TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 21 de junio de 2017
207º y 158º

ASUNTO: AP11-V-2013-000189

PARTE DEMANDANTE: MARISOL DEL CARMEN LÓPEZ CASTILLO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, y titular de la cédula de identidad número V-6.167.899.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: DAVID JAVIER MONROY RODRÍGUEZ, RAIZHA PACHECO, NELXANDRO ROMAN SANCHEZ y MANUEL GUILLERMO TOLEDO LINARES, mayores de edad, venezolanos, de éste domicilio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 44.783, 44.364, 39.341 y 39.272, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: JULIO RAMON MORA LÓPEZ, KAROLL JULIMAR MORA LÓPEZ y JULLEIMERT MÓNICA MORA GÓMEZ, mayores de edad, venezolanos, de este domicilio y titulares de las cédulas e identidad Nros. V-17.390.234, 17.390.232 y 21.071.532-
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No consta en autos representación alguna.
MOTIVO: TACHA DE DOCUMENTO (Vía Principal).
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA.
I
ANTECEDENTES

Se inició la presente causa por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de la demanda que por : TACHA DE DOCUMENTO (Vía Principal), tiene incoada la ciudadana MARISOL DEL CARMEN LÓPEZ CASTILLO, contra los ciudadanos JULIO RAMON MORA LÓPEZ, KAROLL JULIMAR MORA LÓPEZ y JULLEIMERT MÓNICA MORA GÓMEZ, en fecha 26 de febrero de 2013, correspondiéndole conocer de la misma a éste Juzgado previa distribución de Ley.
En fecha 16 de abril de 2013, se dictó auto mediante la cual este Juzgado admitió la demanda ordenándo emplazar a la parte demandada y notificar al Fiscal del Ministerio Público. Asimismo se libró Edicto conforme al artículo 507 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 13 de mayo de 2013, compareció el apoderado judicial de la parte actora y dejó constancia de haber cancelado los emolumentos, asimismo consignó fotostatos necesarios para la práctica de la citación de la parte demandada.
En fecha 22 de mayo de 2013, se dictó auto, mediante el cual se ordenó librar compulsas y boletas de notificación al Fiscal del Ministerio Público, asimismo se instó a la parte actora a consignar fotostatos a los fines de ley. Se cumplió con lo ordenado en el referido auto.
En fecha 06 de junio de 2013, compareció el ciudadano ROSENDO HENRIQUEZ M., en su carácter de alguacil adscrito a este Circuito Judicial, mediante la cual consignó compulsa, por resultar infructuosa la citación del demandado. Asimismo consignó copia de la notificación hecha a la Fiscalía 93 del Ministerio Público.
En fecha 09 de julio de 2013, compareció el Fiscal 93 del Ministerio Público y se dio por notificado expresó que se mantendrán atento al Presente procedimiento hasta su culminación.
En fecha 15 de julio de 2013, se dictó auto, mediante el cual la Juez Temporal Dra. Milena Márquez C., se abocó al conocimiento de la presente causa.
En fecha 17 de marzo de 2014, se dictó auto complementario al auto de admisión de fecha 16 de abril de 2013. Asimismo la secretaria dejó constancia de haberse librado edicto.
En fecha 27 de marzo de 2014, compareció el apoderado judicial de la parte actora, y retiró edicto.
En fecha 03 de abril de 2014, el apoderado judicial de la parte actora, consignó publicaciones de edictos.
En fecha 13 de enero de 2015, compareció la apoderada judicial de la parte actora y solicitó decretar la perención de la instancia.
En fecha 29 enero de 2015, se dictó decisión, mediante el cual se negó la perención de la instancia.
En fecha 16 de marzo de 2015, compareció el apoderado judicial de la parte actora consignando edicto; en razón de haberse vencido el lapso establecido en el mismo para su publicación, solicitó librarlo nuevamente. Asimismo pago emolumentos a los fines de ley, y retiró el referido edicto.
En fecha 25 de marzo de 2015, compareció el ciudadano MIGUEL ÁNGEL ARAYA, en su condición de alguacil y consignó compulsa en virtud de ser infructuosa la citación.
En fecha 05 de octubre de 2015, compareció la co-demandada ciudadana JULEYNERT M. MORA G., asistida de abogado y se dio por citada en el presente juicio. Asimismo consignó Acta de Defunción.
En fecha 05 de octubre de 2015, compareció el apoderado judicial de la parte actora y consignó publicaciones de edictos.
En fecha 16 de octubre de 2015, se dictó auto agregando publicaciones de edictos.
En fecha 20 de octubre de 2015, compareció el apoderado judicial de la parte actora y consignó edictos a los fines de su fijación en la cartelera.
En fecha 03 de noviembre de 2015, la secretaria dejó constancia de haber fijado el edicto en la cartelera del Tribunal.
En fecha 25 de enero de 2015, el apoderado judicial de la parte actora, solicitó se designe defensor judicial a la parte demandada.
En fecha 1° de febrero de 2016, se dictó auto, mediante el cual se designó Defensor Judicial a la parte demandada y se libró boleta de notificación a la defensora judicial INÉS JACQUELINE MARTIN M.
En fecha 23 de febrero de 2016, compareció el ciudadano Ricardo Tovar, en su condición de Alguacil Titular adscrito a este Circuito Judicial y consignó boleta de notificación firmada por la defensora judicial supra mencionada.
En fecha 25 de febrero de 2016, compareció la defensora judicial designada, aceptó el cargo recaído en su persona y prestó juramento de ley.
En fecha 29 de febrero de 2015, compareció el apoderado judicial de la parte actora y consignó fotostatos requeridos para la elaboración de la compulsa de citación de la defensora judicial.
En fecha 14 de marzo de 2016, se dictó auto, mediante el cual se ordenó librar compulsa de citación a la defensora judicial de la parte demandada. Se cumplió con lo ordenado en el referido auto.
En fecha 1° de abril de 2016, compareció el ciudadano RICARDO TOVAR, en su condición de Alguacil Titular de éste Circuito Judicial y consignó compulsa citación hecha a la defensora judicial.
En fecha 25 de abril de 2016, compareció el apoderado judicial de la parte actora y solicitó librar edicto a los herederos desconocidos.
En fecha 16 de mayo de 2016, se dictó auto, mediante el cual se ordenó librar edicto. Se dio cumplimiento a lo ordenado.
En fecha 24 de mayo de 2016, se compareció el apoderado judicial de la parte actora y retiró edicto, a los fines de ley.
En esta misma fecha quien suscribe se abocó al conocimiento de la presente causa.-
II
MOTIVACIÓNES PARA DECIDIR

Vista la secuencia de los actos de impulso procesal efectuados por la parte diligenciante, este órgano jurisdiccional para decidir hace las siguientes consideraciones: “…La figura jurídica de perención de la instancia, fue concebida por el Legislador como una sanción frente a la inactividad de los involucrados en impulsar el proceso, la cual implica el abandono del mismo y como un correctivo a la pendencia indefinida de estos, tendente a garantizar su desarrollo hasta la sentencia y su ejecución, que es una exigencia del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva...” (Vid sentencia numero RC-01092, expediente número 06-673 Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia)
El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil prevé:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la Perención”.

En el mismo orden de ideas, el artículo 269 del Código Adjetivo señala:
“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”.

Los artículos anteriormente reproducidos, señalan que la perención se verifica cuando el proceso se paraliza por inactividad procesal y transcurre el término que extingue la instancia, lo que lleva al Juez de la causa a que de oficio se pronuncie sobre la extinción del procedimiento, en virtud de lo establecido por la institución jurídica de la perención, es decir, que de la norma anterior se desprende la facultad que tiene el juez de declarar la perención de oficio, cuando se configuren de autos todos sus supuestos necesarios para ello.
En este sentido, y siguiendo el mismo orden de ideas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha señalado que cuando se trate de cualquier otro pronunciamiento que no sea la sentencia de mérito, no existe impedimento para decretar la perención. Y tal señalamiento se dejó sentado mediante sentencia Nº 2.148 de fecha 14 de septiembre de 2004, indicando a tal efecto lo siguiente:
“El decreto de la perención, por el transcurso de más de un año sin actividad de las partes, ha sido considerado por esta Sala Constitucional como una sanción del legislador frente a la inactividad de las partes. Así en la sentencia Nº 956/01 del 1 de junio, se dejó sentado lo siguiente:
‘...También quiere asentar la Sala, que la perención es fatal y corre sin importar quiénes son las partes en el proceso, siendo su efecto que se extingue el procedimiento, y según el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, en ningún caso el demandante podrá volver a proponer la demanda, antes que transcurran noventa (90) días continuos (calendarios) después de verificada (declarada) la perención.’.
Así las cosas, aprecia esta Sala Constitucional que la declaratoria de perención opera de pleno derecho, y puede ser dictada de oficio o a petición de parte, sin que se entienda en esta frase que existe en cabeza del juzgador un margen de discrecionalidad para el decreto de la misma, ya que la sanción debe ser dictada tan pronto se constate la condición objetiva caracterizada por el transcurso de más de un año sin actuación alguna de la parte en el proceso, salvo que la causa se encuentre en estado de sentencia.
Es necesario destacar, que el mencionado estado de sentencia es el referido a la sentencia de fondo, y que nace luego de que se ha dicho vistos, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo I, del Título III, del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, por lo que no impide el decreto de la perención la espera de cualquier otro pronunciamiento del juzgador, distinto al de mérito.
En ese sentido se pronunció esta Sala Constitucional en sentencia Nº 909 del 17 de mayo de 2004, en la que señaló:
De lo anteriormente expuesto, se colige que la perención ha de transcurrir, mientras las partes estén legalmente facultadas para impulsar el curso del juicio, para realizar actos de procedimiento, aun en aquellos casos que el proceso se encuentre paralizado en espera de una actuación que corresponde únicamente al juez, salvo en los casos en que el tribunal haya dicho ‘vistos’ y el juicio entre en etapa de sentencia’. (…).
En el caso en el que se dictó la sentencia citada, se encontraba la causa al igual que en el presente, a la espera de un pronunciamiento del órgano jurisdiccional, en particular de la Sala Político Administrativa, pero en ambos se trataba de una decisión interlocutoria.
En ese orden de ideas se indicó en la sentencia citada:
‘…que el acto judicial objeto del presente recurso de revisión, es la decisión del 30 de enero de 2003, dictada por la Sala Político-Administrativa, en el proceso correspondiente al recurso de nulidad interpuesto por el hoy solicitante, contra la resolución número DGAC-002 dictada por la Contraloría General de la República, en el cual la parte recurrente apeló, el 18 de abril de 1996, del auto que declaró inadmisible la prueba de testimonial promovida, se ordenó pasar el expediente al ponente a los fines de decidir la incidencia, posteriormente, el 2 de julio de 1997, la parte actora solicitó pronunciamiento sobre la referida apelación. En ese estado la causa principal se paralizó por un período superior a un año, por lo que, la representación de la Contraloría General de la República solicitó se decretara la perención, el 21 de julio de 1998.
De lo anterior se desprende que en la referida causa no se había dicho ‘vistos’ y estaba pendiente una decisión interlocutoria con relación a la mencionada apelación, razón por la cual no puede pretenderse la aplicación del criterio vinculante establecido por esta Sala con relación a la institución de la perención, que según lo expuesto, conduce a la anulación de las sentencias posteriores al 1 de junio de 2001 que declaren la perención en causas paralizadas por más de un año después de ‘vistos’.
Siendo así, estima la Sala que, en el caso planteado, la parte actora debió impulsar el procedimiento y ante su falta de actividad operó la perención de la instancia prevista en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, tal como lo declaró la Sala Político- Administrativa a través de su decisión del 30 de enero de 2003, objeto del presente recurso de revisión”. (Subrayado del texto y Resaltado de esta).-

De igual modo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº 853 de fecha cinco (05) de mayo de dos mil seis (2006), señalo:
“Así las cosas, aprecia esta Sala Constitucional que la declaratoria de perención opera de pleno derecho, y puede ser dictada de oficio o a petición de parte, sin que se entienda en esta frase que existe en cabeza del juzgador un margen de discrecionalidad para el decreto de la misma, ya que la sanción debe ser dictada tan pronto se constate la condición objetiva caracterizada por el transcurso de más de un año sin actuación alguna de la parte en el proceso salvo que la causa se encuentre en estado de sentencia.
Es necesario destacar, que el mencionado estado de sentencia es el referido a la sentencia de fondo, y que nada luego de que se ha dicho vistos, de conformidad con lo dispuesto en el Capitulo I, del título III, del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, por lo que no impide el decreto de la perención la espera de cualquier otro pronunciamiento del juzgador, distinto al mérito.
En ese sentido se pronunció esta Sala Constitucional en sentencia Nº 909 del 17 de mayo de 2004, en la que señalo:
De lo anteriormente expuesto, se colige que la perención ha de transcurrir, mientras las partes estén legalmente facultadas para impulsar el curso del juicio, para realizar actos de procedimiento, aun en aquellos casos que el proceso se encuentre paralizado en espera de una actuación que corresponde únicamente al juez, salvo en los casos en que el tribunal haya dicho “vistos” y el juicio entre en etapa se sentencia (…) (Subrayado del texto y resaltado de este Despacho)”

El anterior criterio fue ratificado, por la misma Sala Constitucional, de nuestro más Alto Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, mediante sentencia número 66 de fecha veinticinco (25) de febrero de dos mil catorce (2014), Expediente No. 2014-11, al analizar la decadencia y extinción de la acción por falta de interés procesal en las causas paralizadas o inactivas, en la cual señaló:
“El derecho al acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta con la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el impulso del proceso. De esta manera, el requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 416/2009).
Al respecto, la Sala ha señalado que el interés procesal surge de la necesidad que tiene un particular, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de que a través de la Administración de Justicia, el Estado le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 686/2002).
Por ello, el interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y ha de mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Así que, ante la constatación de esa falta de interés, la extinción de la acción puede declararse de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 256/2001).
En tal sentido, la Sala ha establecido que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso de decisión de la causa, la inactividad produce la perención de la instancia.
Este criterio se estableció en el fallo de esta Sala Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001, caso: DHL Fletes Aéreos, C.A., en los siguientes términos:
“(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:
a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido (…)”.

El referido criterio, según el cual, debe declararse la pérdida del interés procesal por abandono del trámite, aun estando la causa en estado de sentencia, si se verifica la inactividad de la parte accionante y la falta de impulso procesal de la misma por más de (1) un año ha sido ratificado por esta Sala Constitucional, en sentencias nros. 132/2012, 972/2012, 212/2013 y 1483/2013, entre otras”.

Ahora bien, acogiendo este Sentenciador, el criterio sostenido por nuestro más Alto Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, recogido en las Jurisprudencias antes transcritas, y realizado un minucioso estudio de las actas procesales, que conforman el presente expediente, constata quien aquí decide, que en el presente Juicio, desde el día 24 de mayo de 2016, fecha en la cual compareció el apoderado judicial de la parte actora y retiró edicto, ha transcurrido (01) año y (01) mes, sin que hubiese actuación alguna por parte de la accionante que impulsara el presente procedimiento, por lo que se evidencia, la falta de interés e inactividad de las partes durante el transcurso de más de un (1) año, lo cual implica el abandono y desinterés de los litigantes en el desenvolvimiento del proceso, en el cual pese a la suspensión por muerte de una de las partes, ha quedado evidenciado el desinterés de la parte accionante en publicar y consignar los edictos respectivos para que se realice la sustitución procesal de ley, desinterés este que en criterio de quien suscribe configura los supuestos de hecho previsto en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil y en su ordinal tercero, es decir, debe concluirse que en el presente juicio ha operado la perención de la instancia. Y así será declarado en la parte dispositiva del presente fallo. Así se declara.
III
DECISIÓN

Por los razonamientos anteriormente expuestos, éste JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 257 y 26 de la Constitución Bolivariana de la República Venezuela y los Artículos 12, 242, y 243 del Código de Procedimiento Civil, declara: PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA PRESENTE INSTANCIA en la demanda que por TACHA DE DOCUMENTO (Vía Principal), incoara la ciudadana MARISOL DEL CARMEN LÓPEZ CASTILLO contra los ciudadanos JULIO RAMON MORA LÓPEZ, KAROLL JULIMAR MORA LÓPEZ y JULLEIMERT MÓNICA MORA GÓMEZ.
Dada la naturaleza del fallo, no hay especial condenatoria en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, NOTIFIQUESE Y DÉJESE COPIA.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas a los 22 días del mes de junio del dos mil diecisiete (2017). Años 207º de la Independencia y 158º de la Federación.
EL JUEZ,

WILSON GERARDO MENDOZA PEDRAZA.
EL SECRETARIO ACCIDENTAL,

JAN LENNY CABRERA PRINCE.
En esta misma fecha, siendo las 3:07 PM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
EL SECRETARIO ACCIDENTAL,

JAN LENNY CABRERA PRINCE.

WGMP/JLCP/mp (06)
AP11-V-2013-000189