TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO FALCON
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA MUNICIPAL EN FUNCIONES DE CONTROL
Santa Ana de Coro, 30 DE JULIO DE 2018
206º Y 157º

AUTO DECRETANDO MEDIDA DE COERCCION PERSONAL DE LA AUDIENCIA
DE PRESENTACION DE IMPUTADOS

ASUNTO PRINCIPAL: IP02-P-2018-000338
ASUNTO: IP02-P-2018-000338

IDENTIFICACION DE LAS PARTES:
EL JUEZ: ABG. JOSE GREGORIO REYES
SECRETARIA: ABG. DIANA PARRA
FISCAL AUXILIAR INTERINO 1° DEL MINISTERIO PÚBLICO: ABG. GUILLERMO AMAYA
VÍCTIMA: EL ESTADO VENEZOLANO
IMPUTADO: IVO JESUS RODRIGUEZ
DEFENSOR PUBLICO: ABG. ANA CALDERA

ACTA DE AUDIENCIA DE PRESENTACION DE IMPUTADOS.

En el día de hoy LUNES 30 DE JULIO DE 2018, siendo las 12:15 del medio día, hora y fecha fijada para dar inicio a la AUDIENCIA DE PRESENTACION DE IMPUTADOS de conformidad con lo previsto en el artículo 356 del Código Orgánico Procesal Penal, solicitada por la FISCAL AUXILIAR INTERINO 1° DEL MINISTERIO PÚBLICO: ABG. GUILLERMO AMAYA, quien solicitó la formal imputación al ciudadano: IVO JESUS RODRIGUEZ. Se instaló el Tribunal primero de Primera Instancia Municipal en Función de Control a cargo del Ciudadano Juez ABG. JOSE GREGORIO REYES, acompañado de la Secretaria ABG. DIANA PARRA, y el alguacil designado para este acto en la Sala de audiencias. Seguidamente el Juez, solicita a la ciudadana Secretaria verificar la presencia de las partes y ésta informó que se encuentra presentes FISCAL AUXILIAR INTERINO 1° DEL MINISTERIO PÚBLICO: ABG. GUILLERMO AMAYA, de la presencia del imputado: IVO JESUS RODRIGUEZ, previo traslado del órgano aprehensor POLIFALCON, el Defensor Público; ABG. ANA CALDERA, seguidamente este tribunal procedió a preguntarle al investigado de autos si tenía defensor que lo asistiera en la presente causa, manifestando el ciudadano: IVO JESUS RODRIGUEZ, NO tener defensor que lo asista. ”Por lo cual se procedió a la designación de ley del defensor Público. ABG. ANA CALDERA. Acto seguido se le impone a la defensa pública de las actuaciones procesales, previo acceso y valoración del expediente, así como entrevista a solas con el imputado”. Seguidamente el ciudadano Juez da inicio al acto y concede la palabra el Representante del Ministerio Público, ABG. GUILLERMO AMAYA, en su carácter de Fiscal del Ministerio Público quien expuso entre otras cosas lo siguiente: “hace una breve narración de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos descritas en el acta policial), esta Representación Fiscal solicita que el procedimiento continúe por el Procedimiento especial para el juzgamiento de los delitos menos graves, de conformidad con lo establecido en el artículo 354 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, en cuanto a la precalificación considero que la conducta desplegada por el ciudadano en cuanto a la precalificación considera esta representación esta encajada en el Delito: RESISTENCIA A LA AUTORIDAD PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 218 DEL CÓDIGO PENAL, para el ciudadano: IVO JESUS RODRIGUEZ , solicito les sea impuesta Una Medidas cautelar sustitutiva de libertad, prevista en el articulo 242 numeral 3 consistente a presentaciones periódicas cada 20 días por ante este tribunal y no me opongo a la suspensión condicional del proceso, ES TODO. Seguidamente el juez procede a imponerle del precepto Constitucional establecido en el numeral 5 del artículo 49, que lo exime de declarar en causa propia, sin que su silencio lo perjudique, también hizo de su conocimiento que la declaración es un medio con el que cuenta para su defensa y por consiguiente tienen derecho a explicar todo cuanto sirva para desvirtuar las sospechas que sobre ellos recaiga, así mismo el Juez explica a los imputados el Principio de Oportunidad y las Medidas Alternativas a la Prosecución del Proceso, consagrados en los artículos 38, 357 y 358 del Código Orgánico Procesal Penal, en este estado e impuesto del Derecho Constitucional y de las Medidas Alternativas a La Prosecución del Proceso, el ciudadano Juez ordena identificar formalmente el ciudadano quien se identifico como: IVO JESUS RODRIGUEZ: venezolano, titular de la cédula de identidad V-19.007.750, de 34 años de edad, soltero, fecha de nacimiento 28/05/1984, de ocupación indefinido, residenciado en el sector Sabana Larga, calle N° 04, casa sin número, Municipio Colina, Estado Falcón. Teléfono: NO POSEE. El ciudadano expuso sin coerción alguna: “NO DESEO DECLARAR, ES TODO”. Seguidamente se le concede el derecho de palabra al Defensor Publica ABG. ANA CALDERA, quien expuso: “Buenas días a todos los presentes, no hay elementos suficientes que permitan demostrar el delito precalificado por el ministerio publico y presentaremos los elementos de prueba pertinentes para demostrar la no participación de mi defendido en el caso. ES TODO”.-

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Ahora bien analizado como han sido los argumentos expuestos por las partes este Tribunal pasa a resolver con fundamento en las siguientes consideraciones: En lo que respecta a la detención del imputado, se observa esta instancia del estudio de las actuaciones, específicamente del Acta Policial donde consta la aprehensión del ciudadano: IVO JESUS RODRIGUEZ. Aproximadamente a las 40:40 horas de la mañana del día de hoy 29/07/2018, me encontraba realizando labores de patrullaje preventivo por los sectores Sabana Larga, las Malvinas en el Municipio Colina del Estado Falcón, a bordo de Ia unidad radio patrullera signada con las siglas P- 403, conducida por el SUPERVISOR FRNKLIN RODRIGUEZ y como auxiliar OFICIAL AGREGADO RECTOR OLLARVES, al momento que nos encontrábamos por Ia calle 100 del sector las Malvinas, recibimos llamada vía radiofónica por parte del centralista de guardia del Centro de Coordinación Policial número 11, OFICIAL JOSE GARCIA quien informa que de acuerdo a llamada vía telefónica por parte del COMISIONADO JOSE SILVA, Director del Centro de Coordinación Policial ya identificado, indica que en la calle 4, del sector Sabana Larga, al parecer un ciudadano Se encontraba arremetiendo contra un inmueble, en vista a la información aportada, procedemos a trasladarnos al lugar indicado, donde al llegar observamos a un ciudadano de tez morena, de contextura gruesa, de mediana estatura y quien vestía para el momento pantalón de blue jeans y sin camisa, quien se encontraba con una actitud agresiva, por lo que cumpliendo con las reglas y normas de la actuación policial establecidas en el artículo 119 del Código Orgánico Procesal Penal y los articulo 60 y 65 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, procedo a darle Ia voz de alto, indicándole que depusiera de la actitud, por lo que dicho ciudadano continuaba vociferando palabras denigrantes y ofensivas contra la comisión policial, por lo que Io indico que colocara las manos en un lugar visible por seguridad tomando todas las precauciones necesarias, inmediatamente procedemos a acercarnos y es cuando el ciudadano se abalanza sobre Ia comisión policial, lanzando golpes de puño contra los funcionarios policiales, siendo infructuoso al alcance de los golpes, por lo que nos vimos en1 la necesidad de aplicar tácticas de control y el uso progresivo diferenciado de la fuerza establecidos en los artículos 67, 68 y 70 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, logrando neutralizar al ciudadano, a quien le pregunto si ocultaba algún objeto o sustancia de interés criminalística oculto entre sus indumentarias, que de ser así lo exhibiera, manifestando que no, por lo que comisiono al OFICIAL AGREGADO HERCTOR OLLARVES para que amparado en el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, le realizara un registro corporal, no localizándole ni colectando, ningt1n tipo de objeto ni sustancia de interés criminalística, en ese momento egresa del inmueble al cual el ciudadano que se encontraba agresivo le estaba lanzando objetos contundentes (Piedras) una ciudadana quien se identificó como MARILIS el resto de los datos filiatorios quedan a reserva del Ministerio Publico de acuerdo con lo establecido en los artículos 3, 4, 6, 9, 3 y 23 de la Ley de Protección a Victimas, Testigos y demás Sujetos Procesales), quien manifestó ser la propietaria del inmueble, por lo que le indico que se trasladara al Centro de Coordinación Policial número 11, de la Ve1a, Municipio Colina del Estado Falcón para que formulara su respectiva denuncia, seguidamente proceso con la aprehensión definitiva del ciudadano de acuerdo con lo establecido en el articulo 234 y 266 del Código Orgánico Procesal Penal y el articulo 34 numerales 2, 4, 13 de la Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, quedando identificado como IVO JESUS RODRIGUEZ, de nacionalidad venezolano, de 34 años de edad, de fecha de nacimiento 28/05/1984, de estado civil soltero, de profesión u oficio sin ocupación alguna, titular de la cedula de identidad número V 19.007.750, natural de Santa Ana de Coro, y con residencia actual en sector Sabana Larga, calle número 4, casa sin número, Municipio Colina del Estado Falcón, a quien el OFICIAL AGREGADO HECTOR OLLARVES impone de sus derechos constitucionales establecidos en el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal, de 10 cual se deja constancia anexa en acta que firma el aprehendido de puño y letra colocando sus huellas dactilares, informándole .el motivo de su aprehensión de acuerdo con b establecido en el artículo 241 del Código Orgánico Procesal Penal. trasladando al ciudadano aprehendido al Centro de Coordinación Policial numeral 11 donde al llega cumpliendo con 10 establecido en el articulo 116 y 373 del Código Orgánico Procesal Penal y Ie realizo llamada telefónica al Abogado Guillermo Amaya, Fiscal Primero del Ministerio Publico.

Lo anterior, a criterio de este Juzgador, se corresponde con el criterio de una flagrancia real y efectiva, pues los imputados fueron detenidos en razón del señalamiento expreso y directo que funcionarios de POLIFALCON. Aproximadamente a las 40:40 horas de la mañana del día de hoy 29/07/2018, me encontraba realizando labores de patrullaje preventivo por los sectores Sabana Larga, las Malvinas en el Municipio Colina del Estado Falcón, a bordo de Ia unidad radio patrullera signada con las siglas P- 403, conducida por el SUPERVISOR FRNKLIN RODRIGUEZ y como auxiliar OFICIAL AGREGADO RECTOR OLLARVES, al momento que nos encontrábamos por Ia calle 100 del sector las Malvinas, recibimos llamada vía radiofónica por parte del centralista de guardia del Centro de Coordinación Policial número 11, OFICIAL JOSE GARCIA quien informa que de acuerdo a llamada vía telefónica por parte del COMISIONADO JOSE SILVA, Director del Centro de Coordinación Policial ya identificado, indica que en la calle 4, del sector Sabana Larga, al parecer un ciudadano Se encontraba arremetiendo contra un inmueble, en vista a la información aportada, procedemos a trasladarnos al lugar indicado, donde al llegar observamos a un ciudadano de tez morena, de contextura gruesa, de mediana estatura y quien vestía para el momento pantalón de blue jeans y sin camisa, quien se encontraba con una actitud agresiva, por lo que cumpliendo con las reglas y normas de la actuación policial establecidas en el artículo 119 del Código Orgánico Procesal Penal y los articulo 60 y 65 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, procedo a darle Ia voz de alto, indicándole que depusiera de la actitud, por lo que dicho ciudadano continuaba vociferando palabras denigrantes y ofensivas contra la comisión policial, por lo que Io indico que colocara las manos en un lugar visible por seguridad tomando todas las precauciones necesarias, inmediatamente procedemos a acercarnos y es cuando el ciudadano se abalanza sobre Ia comisión policial, lanzando golpes de puño contra los funcionarios policiales, siendo infructuoso al alcance de los golpes, por lo que nos vimos en1 la necesidad de aplicar tácticas de control y el uso progresivo diferenciado de la fuerza establecidos en los artículos 67, 68 y 70 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, logrando neutralizar al ciudadano, a quien le pregunto si ocultaba algún objeto o sustancia de interés criminalística oculto entre sus indumentarias, que de ser así lo exhibiera, manifestando que no, por lo que comisiono al OFICIAL AGREGADO HERCTOR OLLARVES para que amparado en el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, le realizara un registro corporal, no localizándole ni colectando, ningt1n tipo de objeto ni sustancia de interés criminalística, en ese momento egresa del inmueble al cual el ciudadano que se encontraba agresivo le estaba lanzando objetos contundentes (Piedras) una ciudadana quien se identificó como MARILIS el resto de los datos filiatorios quedan a reserva del Ministerio Publico de acuerdo con lo establecido en los artículos 3, 4, 6, 9, 3 y 23 de la Ley de Protección a Victimas, Testigos y demás Sujetos Procesales), quien manifestó ser la propietaria del inmueble, por lo que le indico que se trasladara al Centro de Coordinación Policial número 11, de la Ve1a, Municipio Colina del Estado Falcón para que formulara su respectiva denuncia, seguidamente proceso con la aprehensión definitiva del ciudadano de acuerdo con lo establecido en el articulo 234 y 266 del Código Orgánico Procesal Penal y el articulo 34 numerales 2, 4, 13 de la Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, quedando identificado como IVO JESUS RODRIGUEZ, de nacionalidad venezolano, de 34 años de edad, de fecha de nacimiento 28/05/1984, de estado civil soltero, de profesión u oficio sin ocupación alguna, titular de la cedula de identidad número V 19.007.750, natural de Santa Ana de Coro, y con residencia actual en sector Sabana Larga, calle número 4, casa sin número, Municipio Colina del Estado Falcón, a quien el OFICIAL AGREGADO HECTOR OLLARVES impone de sus derechos constitucionales establecidos en el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal, de 10 cual se deja constancia anexa en acta que firma ci aprehendido de puño y letra colocando sus huellas dactilares, informándole .el motivo de su aprehensión de acuerdo con b establecido en el artículo 241 del Código Orgánico Procesal Penal. trasladando al ciudadano aprehendido al Centro de Coordinación Policial numeral 11, donde al llega cumpliendo con 10 establecido en el articulo 116 y 373 del Código Orgánico Procesal Penal y Ie realizo llamada telefónica al Abogado Guillermo Amaya, Fiscal Primero del Ministerio Publico. Siendo ello así, un delito flagrante, o de una flagrancia propiamente dicha, pues se relaciona las actuaciones con el hecho donde se encuentra incurso el ciudadano: IVO JESUS RODRIGUEZ, existe una prueba inmediata y directa del delito cometido, que emana de la observación que del hecho delictivo efectuaran los funcionarios actuantes en el procedimiento.

Al respecto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No. 1901 de fecha 01.12.2008 precisó:
“...En el Código Orgánico Procesal Penal, la flagrancia está definida en el artículo 234, “se tendrá como delito flagrante el que se está cometiendo o el que acaba de cometerse”. En principio, todo delito cuando se está cometiendo es flagrante, se está ejecutando actualmente, pero la condición de flagrante –a los efectos del artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal y del proceso penal- viene dada porque al instante en que se ejecuta, es percibido por alguien, quién puede actuar en la aprehensión o simplemente, formular la denuncia ante los órganos competentes o llamar a la fuerza pública para que lo capture.
De allí que, la condición de flagrancia venga dada por las circunstancias de que alguien (una persona) pueda captar la ejecución del delito, bien porque lo presencia, o porque acabando de cometerse, el sospechoso (a quien así denomina el Código Orgánico Procesal Penal ni siquiera es imputado), se encuentra aún en el lugar del suceso, en actitud tal que quien observa la comisión del hecho necesariamente forma una relación de causalidad entre el delito y el presunto delincuente.
Asimismo, la flagrancia está ligada a la persona que presencia la comisión del hecho, quien así se convierte en medio de prueba del delito y su autoría, sin que por ello sea necesaria, en principio, cualquier otra probanza de lo acontecido. El delito es de tal evidencia para quien lo aprehendió que, salvo en ciertas excepciones, no requiere otra prueba del mismo. Se trata de una presencia inmediata y directa, la cual es necesaria que exista por igual tanto en la autoría como en las circunstancias que se perciben in situ del hecho.
Lo que clasifica de flagrante a un delito, es la captación del mismo que se comete o acaba de cometerse y será dicho conocimiento el que al llevarse al proceso, básicamente probará el cuerpo del delito y su autoría.

Siendo ello así, estima este juzgador, que en el presente caso al haberse verificado como se explicó un delito flagrante, la detención de la ciudadana: IVO JESUS RODRIGUEZ, plenamente identificados en autos, fue practicada de manera legítima y ajustada a los parámetros que dispone el artículo 44 Ordinal 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 234 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASÍ SE DECIDE.

En lo que respecta al delito precalificados y la medida de coerción personal a imponer; este tribunal observa que en el presente caso, la Representación Fiscal precalifico el delito de: RESISTENCIA A LA AUTORIDAD PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 218 DEL CÓDIGO PENAL. En este sentido, la defensa de igual manera hace mención en sus alegatos donde indica lo siguiente: “Buenas tardes ciudadano juez, solicito libertad sin restricciones ya que no hubo suficientes elementos, y no hubo testigos. En caso de imponer una medida, que la misma se establezca en un lapso más largo tomando en cuenta la proporcionalidad de la medida. ES TODO.”

Analizando el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de concurren los elementos para decretar una medida de coerción personal el ordinal 1º indica Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita; tal y como lo es el delito de: RESISTENCIA A LA AUTORIDAD PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 218 DEL CÓDIGO PENAL, cuya materialidad se verifica de los elementos de convicción obtenidos de las diligencias preliminares de investigación, como a continuación se pasan a describir en el análisis del supuesto siguiente:

Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible; los cuales se obtienes del análisis de las siguientes actas de investigación tales como la son:

1.-ACTA POLICIAL FECHA DE 29-07-2018, suscrita por funcionarios de POLIFALCÓN (la cual riela en los folio 05 de las actuaciones preliminares acompañadas al procedimiento).

2.-ACTA DE DENUNCIA DE FECHA DE 29-07-2018, suscrita por funcionarios de POLIFALCÓN (la cual riela en los folio 06 de las actuaciones preliminares acompañadas al procedimiento).

Elementos estos de convicción, de los cuales estima este Juzgador, se extraen motivo racional, coherente y suficiente para estimar la presunta participación del ciudadano: IVO JESUS RODRIGUEZ , en la comisión del delito: RESISTENCIA A LA AUTORIDAD PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 218 DEL CÓDIGO PENAL, que le fuera acreditado a dicha conducta antijurídica por el Ministerio Público en la audiencia de presentación, habida consideración que de las actuaciones preliminares, iniciada se pudo determinar que efectivamente el imputado resultó detenido por los funcionarios adscritos a POLIFALCÓN. Según consta en acta policial de fecha 29-07-2018. Aproximadamente a las 40:40 horas de la mañana del día de hoy 29/07/2018, me encontraba realizando labores de patrullaje preventivo por los sectores Sabana Larga, las Malvinas en el Municipio Colina del Estado Falcón, a bordo de Ia unidad radio patrullera signada con las siglas P- 403, conducida por el SUPERVISOR FRNKLIN RODRIGUEZ y como auxiliar OFICIAL AGREGADO RECTOR OLLARVES, al momento que nos encontrábamos por Ia calle 100 del sector las Malvinas, recibimos llamada vía radiofónica por parte del centralista de guardia del Centro de Coordinación Policial número 11, OFICIAL JOSE GARCIA quien informa que de acuerdo a llamada vía telefónica por parte del COMISIONADO JOSE SILVA, Director del Centro de Coordinación Policial ya identificado, indica que en la calle 4, del sector Sabana Larga, al parecer un ciudadano Se encontraba arremetiendo contra un inmueble, en vista a la información aportada, procedemos a trasladarnos al lugar indicado, donde al llegar observamos a un ciudadano de tez morena, de contextura gruesa, de mediana estatura y quien vestía para el momento pantalón de blue jeans y sin camisa, quien se encontraba con una actitud agresiva, por lo que cumpliendo con las reglas y normas de la actuación policial establecidas en el artículo 119 del Código Orgánico Procesal Penal y los articulo 60 y 65 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, procedo a darle Ia voz de alto, indicándole que depusiera de la actitud, por lo que dicho ciudadano continuaba vociferando palabras denigrantes y ofensivas contra la comisión policial, por lo que Io indico que colocara las manos en un lugar visible por seguridad tomando todas las precauciones necesarias, inmediatamente procedemos a acercarnos y es cuando el ciudadano se abalanza sobre Ia comisión policial, lanzando golpes de puño contra los funcionarios policiales, siendo infructuoso al alcance de los golpes, por lo que nos vimos en1 la necesidad de aplicar tácticas de control y el uso progresivo diferenciado de la fuerza establecidos en los artículos 67, 68 y 70 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, logrando neutralizar al ciudadano, a quien le pregunto si ocultaba algún objeto o sustancia de interés criminalística oculto entre sus indumentarias, que de ser así lo exhibiera, manifestando que no, por lo que comisiono al OFICIAL AGREGADO HERCTOR OLLARVES para que amparado en el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, le realizara un registro corporal, no localizándole ni colectando, ningt1n tipo de objeto ni sustancia de interés criminalística, en ese momento egresa del inmueble al cual el ciudadano que se encontraba agresivo le estaba lanzando objetos contundentes (Piedras) una ciudadana quien se identificó como MARILIS el resto de los datos filiatorios quedan a reserva del Ministerio Publico de acuerdo con lo establecido en los artículos 3, 4, 6, 9, 3 y 23 de la Ley de Protección a Victimas, Testigos y demás Sujetos Procesales), quien manifestó ser la propietaria del inmueble, por lo que le indico que se trasladara al Centro de Coordinación Policial número 11, de la Ve1a, Municipio Colina del Estado Falcón para que formulara su respectiva denuncia, seguidamente proceso con la aprehensión definitiva del ciudadano de acuerdo con lo establecido en el articulo 234 y 266 del Código Orgánico Procesal Penal y el articulo 34 numerales 2, 4, 13 de la Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, quedando identificado como IVO JESUS RODRIGUEZ, de nacionalidad venezolano, de 34 años de edad, de fecha de nacimiento 28/05/1984, de estado civil soltero, de profesión u oficio sin ocupación alguna, titular de la cedula de identidad número V 19.007.750, natural de Santa Ana de Coro, y con residencia actual en sector Sabana Larga, calle número 4, casa sin número, Municipio Colina del Estado Falcón, a quien el OFICIAL AGREGADO HECTOR OLLARVES impone de sus derechos constitucionales establecidos en el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal, de 10 cual se deja constancia anexa en acta que firma ci aprehendido de puño y letra colocando sus huellas dactilares, informándole .el motivo de su aprehensión de acuerdo con b establecido en el artículo 241 del Código Orgánico Procesal Penal. trasladando al ciudadano aprehendido al Centro de Coordinación Policial numeral 11 donde al llega cumpliendo con 10 establecido en el articulo 116 y 373 del Código Orgánico Procesal Penal y Ie realizo llamada telefónica al Abogado Guillermo Arnaya, Fiscal Primero del Ministerio Publico. Se toma en consideración acta de denuncia de fecha 29-07-2018. Siendo ello así, un delito flagrante, o de una flagrancia propiamente dicha, pues se relaciona las actuaciones con el hecho donde se encuentra incurso el ciudadano: IVO JESUS RODRIGUEZ, existe una prueba inmediata y directa del delito cometido, que emana de la observación que del hecho delictivo efectuaran los funcionarios actuantes en el procedimiento.

Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se ha referido a la posibilidad de imponer Medida de Coerción Personal desde la fase preparatoria, a los fines de asegurar las finalidades del proceso, señalando:
“... El Código Orgánico Procesal Penal en su título I regula las fases del proceso penal entre las cuales se encuentra la fase preparatoria, cuya finalidad no es más que practicar las diligencias necesarias tendentes a determinar si existen razones para proponer la acusación contra una persona y pedir su enjuiciamiento o sobreseimiento, según el caso.
En dicha fase, la medida más importante que se puede decretar, entre otras, es la privación preventiva judicial de libertad del imputado si se verifica la existencia de los requisitos concurrentes que para tal fin, establece el Código Orgánico Procesal Penal...” (Sent. Nro. 673 del 07/04/2003, ).

Asimismo, se estima oportuno precisar, que si bien es cierto, sólo será en la fase de juicio oral y público, luego de efectuada la práctica de todas y cada una de las pruebas, y dado el correspondiente contradictorio, el momento estelar donde se podrá establecer con certeza la existencia de responsabilidad o no del imputado; no obstante hasta el presente estado procesal, está demostrado a los solos efectos del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, la existencia de elementos de convicción suficientes para estimar la participación de éste en la comisión del hecho delictivo que le fue atribuido, lo hace procedente el decreto de una medida de coerción personal. Situación esta que en ningún momento comporta pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del imputado de autos, pues los elementos valorados por esta instancia, se ciñen estrictamente a establecer la procedencia fundada de la Medida Coerción Personal que fue solicitada, tal y como lo es la Privación Judicial Preventiva de Libertad.

Al respecto, ha señalado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No 1998 de fecha 22 de noviembre de 2006:
“… La protección de los derechos del imputado a la libertad y a ser tratado como inocente mientras no se establezca de manera plena su culpabilidad, tampoco puede significar el absoluto abandono de los mecanismos cautelares destinados a garantizar los objetivos del proceso…”. (Negritas de la Sala).

Y finalmente también está acreditado la existencia de una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de la investigación, pues aprecia este tribunal, partiendo de la circunstancia de que en el presente caso, nos encontramos en presencia de un delito menos graves, el cual tiene asignada una penalidad moderada para el delito de: RESISTENCIA A LA AUTORIDAD PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 218 DEL CÓDIGO PENAL, Lo cual se corresponde con el contenido del numeral 2 del artículo 238 que al respecto dispone:
Artículo 238. Peligro de Obstaculización. Para decidir acerca del peligro de Obstaculización para averiguar la verdad en cuenta, especialmente, la grave sospecha de que el imputado o imputada:
1. Destruirá. Modificará. Ocultará o falsificará elementos de convicción.
2. influirá para que coimputados o coimputadas, testigos, victimas, expertos o expertas, informe falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirán a otros u otras a realizar esos comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia.

No obstante a lo anterior, estima este Juzgador que el ciudadano pueden informar falsamente durante la investigación: de esta forma el Ministerio público precalifica el delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 218 DEL CÓDIGO PENAL, una vez de efectuado el correspondiente estudio a las actuaciones que constituyen el presente procedimiento se determina el peligro de fuga, basado en el numeral 5 del art. 237 Código Orgánico Procesal Penal, los supuestos que motivan la medida de privación judicial preventiva de libertad, pueden ser razonablemente satisfecho, por una medida cautelar sustitutiva menos gravosa, como lo es, la medida prevista en el articulo 242 numeral 3 presentaciones ante el tribunal cada 25 días., ello en atención a las consideraciones que de seguidas se pasan a exponer.

Ciertamente, una de las tantas innovaciones del actual sistema Penal, lo constituye la institución del principio de afirmación de libertad, en razón del cual, toda persona a quien se le impute la comisión de un hecho punible, salvo las excepciones que establece la ley, tiene derecho a ser juzgada en libertad; de tal manera que la libertad constituye la regla en el juzgamiento penal y la privación judicial preventiva de libertad, una forma excepcional de enjuiciamiento. En tal sentido, los artículos 8, 9 y 229 del Código Orgánico Procesal Penal, establecen que:

Artículo 8. Presunción de inocencia. Cualquiera a quien que se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme.
Artículo 9. Afirmación de la libertad. Las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, sólo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta.
Las únicas medidas preventivas en contra del imputado son las que este Código autoriza conforme a la Constitución.
Artículo 229. Estado de Libertad. Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este código.
La privación de libertad es una medida cautelar, que solo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso”.

Ese juzgamiento en libertad, que como regla, emerge en nuestro proceso penal, no es más que el desarrollo de un mandato contenido en el numeral 1 del artículo 44 del texto constitucional, el cual al consagrar el derecho a la libertad personal establece que “…toda persona será juzgada en libertad excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el Juez o Jueza en cada caso…”; dispositivo constitucional con el cual, además, se establece una garantía de protección e intervención mínima en la afectación del derecho a la libertad personal, el cual sólo podrá verse restringido en casos excepcionales, para asegurar las finalidades del proceso.

En este orden de ideas, la Sala Constitucional de nuestro más alto Tribunal de Justicia, en sentencia No. 1825, de fecha 04 de julio de 2003, señaló:
.“...Al respecto debe recordarse que, de conformidad con el artículo 44 de la Constitución, las personas serán juzgadas en libertad, excepto por las razones que determine la ley. Por su parte, el artículo 252 (hoy, 243) del derogado Código Orgánico Procesal Penal reafirma la garantía del juicio en libertad, cuando establece que “Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este código”; asimismo, que “la privación de libertad es una medida cautelar, que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso” (Subrayado de la Sala). Tales excepciones... son las que autorizan a dictar medidas cautelares privativas de libertad, las cuales sin embargo y siempre en procura de que, solo en la menor medida posible y dada la garantía constitucional de presunción de inocencia, resulte afectado el derecho fundamental que reconoce el artículo el artículo 44 de la Constitución...” . (Negritas de esta Sala).

Así pues, hoy en día la Privación Judicial Preventiva de Libertad, constituye un decreto excepcional, que a la luz del nuevo sistema de juzgamiento penal, sólo puede ser dictado en todos aquellos casos en los cuales, no exista razonablemente la posibilidad de garantizar las eventuales resultas del proceso penal, con otra medida de coerción personal menos gravosa y distinta la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad.

En tal sentido, debe señalar este juzgador, que la imposición de cualquier medida de coerción personal, debe necesariamente obedecer a una serie de criterios y juicios debidamente razonados y ponderados, que atendiendo a las circunstancias que rodean cada caso, se encamine a conseguir el debido equilibrio que exige, tanto el respeto al derecho de los procesados penalmente a ser juzgados en libertad como al derecho del Estado y la sociedad de que se resguarden los intereses sociales, mediante el establecimiento de medios procesales que garanticen las futuras y eventuales resultas de los juicios.

Por ello, el análisis de todas y cada una de las circunstancias fácticas que reposan en las actuaciones y acompañan a las respectivas solicitudes de privación o cautelar sustitutiva de libertad, deben ser ponderadas bajo los criterios de objetividad, magnitud del daño, cuantía de la pena, peligro de fuga y de obstaculización en la búsqueda de la verdad, lo cual permitirá luego de un debido y motivado juicio, determinar con certeza la mayor o menor severidad de la medida a imponer.

Si bien es cierto a los imputados se le ha atribuido un hecho delictivo menos grave, pero este juzgador considera y estima la posibilidad de asegurar las resultas del presente proceso, mediante la imposición de una medida de coerción personal menos gravosa a la privación judicial preventiva de libertad, tal y como lo es, medida prevista en el artículo 242 numeral 3 presentaciones ante el tribunal cada 25 días. El cual al consagrar el derecho a la libertad personal establece que “…toda persona será juzgada en libertad excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el Juez o Jueza en cada caso…”. Este juzgador, estima que lo ajustado a derecho es decretar a los imputados la medida cautelar sustitutivas a la privación judicial preventiva de libertad, previstas en el artículo 242 numeral 3 presentaciones ante el tribunal cada 25 días. Finalmente, en cuanto al procedimiento a seguir, se observa que en la presente causa si bien fue estimada la flagrancia en la aprehensión del imputado, el Ministerio Público, solicitó la aplicación del procedimiento especial, por lo que a tenor de lo dispuesto del artículo 353 del Código Orgánico Procesal Penal el cual expresamente dispone:

Artículo 353. DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
En los asuntos sujetos a procedimientos especiales son aplicables las disposiciones establecidas específicamente para cada uno de ellos en este libro. En lo no previsto, y siempre que no se opongan a ellas, se aplicaran las reglas del procedimiento ordinario.

Ahora bien, visto, escuchado, analizados los alegatos de la Defensa y el Ministerio Público de igual manera vista las actuaciones acompañadas al escrito fiscal, y por cuanto el imputado de auto manifestó no acogerse a las Fórmulas alternativas a la Prosecución del Proceso como lo son la Suspensión Condicional del Proceso, este Juzgado primero de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control del Estado Falcón. Y ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVA

Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA: PRIMERO: la flagrancia previsto y sancionado en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal SEGUNDO: se acuerda el Procedimiento especial para el juzgamiento de los delitos menos graves artículo 354 del Código Orgánico Procesal Penal TERCERO: Se admitió la precalificación del delito realizada por el ciudadano Fiscal del Ministerio Público de delito de: RESISTENCIA A LA AUTORIDAD PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 218 DEL CÓDIGO PENAL, para el ciudadano: IVO JESUS RODRIGUEZ CUARTO: PARCIALMENTE CON LUGAR la solicitud realizada por el representante del Ministerio Publico a la imposición de la Medida Cautelar Sustitutiva De Libertad del articulo 242 numeral 3 consistente a presentaciones periódicas cada 25 días por ante este tribunal.

EL JUEZ PROVISORIO
ABG. JOSE. G. REYES.

LA SECRETARIA
ABG. DIANA PARRA