TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO FALCON
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA MUNICIPAL EN FUNCIONES DE CONTROL
Santa Ana de Coro, 07 DE NOVIEMBRE 2017
206º Y 156º

AUTO DECRETANDO SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO
EN AUDIENCIA DE PRESENTACION DE IMPUTADO

ASUNTO PRINCIPAL: IP02-P-2017-000582
ASUNTO: IP02-P-2017-000582

IDENTIFICACION DE LAS PARTES:
EL JUEZ PROVISORIO: ABG. JOSE. G. REYES
SECRETARIA: ABG. KATHEYDY RIVAS
FISCAL AUXILIAR 3º DEL MINISTERIO PÚBLICO: ABG. ELMER CARZOZO
VÍCTIMA: EL ESTADO VENEZOLANO
INVESTIGADO: JOSE GREGORIO MORILLO
DEFENSA PRIVADA: ABG. GARCIA ARTEAGA EDETSO

ACTA DE AUDIENCIA DE PRESENTACION DE IMPUTADOS

En el día de hoy 06 DE NOVIEMBRE 2017, siendo las 12:00 am. hora y fecha fijada para dar inicio a La AUDIENCIA DE PRESENTACION DE IMPUTADO de conformidad con lo previsto en el artículo 356 del Código Orgánico Procesal Penal, solicitada por la FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO ABG. ELMER CARZOZO, quien solicitó la formal imputación al ciudadano: JOSE GREGORIO MORILLO Se instaló el Tribunal primero de Primera Instancia Municipal en Función de Control a cargo del Ciudadano: Juez Abg. JOSE. G. REYES, la Secretaria Abg. KATHEYDY RIVAS, y el alguacil designado para este acto en la Sala de audiencias de este Circuito Judicial Penal del Estado Falcón. Seguidamente presentes en la Sala de Audiencia de este Circuito Judicial del Estado Falcón, el Juez Abg. JOSE. G. REYES, solicita a la ciudadana Secretaria verificar la presencia de las partes y ésta informó que se encuentra presentes FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO: ABG. ELMER CARZOZO, LA DEFENSA PRIVADA: ABG. GARCIA ARTEAGA EDITSO, por lo que este tribunal procedió a preguntarle al investigado de autos si tenía defensor que los asistiera en la presente causa, manifestando al ciudadano: JOSE GREGORIO MORILLO, previo traslado de la POLICIA NACIONAL BOLIVARIANA, SI tener defensor que lo asista.”Por lo cual se procedió a la juramentación de ley de la Defensa Privada: ABG. HILARIO TOYO, bajo el INPRE: Nº 40.895, con domicilio procesal CALLE ZAMORA ENTRE EDIFICIO CHIQUINQUIRA SECTOR INDIO MANAURE OFICINA Nº 1 PLANTA BAJA, TELÉFONO 0414-679.22.23. “Quien manifiesta la aceptación al cargo encomendado y juro cumplir con las obligaciones impuestas por mi defendido; acto seguido se le impone a la defensa privada de las actuaciones procesales, previo acceso y valoración del expediente, así como entrevista a solas con el imputado”. Acto seguido se le impuso al Defensor Privado de las actuaciones procesales, previo acceso y valoración del expediente, así como entrevista a solas con el imputado”. Seguidamente el ciudadano Juez da inicio al acto y concede la palabra el Representante del Ministerio Público, ABG. ELMER CARZOZO, en su carácter de Fiscal del Ministerio Público quien expuso entre otras cosas lo siguiente: “hace una breve narración de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos descritas en el acta policial), esta Representación Fiscal solicita que el procedimiento continué por el Procedimiento Especial para el Juzgamiento de los Delitos Menos Graves, de conformidad con lo establecido en el artículo 354 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, en cuanto a la precalificación considera esta representación esta encajada en el Delito: POSESION ILICITO DE ARMA DE FUEGO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 111 DE LA LEY PARA EL DESARME Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES, para los ciudadanos: JOSE GREGORIO MORILLO, solicito se le sea impuesta Una Medida cautelar sustitutiva de libertad, articulo 242 numeral 3, consistente a presentaciones periódicas cada 30 días por ante este tribunal y no me opongo a la Suspensión Condicional del proceso. ES TODO. Seguidamente el juez procede a imponer del precepto Constitucional establecido en el numeral 5 del articulo 49, que lo exime de declarar en causa propia, sin que su silencio le perjudique, también hizo de su conocimiento que la declaración es un medio con el que cuenta para su defensa y por consiguiente tiene derecho a explicar todo cuanto sirva para desvirtuar las sospechas que sobre el recaiga, así mismo el Juez explica el imputado el Principio de Oportunidad y las Medidas Alternativas a La Prosecución del Proceso, consagrados en los artículos 38, 357 y 358 del Código Orgánico Procesal Penal, en este estado e impuesto del Derecho Constitucional y de las Medidas Alternativas a La Prosecución del Proceso, el ciudadano Juez ordena identificar formalmente a los ciudadanos quienes se identificaron el primer ciudadano como: JOSE GREGORIO MORILLO, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V- 6.723.050, de 46 años de edad, soltero, fecha de nacimiento 22/06/1971, de ocupación Comerciante, residenciado calle el milagro entre Buchivacoa y calle Garcés, casa S/N color verde con ladrillo, punto de referencia diagonal al simoncito Monseñor Iturriza (Mario Toyo), sector San Nicolas, DEL MUNICIPIO MIRANDA, ESTADO FALCON. TELEFONO, 0426-762.67.38 El ciudadano expuso sin coerción alguna: “NO DESEO DECLARAR. Seguidamente se le concede el derecho de palabra a la Defensa Privada ABG. HILARIO TOYO, quien expuso: “Buenas tardes escuchado los alegatos del Ministerio Publico, solicito muy respetuosamente ante este digno Tribunal que mi defendido se someta a La Suspensión Condicional Del Proceso consistente en la realización de trabajo comunitario en el CONSEJO COMUNAL SAN NICOLAS, DEL SECTOR SAN NICOLAS PARROQUIA SANTA ANA, y solicito se me asigne como correo especial, ES TODO.-” Seguidamente el ciudadano Juez toma la palabra a los fines de preguntarle al ciudadano JOSE GREGORIO MORILLO ¿se acoge usted a las Fórmulas alternativas a la Prosecución del Proceso como lo son la Suspensión Condicional del Proceso? Respondiendo: “SI LO ACEPTO”. Es todo”. Seguidamente el ciudadano juez pregunta a La Representación del Ministerio Público ¿Se opone a La Suspensión Condicional del Proceso solicitada por la Defensa Publica? Respondiendo el mismo “Esta representación no se opone a La Suspensión Condicional del Proceso, establecido en el procedimiento especial por el delito menos graves si así la defensa lo considera, haciendo la salvedad que estamos en la fase de investigación y que todavía existen diligencia por recabarar, toda vez que estamos en la fase de investigación del proceso siendo que los hecho apenas tiene escasas horas de haberse suscitado es todo. Es todo”.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Ahora bien analizado como han sido los argumentos expuestos por las partes, durante la audiencia de presentación, este Tribunal pasa a resolver con fundamento en las siguientes consideraciones: En lo que respecta a la detención del imputado observa esta instancia del estudio de las actuaciones, específicamente del acta policial donde consta la aprehensión al ciudadano: JOSE GREGORIO MORILLO. Aproximadamente a las 7:15 horas de la noche del día de hoy domingo 05 de noviembre del año en curso, me encontraba realizando labores inherentes al servicio de patrullaje inteligente por los diferentes sectores de la ciudad de Coro, Municipio Miranda Estado Falcón, a bordo de las unidades motorizadas signadas con las siglas M-528 y M-55 en compañía de los funcionarios OFICIAL AGREGADO ARMANDO Y OFICIAL JOSE COLINA todos al mando del suscrito y justo cuando pasamos por la calle del hambre ubicada en la avenida independencia adyacente al estadio DAVID UGARTE logramos avistar a un ciudadano con las siguientes características fisionómicas tez morena, de baja estatura y de contextura gruesa y vestía para el momento una franela de color anaranjado, un pantalón jean de color azul y unas botas deportivas color rojo, quien al notar la comisión policial mostro una actitud nerviosa, motivo por el cual procedimos a aparcar las unidades motorizadas y a darle la voz de alto, identificándonos vivía voz como funcionarios policiales de conformidad con el artículo 119 del código orgánico procesal penal y en concordancia con el artículo 66 de la ley orgánica del servicio de policía y del cuerpo de policía nacional u objeto de interés criminalístico que lo exhibiera, siendo negativa su respuesta. Acto seguido comisiono al OFICIAL JOSE COLIAN, para que le realizara un registro corporal de conformidad con el artículo 191 del código orgánico procesal penal, logrando colectar en el cinto derecho de pantalón que vestía para el momento lo siguiente: UN (01) ARMA DE FUEGO, TIPO REVOLVER MARCA SMITH & WESSON CALIBRE 38 PAVON NEGRO CAÑON CORTO, SERIAL TAMBOR NUMERO 79344 SERIAL CACHA76 NUMERO J832316 CONTENTIVO DE CUATRO (04) CARTUCHOS CALIBRE 38 SIN PERCUTIR quedando resguardo y custodia el OFICIAL AGREGADO (PF) ARMANDO COLINA de conformidad con lo establecido en el artículo 187 del código orgánico procesal penal. Acto seguido, se procede con la aprehensión del ciudadano aun por identificar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 234 del código orgánico procesal penal, quedando esta persona posteriormente identificado como JOSE GREGORIO MORILLO, de nacionalidad venezolana, de 46 años de edad, titular de la cedula de identidad numero 6.723.050, de fecha de nacimiento 22-06-1971 de estado civil soltero de profesión u oficio comerciante, natural de caracas y residenciado en la urbanización cruz verde, calle 11 vereda 14, casa numero 09, municipio Miranda del Estado Falcón, notificándole el motivo de su aprehensión conforme lo tipificado en el artículo 241 del código orgánico procesal penal, por estar presuntamente incurso en unos de los delitos previstos y sancionado en el ordenamiento jurídico venezolano, siendo impuestos de los derechos que le asisten como imputados por parte del suscrito en apego a lo establecido en el artículo 127 del código orgánico procesal penal, en armonía con el art. 44 ordinal 2 de la constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, a continuación se procede a trasladar al aprehendido hasta el centro de coordinación general de Polifalcón, una vez en el comando superior, se procede a verificar por el sistema SIIPOL al ciudadano aprehendido, arrojando el siguiente resultado: presento dos historiales: PRIMERO por el delito de lesiones personales de fecha 15-01-2014 por la subdelegación coro, expediente numero K-14-0217-00122, SUGUNDO por el delito porte ilícito de fecha 17-01-2014 por la subdelegación coro, número K-14-0217-00122. Luego se procede a realizar llamada a la Fiscal ABGADO YAMILETH MOLINA.

Lo anterior, a criterio de este Juzgador, se corresponde con el criterio de una flagrancia real y efectiva, pues el imputado fue detenido en razón del señalamiento expreso y directo que funcionarios adscritos a POLIFALCÓN. Aproximadamente a las 7:15 horas de la noche del día de hoy domingo 05 de noviembre del año en curso, me encontraba realizando labores inherentes al servicio de patrullaje inteligente por los diferentes sectores de la ciudad de Coro, Municipio Miranda Estado Falcón, a bordo de las unidades motorizadas signadas con las siglas M-528 y M-55 en compañía de los funcionarios OFICIAL AGREGADO ARMANDO Y OFICIAL JOSE COLINA todos al mando del suscrito y justo cuando pasamos por la calle del hambre ubicada en la avenida independencia adyacente al estadio DAVID UGARTE logramos avistar a un ciudadano con las siguientes características fisionómicas tez morena, de baja estatura y de contextura gruesa y vestía para el momento una franela de color anaranjado, un pantalón jean de color azul y unas botas deportivas color rojo, quien al notar la comisión policial mostro una actitud nerviosa, motivo por el cual procedimos a aparcar las unidades motorizadas y a darle la voz de alto, identificándonos vivía voz como funcionarios policiales de conformidad con el artículo 119 del código orgánico procesal penal y en concordancia con el artículo 66 de la ley orgánica del servicio de policía y del cuerpo de policía nacional u objeto de interés criminalístico que lo exhibiera, siendo negativa su respuesta. Acto seguido comisiono al OFICIAL JOSE COLIAN, para que le realizara un registro corporal de conformidad con el artículo 191 del código orgánico procesal penal, logrando colectar en el cinto derecho de pantalón que vestía para el momento lo siguiente: UN (01) ARMA DE FUEGO, TIPO REVOLVER MARCA SMITH & WESSON CALIBRE 38 PAVON NEGRO CAÑON CORTO, SERIAL TAMBOR NUMERO 79344 SERIAL CACHA76 NUMERO J832316 CONTENTIVO DE CUATRO (04) CARTUCHOS CALIBRE 38 SIN PERCUTIR quedando resguardo y custodia el OFICIAL AGREGADO (PF) ARMANDO COLINA de conformidad con lo establecido en el artículo 187 del código orgánico procesal penal. Acto seguido, se procede con la aprehensión del ciudadano aun por identificar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 234 del código orgánico procesal penal, quedando esta persona posteriormente identificado como JOSE GREGORIO MORILLO, de nacionalidad venezolana, de 46 años de edad, titular de la cedula de identidad numero 6.723.050, de fecha de nacimiento 22-06-1971 de estado civil soltero de profesión u oficio comerciante, natural de caracas y residenciado en la urbanización cruz verde, calle 11 vereda 14, casa numero 09, municipio Miranda del Estado Falcón, notificándole el motivo de su aprehensión conforme lo tipificado en el artículo 241 del código orgánico procesal penal, por estar presuntamente incurso en unos de los delitos previstos y sancionado en el ordenamiento jurídico venezolano, siendo impuestos de los derechos que le asisten como imputados por parte del suscrito en apego a lo establecido en el artículo 127 del código orgánico procesal penal, en armonía con el art. 44 ordinal 2 de la constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, a continuación se procede a trasladar al aprehendido hasta el centro de coordinación general de Polifalcón, una vez en el comando superior, se procede a verificar por el sistema SIIPOL al ciudadano aprehendido, arrojando el siguiente resultado: presento dos historiales: PRIMERO por el delito de lesiones personales de fecha 15-01-2014 por la subdelegación coro, expediente numero K-14-0217-00122, SUGUNDO por el delito porte ilícito de fecha 17-01-2014 por la subdelegación coro, número K-14-0217-00122. Luego se procede a realizar llamada a la Fiscal ABGADO YAMILETH MOLINA. Siendo ello así nos encontramos en virtud de un delito flagrante, o de una flagrancia propiamente dicha, pues en la detención del imputado, existe una prueba inmediata y directa del delito cometido por éste, y que emana de la observación que del hecho delictivo efectuara por parte de los funcionarios al momento en que éste se cometía.
Al respecto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No. 1901 de fecha 01.12.2008 precisó:
“...En el Código Orgánico Procesal Penal, la flagrancia está definida en el artículo 234, “se tendrá como delito flagrante el que se está cometiendo o el que acaba de cometerse”. En principio, todo delito cuando se está cometiendo es flagrante, se está ejecutando actualmente, pero la condición de flagrante -a los efectos del artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal y del proceso penal- viene dada porque al instante en que se ejecuta, es percibido por alguien, quién puede actuar en la aprehensión o simplemente, formular la denuncia ante los órganos competentes o llamar a la fuerza pública para que lo capture.
De allí que, la condición de flagrancia venga dada por las circunstancias de que alguien (una persona) pueda captar la ejecución del delito, bien porque lo presencia, o porque acabando de cometerse, el sospechoso (a quien así denomina el Código Orgánico Procesal Penal ni siquiera es imputado), se encuentra aún en el lugar del suceso, en actitud tal que quien observa la comisión del hecho necesariamente forma una relación de causalidad entre el delito y el presunto delincuente.
Asimismo, la flagrancia está ligada a la persona que presencia la comisión del hecho, quien así se convierte en medio de prueba del delito y su autoría, sin que por ello sea necesaria, en principio, cualquier otra probanza de lo acontecido. El delito es de tal evidencia para quien lo aprehendió que, salvo en ciertas excepciones, no requiere otra prueba del mismo. Se trata de una presencia inmediata y directa, la cual es necesaria que exista por igual tanto en la autoría como en las circunstancias que se perciben in situ del hecho. Lo que clasifica de flagrante a un delito, es la captación del mismo que se comete o acaba de cometerse y será dicho conocimiento el que al llevarse al proceso, básicamente probará el cuerpo del delito y su autoría.

Siendo ello así, estima este juzgador, que en el presente caso al haberse verificado como se explicó un delito flagrante, la detención del ciudadano: JOSE GREGORIO MORILLO, plenamente identificado en autos, fue practicada de manera legítima y ajustada a los parámetros que dispone el artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y ASÍ SE DECIDE.

En lo que respecta al delito precalificados y la a medida de coerción personal a imponer; este tribunal observa que en el presente caso, la Representación Fiscal precalifico el delito de: POSESION ILICITO DE ARMA DE FUEGO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 111 DE LA LEY PARA EL DESARME Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES. En este sentido, la defensa de igual manera hace mención en sus alegatos donde indica lo siguiente: “Esta representación no se opone a La Suspensión Condicional del Proceso, establecido en el procedimiento especial por el delito menos graves si así la defensa lo considera, haciendo la salvedad que estamos en la fase de investigación y que todavía existen diligencia por recabarar, toda vez que estamos en la fase de investigación del proceso siendo que los hecho apenas tiene escasas horas de haberse suscitado es todo. Es todo”.

Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible; los cuales se obtienen del análisis de las siguientes actas de investigación tales como la son:

1.-ACTA POLICIAL DE FECHA 05-11-2017, suscrita por funcionarios adscritos POLIFALCÓN la cual riela en los folio 04 de las actuaciones preliminares acompañadas al procedimiento).

2.-REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA DE FECHA 05-11-2017, suscrita por funcionarios adscritos POLIFALCÓN (la cual riela en los folio 06 de las actuaciones preliminares acompañadas al procedimiento).

Elementos estos de convicción, de los cuales estima este Juzgador, se extraen motivo racional, coherente y suficiente para estimar la presunta participación de los ciudadanos: JOSE GREGORIO MORILLO, en la comisión del delito: POSESION ILICITO DE ARMA DE FUEGO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 111 DE LA LEY PARA EL DESARME Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES. Que le fuera acreditado a dicha conducta antijurídica por el Ministerio Público en la audiencia de presentación, habida consideración que de las actuaciones preliminares, iniciada a través de acta policial, Aproximadamente a las 7:15 horas de la noche del día de hoy domingo 05 de noviembre del año en curso, me encontraba realizando labores inherentes al servicio de patrullaje inteligente por los diferentes sectores de la ciudad de Coro, Municipio Miranda Estado Falcón, a bordo de las unidades motorizadas signadas con las siglas M-528 y M-55 en compañía de los funcionarios OFICIAL AGREGADO ARMANDO Y OFICIAL JOSE COLINA todos al mando del suscrito y justo cuando pasamos por la calle del hambre ubicada en la avenida independencia adyacente al estadio DAVID UGARTE logramos avistar a un ciudadano con las siguientes características fisionómicas tez morena, de baja estatura y de contextura gruesa y vestía para el momento una franela de color anaranjado, un pantalón jean de color azul y unas botas deportivas color rojo, quien al notar la comisión policial mostro una actitud nerviosa, motivo por el cual procedimos a aparcar las unidades motorizadas y a darle la voz de alto, identificándonos vivía voz como funcionarios policiales de conformidad con el artículo 119 del código orgánico procesal penal y en concordancia con el artículo 66 de la ley orgánica del servicio de policía y del cuerpo de policía nacional u objeto de interés criminalístico que lo exhibiera, siendo negativa su respuesta. Acto seguido comisiono al OFICIAL JOSE COLIAN, para que le realizara un registro corporal de conformidad con el artículo 191 del código orgánico procesal penal, logrando colectar en el cinto derecho de pantalón que vestía para el momento lo siguiente: SEGÚN CONSTA EN CADENA DE REGSITRO DE CUSTODIA DE FECHA 05-11-2017 UN (01) ARMA DE FUEGO, TIPO REVOLVER MARCA SMITH & WESSON CALIBRE 38 PAVON NEGRO CAÑON CORTO, SERIAL TAMBOR NUMERO 79344 SERIAL CACHA76 NUMERO J832316 CONTENTIVO DE CUATRO (04) CARTUCHOS CALIBRE 38 SIN PERCUTIR. Siendo ello así, un delito flagrante, o de una flagrancia propiamente dicha, pues se relaciona las actuaciones con el hecho donde se encuentra incurso los ciudadanos: JOSE GREGORIO MORILLO, existe una prueba inmediata y directa del delito cometido, que emana de la observación que del hecho delictivo efectuaran los funcionarios actuantes en el procedimiento.

Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se ha referido a la posibilidad de imponer Medida de Coerción Personal desde la fase preparatoria, a los fines de asegurar las finalidades del proceso, señalando:
“... El Código Orgánico Procesal Penal en su título I regula las fases del proceso penal entre las cuales se encuentra la fase preparatoria, cuya finalidad no es más que practicar las diligencias necesarias tendentes a determinar si existen razones para proponer la acusación contra una persona y pedir su enjuiciamiento o sobreseimiento, según el caso.
En dicha fase, la medida más importante que se puede decretar, entre otras, es la privación preventiva judicial de libertad del imputado si se verifica la existencia de los requisitos concurrentes que para tal fin, establece el Código Orgánico Procesal Penal...” (Sent. Nro. 673 del 07/04/2003, )

Asimismo, se estima oportuno precisar, que si bien es cierto, sólo será en la fase de juicio oral y público, luego de efectuada la práctica de todas y cada una de las pruebas, y dado el correspondiente contradictorio, el momento estelar donde se podrá establecer con certeza la existencia de responsabilidad o no del imputado; no obstante hasta el presente estado procesal, está demostrado a los solos efectos del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, la existencia de elementos de convicción suficientes para estimar la participación de éste en la comisión del hecho delictivo que le fue atribuido, lo hace procedente el decreto de una medida de coerción personal. Situación esta que en ningún momento comporta pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del imputado de autos, pues los elementos valorados por esta instancia, se ciñen estrictamente a establecer la procedencia fundada de la Medida Coerción Personal que fue solicitada, tal y como lo es la Privación Judicial Preventiva de Libertad.
Al respecto, ha señalado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No 1998 de fecha 22 de noviembre de 2006:
“… La protección de los derechos del imputado a la libertad y a ser tratado como inocente mientras no se establezca de manera plena su culpabilidad, tampoco puede significar el absoluto abandono de los mecanismos cautelares destinados a garantizar los objetivos del proceso…”. (Negritas de la Sala)

Y finalmente también está acreditado la existencia de una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de la investigación, pues aprecia este tribunal, partiendo de la circunstancia de que en el presente caso, nos encontramos en presencia de un delito menos graves, el cual tiene asignada una penalidad moderada para el delito POSESION ILICITO DE ARMA DE FUEGO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 111 DE LA LEY PARA EL DESARME Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES. Lo cual se corresponde con el contenido del numeral 2 del artículo 238 que al respecto dispone:
Artículo 237. Peligro de Fuga. Para decidir del peligro de Fuga se tendrán en cuenta, especialmente las siguientes circunstancias:

OMISIS…
5. La conducta predelictual del imputado o imputada

No obstante a lo anterior, estima este Juzgador SE DEJA CONSTANCIA QUE EL CIUDADANO: JOSE GREGORIO MORILLO, FUE REVISADO EN EL SISTEMA JURIS ARROJANDO: CAUSA PENAL IP01-P-2017-1959, POR EL TRIBUNAL 5º DE CONTROL SE ENCUENTRA SOBRESEIDA, IP01-P-2011-1399 POR CONTRABANDO; IP01-P-2012-3592 DECLINATORIA; IP01-P-2014-537 POR EL TRIBUNAL 5 DE CONTROL POR POSESION DE ARMA DE FUEGO LE DECRETARON MEDIAD CAUTELAR, de esta forma nos encontramos en una flagrancia propiamente dicha precalificada sobre el delito: POSESION ILICITO DE ARMA DE FUEGO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 111 DE LA LEY PARA EL DESARME Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES, según lo explanado en actas Policiales, luego de efectuado el correspondiente estudio a las actuaciones que constituyen el presente procedimiento se determina el peligro de Obstaculización, basado en el numeral 2 del Art. 238 Código Orgánico Procesal Penal, los supuestos que motivan la medida de privación judicial preventiva de libertad, pueden ser razonablemente satisfecho, por una medida cautelar sustitutiva menos gravosa, como lo es, la medida suspensión condicional del proceso establecida en el artículo 358 del Código Orgánico Procesal Penal.

Ciertamente, una de las tantas innovaciones del actual sistema Penal, lo constituye la institución del principio de afirmación de libertad, en razón del cual, toda persona a quien se le impute la comisión de un hecho punible, salvo las excepciones que establece la ley, tiene derecho a ser juzgada en libertad; de tal manera que la libertad constituye la regla en el juzgamiento penal y la privación judicial preventiva de libertad, una forma excepcional de enjuiciamiento. En tal sentido, los artículos 8, 9 y 229 del Código Orgánico Procesal Penal, establecen que:
Artículo 8. Presunción de inocencia. Cualquiera a quien que se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme.
Artículo 9. Afirmación de la libertad. Las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, sólo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta.
Las únicas medidas preventivas en contra del imputado son las que este Código autoriza conforme a la Constitución.
Artículo 229. Estado de Libertad. Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este código.
La privación de libertad es una medida cautelar, que solo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso”.

Ese juzgamiento en libertad, que como regla, emerge en nuestro proceso penal, no es más que el desarrollo de un mandato contenido en el numeral 1 del artículo 44 del texto constitucional, el cual al consagrar el derecho a la libertad personal establece que “…toda persona será juzgada en libertad excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el Juez o Jueza en cada caso…”; dispositivo constitucional con el cual, además, se establece una garantía de protección e intervención mínima en la afectación del derecho a la libertad personal, el cual sólo podrá verse restringido en casos excepcionales, para asegurar las finalidades del proceso.
En este orden de ideas, la Sala Constitucional de nuestro más alto Tribunal de Justicia, en sentencia No. 1825, de fecha 04 de julio de 2003, señaló:
“...Al respecto debe recordarse que, de conformidad con el artículo 44 de la Constitución, las personas serán juzgadas en libertad, excepto por las razones que determine la ley. Por su parte, el artículo 252 (hoy, 243) del derogado Código Orgánico Procesal Penal reafirma la garantía del juicio en libertad, cuando establece que “Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este código”; asimismo, que “la privación de libertad es una medida cautelar, que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso” (Subrayado de la Sala). Tales excepciones... son las que autorizan a dictar medidas cautelares privativas de libertad, las cuales sin embargo y siempre en procura de que, solo en la menor medida posible y dada la garantía constitucional de presunción de inocencia, resulte afectado el derecho fundamental que reconoce el artículo el artículo 44 de la Constitución..” . (Negritas de esta Sala).

Así pues, hoy en día la Privación Judicial Preventiva de Libertad, constituye un decreto excepcional, que a la luz del nuevo sistema de juzgamiento penal, sólo puede ser dictado en todos aquellos casos en los cuales, no exista razonablemente la posibilidad de garantizar las eventuales resultas del proceso penal, con otra medida de coerción personal menos gravosa y distinta la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad.
En tal sentido, debe señalar este juzgador, que la imposición de cualquier medida de coerción personal, debe necesariamente obedecer a una serie de criterios y juicios debidamente razonados y ponderados, que atendiendo a las circunstancias que rodean cada caso, se encamine a conseguir el debido equilibrio que exige, tanto el respeto al derecho de los procesados penalmente a ser juzgados en libertad como al derecho del Estado y la sociedad de que se resguarden los intereses sociales, mediante el establecimiento de medios procesales que garanticen las futuras y eventuales resultas de los juicios.
Por ello, el análisis de todas y cada una de las circunstancias fácticas que reposan en las actuaciones y acompañan a las respectivas solicitudes de privación o cautelar sustitutiva de libertad, deben ser ponderadas bajo los criterios de objetividad, magnitud del daño, cuantía de la pena, peligro de fuga y de obstaculización en la búsqueda de la verdad, lo cual permitirá luego de un debido y motivado juicio, determinar con certeza la mayor o menor severidad de la medida a imponer.

Ahora bien, en el presente caso, si bien es cierto al imputado de autos se le ha atribuido un hecho delictivo menos grave, pero este juzgador considera y estima la posibilidad de asegurar las resultas del presente proceso, mediante la imposición de una medida de coerción personal menos gravosa a la privación judicial preventiva de libertad, tal y como lo es, la medida suspensión condicional del proceso establecida en el artículo 358 del Código Orgánico Procesal Penal. El cual al consagrar el derecho a la libertad personal establece que“…toda persona será juzgada en libertad excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el Juez o Jueza en cada caso”.
Consideraciones en atención a las cuales esta Instancia, estima que lo ajustado a derecho es decretar al imputado de auto la medida suspensión condicional del proceso establecida en el artículo 358 del Código Orgánico Procesal Penal. Y de igual manera queda demostrado su participación en los delitos precalificados por el ministerio público.

Finalmente, en cuanto al procedimiento a seguir, se observa que en la presente causa si bien fue estimada la flagrancia en la aprehensión del imputado, el Ministerio Público, solicitó la aplicación del procedimiento especial, por lo que a tenor de lo dispuesto del artículo 353 del Código Orgánico Procesal Penal el cual expresamente dispone:

Artículo 353. DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
En los asuntos sujetos a procedimientos especiales son aplicables las disposiciones establecidas específicamente para cada uno de ellos en este libro. En lo no previsto, y siempre que no se opongan a ellas, se aplicaran las reglas del procedimiento ordinario.

Ahora bien, visto, escuchado, analizados los alegatos de la Defensa y el Ministerio Público de igual manera vista las actuaciones acompañadas al escrito fiscal, y por cuanto el imputado de auto manifestó acogerse a las Fórmulas alternativas a la Prosecución del Proceso como lo son la Suspensión Condicional del Proceso, este Juzgado primero de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control del Estado Falcón. Y ASÍ SE DECIDE.
DISPOSITIVA

Es por lo que este Juzgado primero de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control del Estado Falcón, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, pasa a decidir en los siguientes términos y decreta: PRIMERO: la flagrancia previsto y sancionado en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal SEGUNDO: se acuerda el Procedimiento especial para el juzgamiento de los delitos menos graves artículo 354 del Código Orgánico Procesal Penal TERCERO: Se admitió la precalificación del delito realizada por el ciudadano Fiscal del Ministerio Público de delito de: POSESION ILICITO DE ARMA DE FUEGO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 111 DE LA LEY PARA EL DESARME Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES, para el ciudadano JOSE GREGORIO MORILLO. CUARTO: CON LUGAR la solicitud del Defensor Privada en cuanto a que su defendido se acoja a las Fórmulas Alternativas como es la Suspensión Condicional del Proceso establecida en el artículo 358 del Código Orgánico Procesal Penal, por un periodo de CUATRO (04) meses, CUATRO (04) horas semanales, el cual realizaran en el CONSEJO COMUNAL SAN NICOLAS, DEL SECTOR SAN NICOLAS PARROQUIA SANTA ANA, el cual deberán presentar por ante este tribunal carta de cumplimiento avalado por el Consejo Comunal con memoria fotográfica. QUINTO: SIN LUGAR la solicitud realizada por el Ministerio Publico de una Una Medidas cautelar sustitutiva de libertad, articulo 242 numeral 3, consistente en la presentación cada 30 días por ante este tribunal. SEXTO: Se designa como correo especial al ciudadano: ABG. HILARIO TOYO. SEPTIMO: se ordena verificar las condiciones impuestas por este tribunal el VIERNES (23) DE MARZO DE 2018.

JUEZ PROVISORIO
ABG. JOSE. G. REYES SALAS

SECRETARIA
Abg. KATHEYDY RIVAS