REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón
Santa Ana de Coro, 26 de Febrero de 2018
207º y 159º
ASUNTO PRINCIPAL : IP01-R-2018-000011
ASUNTO : IP01-R-2018-000011
JUEZA PONENTE: IRIS CHIRINOS LÓPEZ
Le corresponde a esta Corte de Apelaciones conocer acerca del recurso de apelación de auto, interpuesto por los Abogados RITA CACERES y ELIOMAR HERNANDEZ, en contra del auto dictado en fecha 05 de Octubre de 2017,por el Tribunal Tercero de Control Del Circuito Judicial Del Estado Falcón, Extensión Punto Fijo, en su condición de Defensores Privados de los ciudadanos JUNIOR RAMON RUJANO, Venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-15.238.921, CARLOS ALBERTO MEDINA ALRIZONE, Venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N°10..612.459 y BENIGNO RAMON GARCES BUSTILLO, Venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N°4.794.640, el cual se encuentran privado de libertad por la presunta comisión de los delitos de ROBO DE MATERIALES ESTRATEGICOS, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, el cual se encuentra recluido en la Comunidad Penitenciaria de Coro.
En fecha 08 de Febrero de 2018, se dio ingreso al asunto, dándose cuenta en Sala, designándose Ponente a la Jueza quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
La Corte para decidir sobre la admisibilidad del Recurso de Apelación, observa:
DE LA ADMISIBILIDAD
Para la declaratoria de admisibilidad del recurso de apelación, debe la Corte de Apelaciones realizar una revisión exhaustiva a los términos en que ha sido ejercido el recurso, en cuanto a verificar las circunstancias de forma (escrito y fundamentación del agravio), tiempo (temporaneidad en su interposición), legitimación y acto impugnable (impugnabilidad objetiva), descartando a su vez las causales de inadmisibilidad que consagra el artículo 428 del texto adjetivo penal, especialmente la referida a la determinación de la decisión impugnable, toda vez que el artículo 432 del Código Orgánico Procesal Penal consagra: “Las decisiones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos”. Esta disposición legal guarda relación a su vez con la contenida en el artículo 437 eiusdem, que consagra:
…Causales de inadmisibilidad. La corte de apelaciones sólo podrá declarar inadmisible el recurso por las siguientes causas:
a. Cuando la parte que lo interponga carezca de legitimación para hacerlo;
b. Cuando el recurso se interponga extemporáneamente;
c. Cuando la decisión que se recurre sea inimpugnable o irrecurrible por expresa disposición de este Código o de la ley.
Fuera de las anteriores causas, la corte de apelaciones, deberá entrar a conocer el fondo del recurso planteado y dictará la decisión que corresponda. (Resaltado de la Sala)…
De estas disposiciones legales surge la necesidad y obligación de las Cortes de Apelaciones de verificar el cumplimiento de estos requisitos, conforme a doctrinas jurisprudenciales de las Salas Penal y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que han apuntado hacia ese sentido, la última de las cuales asentó, en sentencia Nº 1749, de 10 de agosto de 2007, de plena pertinencia con el particular que se examina, en la que se destaca la esencialidad del análisis que debe hacer el Tribunal competente, respecto de la admisibilidad de la pretensión.
Por ello, a los fines de la declaratoria de admisibilidad del recurso de apelación, debe la Corte de Apelaciones realizar esa revisión, incluso para la determinación de la fundamentación del agravio, ya que su omisión es causal de inadmisibilidad, conforme a doctrina de las Salas Penal y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la última de las cuales asentó, en sentencia del 05/05/2005, Nº 747: “…es igualmente cierto que la Alzada penal declaró inadmisible el recurso de apelación, razón por la cual no entró a la valoración del fondo de la impugnación. Sin embargo, debe advertirse que tal pronunciamiento de la Corte de Apelaciones estuvo fundamentado en serias deficiencias en el planteamiento del recurso en referencia, imputables a la recurrente; por tal razón, no podían pretender los demandantes de autos el replanteamiento, ahora en sede constitucional, de los agravios que denunciaron en la apelación, por cuanto éste era un medio judicial preexistente mediante el cual pudieron obtener, oportunamente y mediante el correcto planteamiento del recurso, una adecuada respuesta al reclamo de tutela a sus derechos fundamentales que, según alegaron, fueron vulnerados por la predicha decisión de la legitimada pasiva. Debe concluirse, en definitiva, que si la apelación no constituyó un medio eficaz para la obtención de la respuesta a la cual aspiraban los recurrentes, ello fue por causa imputable enteramente a los mismos…”.
Analizado el dispositivo legal reproducido, procede esta Alzada a examinar en detalle cada uno de estos requisitos de carácter formal, en el caso sometido ahora a su consideración, de la siguiente manera:
Primero de la Legitimación: Se evidencia del escrito del Recurso de Apelación que riela inserto de los folios 03 al 07 de las actas que reposan en este despacho que los Abogados RITA CACERES y ELIOMAR HERNANDEZ, en su condición de Defensores de los ciudadanos JUNIOR RAMÓN RUJANO, CARLOS ALBERTO MEDINA Y BENIGNO RAMON GARCES interpusieron recurso de apelación .
En razón de lo expuesto, los mencionados Defensores se encuentran plenamente legitimados para recurrir, conforme lo dispone el aparte primero del artículo 424 del Código Penal Adjetivo, el cual es del tenor siguiente:
“…Artículo 424. Legitimación. Podrán recurrir en contra de las decisiones judiciales las partes a quienes la ley reconozca expresamente este derecho…”
Segundo de la Tempestividad:
Según se desprende del computo procesal efectuado por la secretaría del Tribunal requerido que el auto objeto de impugnación fue publicado en fecha 14 DE OCTUBRE DE 2017, por el Tribunal Segundo de Control de este Circuito Judicial Penal, Coro, en fecha 24 DE OCTUBRE DE 2017, los Abogados RITA CACERES Y ELIOMAR HERNANDEZ, presentaron recurso de apelación por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial Penal, en su condición de Defensores de los ciudadanos JUNIOR RAMON RUJANO, CARLOS ALBRTO MEDINA y BENIGNO RAMON GARCES, y por cuanto no constan las boletas de notificacaión de las partes del auto motivado , es por lo que se tiene como temporaneo por anticipado .
De la misma forma, en fecha 26 DE OCTUBRE DE 2017, se ordenó emplazar a la Fiscalía 15° del Ministerio Público del estado Falcón y en misma fue debidamente notificada la Representación Fiscal, se recibe y se agrega dicha boleta de emplazamiento, dándose por notificado en FECHA 13 DE Noviembre DE 2017, (consta resulta ante esta Alzada).
De igual forma, se dejó constancia que el lapso establecido en el artículo 441 del Código Orgánico Procesal Penal para la contestación del recurso de apelación el cual fue ejercido en fecha 24 DE OCTUBRE DE 2017, sin que la Representación Fiscal presentara contestación al recurso de apelación, por lo que comenzó a transcurrir según el computo efectuado por secretaria del Tribunal tercero de Control, sin que la representación fiscal presentara contestación al recurso de apelación. (LAS PRESENTES FECHAS NO CONSTA EN RESULTAS).
DISPOSITIVA
Con base a las consideraciones que anteceden esta Corte de Apelaciones, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara PRIMERO: ADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por los Abogados RITA CACERES y ELIOMAR HERNANDEZ, en contra del auto dictado en FECHA 14 DE Octubre DE 2017, por el Tribunal Tercero de Control Del Circuito Judicial Del Estado Falcón, Extensión Punto Fijo, en su condición de Defensores Privados de los ciudadanos JUNIOR RAMON RUJANO, Venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-15.238.921, CARLOS ALBERTO MEDINA ALRIZONE, Venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N°10..612.459 y BENIGNO RAMON GARCES BUSTILLO, Venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N°4.794.640 el cual se encuentra privado por la presunta comisión de los delitos de TRAFICO DE MATERIALES ESTRATEGICOS, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Contra La Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Audiencia de la Corte de Apelaciones, en Santa Ana de Coro, 9 días del mes de Febrero de 2018.
ABG. IRIS CHIRINOS LÓPEZ
JUEZA SUPLENTE PRESIDENTA (E) (PONENTE)
ABG. MORELA FERRER BARBOZA
JUEZA PROVISORIA
RHONALD JAIME RAMIREZ JUEZ PROVISORIO
KAYLIMAR CORDOBA
SECRETARIA ACCIDENTAL
En la misma fecha se cumplió lo ordenado.
Secretaria ACCIDENTAL
RESOLUCIÓN Nº IG012018000061
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