0113-15 OCAP, CONSTANTE DE CUATRO (04) FOLIOS ÚTILES, DE FECHA CUATRO (04) DE ENERO DE 2016. (FOLIOS 29 AL 32).
• ACTA S/N, DE FECHA DIECIOCHO (18) DE ENERO DE 2016, EMANADA DEL CONSEJO DISCIPLINARIO DEL CUERPO DE POLICÍA DEL ESTADO FALCÓN, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA “LA DESTITUCIÓN” DE LA FUNCIONARIA YUSMARY ISABEL BERMUDEZ RIVERO. (FOLIO 35 AL 38).
• PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 0021-16, DE FECHA DIECINUEVE (19) DE FEBRERO DE 2016, SUSCRITA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE POLICÍA DEL ESTADO FALCÓN COMISIONADO JEFE JOSE ALFREDO MEDINA COLINA, MEDIANTE EL CUAL RESOLVIÓ DESTITUIR A LA CIUDADANA YUSMARY ISABEL BERMUDEZ RIVERO, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD Nº V-12.734.775. (FOLIOS 06 AL 10 DEL EXPEDIENTE JUDICIAL).
• OFICIO DE NOTIFICACIÓN POR CAUSAL DE DESTITUCIÓN, DE FECHA DIECINUEVE (19) DE FEBRERO DE 2016, DIRIGIDO A LA CIUDADANA YUSMARY ISABEL BERMUDEZ RIVERO. (FOLIO 11-12 DEL EXPEDIENTE JUDICIAL).
ASÍ LAS COSAS, DE UN ANÁLISIS EXHAUSTIVO REALIZADO A LAS ACTAS QUE CONFORMAN LA PRESENTE CAUSA, SE PUEDE CONCLUIR, QUE LA ADMINISTRACIÓN APERTURÓ LA AVERIGUACIÓN DISCIPLINARIA, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO DISPUESTO EN LA LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN POLICIAL, PROCEDIMIENTO ÉSTE QUE FUE NOTIFICADO AL RECURRENTE Y AL CUAL TUVO ACCESO, TAL Y COMO SE CONSTATA DE LOS AUTOS.
DE MANERA PUES QUE, SE EVIDENCIA QUE LA ADMINISTRACIÓN APLICÓ EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA LEY Y QUE LA RECURRENTE TUVO ACCESO AL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO, Y EN GENERAL AL PROCEDIMIENTO APERTURADO EN SU CONTRA, CON EL OBJETO DE EJERCER SU DEFENSA, ASÍ COMO, PROMOVER LAS PRUEBAS QUE ESTIMARA PERTINENTES, Y CUYO PROCEDIMIENTO TERMINÓ CON EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE DIO ORIGEN A LAS PRESENTES ACTUACIONES, ASÍ SE VERIFICA DEL ITER PROCEDIMENTAL SEGUIDO POR LA ADMINISTRACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DESTITUCIÓN, SIN QUE DE ELLO SE REFLEJE QUE HAYA EXISTIDO OBSTACULIZACIÓN O CUALQUIER OTRA ACTUACIÓN POR PARTE DEL ENTE SUSTANCIADOR DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO, CAPAZ DE IMPEDIR SU DERECHO A LA DEFENSA U OTRO DERECHO DE RANGO CONSTITUCIONAL, Y VISTO QUE EN EL CASO DE AUTOS LA PARTE ACTORA NO LOGRÓ DEMOSTRAR LA PRESUNTA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DENUNCIADOS, CAPAZ DE ACARREAR LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, ESTE JUZGADOR DESESTIMA LAS DENUNCIAS FORMULADAS. ASÍ SE DECIDE.
POR OTRA PARTE, DENUNCIÓ EL RECURRENTE QUE FUE CELEBRADO EL ACTO POR EL CONSEJO DISCIPLINARIO QUE RECOMENDÓ SU DESTITUCIÓN Y QUE EL MISMO SE REALIZÓ EN SU AUSENCIA, ES DECIR, QUE NO FUE CITADO PARA QUE ASISTIERE A LA CELEBRACIÓN DE DICHO CONSEJO NEGÁNDOSELE LA OPORTUNIDAD DE DEFENDERSE ANTE TAN IMPORTANTE INSTANCIA, VULNERÁNDOLE SU GARANTÍA DE SER JUZGADO POR UN JUEZ NATURAL VIOLENTANDO EL PRINCIPIO DE ORALIDAD.
AL RESPECTO, ESTE TRIBUNAL SE PERMITE SEÑALAR QUE LA JURISDICCIÓN, ES ENTENDIDA COMO LA POTESTAD ATRIBUIDA POR LA LEY A UN ÓRGANO DEL ESTADO PARA DIRIMIR CONFLICTOS DE RELEVANCIA JURÍDICA, CON UN PROCEDIMIENTO PREDETERMINADO, SIENDO EL ÓRGANO CAPAZ DE PRODUCIR COSA JUZGADA SUSCEPTIBLE DE EJECUCIÓN, ES EJERCIDA POR LOS TRIBUNALES ORDINARIOS Y ESPECIALES, A LOS QUE LA LEY LES ASIGNA UN ÁMBITO ESPECÍFICO QUE LOS VINCULA A LAS PERSONAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A ESAS ÁREAS O ÁMBITOS. ASÍ, LOS JUECES A QUIENES LA LEY HA FACULTADO PARA JUZGAR A LAS PERSONAS EN LOS ASUNTOS CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES QUE LEGALMENTE PUEDEN CONOCER, SON LOS JUECES NATURALES, DE QUIENES SE SUPONE CONOCIMIENTOS PARTICULARES SOBRE LAS MATERIAS QUE JUZGAN, SIENDO ESTA CARACTERÍSTICA, LA DE LA IDONEIDAD DEL JUEZ, LA QUE EXIGE EL ARTÍCULO 255 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
DISTRIBUYÉNDOSE DE ESTA MANERA A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EL CONOCIMIENTO DE LOS CASOS SEGÚN LAS REGLAS DE LA COMPETENCIA, BIEN SEA POR LA CUANTÍA, EL TERRITORIO O LA MATERIA, EXISTIENDO REGLAS DE COMPETENCIA QUE SE CONSIDERAN MATERIA DE ORDEN PÚBLICO Y SON INDEROGABLES, MIENTRAS QUE HAY OTRAS QUE NO LO SON. LA COMPETENCIA POR LA MATERIA SE ENCUENTRA ENTRE LAS PRIMERAS, MIENTRAS QUE LAS QUE DETERMINAN EL TERRITORIO, POR EJEMPLO, ESTÁN ENTRE LAS SEGUNDAS. EL ÓRGANO QUE EJERCE LA JURISDICCIÓN, EN CUANTO A LA COMPETENCIA POR LA MATERIA, ES POR EXCELENCIA EL JUEZ NATURAL DE LAS PERSONAS QUE TENGAN QUE VENTILAR LITIGIOS RELATIVOS A ESAS MATERIAS, ENTENDIÉNDOSE, QUE EL SER JUZGADO POR EL JUEZ NATURAL ES UNA GARANTÍA JUDICIAL INEXORABLE PARA QUE PUEDA EXISTIR EL DEBIDO PROCESO. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, CONSAGRA EL DERECHO DE LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DE SER JUZGADAS POR DICHO JUEZ, QUIEN ADEMÁS DEBE EXISTIR COMO ÓRGANO JURISDICCIONAL CON ANTERIORIDAD A LOS HECHOS LITIGIOSOS SIN QUE PUEDA CREARSE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA CONOCER ÚNICAMENTE LOS HECHOS DESPUÉS DE OCURRIDOS.
EN EL CONTEXTO SEÑALADO, NUESTRA CARTA MAGNA ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 49, NUMERAL 4, LO SIGUIENTE: “TODA PERSONA TIENE DERECHO A SER JUZGADA POR SUS JUECES NATURALES EN LAS JURISDICCIONES ORDINARIAS, O ESPECIALES, CON LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN ESTA CONSTITUCIÓN Y EN LA LEY”.
LA JURISPRUDENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, HA ESTABLECIDO EN REFERENCIA A ELLO, QUE EL DERECHO AL JUEZ PREDETERMINADO POR LA LEY, SUPONE:
“(…) EN PRIMER LUGAR, QUE EL ÓRGANO JUDICIAL HAYA SIDO CREADO PREVIAMENTE POR LA NORMA JURÍDICA; EN SEGUNDO LUGAR, QUE ÉSTA LO HAYA INVESTIDO DE AUTORIDAD CON ANTERIORIDAD AL HECHO MOTIVADOR DE LA ACTUACIÓN Y PROCESO JUDICIAL; EN TERCER LUGAR, QUE SU RÉGIMEN ORGÁNICO Y PROCESAL NO PERMITA CALIFICARLO DE ÓRGANO ESPECIAL O EXCEPCIONAL PARA EL CASO; Y, EN CUARTO LUGAR, QUE LA COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL SEA DETERMINADO EN LA LEY, SIGUIÉNDOSE EN CADA CASO CONCRETO EL PROCEDIMIENTO LEGALMENTE ESTABLECIDO PARA LA DESIGNACIÓN DE SUS MIEMBROS, VALE DECIR, QUE EL TRIBUNAL ESTÉ CORRECTAMENTE CONSTITUIDO. EN SÍNTESIS, LA GARANTÍA DEL JUEZ NATURAL PUEDE EXPRESARSE DICIENDO QUE ES LA GARANTÍA DE QUE LA CAUSA SEA RESUELTA POR EL JUEZ COMPETENTE O POR QUIEN FUNCIONALMENTE HAGA SUS VECES (…)” (VID SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Nº 520/2000, DE FECHA SIETE (07) DE JUNIO DE 2000, CASO: MERCANTIL INTERNACIONAL, C.A.).
AHORA BIEN, AUNQUE TALES PRECEPTOS, ESTÁN DIRIGIDOS A LOS PROCEDIMIENTOS LLEVADOS POR ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, ESTOS TAMBIÉN PUEDEN APLICARSE A LA FUNCIONES QUE EN ESPECÍFICO LA LEY LE HA ATRIBUIDO A LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS, PUES EL ENCABEZADO DEL ARTÍCULO 49 DEL TEXTO CONSTITUCIONAL ESTABLECE: “EL DEBIDO PROCESO SE APLICARÁ A TODAS LAS ACTUACIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS”; ESTO ES, EL DERECHO AL JUEZ NATURAL SE DEBE GARANTIZAR, NO SÓLO EN EL PLANO PROCESAL JUDICIAL, SINO TAMBIÉN EN EL PROCEDIMENTAL ADMINISTRATIVO O DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL EN PARTICULAR, REFERIDO A UN “INSTRUCTOR NATURAL”, “ADMINISTRADOR NATURAL” O “SANCIONADOR NATURAL”, SEGÚN SEA EL CASO. (VID SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2007).
EN EL CASO BAJO ESTUDIO, EL ACTO QUE SE RECURRE CONSTITUYE UNA SANCIÓN RESULTADO DE LA INSTRUCCIÓN DE UN PROCEDIMIENTO DIRIGIDO A ESTABLECER RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS O DISCIPLINARIAS, SIENDO ELLO ASÍ, ESTAMOS EN PRESENCIA DE UN “INSTRUCTOR NATURAL” Ó “SANCIONADOR NATURAL”, PUES LA POTESTAD PARA CONOCER SOBRE LAS SANCIONES MÁS GRAVES COMO LO ES LA SANCIÓN DE DESTITUCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS POLICIALES CORRESPONDE AL CONSEJO DISCIPLINARIO, TAL Y COMO LO PREVÉ LA LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN POLICIAL EN SU ARTÍCULO 80 QUE DISPONE:
“ARTÍCULO 80. EL CONSEJO DISCIPLINARIO DE POLICÍA ES UN ÓRGANO COLEGIADO, OBJETIVO E INDEPENDIENTE DE APOYO A LA DIRECCIÓN DEL CUERPO DE POLICÍA NACIONAL, ESTADAL O MUNICIPAL, SEGÚN EL CASO, ENCARGADO DE CONOCER Y DECIDIR SOBRE LAS INFRACCIONES MÁS GRAVES SUJETAS A SANCIÓN DE DESTITUCIÓN, COMETIDAS POR LOS FUNCIONARIOS O FUNCIONARIAS POLICIALES DE CADA CUERPO DE POLICÍA NACIONAL, ESTADAL O MUNICIPAL, SEGÚN SEA EL CASO. LAS DECISIONES QUE TOME EL CONSEJO DISCIPLINARIO DE POLICÍA, PREVIA OPINIÓN DEL DIRECTOR O DIRECTORA DEL CUERPO DE POLICÍA NACIONAL, ESTADAL O MUNICIPAL CORRESPONDIENTES, SERÁN VINCULANTES PARA ESTOS ÚLTIMOS UNA VEZ ADOPTADAS.”
POR SU PARTE, EL ARTÍCULO 81 EJUSDEM, DISPONE:
“ARTÍCULO 81. EL CONSEJO DISCIPLINARIO DE POLICÍA ESTARÁ INTEGRADO POR EL FUNCIONARIO O FUNCIONARIA POLICIAL DE MAYOR JERARQUÍA, O EL QUE LE SIGUIERE EN JERARQUÍA, DE MAYOR ANTIGÜEDAD, EN CONDICIÓN DE PERSONAL ACTIVO, POR UN FUNCIONARIO O FUNCIONARIA POLICIAL CON RANGO NO INFERIOR A COMISIONADO AGREGADO DE CUALQUIER CUERPO DE POLICÍA DEL ESTADO O MUNICIPIO SELECCIONADOS DE LA LISTA REGIONAL DE INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS DISCIPLINARIOS DE POLICÍA. EL CONSEJO DISCIPLINARIO DE POLICÍA SE CONSTITUIRÁ TEMPORALMENTE PARA CONOCER CADA CASO QUE LE DEBA SER SOMETIDO Y APLICARÁ LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS REGLAS PREVISTOS EN EL CAPITULO VI DE LA PRESENTE LEY.
LA INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS DISCIPLINARIOS DE POLICÍA TANTO DEL CUERPO DE POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA, ASÍ COMO EN LOS CUERPOS DE POLICÍA ESTADALES Y MUNICIPALES, SE RIGEN POR LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LEY, SUS REGLAMENTOS Y RESOLUCIONES. EL MINISTERIO DEL PODER POPULAR CON COMPETENCIA EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA REGULARÁ, MEDIANTE RESOLUCIÓN, LA CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y SELECCIÓN DE LAS LISTAS REGIONALES Y NACIONAL DE INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS DISCIPLINARIOS DE POLICÍA”
ASÍ PUES, TAL Y COMO SE OBSERVA DE LOS DISPOSITIVOS LEGALES TRANSCRITOS, EL CONSEJO DISCIPLINARIO SE CONSTITUYE COMO UN ÓRGANO COLEGIADO SOBRE EL CUAL VERSA LA COMPETENCIA DE CONOCER Y DECIDIR SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE DESTITUCIÓN QUE SE SIGAN A LOS FUNCIONARIOS O FUNCIONARIAS POLICIALES, Y CUYO DICTAMEN, CUMPLIDO LOS EXTREMOS LEGALES CORRESPONDIENTES, OBTIENE CARÁCTER VINCULANTE; AHORA BIEN, EN LA LEY SUPRA MENCIONADA, SE VISLUMBRA DE MANERA TAXATIVA LAS DISTINTAS PERSONAS (FUNCIONARIOS POLICIALES ACTIVOS) QUE DEBEN FORMAR PARTE DEL CONSEJO DISCIPLINARIO, EXCLUYENDO DEL MISMO A LOS FUNCIONARIOS INVESTIGADOS, RAZÓN POR LA CUAL MAL PUDIESE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL IMPONER LA INTEGRACIÓN DEL FUNCIONARIO BAJO INVESTIGACIÓN AL MISMO, ASÍ COMO TAMPOCO SE ESTABLECE QUE ÉSTE DEBA O PUEDA ESTAR PRESENTE EN LOS ACTOS QUE SE CELEBREN CON FUNDAMENTO AL HECHO INVESTIGADO, SIENDO QUE SON OTRAS LAS OPORTUNIDADES PROCESALES (FASES) EN LAS CUALES DICHA INTERVENCIÓN ES TOTALMENTE AJUSTADA A DERECHO, EN EJERCICIO DEL DERECHO CONSTITUCIONALÍSIMO A LA DEFENSA DE LA PARTE INVESTIGADA, ES POR ELLO QUE, ESTE JUZGADO NO DETECTA LA ALEGADA VIOLACIÓN AL DERECHO A SER JUZGADO POR UN JUEZ NATURAL, Y EN TAL SENTIDO DESECHA LA DENUNCIA PLANTEADA POR LA PARTE ACTORA. ASÍ SE DECIDE.
EN RELACIÓN AL ALEGATO ESGRIMIDO POR LA PARTE ACTORA, REFERENTE A LA VIOLACIÓN A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 83 Y 86 CONSTITUCIONAL, HA SIDO RECONOCIDO NACIONAL E INTERNACIONALMENTE COMO UN DERECHO HUMANO, LO CUAL REPRESENTA UNA DIRECTRIZ QUE DELIMITA LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LA PROTECCIÓN DEL MISMO Y LE OTORGA A LAS PERSONAS LA CAPACIDAD DE EXIGENCIA ANTE CUALQUIER FALTA, VIOLACIÓN Y SUPRESIÓN DE SU DERECHO.
ASIMISMO, ES DE INDICAR QUE EL DERECHO A LA SALUD, COMO PARTE INTEGRANTE DEL DERECHO A LA VIDA, EL CUAL ESTÁ CONSAGRADO EN EL TEXTO FUNDAMENTAL COMO UN DERECHO SOCIAL FUNDAMENTAL, ESTO ES, EL DERECHO DE TODO MIEMBRO DE LA SOCIEDAD DE RECLAMAR DEL ESTADO LA SATISFACCIÓN DEL MISMO, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ASEGURAR EL MISMO.
EN ESTE ORDEN DE IDEAS, LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, MEDIANTE SENTENCIA Nº 487, DICTADA EN FECHA 06 DE ABRIL DE 2.001, HA DESATACADO LO SIGUIENTE:
“…EL DERECHO A LA SALUD, NO SE AGOTA EN LA SIMPLE ATENCIÓN FÍSICA DE UNA ENFERMEDAD A DETERMINADA PERSONA, SINO QUE EL MISMO SE EXTIENDE A LA ATENCIÓN IDÓNEA PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD MENTAL, SOCIAL AMBIENTAL, ETC, DE LAS PERSONAS INCLUSO DE LAS COMUNIDADES COMO ENTES COLECTIVOS IMPERFECTOS, EN TANTO QUE NO ESTÉN DOTADAS DE UN ESTATUTO JURÍDICO ESPECIAL QUE LES BRINDE PERSONERÍA EN SENTIDO PROPIO”.
SIENDO ELLO ASÍ, SE OBSERVA DE LAS ACTAS QUE CURSAN AL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO, EFECTIVAMENTE AL (FOLIO 10) OFICIO Nº DNR-CN-.987-14-PB DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2014, DE INCAPACIDAD RESIDUAL, FIRMADO Y SELLADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE REHABILITACIÓN Y SALUD EN EL TRABAJO, DR. MARVIN FLORES, QUE CERTIFICA UN DIAGNÓSTICO DE INCAPACIDAD DE LO SIGUIENTE: HIPERTENSIÓN ARTERIAL ESTADIO 2 NO CONTROLADA, CARDIOPATÍA HIPERTENSIVA, ARRITMIA VENTRICULAR LOWN III, DIABETES MELLITUS TIPO II, TRASTORNO DE ANGUSTIA FÓBICA, RECTITIS INESPECIFICA, CON UNA PÉRDIDA DE SU CAPACIDAD PARA EL TRABAJO DE 67%, ASIMISMO CONSTA OFICIO Nº DNR-15480-15-DN DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2015, EMITIDO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE REHABILITACIÓN Y SALUD EN EL TRABAJO, DR. MARVIN FLORES, DANDO RESPUESTA A OFICIO Nº 1200 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2015, MEDIANTE EL CUAL CERTIFICA QUE LA INCAPACIDAD RESIDUAL Nº DNR-CN-987-14-PB DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2014, CONSIGNADA POR LA CIUDADANA YUSMARY ISABEL BERMUDEZ RIVERO ANTE EL ENTE POLICIAL, DEBE SER CONSIDERADA FALSA POR NO CORRESPONDER CON LOS ARCHIVOS DE ESA INSTANCIA ADMINISTRATIVA, ELLO EN VIRTUD DE MEMORANDUM DE FECHA NUEVE (09) DE NOVIEMBRE DE 2015 (FOLIO 2), EMITIDO POR LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DEL CUERPO DE POLICÍA ESTADAL.
EN ESE MISMO SENTIDO, SE HACE NOTORIO QUE EL DIRECTOR NACIONAL DE REHABILITACIÓN Y SALUD EN EL TRABAJO Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE INCAPACIDAD RESIDUAL, DR. MARVIN FLORES, ES LA MÁXIMA AUTORIDAD (SEGÚN RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL IVSS-Nº 00568 DE 30-03-2006 Y CON EFECTIVIDAD DEL 16-01-2005), EN CORROBORAR SI LOS OFICIOS DE INCAPACIDAD RESIDUAL SURTEN O NO DE EFECTOS, Y SIENDO QUE POR OFICIO Nº DNR-15480-15-DN EMITIÓ OPINIÓN EN LA CUAL CERTIFICA QUE LA INCAPACIDAD RESIDUAL Nº DNR-CN-987-14-PB DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2014, CONSIGNADA POR LA CIUDADANA YUSMARY ISABEL BERMUDEZ RIVERO ANTE EL ENTE POLICIAL, DEBA SER CONSIDERADA FALSA POR NO CONSTAR EN LOS ARCHIVOS DE DICHA INSTITUCIÓN.
AHORA BIEN, ESTE JUZGADO NO ENCUENTRA ELEMENTOS SUFICIENTES QUE DEMUESTREN LA CONFIGURACIÓN DEL VICIO ALEGADO POR LA QUERELLANTE, PUESTO QUE, EL ACTO ADMINISTRATIVO DE DESTITUCIÓN HOY IMPUGNADO TUVO SU ORIGEN EN LA APERTURA Y SUSTANCIACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DESTITUCIÓN POR HABER INCURRIDO LA FUNCIONARIA INVESTIGADA EN LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 97, NUMERALES 2. “COMISIÓN INTENCIONAL O POR NEGLIGENCIA O IMPERICIA GRAVES, DE UN HECHO DELICTIVO QUE AFECTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POLICIAL O LA CREDIBILIDAD Y RESPETABILIDAD DE LA FUNCIÓN POLICIAL, 4. “ALTERACIÓN, FALSIFICACIÓN, SIMULACIÓN, SUSTITUCIÓN O FORJAMIENTO DE ACTAS Y DOCUMENTOS QUE COMPROMETAN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO O LA CREDIBILIDAD Y RESPETABILIDAD DE LA FUNCIÓN POLICIAL”, Y 10 DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN POLICIAL CONCATENADO CON EL ARTÍCULO 86 NUMERAL 6 DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, Y DADO QUE QUEDÓ SUFICIENTEMENTE PROBADO EN EL CURSO DEL PROCEDIMIENTO LOS HECHOS ATRIBUIDO A LA PARTE ACTORA, DEBE ESTE TRIBUNAL DESECHAR LA DENUNCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD. ASÍ SE DECIDE.
EN OTRO ORDEN DE IDEAS, ALEGÓ EL RECURRENTE, QUE EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO INCURRIÓ EN EL VICIO DE FALSO SUPUESTO DE HECHO, SIENDO QUE A SU JUICIO, SE ESTÁ ANTE LA ERRÓNEA APLICACIÓN DE NORMAS JURÍDICAS LO ESTABLECIDO EN EL ACTO DESTITUTORIO, PUES SU CONDUCTA NO SE VINCULA CON NINGUNO DE LOS SUPUESTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 86, ENCONTRÁNDOSE ANTE LA MALA APLICACIÓN DE LA REFERIDA NORMA, NO SIENDO PROBADOS NI FUNDAMENTADOS LOS HECHOS AL MOMENTO DE DICTAR DICHO ACTO.
AHORA BIEN, DEBE INDICARSE, QUE EL MISMO SUPONE QUE LA ADMINISTRACIÓN AL DICTAR EL ACTO ADMINISTRATIVO APRECIÓ ERRÓNEAMENTE LOS HECHOS ACAECIDOS O ÉSTOS NO SUCEDIERON EFECTIVAMENTE, DE ALLÍ QUE, NO EXISTE ADECUACIÓN DE LOS HECHOS CON LA NORMA JURÍDICA QUE EVENTUALMENTE PODRÍA SER APLICADA AL CASO CONCRETO, EN VIRTUD DE LO CUAL EL ACTO ADMINISTRATIVO NACE ILEGÍTIMAMENTE, POR CUANTO NO EXISTE ASIDERO EFECTIVO DE LA NORMA APLICADA. LA DOCTRINA SE RELACIONA CON EL VICIO DE FALSO SUPUESTO DE HECHO O DE DERECHO Y CON LA ACTUACIÓN DISTORSIONADA DE LA ADMINISTRACIÓN AL PERSEGUIR FINES DISTINTOS A LOS PREVISTOS EN LA NORMA Y DISTINTOS AL OBJETIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN. ESTA ERRÓNEA APLICACIÓN DEL DERECHO E INTERPRETACIÓN DE LOS HECHOS CUANDO HA INTERVENIDO LA VOLUNTAD ADMINISTRATIVA, SE CONVIERTE EN VICIO A SU VEZ DEL ELEMENTO TELEOLÓGICO DEL ACTO, Y QUE SE VERIFICA CUANDO EL MISMO ES EMITIDO Y NO COINCIDE CON EL FIN ÚLTIMO DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES PÚBLICAS.
EL FALSO SUPUESTO, TAL COMO LO HA SEÑALADO LA ABUNDANTE JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA PRODUCIDA TANTO POR LA SALA POLÍTICO ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA COMO POR LAS CORTES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, COINCIDENTE POR DEMÁS CON LA DOCTRINA PATRIA, “AFECTA EL PRINCIPIO QUE AGRUPA A TODOS LOS ELEMENTOS DE FONDO DEL ACTO ADMINISTRATIVO, DENOMINADO TEORÍA INTEGRAL DE LA CAUSA, LA CUAL ESTÁ CONSTITUIDA POR LAS RAZONES DE HECHO QUE, SISTEMATIZADAS POR EL PROCEDIMIENTO, SE ENMARCAN DENTRO DE LA NORMATIVA LEGAL APLICABLE AL CASO CONCRETO, QUE LE ATRIBUYE A TALES HECHOS UNA CONSECUENCIA JURÍDICA ACORDE CON EL FIN DE LA MISMA” (SENTENCIA DE LA CORTE PRIMERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 126 DEL 21 DE FEBRERO DE 2001, CON PONENCIA DE LA MAGISTRADA DRA. LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO).
ASÍ LAS COSAS, PASA ESTE JUZGADOR A VERIFICAR SI EFECTIVAMENTE EN EL CASO DE AUTOS LA ADMINISTRACIÓN COMPROBÓ LOS HECHOS IMPUTADOS AL QUERELLANTE ANTES DE EMITIR EL ACTO SANCIONATORIO. AL EFECTO, Y DE LA REVISIÓN DE UN EXTRACTO DEL ACTA DE FORMULACIÓN DE CARGOS DE FECHA OCHO (08) DE DICIEMBRE DE 2015, (FOLIOS 20-24 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO), MEDIANTE LA CUAL LA OFICINA DE CONTROL ACTUACIÓN POLICIAL LE FORMULA LAS IMPUTACIONES A LA CIUDADANA YUSMARY ISABEL BERMUDEZ RIVERO, SE OBSERVA QUE EN LA MISMA SE EXPRESÓ LO SIGUIENTE:
“…VISTO QUE EN FECHA DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SE DIO INICIO A LA AVERIGUACIÓN ADMINISTRATIVA DE CARÁCTER DISCIPLINARIO SIGNADA BAJO EL EXPEDIENTE NÚMERO 0113-15 OCAP-, A LA FUNCIONARIA POLICIAL; SUPERVISORA: YUSMARY ISABEL BERMUDEZ RIVERO, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD Nº V-12.734.775. EN LO ADELANTE LA “FUNCIONARIO POLICIAL INVESTIGADO” (…) POR CUANTO PRESUNTAMENTE Y SEGÚN LO PLASMADO EN MEMORANDUM INTERNO DE FECHA 09/11/2015, SUSCRITO POR LA JEFA DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA DEL ESTADO FALCÓN.
ES EL CASO QUE EL DÍA VIERNES 09 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, LA SUPERVISORA. LCDA. RORAIMA AGÜERO SUAREZ, DIRECTORA DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DEL CUERPO DE POLICÍA BOLIVARIANA DEL ESTADO FALCÓN, SUSCRIBE COMUNICACIÓN INTERNA SIN NÚMERO, EN EL CUAL HACE DE CONOCIMIENTO DE ESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO, QUE UDTED, (…) PRESENTARON CONSTANCIAS DE INCAPACIDADES RESIDUALES Y LA DE USTED, ESTÁ SIGNADA CON EL NRO. DNR-CR-987-14-PB, DE FECHA 04/12/2014, SUSCRITA POR EL DR. MARVIN FLORES, DIRECTOR NACIONAL DE REHABILITACIÓN Y SALUD EN EL TRABAJO Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN DE INCAPACIDAD RESIDUAL, DIRIGIDA A LA LCDA. DIANNYS OLLARVES, JEFA DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA CORO-IVSS, EN LA CUAL LE INFORMA RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE INCAPACIDAD RESIDUAL, PERDIDA DE CAPACIDAD PARA EL TRABAJO DE SESENTA Y SIETE POR CIENTO (67%), Y LUEGO DE SOLICITAR INFORMACIÓN MEDIANTE OFICIO Nº 1200 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2015, SUSCRITO POR EL COMISIONADO JEFE JOSÉ ALFREDO MEDINA COLINA, DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA BOLIVARIANA DEL ESTADO FALCÓN, POR ANTE EL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES, PARA LA RESPECTIVA CERTIFICACIÓN DE LAS CONSTANCIAS, SE OBTUVO RESPUESTA MEDIANTE OFICIO NRO. DNR. 15480-15-DN, EN EL CUAL INFORMAN QUE LAS CONSTANCIA DE INCAPACIDADES PRESENTADA POR USTED Y POR LOS FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS POLICIALES, DEBEN SER CONSIDERADAS FALSAS, POR CUANTO NO CORRESPONDEN A ESA INSTANCIA ADMINISTRATIVA. DETECTÁNDOSE QUE HUBO ALGÚN TIPO DE IRREGULARIDAD ADMINISTRATIVA Y DONDE SE PRESUME QUE USTED ASUMIÓ UNA CONDUCTA DESVIADA A LA DE UN FUNCIONARIO POLICIAL INCURRIENDO EN FALTAS TIPIFICADAS EN LA LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN POLICIAL Y EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO VIGENTE. DETECTÁNDOSE ASÍ POR PARTE DE USTED QUE HUBO ALGÚN TIPO DE IRREGULARIDAD EN CUANTO A LA CONSIGNACIÓN DE UN DOCUMENTO QUE EL ENTE EMISOR LO CONSIDERA FALSO. Y VISTO QUE:
CONSTA EN LOS FOLIOS NUMEROS DOS (02) Y TRES (03) INSERTO EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO MEMORANDUM INTERNOTE FECHA 08/11/2015, SUSCRITO POR LA SUPERVISORA LCDA. RORAIMA AGÜERO, DIRECTORA DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DEL CUERPO DE POLICÍA DEL ESTADO FALCÓN, DONDE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS HECHAS ANTE EL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES Y POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REHABILITACIÓN Y SALUD EN EL TRABAJO Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN DE INCAPACIDAD RESIDUAL PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA INCAPACIDAD RESIDUAL PRESENTADA POR USTED Y QUE FUERON CONSIDERADAS FALSAS.
CONSTA EN LOS FOLIOS NUMEROS CUATRO (04) Y CINCO (05) INSERTO EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO OFICIO Nº 1200 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2016, SUSCRITO POR EL COMISIONADO JEFE. JOSE ALFREDO MEDINA COLINA DIRECTOR DEL CUERPO DE POLICIA DEL ESTADO FALCÓN DIRIGIDO AL DR. MERVIN FLORES DIRECTOR NACIONAL DE REHABILITACIÓN Y SALUD EN EL TRABAJO Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN DE INCAPACIDAD RESIDUAL DEL IVSS CARACAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA INCAPACIDAD RESIDUAL PRESENTADA PRO USTED.
CONSTA EN EL FOLIO NUMERO SEIS (06), SIETE (07), OCHO (08) Y NUEVE (09) INSERTO EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, OFICIO DNR-Nº 15480-15-DN DE FECHA 03/11/2015 SUSCRITO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE REHABILITACIÓN Y SALUD EN EL TRABAJO Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN DE INCAPACIDAD RESIDUAL DONDE INFORMA QUE EL CERTIFICADO DE INCAPACIDAD RESIDUAL Nº DNR-CN-987-14-PB DE FECHA 04/12/2014, A NOMBRE DE USTED CON DIAGNÓSTICO DE INCAPACIDAD EL SIGUIENTE: HIPERTENSIÖN ARTERIAL ESTADIO 2 NO CONTROLADA, CARDIOPATIA HIPERTENSIVA, ARRITMIA VENTRICULAR LOWN III, DIABETES MELLITUS TIPO II, TRANSTORNO DE ANGUSTIA FOBICA, RECTITIS INESPECIFICA, CON LA PERDIDA DE SU CAPACIDAD PARA EL TRABAJO DE SESENTA Y SIETE POR CIENTO (67%) NO CORRESPONDE CON LOS ARCHIVOS DE ESA INSTANCIA ADMINISTRATIVA MOTIVO POR LA CUAL DEBEN SER CONSIDERAS FALSA.
CONSTA EN EL FOLIO NUMERO DIEZ (10) INSERTO EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO INCAPACIDAD RESIDUAL Nº DNR-CN-987-14-PB DE FECHA 04/12/2014, PRESENTADA POR USTED ANTE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA POLICÍA DEL ESTADO FALCÓN, LA CUAL EL DIRECTOR NACIONAL DE REHABILITACIÓN Y SALUD EN EL TRABAJO Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN DE INCAPACIDAD RESIDUAL LA CONSIDERA FALSA EN SU OFICIO DNR-Nº-15480-15-DN DE FECHA 03/11/2015.
EN CONSECUENCIA, ES POR LO QUE ESTA OFICINA DE CONTROL DE ACTUACIÓN POLICIAL (OCAP) CONSIDERA QUE EXISTEN ELEMENTOS SUFICIENTES QUE PODRÍAN COMPROMETER SU RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA COMO “FUNCIONARIO POLICIAL INVESTIGADO” POR LO QUE CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 89 EN EL NUMERAL 4 DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROCEDE A DETERMINARLE CARGOS, BAJO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:
DE LOS HECHOS Y PRUEBAS RECABADAS, SE PRESUME QUE EL FUNCIONARIO POLICIAL INVESTIGADO HABRÍA ACTUADO EN CONTRARIO AL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES ESTABLECIDOS EN: ARTÍCULO 16, NUMERAL 04 DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN POLICIAL, EL CUAL ESTABLECE: “EJERCER EL SERVICIO DE POLICÍA CON ÉTICA, IMPARCIALIDAD, LEGALIDAD, TRANSPARENCIA, PROPORCIONALIDAD Y HUMANIDAD”.
EN TAL SENTIDO, DE COMPROBARSE SU RESPONSABILIDAD EN TALES HECHOS PODRÍA SER SANCIONADO CON LA MEDIDA DE DESTITUCIÓN, AL DETERMINAR QUE SU CONDUCTA ENCUADRARÍA EN LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTICULO 97 NUMERALES 02, 04 Y 10 DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN POLICIAL, CONCATENADO CON EL ARTICULO 86 NUMERAL 06 DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EL CUAL ESTABLECEN: ARTICULO 97 “ SON CAUSALES DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA DE DESTITUCIÓN LAS SIGUIENTES: NUMERAL 02 “COMISIÓN INTENCIONAL O POR NEGLIGENCIA O IMPERICIAS GRAVES, DE UN HECHO DELICTIVO QUE AFECTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POLICIAL O LA CREDIBILIDAD Y RESPETABILIDAD DE LA FUNCIÓN POLICIAL. NUMERAL 04. ALTERACIÓN, FALSIFICACIÓN, SIMULACIÓN, SUSTITUCIÓN O FORJAMIENTO DE ACTAS Y DOCUMENTOS QUE COMPROMETAN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO O LA CREDIBILIDAD Y RESPETABILIDAD DE LA FUNCIÓN POLICIAL” NUMERAL 10 “FALTA PREVISTA EN LA LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA COMO CAUSAL DE DESTITUCIÓN”. ARTICULO 86 DE LA LEY DEL ESTATUTO DE A FUNCIÓN PÚBLICA: SERÁN CAUSALES DE DESTITUCIÓN: NUMERAL 06 “FALTA DE PROBIDAD, VÍAS DE HECHO, INJURIAS, INSUBORDINACIÓN CONDUCTA INMORAL O ACTOS LESIVOS AL BUEN NOMBRE O A LOS INTERESE DEL ÓRGANO Y ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”. POR LO ANTES EXPUESTO ESTA OFICINA DE CONTROL DE ACTUACIÓN POLICIAL, EMPLAZA AL INVESTIGADO A EJERCER SU DERECHO A LA DEFENSA, GARANTIZANDO ASÍ LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y ARTÍCULO 89 NUMERAL 4 DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, POR LO CUAL PODRÁ CONSIGNAR SU ESCRITO DE DESCARGO DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA PRESENTE FORMULACIÓN DE CARGOS. ES TODO.-
IGUALMENTE, SE EVIDENCIA DEL ACTA DE FECHA 18 DE ENERO DE 2016, (FOLIOS 35-38), EMITIDA POR EL CONSEJO DISCIPLINARIO DEL CUERPO DE POLICÍA DEL ESTADO FALCÓN, QUE EN LA MISMA SE DEJÓ CONSTANCIA DE LO SIGUIENTE:
“OMISSIS…
(…)
“SE LE DA LECTURA A LA CAUSAL DE DESTITUCIÓN POR LA QUE VIENE INSTRUIDA EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº 0113-15 OCAP, DE LA FUNCIONARIA POLICIAL SUPERVIRSORA YUSMARY ISABEL BERMUDEZ RIVERO IDENTIFICADA CON LA CÉDULA DE IDENTIDAD 12.734.775, ART. 97 NUMERALES 02, 04 Y 10 DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN POLICIAL Y EL ARTÍCULO 86 NUMERAL 06 DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. (…) TOMA LA PALABRA EL COMISIONADO AGREGADO DENNY ALVAREZ, (…) “LEÍDO Y ANALIZADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 0113-15 DE LA FUNCIONARIA POLICIAL YUSMARY ISABEL BERMÚDEZ RIVERO QUIEN ESTÁ INCURSO EN CAUSAL DE DESTITUCIÓN, POR PRESENTAR CONSTANCIA DE INCAPACIDAD RESIDUAL FALSA ANTE EL INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES QUE ENCUADRA EN LAS CAUSALES DE DESTITUCIÓN DEL ART. 97 NUMERALES 02, 04 Y 10 DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN POLICIAL, MI DECISIÓN ES QUE SE APLIQUE LA MEDIDA DE DESTITUCIÓN. SEGUIDAMENTE INTERVIENE LA OFICIAL JEFE YORMARY RIVERO (…) “DESPUÉS DE LEER Y ANALIZAR EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 0113-15 QUE/VIENE INSTRUIDO CON CAUSAL DE DESTITUCIÓN CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 97, NUMERALES 02, 04 Y 10 DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN POLICIAL POR PRESENTAR CONSTANCIA DE INCAPACIDAD RESIDUAL ADEMÁS DEL AGRAVANTE DE HABER ACTUADO DE MANERA DESLEAL A LA INSTITUCIÓN ADMINISTRATIVA, ES POR ELLO QUE MI DECISIÓN ES QUE SE LE APLIQUE LA MEDIDA DE DESTITUCIÓN. POR ULTIMO INTERVIENE LA LICENCIADA EMIRA DE MORILLO (…) “LEÍDOS Y ANALIZADOS LOS FOLIOS QUE COMPONEN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 0113-15 DE LA FUNCIONARIA POLICIAL YUSMARY ISABEL BERMÚDEZ RIVERO POR PRESENTAR CONSTANCIA DE INCAPACIDAD RESIDUAL FALSA ANTE EL SEGURO SOCIAL DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DEL 2014, ESTANDO ASÍ EN LAS CAUSALES CON ELEMENTOS SUFICIENTES PARA APLICAR LA MEDIDA DE DESTITUCIÓN”. ESTE CONSEJO DISCIPLINARIO TOMA LA DECISIÓN DE FORMA UNÁNIME COMO ÓRGANO COLEGIADO OBJETIVO E INDEPENDIENTE, LA DESTITUCIÓN SOBRE LAS PRESUNTAS INFRACCIONES DE CARÁCTER GRAVES SUJETAS A SANCIÓN, COMETIDAS POR LA FUNCIONARIA POLICIAL SUPERVISORA YUSMARY ISABEL BERMUDEZ RIVERO (…) ASÍ LO EXPRESÓ EL COMISIONADO AGREGADO DENNY ALVAREZ. SE LE INFORMARA EN LOS DÍAS POSTERIORES A ESTA SESIÓN SOBRE LA DECISIÓN. IGUALMENTE AL DIRECTOR DEL CUERPO DE POLICÍA PARA QUE SEA DE SU CONOCIMIENTO Y OPINIÓN Y AL ÓRGANO RECTOR SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 06 DE ESTA RESOLUCIÓN 136.
DE ESA MISMA MANERA, CONVIENE CITAR UN EXTRACTO DE LA OPINIÓN EMITIDA POR LA CONSULTORÍA JURÍDICA DE LA INSTITUCIÓN QUE SIRVIÓ DE FUNDAMENTO PARA DICTAR EL ACTO ADMINISTRATIVO Y QUE A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE:
“OMISSIS…
(…)
ADEMÁS, DEBE SEÑALARSE QUE EN EL PROCEDIMIENTO DE DESTITUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 101 DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN POLICIAL, A DIFERENCIA DEL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, LA RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO DISCIPLINARIO EN TORNO A SI PROCEDE O NO LA DESTITUCIÓN DE UN FUNCIONARIO POLICIAL ES DE CARÁCTER VINCULANTE, EN CONTRAPOSICIÓN A LA OPINIÓN DE LA CONSULTORÍA JURÍDICA O DE LA UNIDAD SIMILAR EN LOS ÓRGANOS Y ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CASO EN EL CUAL LA OPINIÓN DE LA RESPECTIVA UNIDAD NO DETENTA EL CARÁCTER VINCULANTE Y EN VIRTUD DE ELLO LA MÁXIMA AUTORIDAD PODRÍA MODIFICARLA A TRAVÉS DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DEBIDAMENTE MOTIVADO.
VISTOS Y ANALIZADOS TANTO LAS ACTUACIONES COMO LOS ELEMENTOS PROBATORIOS INSERTOS EN EL PRESENTE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: SIGNADO CON EL Nº 0113-15 OCAP, ESTA CONSULTORÍA JURÍDICA DE LA POLICÍA DEL ESTADO FALCÓN, DETERMINA QUE EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN INICIADA POR LA OFICINA DE CONTROL DE ACTUACIÓN POLICIAL, ESTÁN AJUSTADO A DERECHO, GARANTIZANDO LOS PRINCIPIOS DE APLICACIÓN AL DEBIDO PROCESO COMO LO SON LA DEFENSA Y LA ASISTENCIA JURÍDICA LOS CUALES SON INVIOLABLES EN TODO ESTADO, GRADO DE LA INVESTIGACIÓN Y DEL PROCESO, PRINCIPIOS DE ORDEN CONSTITUCIONAL Y EL PRINCIPIO DE LA DEFENSA PLENA, ENTRE OTROS, CUMPLIENDO Y RESPETANDO LOS LAPSOS LEGALES PARA EJERCER LA DEBIDA DEFENSA DE LA FUNCIONARIA INVESTIGADA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 101 DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN POLICIAL Y EL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, POR LO TANTO SE TRATA DE DETERMINAR LA CONDUCTA DE LA FUNCIONARIA POLICIAL INVESTIGADA Y CONSTATAR SI SE ENCUENTRAN INMERSA EN UNA DE LAS CAUSALES DE DESTITUCIÓN SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 97 DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN POLICIAL, EN VIRTUD DEL CONTENIDO PLENO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO QUE ANTECEDE CUYAS ACTUACIONES FUERON REALIZADAS POR LA OFICINA DE CONTROL DE ACTUACIÓN POLICIAL ENCARGADA DE DEMOSTRAR LA PRESUNTA PARTICIPACIÓN DE LA FUNCIONARIA POLICIAL SUPERVISORA. BERMUDEZ RIVERO YUSMARY ISABEL; VENEZOLANA MAYOR DE EDAD, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD Nº V-12.734.775; POR ESTAR INCURSA EN UNA CAUSAL DE APLICACIÓN DE MEDIDA DE DESTITUCIÓN, EN VIRTUD QUE LA FUNCIONARIA POLICIAL INVESTIGADA, PRESENTO UNA CONSTANCIA DE INCAPACIDAD RESIDUAL Nº DNR-CN-987-14 PB DE FECHA 04/12/2014, SUSCRITA POR EL DR. MARVIN FLORES, DIRECTOR NACIONAL DE REHABILITACIÓN Y SALUD EN EL TRABAJO Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN DE INCAPACIDAD RESIDUAL. LA MISMA FUE CERTIFICADA CON EL SIGUIENTE DIAGNOSTICO DE INCAPACIDAD: HIPERTENSIÓN ARTERIAL ESTADIO 2 NO CONTROLADA, CARDIOPATIA HIPERTENSIVA, ARRITMIA VENTRICULAR LOWN III, DIABETES MELLITUS TIPO II TRANSTORNO DE ANGUSTIA FOBICA, RECTITIS INESPECIFICA, CON PERDIDA DE SU CAPACIDAD PARA EL TRABAJO DE SESENTA Y SIETE POR CIENTO (67%), ES ALLÍ DONDE SE DETERMINARA MEDIANTE LAS INVESTIGACIONES, SI LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL FUNCIONARIO INVESTIGADO, ESTÁN APEGADO A LAS NORMAS LEGALES Y DE ALLÍ SE DETERMINARA LA RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO, EL CUAL DEBERÁ SER CONSIDERADO COMO ELEMENTO PRIMORDIAL EN ARAS DE IMPLEMENTAR LOS CORRECTIVOS NECESARIOS, QUE PERMITAN CREAR UN PRECEDENTE Y TOMAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PERTINENTES, A FIN DE DETERMINAR SI LAS EVIDENCIAS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE SIGNADO CON EL Nº 0113-15- OCAP, DEMUESTRAN O NO LA VIOLACIÓN DE LAS NORMAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN POLICIAL.
QUEDA ENTENDIDO QUE LA APERTURA, INSTRUCCIÓN Y LA SUSTANCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDE A LA OFICINA DE CONTROL DE ACTUACIÓN POLICIAL; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 19 Nº 03, DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE CUERPO DE POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANO, LA REVISIÓN, EL CASO ASÍ COMO LA DECISIÓN DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISCIPLINARIO Y CUYA DECISIÓN ADMINISTRATIVA SERÁ ADOPTADA POR EL CIUDADANO DIRECTOR DEL CUERPO DE POLICÍA DEL ESTADO FALCÓN, TODO ELLO DE CONFORMIDAD CON LA PRENOMBRADO REGLAMENTO ORGÁNICO ASÍ COMO LAS NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO VIGENTES QUE REGULAN LA METERÍA, DEJANDO CLARO EN CASO DE DECLARARSE CON LUGAR LA MEDIDA RECOMENDADA, LA OFICINA DE CONTROL DE ACTUACIÓN POLICIAL DE ESTE CUERPO POLICIAL, UNA VEZ CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS LEGALES ENMARCADO EN LAS LEYES POR COMPETENCIA DELEGADA POR EL CIUDADANO DIRECTOR GENERAL DEBERÍA HACER LAS NOTIFICACIONES RESPECTIVAS A LA PARTE INTERESADA DE LA MEDIDA TOMADA, ADVIRTIÉNDOLE QUE CONTRA ESTA DECISIÓN PROCEDERÁN LOS RECURSOS QUE CONTRA ELLA PODRÁ EJERCER, ASÍ COMO A LAS AUTORIDADES ANTE LAS CUALES DEBE INTERPONERLOS Y TÉRMINOS A DICHO OBJETO SEGÚN EL ARTICULO 73 DE LA LEY ORGÁNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
DISPOSITIVA
EN BASE A LAS RAZONES DE H
COMO COROLARIO DE LO ANTERIOR, SE ESTIMA QUE EL SERVIDOR PÚBLICO TIENE LA OBLIGACIÓN DE EMPRENDER EN EL EJERCICIO DE SU CARGO UNA CONDUCTA CONSONA CON LOS PRINCIPIOS QUE CONSAGRAN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y DEMÁS LEYES DE LA REPÚBLICA, ES DECIR EL DESEMPEÑO DE QUIEN DECIDA EJERCER LA FUNCIÓN PÚBLICA DEBERÁ ESTAR GUIADO EN UN ACTUAR HONRADO, EQUITATIVO, DIGNO, LEAL, EFICAZ, RESPONSABLE, PUNTUAL, TRANSPARENTE Y PULCRO, EXPRESANDO ASÍ UNA VERDADERA VOCACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO, ANTE LO CUAL DEBER OBSERVARSE ESPECIALMENTE LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS POR EL FUNCIONARIO POLICIAL, PUES SUS ACTUACIONES DEBEN IR ENCAMINADAS EN DEFINITIVA A PRESERVAR LA CONFIANZA DE LAS PERSONAS EN LA INTEGRIDAD DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, PROTEGER EL PACÍFICO DISFRUTE DE LOS DERECHOS CIUDADANOS, VELAR POR EL ORDEN, LA SEGURIDAD PÚBLICA Y EL RESPETO POR LAS NORMAS QUE RIGEN EN NUESTRA SOCIEDAD.
POR LO ANTERIORMENTE SEÑALADO, CONSIDERA ESTA CONSULTORA JURÍDICA, QUE EXISTEN SUFICIENTES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN PARA QUE PROCEDA DICHA MEDIDA, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 97 NUMERAL 02, 04 Y 10 DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN POLICIAL, QUE REMITE A LA LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ARTÍCULO 86 NUMERAL 6, Y REAFIRMA LA DECISIÓN ANTES SEÑALADA DE DESTITUIR A LA FUNCIONARIA POLICIAL INVESTIGADA Y REMITE EL PRESENTE PROYECTO DE RECOMENDACIÓN AL CONSEJO DISCIPLINARIO, PARA SU DECISIÓN.
EN TAL SENTIDO Y ASUMIENDO EL COMPROMISO DE CONTINUAR CON LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA QUE CORRESPONDE Y DE APROVECHAR NUESTROS CONOCIMIENTOS JURÍDICOS EN LA ADECUACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NUEVAS NORMAS LEGALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN POLICIAL ESTA CONSULTORÍA JURÍDICA, SUGIERE A LA MÁXIMA AUTORIDAD COMISIONADO JEFE MSC. JOSÉ ALFREDO MEDINA COLINA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, TENER EN CUENTA COMO BASE DE SUS DECISIONES, QUE ESTAMOS SEGUROS SERÁ CATALOGADA LA MEJOR EN BENEFICIO DE SU BUENA GERENCIA EN EL CUERPO DE POLICÍA ESTADAL EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN POLICIAL DE LA RESPONSABILIDAD PERSONAL, EL ULTIMO APARTE DEL ARTÍCULO 101 DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN POLICIAL. ADEMÁS DE LA RESPONSABILIDAD QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SUS ARTÍCULOS 138, 139 Y 140, EN RELACIÓN AL PODER PÚBLICO.
POR SU PARTE, LA PROVIDENCIA Nº 0021-16 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2016, (FOLIO 06-10), MEDIANTE LA CUAL SE RESUELVE DESTITUIR AL QUERELLANTE INDICA:
“OMISSIS…
QUE VISTOS Y ANALIZADOS TANTO LAS ACTUACIONES COMO LOS ELEMENTOS PROBATORIOS INSERTOS EN EL PRESENTE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, POR LAS CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO PRECEDENTEMENTE EXPUESTAS, POR AUTORIDAD DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN POLICIAL, PREVIO DEBATE Y VOTACIÓN DE SUS MIEMBROS; SE DECLARA PROCEDENTE LA DESTITUCIÓN DE LA FUNCIONARIA POLICIAL SUPERVISORA: BERMUDEZ RIVERO YUSMARY ISABEL, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD Nº V-12.734.775. (…).
PRIMERO: QUE SE REMITA LA PRESENTE DECISIÓN AL DESPACHO DEL CIUDADANO DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE POLICÍA DEL ESTADO FALCÓN COMISIONADO JEFE JOSE ALFREDO MEDINA COLINA PARA LA EJECUCIÓN DE LA DESTITUCIÓN DE LA FUNCIONARIA POLICIAL SUPERVISORA: BERMUDEZ RIVERO YUSMARY ISABEL (…).
SEGUNDO: QUE SE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES QUE HUBIERE A LUGAR, CONFORME A DERECHO.
ESTE DESPACHO RESUELVE:
PRIMERO: EN VIRTUD QUE DE LA REFERIDA ACTA DEL CONSEJO DISCIPLINARIO SE DESPRENDE HABER SIDO COMPROBADA SU RESPONSABILIDAD EN LOS HECHOS DESCRITOS, CONSIDERANDO QUE HAN SIDO VISTOS Y ANALIZADOS TANTO LAS ACTUACIONES COMO LOS ELEMENTOS PROBATORIOS INSERTOS EN EL PRESENTE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, POR LAS CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO PRECEDENTEMENTE EXPUESTAS, POR AUTORIDAD DE LA LEY, ES POR LO QUE PROCEDO EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL ARTÍCULO 101 DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN POLICIAL, A DESTITUIRLE DEL CARGO DE SUPERVISORA BERMUDEZ RIVERO YUSMARY ISABEL, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD N° V-12.734.775, ADSCRITA A ESTE CUERPO DE POLICÍA DEL ESTADO FALCÓN, CONFORME A LA DECISIÓN EMITIDA POR EL CONSEJO DISCIPLINARIO EN EL ACTA S/N DE FECHA 18 DE ENERO DE 2016.
EN RAZÓN DE LO ANTERIOR, SE EVIDENCIA QUE DE ACUERDO A LA INVESTIGACIÓN QUE REALIZÓ LA ADMINISTRACIÓN, LA MISMA CONCLUYÓ QUE LA CIUDADANA YUSAMRY ISABEL BERMUDEZ RIVERO, HABÍA INCURRIDO EN LA CAUSAL DE DESTITUCIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 97 NUMERAL 2, 4 Y 10, LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN POLICIAL, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SIENDO ELLO ASÍ, Y DE LA REVISIÓN EXHAUSTIVA DE LAS ACTAS QUE CONFORMAN EL PRESENTE EXPEDIENTE, SE PUDO DETERMINAR QUE EL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO RECURRIDO CONTENIDO EN LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 0021-16, DE FECHA DIECINUEVE (19) DE FEBRERO DE 2016, DICTADA POR EL CIUDADANO COMISIONADO JEFE JOSE ALFREDO MEDINA COLINA, EN SU CONDICIÓN DE DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE POLICÍA DEL ESTADO FALCÓN, MEDIANTE LA CUAL SE DESTITUYÓ A LA RECURRENTE DEL CARGO DE SUPERVISORA QUE DESEMPEÑABA EN EL CUERPO DE POLICÍA DEL ESTADO FALCÓN, SE AJUSTÓ A LAS PRUEBAS QUE CONSTAN EN LAS ACTAS PROCESALES. ASÍ SE DECIDE.
EN ESE MISMO SENTIDO CABE SEÑALAR QUE, NO SE DESPRENDE, DE LAS ACTAS QUE CONFORMAN TANTO EL EXPEDIENTE PRINCIPAL COMO EL ADMINISTRATIVO, QUE LA RECURRENTE DESVIRTUARA DE ALGUNA FORMA, EN EL CURSO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SUSTANCIADO EN SU CONTRA, ASÍ COMO TAMPOCO EN EL CURSO DEL PRESENTE JUICIO, QUE LOS HECHOS QUE LE FUERON IMPUTADOS, POR CUANTO QUEDÓ DEMOSTRADO QUE LA ADMINISTRACIÓN CUMPLIÓ CON EL DEBER QUE LE IMPONE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO QUE LE RIGE, ES DECIR, QUE AL TENER CONOCIMIENTO DEL HECHO DENUNCIADO, CONSTITUTIVO DE FALTA DISCIPLINARIA, ORDENÓ INICIAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO, LE FUERON PRESENTADAS LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE RIGOR Y TOMÓ LA DECISIÓN CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO CON LAS LEYES, Y DEMÁS PRECEPTOS QUE RIGEN LA ACTIVIDAD POLICIAL, LO CUAL SE CUMPLIÓ EN TODAS SUS FASES, QUEDANDO PALMARIAMENTE DEMOSTRADO PARA ESTE JUZGADOR QUE LOS HECHOS IMPUTADOS AL QUERELLANTE DE AUTOS, DEBIDAMENTE COMPROBADOS, APRECIADOS Y CALIFICADOS CONFORME A DERECHO, CORRESPONDIÉNDOSE LOS SUPUESTOS DE HECHO CON LOS ELEMENTOS CURSANTES EN LAS REFERIDAS ACTAS PROCESALES Y LOS DE DERECHO CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS SUPRA MENCIONADAS, LO CUAL EVIDENCIA QUE, EN ESTE CASO LA ADMINISTRACIÓN, AL DICTAR EL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO NO INCURRIÓ EN EL VICIO IMPUTADO. Y ASÍ SE DECIDE.
POR TODOS LOS RAZONAMIENTOS ANTERIORMENTE EXPUESTOS, Y SIENDO QUE EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, Y POR CUANTO NO SE VERIFICARON NINGUNO DE LOS VICIOS IMPUTADOS, DEBE ÉSTE ÓRGANO JURISDICCIONAL DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL INTERPUESTO Y EN CONSECUENCIA, RATIFICA LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 0021-16, DE FECHA DIECINUEVE (19) DE FEBRERO DE 2016, DICTADA POR EL CIUDADANO COMISIONADO JEFE JOSE ALFREDO MEDINA COLINA, EN SU CONDICIÓN DE DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE POLICÍA DEL ESTADO FALCÓN. Y ASÍ SE DECIDE.
IV
DECISIÓN
CON FUNDAMENTO EN LAS CONSIDERACIONES ANTERIORMENTE EXPUESTAS ESTE JUZGADO SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO FALCÓN, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL INTERPUESTO POR LA CIUDADANA YUSMARY ISABEL BERMUDEZ RIVERO, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD Nº 12.489.012, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR LOS ABOGADOS EN EJERCICIO ISIDRO RAMÓN LEAL ROJAS Y DANIEL JOSUE AGÜERO SUAREZ, INSCRITOS EN EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL ABOGADO BAJO LOS NÚMEROS 191.952 Y 229.604 RESPECTIVAMENTE, CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 0021-2016, DE FECHA DIECINUEVE (19) DE FEBRERO DE 2016, Y NOTIFICADO EN FECHA VEINTINUEVE (29) DE FEBRERO DE 2016, DICTADO POR EL CIUDADANO COMISIONADO JEFE JOSE ALFREDO MEDINA COLINA, EN SU CONDICIÓN DE DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE POLICÍA DEL ESTADO FALCÓN. CON FUNDAMENTO EN LO EXPLANADO EN LO MOTIVA DEL PRESENTE FALLO, EN CONSECUENCIA SE DECLARA FIRME EL ACTO RECURRIDO.
PUBLÍQUESE, DIARÍCESE Y REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO AL CIUDADANO PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO FALCÓN
DADA, SELLADA Y FIRMADA EN EL DESPACHO DEL JUZGADO SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO FALCÓN, EN SANTA ANA DE CORO A LOS NUEVE (09) DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017. AÑOS 206º DE LA INDEPENDENCIA Y 157º DE LA FEDERACIÓN.
EL JUEZ SUPERIOR LA SECRETARIA,
CLÍMACO MONTILLA MIGGLENIS ORTIZ
|