REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL TRIBUNAL PRIMERO DE CONTROL SECCIÓN PENAL ADOLESCENTES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO FALCÓN SANTA ANA DE CORO, 29 DE JUNIO DE 2017 AÑOS: 207º y 158º ASUNTO PRINCIPAL : IP01-D-2017-000022 ASUNTO : IP01-D-2017-000022 El Tribunal visto el escrito presentado en fecha 23 de Febrero de 2017, por el ABOG. ERMILO ROSALES, en su carácter de Fiscal Undécimo del Ministerio Público, con Competencia en Material de Responsabilidad Penal del Adolescente del Estado Falcón, e inserto a los folios 65 al 68, mediante el cual solicita el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO de la causa, de conformidad con los artículos 561 literal “d” y 615 de la Ley Orgánica Para La Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 300 numeral 3° del Código Orgánico Procesal Penal, en donde aparece como investigado lo adolescente (Cuya identidad se omite de conformidad con los artículos 65 y 545 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), por la presunta comisión de uno de los delitos CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES Y BUEN ORDEN DE FAMILIAS- RAPTO, previsto y sancionado en el articulo 383 en el código penal venezolano, en perjuicio de la Ciudadana, ANA GABRIELA DE LOS ANGELES MENDEZ, para decidir observa: En fecha 17 de Julio del 2013, siendo las 01:30 horas de la tarde, suscrito por ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sub-Delegación Tucacas, compareció por ante este despacho el ciudadano quien dijo ser llamarse: MENDEZ MARQUEZ ANA MARITZA, quien expone lo siguiente: Comparezco ante este despacho con la finalidad de denunciar, que el día domingo 14/07/2013, siendo las 06:00 horas de la mañana salio de mi casa mi hija de nombre ANA GABRIELA DE LOS ANGELES MENDEZ…” MOTIVA El artículo 615 de la Ley Orgánica Para La Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, establece lo siguiente: Prescripción de la acción: Prescripción de la acción. La acción prescribirá a los cinco años en caso de hechos punibles para los cuales se admite la privación de libertad como sanción, a los tres años cuando se trate de otro hecho punible de acción pública y a los seis meses, en casos de delitos de instancia privada o de faltas. Evidenciando el Tribunal de las actas procesales que desde la fecha de la presunta comisión del hecho punible 17/07/2013, hasta la fecha de presentación del acto conclusivo fiscal (23/02/2017), han transcurrido TRES (03) AÑOS, SIETE (07) MESES Y CINCO (05) DIAS, y el delito investigado es de los que conforme a la norma antes transcrita, prescribe a los TRES (3) AÑOS, término este que ha transcurrido íntegramente sin que se evidencie de las actuaciones la existencia de alguna circunstancia o hecho que lo haya interrumpido o suspendido, por lo que declara procedente la solicitud fiscal, y así se decide. DISPOSITIVA Por los argumentos antes expuestos, este Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Responsabilidad Penal del Adolescente del Estado Falcón, con sede en Coro, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara extinguida la acción penal, por prescripción de la misma, seguida en contra del adolescente (Cuya identidad se omite de conformidad con los artículos 65 y 545 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), por estar presuntamente incurso en uno de los delitos CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES Y BUEN ORDEN DE FAMILIAS- RAPTO, previsto y sancionado en el articulo 383 en el código penal venezolano, en perjuicio de la Ciudadana, ANA GABRIELA DE LOS ANGELES MENDEZ, de conformidad con lo establecido en el artículo 615 de la Ley Orgánica Para La Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y en consecuencia se declara el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO de la causa, conforme lo prevé el artículo 561 literal “d” ejusdem, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 300 numeral 3° y 49 ordinal 8° del Código Orgánico Procesal Penal, y se ordena el archivo definitivo de la causa, previa notificación de La Fiscalía Undécima del Ministerio Público LA JUEZA PRIMERO DE CONTROL; ABOG. SONIA GONZÁLEZ DE MEDINA. EL SECRETARIO, ABOG. JOSE QUINTERO