TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón
Santa Ana de Coro, 14 de Marzo de 2017
206º y 158º
ASUNTO PRINCIPAL : IP01-P-2016-004453
ASUNTO : IP01-P-2016-004453

AUTO MOTIVADO DE ADMISION DE HECHOS

Corresponde a este Tribunal la publicación del Auto de Admisión de hechos conforme a los artículos 157, 161, 313 y 314 del Código Orgánico Procesal Penal, mediante el cual el Tribunal acordó admitir la acusación Fiscal presentada en contra del ciudadano, ROBIN ANTONIO GOMEZ, Venezolano, titular de la cédula de identidad N°-14.793.919, fecha de Nacimiento: 13/04/1976, edad: 40 años, Profesión u oficio: albañil. Dirección: Barrio en Cruz Verde, callejón Rómulo Gallegos, casa s/n, frente a un taller de refrigeración, Coro, estado Falcón, por estar incurso en los delitos de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN LA MODALIDAD DE DISTRIBUCION previsto y sancionado en el segundo aparte del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, con la agravante establecida en el numeral 7 del artículo 163 eiusdem, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, condenado a cumplir la pena de CINCO (5) AÑOS DE PRISION.

IDENTIFICACION DEL ACUSADO

• ROBIN ANTONIO GOMEZ, Venezolano, titular de la cédula de identidad N°-14.793.919, fecha de Nacimiento: 13/04/1976, edad: 40 años, Profesión u oficio: albañil. Dirección: Barrio en Cruz Verde, callejón Rómulo Gallegos, casa s/n, frente a un taller de refrigeración, Coro, estado Falcón.

DE LOS HECHOS

En fecha 21 de Septiembre de 2016, siendo aproximadamente las 04:45 horas de la tarde, los funcionarios SUPERVISOR LICENCIADO FRANCISCO PEREIRA, OFICIAL ROBERT LOPEZ, OFICIAL AGREGADO ORLANDO GONZALEZ, OFICIAL AGREGADO ELYS SALAS, OFICIAL HENDER RUIZ Y OFICIAL FREDDY SUAREZ, Adscritos a la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas de la Policía del Estado Falcón, se encontraban realizando labores de Inteligencia por los diferentes de la ciudad de Coro, Municipio Miranda del Estado Falcón y en momentos que se trasladaban por el Callejón Raúl Leonis del Barrio Cruz Verde observaron a un ciudadano de tez morena, contextura delgada, de mediana estatura quien vestía para el momento franela de color rojo, bermuda de color blanco y quien llevaba colgado de su hombro derecho un bolso tipo morral de color negro y rojo y se encontraba parado frente a una vivienda construida en bloques de cemento, frisada y pintada de color azul celeste, con la puerta de entrada abierta, dicha persona mostraba actitud sospechosa virando su mirada de un lado a otro, en razón de lo cual los funcionarios procedieron a darle la voz de alto a dicho ciudadano quien opto por ingresar a la vivienda intentando cerrar la puerta, siendo esta acción impedida por el funcionario SUPERVISOR FRANCISCO PEREIRA, quien observa que en ese momento dicho ciudadano se desprende del bolso tipo morral y lo arroja en un cubículo que se encuentra en la parte este del inmueble, ingresando los funcionarios y neutralizando a dicho ciudadano cuando este se disponía abrir la puerta del solar de la casa para tratar de evadirse de la comisión policial, verificando los funcionarios una vez que se encontraban dentro del inmueble que el mismo consta de cuatro cubículos, sala de estar, dormitorio, baño y cocina. Seguidamente el funcionario OFICIAL HENDER RUIZ procedio a realizarle una revisión corporal a dicho ciudadano logrando localizarle y colectarle en el bolsilló izquierdo de la parte delantera de la bermuda jeans de color blanco que vestía para el momento la cantidad de Mil Setenta Bolívares (Bs. 1070) en éfectivo y en billetes de diferente denominación, de igual manera se ubico en el piso de un cubículo que funge como dormitorio el bolso tipo morral del cual se había desprendido dicho ciud’.dano procediendo el OFICIAL FREDDY SUAREZ a colectar dicho bolso y hacer una revisión e inspección del mismo tratándose de un (01) bolso tipo morral, de color rojo y negro, marca Wilson contentivo en su interior de Diecinueve (19) envoltorios de regular tamaño, tipo cebollita de material sintético de color blanco, anudados todos en sus extremos con hilo de coser de color vinotinto, con olor fuerte y penetrante presumiblemente COCAINA, así mismo se le incauto Dos (02) teléfonos celulares el primero marca Sony Ericsson, color Gris y Blanco /N CB5A1G69B5, con su respectiva batería y el segundo Marca Huawei, de color rojo y negro, modelo huawei G6007 con su respectiva batería. Así las cosas proveniente del colchón salía un olor fuerte y penetrante por lo cual los funcionarios tomando las previsiones del caso procede el funcionario ROBERRT LOPEZ, a ubicar a un testigo, mientras que los funcionarios OFICIAL AGREGADO C)RLANDO GONZALEZ Y OFICIAL AGREGADO ELYS SALAS, se encargan de la seguridad externa del inmueble, no logrando ubicar ningún testigo en virtud de ue las personas que transitaban por el lugar se negaron rotundamente a colaborar, dándole los funcionarios continuidad al procedimiento, procediendo el funcionario OFICIAL FREDDY SUAREZ, a realizar un registro al referido cubículo que funge como dormitorio, localizando en el mismQ y colectando debajo del colchón CINCUENTA Y TRES (53) ENVOLTORIOS DE REGULAR TAMAÑO, tipo cebollita de material sintético de color blanco, anudados todos en sus únicos extremos con hilo de coser de color vinotinto, con olor fuerte y penetrante presumiblemente Cocaína, así como también fueron incautados Diecisiete (17) recortes de material sintético, de forma circular. ocho transparente y Nueve (09) de color Vinotinto, Un (01) trozos de hilo de color vinotinto y Una (01) tijera de metal niquelado, con mango de material sintético de color negro, en virtud de tales circunstancias los funcionarios procedieron a a aprehensión de dicho ciudadano quien fue identificado como ROBIN ANTONIO GOMEZ, Titular de la Cedula de identidad N° 14.793.919, quien fue puesto luego a la orden del Ministerio Publico.

En base a esos hechos, a las diligencias practicadas durante la investigación, los medios de pruebas obtenidos de éstas y acompañados al escrito acusatorio, el Ministerio Público, presentó escrito de acusación fiscal, respecto del cual, este Tribunal luego de la lectura hecha a su contenido, estima que el mismo cumple con todos y cada uno de los requisitos formales establecidos en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal vigente para, es decir de su lectura se observa que en él, se han aportados los datos que sirven para identificar al imputado, su nombre y su domicilio o residencia; igualmente en ella existe una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se la ha atribuido, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que dieron origen a la presente causa, los fundamentos de hecho y de derecho que soportan la acusación, con expresión de los elementos de convicción que motivan la presentación del escrito acusatorio, los preceptos jurídicos penales, que resultan aplicables al presente caso; el ofrecimiento detallado de todos y cada uno de los medios de prueba que van a ser presentado en juicio, con indicación de su pertinencia y necesidad; y finalmente la solicitud de enjuiciamiento al imputado.
En este sentido, efectuado como ha sido el análisis, al escrito acusatorio presentado por la Fiscalía 21° del Ministerio Público, y verificado el cumplimiento en ésta de los requisitos fórmales, previstos en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, a los que ut supra se hizo referencia; este Tribunal ha encontrado que en el presente caso, la acusación fiscal presentó basamentos serios, ciertos y concreto que permiten vislumbrar lo que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, denomina pronóstico de condena; razón por la cual se estima que lo ajustado a derecho es declarar ADMISIBLE TOTALMENTE, la acusación fiscal por cuanto la misma cumple con los requisitos de ley.

Al respecto el Tribunal para decidir observa:

Del escrito de acusación fiscal se observa que el mismo cumple con los requisitos formales, para intentar la acusación, los cuales se hayan previstos en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal y están referidos a: los datos de identificación y ubicación del imputado y la víctima, la indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que dieron origen a la presente causa, los fundamentos de hecho y de derecho que soportan la imputación, con expresión de los elementos de convicción que motivan la presentación del escrito acusatorio, los preceptos jurídicos penales que resultan aplicables al caso; el ofrecimiento detallado de todos y cada uno de los medios de prueba que van a ser presentado en juicio, con indicación de su pertinencia y necesidad; y finalmente la solicitud de enjuiciamiento al imputado.

En el presente caso, luego de hecha la revisión al contenido del escrito acusatorio, que la acusación presentada por la Fiscalía Segunda del Ministerio Público, estima este Juzgador, que el presente escrito de acusación fiscal, cumple con las exigencias previstas en el artículo 308 de la Ley Adjetiva Penal. Así en lo que respecta al requisito formal de establecer una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado, debe indicarse que el mismo va referido a la obligación que tienen la representación del Ministerio Público, de plasmar en la acusación, un sumario de los hechos que dieron lugar al proceso que se llevó a cabo durante la fase de investigación, con indicación de las circunstancia de tiempo, modo y lugar, en las que se cometió el delito que se le atribuye al imputado o imputados.

En este sentido, se indicó de manera clara concreta y perfecta cuales fueron las conductas ejecutadas que llevaron a la comisión del hecho punible.

Razón por la cual, estima esta instancia que el requisito previsto en el numeral 2 del artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, referido a relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado, fue debidamente cumplido en el escrito acusatorio.

Asimismo estima este Tribunal, que igualmente se dio cumplimiento al requisito previsto en el numeral 3 del artículo 308 de la Ley Adjetiva Penal, referido a los fundamentos de la imputación, con expresión de los elementos de convicción que la motivan; pues en el escrito acusatorio, el Ministerio Público, señaló cuáles fueron los elementos de convicción obtenidos de los distintos actos de investigación que le permiten estimar que efectivamente de la investigación llevada a cabo en contra del acusado, surgieron evidencias seria claras y concretas, que comprometían la presunta responsabilidad penal del los procesados en el delito investigado.

En esta orientación en la acusación hubo un señalamiento directo, claro y expreso, en el cual se hizo referencia directa a las resultas de las diferentes diligencias de investigación, indicándose detalladamente en atención al hecho punible investigado -en este caso el delito de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN LA MODALIDAD DE DISTRIBUCION previsto y sancionado en el segundo aparte del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, con la agravante establecida en el numeral 7 del artículo 163 eiusdem, de cuáles diligencias se consiguieron motivos para estimar tanto la acreditación del hecho punible investigado como la participación que en este tiene el acusado.

Por las razones antes esgrimidas, se ADMITE TOTALMENTE LA ACUSACION en contra del ciudadano ROBIN ANTONIO GOMEZ por estar incurso en los delitos de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN LA MODALIDAD DE DISTRIBUCION previsto y sancionado en el segundo aparte del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, con la agravante establecida en el numeral 7 del artículo 163 eiusdem.

PROCEDIMIENTO POR ADMISION DE HECHOS

La institución de la admisión de hecho se encuentra contemplada en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal y fundamentalmente es un mecanismo de auto composición procesal tendiente a la conclusión anticipada del procedimiento penal producto del reconocimiento voluntario que el acusado expresa respecto a su participación y culpabilidad en los hechos que el Estado por intermedio del Ministerio Público le imputa. Tal reconocimiento que contribuye a la efectiva tutela de los derechos de las victimas, la ciudadanía en general y del propio Estado conlleva a un conjunto de beneficio, entre los cuales está, la celeridad judicial lo cual comporta además de una pronta Justicia y el ejercicio efectivo del ius puniendi por parte del Estado, igualmente conlleva a una recompensa para el acusado que ha reconocido su culpabilidad y responsabilidad en el delito de manera anticipada, es precisamente, la formula prevista en el artículo 375 del COPP, la admisión de los hechos, que prevé una rebaja especial que va desde 1/3 a 1/2 de la pena que por el delito cometido normalmente se le aplicaría, según sea el caso, a la luz del encabezamiento de dicho artículo y su primer aparte, es decir, tomando en cuenta las circunstancias del caso, el bien jurídico afectado y el daño social causado. Pero, en el caso que los hechos se subsuman en los presupuestos del primer aparte de dicho artículo el juez sólo podrán rebajar 1/3 de la pena.

Sobre esta novísima Institución -La Admisión de los hechos- el Tribunal Supremo de Justicia se ha pronunciado de manera reiterada y entre las sentencias más recientes encontramos la número 78 del 25 de enero de 2006, expediente 2228 con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta Merchan, (sala Constitucional) igualmente y más reciente en sentencia del 23 de mayo de 2006, sentencia 1106, expediente 1422, expresó lo siguiente:
“De acuerdo con la norma reseñada, el procedimiento por admisión de los hechos es una de las formas de autocomposición procesal, mediante la cual el legislador creó una manera especial de terminación anticipada del proceso, con prescindencia del juicio oral y público, que, a pesar de no estar incluida dentro de las alternativas a la prosecución del proceso previstas en el Capítulo III, Título I del Libro Primero del Código Orgánico Procesal Penal (como lo son el principio de oportunidad, la suspensión condicional del proceso y los acuerdos reparatorios), cumple la misma función, es decir, pone fin al proceso, toda vez que se trata de una “negociación procesal” que asume voluntariamente el acusado, con el objeto de terminar la causa penal.
Se trata, además, de un mecanismo establecido en el Texto Penal Adjetivo que le permite al acusado obtener una rebaja de pena, cuando declara en forma anticipada su culpabilidad, lo que trae como consecuencia un ahorro económico para el Estado, en virtud de que se evita la celebración del juicio oral y público, el cual, por su propia naturaleza, contiene una serie de gastos de índole pecuniario. Permite, igualmente, la obtención de una justicia expedita, la cual es originada por la propia voluntad del acusado, al aceptar los hechos que le son atribuidos, estando ello en concordancia con la tutela judicial efectiva establecida en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En tal sentido, del análisis del señalado artículo 376 se coligen los requisitos para que proceda la admisión de los hechos, el primero de ellos, es la admisión por parte del juez de control, en la audiencia preliminar, de la acusación presentada por el Ministerio Público, cuando se trate del procedimiento ordinario, o en el caso del procedimiento abreviado -delitos flagrantes-. El segundo de dichos requisitos es la admisión por parte del acusado de los hechos objeto del proceso -los comprendidos dentro de la acusación- y la solicitud de la imposición inmediata de la pena.
Así pues, respecto a la oportunidad para realizar la admisión de los hechos se debe distinguir del tipo de proceso que se trate, pues en el procedimiento ordinario, regulado por las normas contenidas en el Libro Segundo del Código Orgánico Procesal Penal, el acusado sólo podrá admitir los hechos objeto del proceso en la audiencia preliminar y una vez que el juez de control haya admitido la acusación presentada en su contra por el Ministerio Público; y en el caso del procedimiento abreviado -Título II del Libro Tercero- la admisión de los hechos sólo procederá en la audiencia del juicio oral, una vez presentada la acusación por el Ministerio Público y antes que el juez de juicio unipersonal haya dado inicio al debate.
Por tanto, no puede el acusado admitir los hechos en otras oportunidades, ya que esa circunstancia sería contradictoria con la naturaleza propia de la intención del legislador procesal penal, que se basó en la figura del “plea guilty”, tomada del derecho anglosajón, que permite la declaración de culpabilidad anticipada, ahorrándole al Estado tiempo y dinero, para invertirlos en otros juicios.
Así pues, dicha institución procesal está acorde con el derecho de toda persona a obtener una tutela judicial efectiva, pero necesariamente esa posibilidad de ofrecimiento al acusado de culminar anticipadamente el proceso, debe hacerse dentro de los parámetros y exigencias establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal.
Además, cabe resaltar el procedimiento de admisión de los hechos no es contrario, en la forma como se encuentra contemplada en el Código Orgánico Procesal Penal, al derecho constitucional que tiene el imputado –como parte del debido proceso- de reconocer, en forma voluntaria, su culpabilidad dentro del proceso penal. La institución de la admisión de los hechos, simplemente es una oportunidad que se le ofrece al imputado, con un beneficio para su persona, para que reconozca voluntariamente su responsabilidad del hecho que le es imputado, lo que no quiere decir que, en el caso que no lo haga en ese instante, pueda declarar posteriormente y aceptar su participación o coparticipación del hecho que le es atribuido. Pero en este último caso, su declaración de la aceptación de la culpabilidad no le trae beneficio procesal alguno, por haber precluido la oportunidad para hacerlo, la cual es, el procedimiento ordinario, en la audiencia preliminar, y en el procedimiento abreviado, una vez presentada la acusación y antes de iniciarse el debate oral y público.
Asimismo, el derecho al debido proceso, y el consecuente derecho a la defensa, en plenitud, no se encuentran mermados por la figura de la admisión de los hechos, toda vez que al imputado que se le ofrece la oportunidad de concluir el proceso de acuerdo con su declaración de reconocimiento, previamente tuvo la oportunidad, durante el iter procesal, ya sea ordinario o abreviado, de alegar todo aquello que lo beneficie y que pueda desvirtuar la imputación fiscal (alegar excepciones de forma y de fondo, ser oído, ofrecer medios de pruebas, interponer recursos ordinarios, ser notificado de los “cargos” por los cuales se le investiga, entre otros mecanismos de defensa)….”
Hechas previamente las consideraciones de derecho respecto a la Admisión de los Hechos, se observa que el ciudadano ROBIN ANTONIO GOMEZ, el Tribunal los sentenció a cumplir la pena la pena de CINCO (05) AÑOS de prisión, en consecuencia, será a partir de dicho tipo penal que habrá de hacerse el cálculo de la pena para aplicarle la rebaja especial por admisión de hechos y finalmente imponerle la pena que deberá cumplir.

A partir de allí, entonces se aplicaría el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece:

“El Procedimiento por admisión de los hechos tendrá lugar desde la audiencia preliminar una vez admitida la acusación, hasta antes de la recepción de pruebas.

Partiendo de allí y aplicándole la pena normalmente aplicable al delito consumado de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN LA MODALIDAD DE DISTRIBUCION previsto y sancionado en el segundo aparte del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, con la agravante establecida en el numeral 7 del artículo 163 eiusdem, de la Ley Orgánica de Drogas, es de 08 años de prisión, a 12 años de prisión, sin embargo, el Tribunal decide atenuar ésta pena y disminuirla hasta el límite inferior, valga decir, a 8 años de prisión, ello en aplicación del artículo 74. 4 del Código Penal, toda vez que el acusado no presenta antecedentes penales, lo que compensa dicha la atenuante aplicada por este juzgador con la agravante del articulo 7 del artículo 163 de la Ley Orgánica de Drogas quedando la pena aplicable en diez años de prision. En consecuencia, se obtiene que al aplicar a dicha pena la rebaja especial por admisión de los hechos, esta es, de 1/2, la pena final a imponer a ROBIN ANTONIO GOMEZ, es de CINCO (05) AÑOS de prisión, por la comisión del delito de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN LA MODALIDAD DE DISTRIBUCION previsto y sancionado en el segundo aparte del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, con la agravante establecida en el numeral 7 del artículo 163 eiusdem. Y así se decide.

Igualmente se le condenada a cumplir las penas accesorias establecidas en el artículo 16 del Código Penal vigente. Y así se decide.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Código Orgánico Procesal Penal, se exime del pago de las costas procesales contempladas en el artículo 267 eiusdem, en virtud del principio de la gratuidad de la justicia consagrado en el artículo 254 de la Constitución Nacional. Y así se decide.

Se ordena y se mantiene la medida de coerción personal impuesta en su oportunidad legal. Y así se decide.

Se ordena la confiscación del vehiculo incautado en su oportunidad legal. Y así se decide.
V
DECISIÓN

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Falcón sede Santa Ana de Coro, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley de conformidad con lo establecido en los artículos 349 del Código Orgánico Procesal Penal, en armonía con el artículo 375 eiusdem, resuelve: PRIMERO: Se Admite TOTALMENTE la Acusación Fiscal interpuesta por el Ministerio Público, toda vez que cumple los requisitos establecidos en el artículo 308 del COPP, se acogen las calificaciones jurídicas al ciudadano ROBIN ANTONIO GOMEZ, precalificando los hechos como el delito de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN LA MODALIDAD DE DISTRIBUCION previsto y sancionado en el segundo aparte del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, con la agravante establecida en el numeral 7 del artículo 163 eiusdem, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO. SEGUNDO: Se Admiten por ser legales, lícitas, pertinentes y necesarias todas las pruebas testimoniales y documentales ofrecidas por la representación Fiscal todo de conformidad con el articulo 313.9 del COPP. TERCERO: Se declara TEMPORAL el escrito de descargo de la Defensa Pública. Se declaran SIN LUGAR las excepciones opuestas por la defensa técnica en su escrito de descargo. CUARTO: Seguidamente la ciudadana jueza, admitida la Acusación Fiscal, le informa al acusado de las Fórmulas Alternativas a la prosecución del proceso penal, contempladas en el Código Orgánico Procesal Penal y del procedimiento especial por admisión de los hechos, explicándole igualmente y de forma detallada el alcance práctico y jurídico de tales Fórmulas Alternas y del Procedimiento por Admisión de los Hechos. De igual forma se le impone al ciudadano ROBIN ANTONIO GOMEZ, Venezolano, titular de la cédula de identidad N°-14.793.919 del Procedimiento por Admisión de los Hechos, señalando el mismo “SI DESEO ADMITIR LOS HECHOS IMPONGAME DE LA PENA CON LA REBAJA”. Acto seguido el Tribunal vista la exposición efectuada por el acusado procede a sentenciar al ciudadano ROBIN ANTONIO GOMEZ, Venezolano, titular de la cédula de identidad N°-14.793.919 conforme al Procedimiento Especial por Admisión de Hechos y en consecuencia se le CONDENA a cumplir la pena de CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN, mas las accesorias de ley, por la comisión de los delitos de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN LA MODALIDAD DE DISTRIBUCION previsto y sancionado en el segundo aparte del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, con la agravante establecida en el numeral 7 del artículo 163 eiusdem, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, de conformidad con el artículo 313.6 del COPP. QUINTO: Se declara sin lugar la revisión de la medida solicitada por la defensa y se mantiene la medida de coerción personal que pesa sobre el acusado. SEXTO: Se ordena la remisión del presente asunto a la URDD para su distribución ante los Tribunales de Ejecución en su oportunidad legal.

Regístrese, déjese copia, inclúyase en diario. Notifíquese a la partes. Remítase el expediente a la Fase de Ejecución en su oportunidad legal.

Dada, firmada y sellada en el Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del estado Falcón. En Coro a los 14 días del mes de Marzo de dos mil diecisiete (2017). Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación.

EL JUEZ SUPLENTE,

VICTOR MIGUEL ACOSTA

LA SECRETARIA,

MARIANA RODRIGUEZ