TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO FALCON
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA MUNICIPAL EN FUNCIONES DE CONTROL
Santa Ana de Coro, 20 de Julio de 2017.
206º Y 156º
AUTO DECRETANDO MEDIDA DE COERCCION PERSONAL EN
AUDIENCIA DE PRESENTACION DE IMPUTADOS

ASUNTO PRINCIPAL: IP02-P-2017-000369
ASUNTO: IP02-P-2017-0000369
IDENTIFICACION DE LAS PARTES:
AUTO DECRETANDO MEDIDA DE COERCCION PERSONAL EN
AUDIENCIA DE PRESENTACION DE IMPUTADOS

ACTA DE AUDIENCIA DE PRESENTACION DE IMPUTADOS
En el día de hoy 19 de JULIO del año dos mil dieciséis (2017), siendo las 03:00 P.M., hora y fecha fijada para dar inicio a la AUDIENCIA DE PRESENTACION DE IMPUTADOS de conformidad con lo previsto en el artículo 356 del Código Orgánico Procesal Penal, solicitada por la FISCAL 4º DEL MINISTERIO PÚBLICO: ABG. MARCO ANTONIO DIAZ, quien solicitó la formal imputación al ciudadano: PORFIRIO JOSE MEDINA TIGRERA. Se instaló el Tribunal primero de Primera Instancia Municipal en Función de Control a cargo del Ciudadano Juez Abg. JOSE. G. REYES, la Secretaria Abg. ROSSY NOGUERA, y el alguacil designado para este acto en la Sala de audiencia de este Circuito Judicial Penal del Estado Falcón. Seguidamente presentes en la Sala de Audiencia de este Circuito Judicial del Estado Falcón, el Juez Abg. JOSE. G. REYES, solicita al ciudadano Secretario verificar la presencia de las partes y éste informó que se encuentra presentes FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO ABG. MARCO ANTONIO DIAZ, LA DEFENSA PÚBLICA; ABG. JESUS HENRIQUEZ, Por lo que este tribunal procedió a preguntarle a los investigados de autos si tenía defensor que los asistiera en la presente causa, manifestando a los ciudadanos: PORFIRIO JOSE MEDINA TIGRERA, NO tener defensor que lo asista.”Por lo cual se procedió a la designación de ley de la defensa pública ABG. JESUS HENRIQUEZ. Acto seguido se le impuso al defensor público de las actuaciones procesales, previo acceso y valoración del expediente, así como entrevista a solas con el imputado” Seguidamente el ciudadano Juez da inicio al acto y concede la palabra a la Representante del Ministerio Público, FISCAL 4º DEL MINISTERIO PÚBLICO ABG. MARCO ANTONIO DIAZ, en su carácter de Fiscal del Ministerio Público quien expuso entre otras cosas lo siguiente: “hace una breve narración de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos descritas en el acta policial), esta Representación Fiscal solicita que el procedimiento continué por el Procedimiento Especial para el Juzgamiento de los Delitos Menos Graves, de conformidad con lo establecido en el artículo 354 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, en cuanto a la precalificación considera esta representación esta encajada en el Delito: DELITO DE FUGA DE DETENIDO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 258 Y 259 DEL CODIGO PENAL Para el ciudadano PORFIRIO JOSE MEDINA TIGRERA. Solicito le sea impuesta Una Medida cautelar sustitutiva de libertad, articulo 242 numeral 3, consistente en la presentación cada 30 días por ante este tribunal. ES TODO. Seguidamente el juez procede a imponer del precepto Constitucional establecido en el numeral 5 del artículo 49, que lo exime de declarar en causa propia, sin que su silencio le perjudique, también hizo de su conocimiento que la declaración es un medio con el que cuenta para su defensa y por consiguiente tiene derecho a explicar todo cuanto sirva para desvirtuar las sospechas que sobre el recaiga, así mismo el Juez explica el imputado el Principio de Oportunidad y las Medidas Alternativas a la Prosecución del Proceso, consagrados en los artículos 38, 357 y 358 del Código Orgánico Procesal Penal, en este estado e impuesto del Derecho Constitucional y de las Medidas Alternativas a la Prosecución del Proceso, el ciudadano Juez ordena identificar formalmente los ciudadano quienes se identificaron el primero como: PORFIRIO JOSE MEDINA TIGRERA, Venezolano, titular de la cedula de identidad Nº 21.428.219, De 25 años de edad, fecha de nacimiento 16/10/1991 , estado civil soltero, profesión u oficio indefinida, residenciado en el sector libertadores, calle principal, municipio Dabajuro, del Estado Falcón. Telf. No aporto. El imputado Manifiesta “SI DESEO DECLARAR” “El día de ayer en la comandancia me iban a puñalear y tome la decisión de huir por la misma circunstancia porque me habían agredido una noche anterior el día que dormí, me cegué y también corrí el día que ellos corrieron, “ES TODO.- “ Seguidamente se le concede el derecho de palabra al representante del Ministerio Publico ABG. MARCO ANTONIO DIAZ para realizar preguntas: 1.- Los ciudadanos que se fugaron con ud,. Eran concausa en tribunal de control? Uno si pero no eran culpables, estábamos en una iglesia y nos agarraron. 2.- Los 4 que se fugaron eran concausa implicados en el caso del Tribunal de Control? Si. 3.- Diga Ud. el lugar preciso por el cual Ud. se fugo? En el pasillo estaba la puerta abierta los muchachos salieron corriendo y yo Salí con ellos. 4.- Que funcionarios policiales lo traían detenido al momento de la fuga? Polifalcón. 5.- Habían alguaciles al momento de la recepción en los calabozos? Yo solamente vi un catirito. Seguidamente se le concede el derecho de palabra a la defensa Publica manifestando que no realiza preguntas. Seguidamente se le concede el derecho de palabra al Defensor público quien expuso: “Buenas tardes a todos los presentes, una vez escuchada la exposición de la Representación del Ministerio Público en vista la declaración la de mi defendido es público y notorio el delito que cometió mi defendido, no se basa en lo que se garantiza y solicito en vista de su declaración y lo que se presenta y no se justifica su conducta existe un agente externo que lo motivo instintivamente esa conducta que de fuga, dice que existe una tensión irregular y tiene miedo que lo maten, y con el debido respeto se sirva que el ciudadano son sea recluido que se en la comandancia que tiene problemas y existe la posibilidad que lo maten ya que lo alegado por mi defendido lo pueden matar y solicito que exista la posibilidad que lo envíen a otro sitio de reclusión y no la comandancia por esos hechos antes expuestos; Polimiranda es una entidad distinta a lo expuesto por mi defendido a los fines que se garantice la vida de mi defendido, así mismo solicito que se le realice medicatura forense para mi defendido. ES TODO”.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Ahora bien analizado como han sido los argumentos expuestos por las partes este Tribunal pasa a resolver con fundamento en las siguientes consideraciones: En lo que respecta a la detención del imputado, se observa esta instancia del estudio de las actuaciones, específicamente del Acta Policial donde consta la aprehensión del ciudadano: PORFIRIO JOSE MEDINA TIGRERA, Aproximadamente a las 19:30 horas de Ia noche del día de hoy Lunes 17 del mes de julio del presente año 2017, me encontraba en compañía del Oficial (CPMM) MAVARES ARTURO, conductor de Ia unidad motorizada signada S/S realizando recorrido por los alrededores de sector coviobrenco, informa Ia central; está de guardia Oficial Jefe (CPMM) MORILLO ROSANA,; que los ciudadanos UNO: (1)POFIRIO JOSE MEDINA TIGRERO, DOS (2) DAMSON NAVA GUTIERREZ, TRES (3) DANNIS DANIEL NAVAGUTIERREZ, CUATRO (4 SAMUEL RAFAEL CUAURO se le habían dado a Ia fuga al ciudadana aguacil de guardia que para el momento se encontraba de guardia recluso, de 5 ciudadanos. que Se encontraban recluidos en el tribunal del estado falcón por diferentes delitos acto seguido, acto seguido se procede a realizar un pequeño monitoreo minucioso por el área antes mencionada, y es a unos escasos metros, específicamente en Ia avenida Maracaibo. se logra avistar a un ciudadano, quien al notar Ia presencia policial intento darse Ia huida en veloz carrera por lo que el OFICIAL (CPMM) MAVARES ARTURO desbordo Ia unidad tipo moto y procedimos a identificarnos como funcionarios policiales de conformidad con Jo establecido en el artículo 119 del Código Orgánico. Procesal Penal en armonía con el articulo 65 y 66 de Ia Ley Orgánica del Servicio de Policía del Cuerpo de Policía Nacional dándole Ia voz de alto, dándole. captura a los pocos metros, y haciendo el interrogante si poseía entre su vestimenta o adherido a su cuerpo algún objeto de interés criminalístico lo exhibiera manifestando los mismo no poseer nada seguidamente par seguridad nuestra se le indico al ciudadano un par identificar que amparado en el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal se le realizaría una inspección corporal para el momento procedió el OFICIAL (CPMM) MAVARES ARTURO no encontrándosele ningún objeto de interés criminalístico en ese mismo instante, seguidamente sin coacción alguna, se le solicita a: ciudadano, que se identificara el mismo no poseía para el momento ningún documento de identificación es cuando se procede a realizarle el traslado al ciudadano hasta Ia estaciôn45oIicial, para el reconocimiento del mismo, at Ilegar a esta estación policial et mismo indica que se llamaba PORFERIO JOSE MEDINA TIGRERA, Cl-V. 21428.219, NATURAL DE CABIMAS ESTADO ZULIA, Y RESIDENCIADO EN EL SECTOR LIBERTADOR CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DABAJURO, at finalizar Ia interrogante y Ia identificación de este ciudadano antes mencionado, se recibe una Ilamada una notificación del CENTRO DE COORDINACION POLICIAL DEL ESTADO FALCON, que este ciudadano antes mencionado, era uno de los Fugados de este tribunal del, estado falcón. Acto seguido, con los datos suministrados por et ciudadano retenido en este centro de reclusión seguidamente procedimos a realizarle Ia lectura de sus derecho como imputado, amparado en el artículo 127 del código orgánico procesal penal, acto seguido se le realizo una Ilamada telefónica at Fiscal 4to GUILLERMO AMAYA, del Ministerio Público, quien giro instrucciones de que se realizaran las respectivas actuaciones policiales y que los ciudadanos detenidos queda recluido.

Lo anterior, a criterio de este Juzgador, se corresponde con el criterio de una flagrancia real y efectiva, pues los imputados fueron detenidos en razón del señalamiento expreso y directo por funcionarios POLIMIRANDA, Aproximadamente a las 19:30 horas de Ia noche del día de hoy Lunes 17 del mes de julio del presente año 2017, me encontraba en compañía del Oficial (CPMM) MAVARES ARTURO, conductor de Ia unidad motorizada signada S/S realizando recorrido por los alrededores de sector coviobrenco, informa Ia central; está de guardia Oficial Jefe (CPMM) MORILLO ROSANA,; que los ciudadanos UNO: (1)POFIRIO JOSE MEDINA TIGRERO, DOS (2) DAMSON NAVA GUTIERREZ, TRES (3) DANNIS DANIEL NAVAGUTIERREZ, CUATRO (4 SAMUEL RAFAEL CUAURO se le habían dado a Ia fuga al ciudadana aguacil de guardia que para el momento se encontraba de guardia recluso, de 5 ciudadanos. que Se encontraban recluidos en el tribunal del estado falcón por diferentes delitos acto seguido, acto seguido se procede a realizar un pequeño monitoreo minucioso por el área antes mencionada, y es a unos escasos metros, específicamente en Ia avenida Maracaibo. se logra avistar a un ciudadano, quien al notar Ia presencia policial intento darse Ia huida en veloz carrera por lo que el OFICIAL (CPMM) MAVARES ARTURO desbordo Ia unidad tipo moto y procedimos a identificarnos como funcionarios policiales de conformidad con Jo establecido en el artículo 119 del Código Orgánico. Procesal Penal en armonía con el articulo 65 y 66 de Ia Ley Orgánica del Servicio de Policía del Cuerpo de Policía Nacional dándole Ia voz de alto, dándole. captura a los pocos metros, y haciendo el interrogante si poseía entre su vestimenta o adherido a su cuerpo algún objeto de interés criminalístico lo exhibiera manifestando los mismo no poseer nada seguidamente par seguridad nuestra se le indico al ciudadano un par identificar que amparado en el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal se le realizaría una inspección corporal para el momento procedió el OFICIAL (CPMM) MAVARES ARTURO no encontrándosele ningún objeto de interés criminalístico en ese mismo instante, seguidamente sin coacción alguna, se le solicita a: ciudadano, que se identificara el mismo no poseía para el momento ningún documento de identificación es cuando se procede a realizarle el traslado al ciudadano hasta Ia estaciôn45oIicial, para el reconocimiento del mismo, at Ilegar a esta estación policial et mismo indica que se llamaba PORFERIO JOSE MEDINA TIGRERA, Cl-V. 21428.219, NATURAL DE CABIMAS ESTADO ZULIA, Y RESIDENCIADO EN EL SECTOR LIBERTADOR CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DABAJURO, at finalizar Ia interrogante y Ia identificación de este ciudadano antes mencionado, se recibe una Ilamada una notificación del CENTRO DE COORDINACION POLICIAL DEL ESTADO FALCON, que este ciudadano antes mencionado, era uno de los Fugados de este tribunal del, estado falcón. Acto seguido, con los datos suministrados por et ciudadano retenido en este centro de reclusión seguidamente procedimos a realizarle Ia lectura de sus derecho como imputado, amparado en el artículo 127 del código orgánico procesal penal, acto seguido se le realizo una Ilamada telefónica at Fiscal 4to GUILLERMO AMAYA, del Ministerio Público, quien giro instrucciones de que se realizaran las respectivas actuaciones policiales y que los ciudadanos detenidos queda recluido. Siendo ello así, un delito flagrante, o de una flagrancia propiamente dicha, pues se relaciona las actuaciones con el hecho donde se encuentra incurso el ciudadano: PORFIRIO JOSE MEDINA TIGRERA existe una prueba inmediata y directa del delito cometido, que emana de la observación que del hecho delictivo efectuaran los funcionarios actuantes en el procedimiento.
Al respecto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No. 1901 de fecha 01.12.2008 precisó:
“...En el Código Orgánico Procesal Penal, la flagrancia está definida en el artículo 234, “se tendrá como delito flagrante el que se está cometiendo o el que acaba de cometerse”. En principio, todo delito cuando se está cometiendo es flagrante, se está ejecutando actualmente, pero la condición de flagrante –a los efectos del artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal y del proceso penal- viene dada porque al instante en que se ejecuta, es percibido por alguien, quién puede actuar en la aprehensión o simplemente, formular la denuncia ante los órganos competentes o llamar a la fuerza pública para que lo capture.
De allí que, la condición de flagrancia venga dada por las circunstancias de que alguien (una persona) pueda captar la ejecución del delito, bien porque lo presencia, o porque acabando de cometerse, el sospechoso (a quien así denomina el Código Orgánico Procesal Penal ni siquiera es imputado), se encuentra aún en el lugar del suceso, en actitud tal que quien observa la comisión del hecho necesariamente forma una relación de causalidad entre el delito y el presunto delincuente.
Asimismo, la flagrancia está ligada a la persona que presencia la comisión del hecho, quien así se convierte en medio de prueba del delito y su autoría, sin que por ello sea necesaria, en principio, cualquier otra probanza de lo acontecido. El delito es de tal evidencia para quien lo aprehendió que, salvo en ciertas excepciones, no requiere otra prueba del mismo. Se trata de una presencia inmediata y directa, la cual es necesaria que exista por igual tanto en la autoría como en las circunstancias que se perciben in situ del hecho.
Lo que clasifica de flagrante a un delito, es la captación del mismo que se comete o acaba de cometerse y será dicho conocimiento el que al llevarse al proceso, básicamente probará el cuerpo del delito y su autoría.

Siendo ello así, estima este juzgador, que en el presente caso al haberse verificado como se explicó un delito flagrante, la detención el ciudadano: PORFIRIO JOSE MEDINA TIGRERA, plenamente identificados en autos, fue practicada de manera legítima y ajustada a los parámetros que dispone el artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 234 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASÍ SE DECIDE.

En lo que respecta al delito precalificados y la medida de coerción personal a imponer; este tribunal observa que en el presente caso, la Representación Fiscal precalifico el delito de: FUGA DE DETENIDO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 258 Y 259 DEL CODIGO PENAL. En este sentido, la defensa de igual manera hace mención en sus alegatos donde indica lo siguiente: “Buenas tardes a todos los presentes, una vez escuchada la exposición de la Representación del Ministerio Público en vista la declaración la de mi defendido es público y notorio el delito que cometió mi defendido, no se basa en lo que se garantiza y solicito en vista de su declaración y lo que se presenta y no se justifica su conducta existe un agente externo que lo motivo instintivamente esa conducta que de fuga, dice que existe una tensión irregular y tiene miedo que lo maten, y con el debido respeto se sirva que el ciudadano son sea recluido que se en la comandancia que tiene problemas y existe la posibilidad que lo maten ya que lo alegado por mi defendido lo pueden matar y solicito que exista la posibilidad que lo envíen a otro sitio de reclusión y no la comandancia por esos hechos antes expuestos; Polimiranda es una entidad distinta a lo expuesto por mi defendido a los fines que se garantice la vida de mi defendido, así mismo solicito que se le realice medicatura forense para mi defendido. ES TODO”.
Analizando el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de concurren los elementos para decretar una medida de coerción personal el ordinal 1º indica Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita; tal y como lo es el delito de: FUGA DE DETENIDO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 258 Y 259 DEL CODIGO PENAL, cuya materialidad se verifica de los elementos de convicción obtenidos de las diligencias preliminares de investigación, como a continuación se pasan a describir en el análisis del supuesto siguiente:
Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible; los cuales se obtienes del análisis de las siguientes actas de investigación tales como la son:
1.-ACTA POLICIAL DE FECHA DE 17-07-2017, suscrita por funcionarios POLIMIRANDA (la cual riela en los folio 04 de las actuaciones preliminares acompañadas al procedimiento).

Elementos estos de convicción, de los cuales estima este Juzgador, se extraen motivo racional, coherente y suficiente para estimar la presunta participación del ciudadano: PORFIRIO JOSE MEDINA TIGRERA, en la comisión del delito: FUGA DE DETENIDO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 258 Y 259 DEL CODIGO PENAL, que le fuera acreditado a dicha conducta antijurídica por el Ministerio Público en la audiencia de presentación, habida consideración que de las actuaciones preliminares, iniciada se pudo determinar que efectivamente el imputado resultó detenido por los funcionarios adscritos a POLIMIRANDA. Aproximadamente a las 19:30 horas de Ia noche del día de hoy Lunes 17 del mes de julio del presente año 2017, me encontraba en compañía del Oficial (CPMM) MAVARES ARTURO , conductor de Ia unidad motorizada signada S/S realizando recorrido por los alrededores de sector coviobrenco, informa Ia central; está de guardia Oficial Jefe (CPMM) MORILLO ROSANA,; que los ciudadanos UNO: (1)POFIRIO JOSE MEDINA TIGRERO, DOS (2) DAMSON NAVA GUTIERREZ, TRES (3) DANNIS DANIEL NAVAGUTIERREZ, CUATRO (4 SAMUEL RAFAEL CUAURO se le habían dado a Ia fuga al ciudadana aguacil de guardia que para el momento se encontraba de guardia recluso, de 5 ciudadanos. que Se encontraban recluidos en el tribunal del estado falcón por diferentes delitos acto seguido, acto seguido se procede a realizar un pequeño monitoreo minucioso por el área antes mencionada, y es a unos escasos metros, específicamente en Ia avenida Maracaibo. se logra avistar a un ciudadano, quien al notar Ia presencia policial intento darse Ia huida en veloz carrera por lo que el OFICIAL (CPMM) MAVARES ARTURO desbordo Ia unidad tipo moto y procedimos a identificarnos como funcionarios policiales de conformidad con Jo establecido en el artículo 119 del Código Orgánico. Procesal Penal en armonía con el articulo 65 y 66 de Ia Ley Orgánica del Servicio de Policía del Cuerpo de Policía Nacional dándole Ia voz de alto, dándole. captura a los pocos metros, y haciendo el interrogante si poseía entre su vestimenta o adherido a su cuerpo algún objeto de interés criminalístico lo exhibiera manifestando los mismo no poseer nada seguidamente par seguridad nuestra se le indico al ciudadano un par identificar que amparado en el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal se le realizaría una inspección corporal para el momento procedió el OFICIAL (CPMM) MAVARES ARTURO no encontrándosele ningún objeto de interés criminalístico en ese mismo instante, seguidamente sin coacción alguna, se le solicita a: ciudadano, que se identificara el mismo no poseía para el momento ningún documento de identificación es cuando se procede a realizarle el traslado al ciudadano hasta Ia estaciôn45oIicial, para el reconocimiento del mismo, at Ilegar a esta estación policial et mismo indica que se llamaba PORFERIO JOSE MEDINA TIGRERA, Cl-V. 21428.219, NATURAL DE CABIMAS ESTADO ZULIA, Y RESIDENCIADO EN EL SECTOR LIBERTADOR CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DABAJURO, at finalizar Ia interrogante y Ia identificación de este ciudadano antes mencionado, se recibe una Ilamada una notificación del CENTRO DE COORDINACION POLICIAL DEL ESTADO FALCON, que este ciudadano antes mencionado, era uno de los Fugados de este tribunal del, estado falcón. Acto seguido, con los datos suministrados por et ciudadano retenido en este centro de reclusión seguidamente procedimos a realizarle Ia lectura de sus derecho como imputado, amparado en el artículo 127 del código orgánico procesal penal, acto seguido se le realizo una Ilamada telefónica at Fiscal 4to GUILLERMO AMAYA, del Ministerio Público, quien giro instrucciones de que se realizaran las respectivas actuaciones policiales y que los ciudadanos detenidos queda recluido. En virtud a lo antes expuesto, este juzgador observa que existen elementos de convicción que indica la participación del ciudadano de marras con el hecho punible que le imputa el representante del ministerio publico y siendo ello así, un delito flagrante, o de una flagrancia propiamente dicha, pues se relaciona las actuaciones con el hecho donde se encuentra incurso el ciudadano: PORFIRIO JOSE MEDINA TIGRERA, existe una prueba inmediata y directa del delito cometido, que emana de la observación que del hecho delictivo efectuaran los funcionarios actuantes en el procedimiento.
Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se ha referido a la posibilidad de imponer Medida de Coerción Personal desde la fase preparatoria, a los fines de asegurar las finalidades del proceso, señalando:
“... El Código Orgánico Procesal Penal en su título I regula las fases del proceso penal entre las cuales se encuentra la fase preparatoria, cuya finalidad no es más que practicar las diligencias necesarias tendentes a determinar si existen razones para proponer la acusación contra una persona y pedir su enjuiciamiento o sobreseimiento, según el caso.
En dicha fase, la medida más importante que se puede decretar, entre otras, es la privación preventiva judicial de libertad del imputado si se verifica la existencia de los requisitos concurrentes que para tal fin, establece el Código Orgánico Procesal Penal...” (Sent. Nro. 673 del 07/04/2003, ).

Así mismo, se estima oportuno precisar, que si bien es cierto, sólo será en la fase de juicio oral y público, luego de efectuada la práctica de todas y cada una de las pruebas, y dado el correspondiente contradictorio, el momento estelar donde se podrá establecer con certeza la existencia de responsabilidad o no del imputado; no obstante hasta el presente estado procesal, está demostrado a los solos efectos del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, la existencia de elementos de convicción suficientes para estimar la participación de éste en la comisión del hecho delictivo que le fue atribuido, lo hace procedente el decreto de una medida de coerción personal. Situación esta que en ningún momento comporta pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del imputado de autos, pues los elementos valorados por esta instancia, se ciñen estrictamente a establecer la procedencia fundada de la Medida Coerción Personal que fue solicitada, tal y como lo es la Privación Judicial Preventiva de Libertad.
Al respecto, ha señalado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No 1998 de fecha 22 de noviembre de 2006:
“… La protección de los derechos del imputado a la libertad y a ser tratado como inocente mientras no se establezca de manera plena su culpabilidad, tampoco puede significar el absoluto abandono de los mecanismos cautelares destinados a garantizar los objetivos del proceso…”. (Negritas de la Sala).

Y finalmente también está acreditado la existencia de una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de la investigación, pues aprecia este tribunal, partiendo de la circunstancia de que en el presente caso, nos encontramos en presencia de un delito menos graves, el cual tiene asignada una penalidad moderada para el delito de: FUGA DE DETENIDO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 258 Y 259 DEL CODIGO PENAL, lo cual se corresponde con el contenido del numeral 5 del artículo 237 que al respecto dispone:
Artículo 237. Peligro de fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:
Omissis…
5. la conducta predelictual del imputado o imputada.
No obstante a lo anterior, estima este Juzgador que el ciudadano SE DEJA CONSTANCIA QUE FUE REVISADOS EN EL SISTEMA JURIS ARROJANDO QUE EL CIUDADANO: PORFIRIO JOSE MEDINA TIGRERA, PRESENTA CAUSA PENAL Nº IP01-P-2017-6031, POR EL DELITO DE HURTO SIMPLE (CAUTELAR 15 DIAS), POR EL TRIBUNAL 5º DE CONTROL, Nº IP01-P-2015-0786, POR EL DELITO ROBO DE VEHICULO Y USO DE FACSIMIL (PRIVADO), Nº IP01P2017-7871 POR EL TRIBUNAL 3º DE CONTROL POR EL DELITO DE HURTO CALIFICADO (CAUTELAR 15 DIAS), asimismo se deja constancia que el ciudadano imputado: PORFIRIO JOSE MEDINA TIGRERA, no puede optar a otra medida de coerción personal según lo establecido en el articulo 242 en su último Aparte, motivo por la cual no puede acogerse a otra suspensión condicional del Proceso por cuanto la norma adjetiva lo prohíbe de conformidad con lo establecido en los artículos 358, 359, del COPP, concatenado con el artículo 43, en su primer aparte ejusdem, asimismo en concordancia con lo establecido en el artículo 353 del COPP, y por cuanto en la presente causa se puede evidenciar visto y analizado considera se llenan los extremos del artículo 236 del COPP, es por lo que nos encontramos en un delito flagrante precalificado por el Ministerio público como FUGA DE DETENIDO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 258 Y 259 DEL CODIGO PENAL, en este caso el ciudadano esta ejerciendo actos intencional y directamente sobre la construcción del establecimiento, una vez de efectuado el correspondiente estudio a las actuaciones que constituyen el presente procedimiento se determina el peligro de fuga, basado en el numeral 5 del art. 237 Código Orgánico Procesal Penal, los supuestos que motivan la medida de privación judicial preventiva de libertad, pueden ser razonablemente satisfecho, por una medida cautelar sustitutiva menos gravosa, como lo es, la medida prevista en el articulo 242 numeral 9 del Código Orgánico Procesal Penal consistente en no volver a incurrir en el mismo delito. Ello en atención a las consideraciones que de seguidas se pasan a exponer.

Ciertamente, una de las tantas innovaciones del actual sistema Penal, lo constituye la institución del principio de afirmación de libertad, en razón del cual, toda persona a quien se le impute la comisión de un hecho punible, salvo las excepciones que establece la ley, tiene derecho a ser juzgada en libertad; de tal manera que la libertad constituye la regla en el juzgamiento penal y la privación judicial preventiva de libertad, una forma excepcional de enjuiciamiento. En tal sentido, los artículos 8, 9 y 229 del Código Orgánico Procesal Penal, establecen que:
Artículo 8. Presunción de inocencia. Cualquiera a quien que se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme.
Artículo 9. Afirmación de la libertad. Las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, sólo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta.
Las únicas medidas preventivas en contra del imputado son las que este Código autoriza conforme a la Constitución.
Artículo 229. Estado de Libertad. Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este código.
La privación de libertad es una medida cautelar, que solo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso”.

Ese juzgamiento en libertad, que como regla, emerge en nuestro proceso penal, no es más que el desarrollo de un mandato contenido en el numeral 1 del artículo 44 del texto constitucional, el cual al consagrar el derecho a la libertad personal establece que “…toda persona será juzgada en libertad excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el Juez o Jueza en cada caso…”; dispositivo constitucional con el cual, además, se establece una garantía de protección e intervención mínima en la afectación del derecho a la libertad personal, el cual sólo podrá verse restringido en casos excepcionales, para asegurar las finalidades del proceso.
En este orden de ideas, la Sala Constitucional de nuestro más alto Tribunal de Justicia, en sentencia No. 1825, de fecha 04 de julio de 2003, señaló:
.“...Al respecto debe recordarse que, de conformidad con el artículo 44 de la Constitución, las personas serán juzgadas en libertad, excepto por las razones que determine la ley. Por su parte, el artículo 252 (hoy, 243) del derogado Código Orgánico Procesal Penal reafirma la garantía del juicio en libertad, cuando establece que “Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este código”; asimismo, que “la privación de libertad es una medida cautelar, que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso” (Subrayado de la Sala). Tales excepciones... son las que autorizan a dictar medidas cautelares privativas de libertad, las cuales sin embargo y siempre en procura de que, solo en la menor medida posible y dada la garantía constitucional de presunción de inocencia, resulte afectado el derecho fundamental que reconoce el artículo el artículo 44 de la Constitución...” . (Negritas de esta Sala).

Así pues, hoy en día la Privación Judicial Preventiva de Libertad, constituye un decreto excepcional, que a la luz del nuevo sistema de juzgamiento penal, sólo puede ser dictado en todos aquellos casos en los cuales, no exista razonablemente la posibilidad de garantizar las eventuales resultas del proceso penal, con otra medida de coerción personal menos gravosa y distinta la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad.

En tal sentido, debe señalar este juzgador, que la imposición de cualquier medida de coerción personal, debe necesariamente obedecer a una serie de criterios y juicios debidamente razonados y ponderados, que atendiendo a las circunstancias que rodean cada caso, se encamine a conseguir el debido equilibrio que exige, tanto el respeto al derecho de los procesados penalmente a ser juzgados en libertad como al derecho del Estado y la sociedad de que se resguarden los intereses sociales, mediante el establecimiento de medios procesales que garanticen las futuras y eventuales resultas de los juicios.

Por ello, el análisis de todas y cada una de las circunstancias fácticas que reposan en las actuaciones y acompañan a las respectivas solicitudes de privación o cautelar sustitutiva de libertad, deben ser ponderadas bajo los criterios de objetividad, magnitud del daño, cuantía de la pena, peligro de fuga y de obstaculización en la búsqueda de la verdad, lo cual permitirá luego de un debido y motivado juicio, determinar con certeza la mayor o menor severidad de la medida a imponer.

Si bien es cierto a los imputados se le ha atribuido un hecho delictivo menos grave, pero este juzgador considera y estima la posibilidad de asegurar las resultas del presente proceso, mediante la imposición de una medida de coerción personal menos gravosa a la privación judicial preventiva de libertad, tal y como lo es, medida prevista en el artículo 242 numeral 9 del Código Orgánico Procesal Penal consistente en no volver a incurrir en el mismo delito. El cual al consagrar el derecho a la libertad personal establece que “…toda persona será juzgada en libertad excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el Juez o Jueza en cada caso…. Este juzgador, estima que lo ajustado a derecho es decretar a los imputados la medida cautelar sustitutivas a la privación judicial preventiva de libertad, previstas en el artículo 242 numeral 9 del Código Orgánico Procesal Penal consistente en no volver a incurrir en el mismo delito.

Finalmente, en cuanto al procedimiento a seguir, se observa que en la presente causa si bien fue estimada la flagrancia en la aprehensión del imputado, el Ministerio Público, solicitó la aplicación del procedimiento especial, por lo que a tenor de lo dispuesto del artículo 353 del Código Orgánico Procesal Penal el cual expresamente dispone:

Artículo 353. DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
En los asuntos sujetos a procedimientos especiales son aplicables las disposiciones establecidas específicamente para cada uno de ellos en este libro. En lo no previsto, y siempre que no se opongan a ellas, se aplicaran las reglas del procedimiento ordinario.

Ahora bien, visto, escuchado, analizados los alegatos de la Defensa y el Ministerio Público de igual manera vista las actuaciones acompañadas al escrito fiscal, y por cuanto el imputado PORFIRIO JOSE MEDINA TIGRERA, no puede optar a otra medida de coerción personal según lo establecido en el articulo 242 en su último Aparte, motivo por la cual no puede acogerse a otra suspensión condicional del Proceso por cuanto la norma adjetiva lo prohíbe de conformidad con lo establecido en los artículos 358, 359, del COPP, concatenado con el artículo 43, en su primer aparte ejusdem, asimismo en concordancia con lo establecido en el artículo 353 del COPP, y por cuanto en la presente causa se puede evidenciar visto y analizado considera se llenan los extremos del artículo 236 del COPP, es por lo que este Juzgado primero de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control del Estado Falcón. Y ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVA

Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA: PRIMERO: la flagrancia previsto y sancionado en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, para los ciudadanos: PORFIRIO JOSE MEDINA TIGRERA SEGUNDO: se acuerda el Procedimiento especial para el juzgamiento de los delitos menos graves artículo 354 del Código Orgánico Procesal Penal TERCERO: Se admitió la precalificación del delito realizada por el ciudadano Fiscal del Ministerio Público del Delito: DELITO DE FUGA DE DETENIDO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 258 Y 259 DEL CODIGO PENAL Para el ciudadano PORFIRIO JOSE MEDINA TIGRERA. CUARTO: Se ordena oficiar al TRIBUNAL 3º DE CONTROL a los fines de informar que vista la revisión del sistema juris 2000, sobre el ciudadano: PORFIRIO JOSE MEDINA TIGRERA, fue decretado una medida de privación judicial preventiva de libertad es por lo se coloca a disposición de dicho tribunal. QUINTO: se ordena oficiar a Polimiranda a los fines de que lo coloquen a disposición del Tribunal que lo requiere. SEXTO: se acuerda la solicitud de la defensa en relación a realizar examen en la medicatura forense de SENAMECF. SEPTIMO: Ofíciese al SENAMECF a los fines de que se realice la medicatura forense.

EL JUEZ PROVISORIO
ABG. JOSE. G. REYES.
SECRETARIA
ABG. ROSSY NOGUERA