TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA MUNICIPAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE ESTADO FALCÓN
SANTA ANA DE CORO, 18 DE MARZO DE 2018
206º y 157º

AUTO DECRETANDO SUSPENSION CONDICIONAL DEL PROCESO EN
AUDIENCIA DE PRESENTACION DE IMPUTADOS

ASUNTO PRINCIPAL: IP02-P-2018-000206
ASUNTO: IP02-P-2018-000206

IDENTIFICACION DE LAS PARTES:
EL JUEZ PROVISORIO: ABG. JOSE. G. REYES
SECRETARIA: ABG. ERNEYDITH ACOSTA
FISCAL AUXILIAR 21º DEL MINISTERIO PÚBLICO: ABG. JAIRO DANIEL LERMONT
VÍCTIMA: EL ESTADO VENEZOLANO
INVESTIGADAS: DIANA CAROLINA CORONEL MORILLO Y EMILIANNY CAROLINA COLINA YUGURY
DEFENSOR PUBLICO: ABG. JESUS HENRIQUEZ

ACTA DE AUDIENCIA DE PRESENTACION DE IMPUTADOS

En el día de hoy sábado 17 de marzo del año (2018), siendo las 2:00 de la tarde, hora y fecha fijada para dar inicio a la AUDIENCIA DE PRESENTACION DE IMPUTADOS, de conformidad con lo previsto en el artículo 356 del Código Orgánico Procesal Penal, solicitada por la FISCAL AUXILIAR 21º DEL MINISTERIO PÚBLICO: ABG. JAIRO DANIEL LERMONT, quien solicitó la formal imputación a las ciudadanas: DIANA CAROLINA CORONEL MORILLO Y EMILIANNY CAROLINA COLINA YUGURY. Se instaló el Tribunal primero de Primera Instancia Municipal en Función de Control a cargo del Ciudadano Juez Abg. JOSE. G. REYES, la Secretaria ABG. ERNEYDITH ACOSTA, y el alguacil designado para este acto en la Sala de audiencias de este Circuito Judicial Penal del Estado Falcón. Seguidamente presentes en la Sala de Audiencia de este Circuito Judicial del Estado Falcón, el Juez Abg. JOSE. G. REYES, solicita a la ciudadana Secretaria verificar la presencia de las partes y éste informó que se encuentra presentes FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO ABG. MISLEIDYS CORDOBA GUTIERREZ, LA DEFENSA PRIVADA ABG. ELIZABETH SANHCEZ, Por lo que este tribunal procedió a preguntarle al investigado de autos si tenían defensor que los asistiera en la presente causa, manifestando las ciudadanas: DIANA CAROLINA CORONEL MORILLO Y EMILIANNY CAROLINA COLINA YUGURY. NO tener defensor que las asista. Por lo cual se le hizo un llamado al Defensor Público de Guardia compareciendo ABG. JESUS HENRIQUEZ. Seguidamente se le impuso al Defensor Publico de las actuaciones procesales, previo acceso y valoración del expediente, así como entrevista a solas con las detenidas.Seguidamente el ciudadano Juez da inicio al acto y concede la palabra a La Representante del Ministerio Público, FISCAL AUXILIAR 21º DEL MINISTERIO PÚBLICO: ABG. MISLEIDYS CORDOBA GUTIERREZ, en su carácter de Fiscal del Ministerio Público quien expuso entre otras cosas lo siguiente: “hace una breve narración de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos descritas en el acta policial), esta Representación Fiscal solicita que el procedimiento continué por el Procedimiento Especial para el Juzgamiento de los Delitos Menos Graves, de conformidad con lo establecido en el artículo 354 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, en cuanto a la precalificación considera esta representación esta encajada en el Delito: POSESION ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTE Y PSICOTROPICAS PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 153 DE LA LEY ORGANICA DE DROGAS, PARA LAS CIUDADANAS: DIANA CAROLINA CORONEL MORILLO Y EMILIANNY CAROLINA COLINA YUGURY, solicito la destrucción inmediata de la sustancia incautada, y enviarlas a un organismo donde les sean impartidas charlas y no me opongo a la suspensión Condicional del Proceso y solicito que se presente ante este tribunal cada 30 días. ES TODO. Seguidamente el juez procede a imponer del precepto Constitucional establecido en el numeral 5 del artículo 49, que lo exime de declarar en causa propia, sin que su silencio le perjudique, también hizo de su conocimiento que la declaración es un medio con el que cuenta para su defensa y por consiguiente tiene derecho a explicar todo cuanto sirva para desvirtuar las sospechas que sobre el recaiga, así mismo el Juez explica el imputado el Principio de Oportunidad y las Medidas Alternativas a la Prosecución del Proceso, consagrados en los artículos 38, 357 y 358 del Código Orgánico Procesal Penal, en este estado e impuesto del Derecho Constitucional y de las Medidas Alternativas a la Prosecución del Proceso, el ciudadano Juez ordena identificar formalmente a la ciudadana quien se identifico como: DIANA CAROLINA CORONEL MORILLO, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V-27.176.490, de 19 años de edad, soltero, fecha de nacimiento 14/09/1998, de ocupación oficios del hogar, residenciado en el sector tiguadare en los ranchos, en la ciudad de Punto Fijo, del municipio Carirubana del Estado Falcón, teléfono, 0416-7590280, el ciudadano expuso sin coerción alguna: “NO DESEO DECLARAR”. Seguidamente el juez ordena identificar formalmente a la ciudadana quien se identifico como: EMILIANNY CAROLINA COLINA YUGURY, venezolana, titular de la Cedula de Identidad Nº 27.590.294, de 19 años de edad, soltera, fecha de nacimiento 04/03/1999, de ocupación oficios del hogar, residenciada en el sector 28 de julio, callejón Maparari, casa sin número, al lado del modulo policial, en la Ciudad de Coro, en el municipio Miranda del estado Falcón. Telefono: NO POSEE. La ciudadana expuso sin coerción alguna: “NO DESEO DECLARAR”. Seguidamente se le concede el derecho de palabra a la Defensa Pública ABG. JESUS HENRIQUEZ quien expuso: “Buenos tardes a todos los presentes, una vez escuchada la exposición de la Representación del Ministerio Público, esta defensa vista de las actuaciones manifiesta esta defensa solicita que se les imponga una suspensión condicional del proceso en el consejo comunal del setor 28 de julio, por cuantono perjudica a la condición de mi defendido, ES TODO.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Ahora bien analizado como han sido los argumentos expuestos por las partes este Tribunal pasa a resolver con fundamento en las siguientes consideraciones: En lo que respecta a la detención del imputado, se observa esta instancia del estudio de las actuaciones, específicamente del Acta Policial donde consta la aprehensión de las ciudadanas: DIANA CAROLINA CORONEL MORILLO Y EMILIANNY CAROLINA COLINA YUGURY. Con esta misma fecha, a las 7:00 horas de la noche del día de hoy, compareció ante este despacho policial el funcionario SUPERVISOR AGREGADO RAFAEL RIVAS titular de la cedula de identidad numero v-1.479.073 , adscrito a la abrigada motorizada José Leonardo Chirinos del cuerpo de policía del estado falcón , quien de acuerdo a lo establecido en el articulo 115 y 153 del Código Orgánico Procesal Penal deja constancia de la siguiente diligencia policial. Siendo aproximadamente 05:00 horas de la tarde me encontraba implementando un dispositivo de seguridad por el sector la florida a bordo de la unidad motorizada signadas con las siglas m-540 conducida por el funcionario AGREGADO RUBERT ZAMARRITA , en compañía de los FUNCIONARIOS SUPERVISOR AGREGADO EDWARD SIVADA , OFICIAL AGREGADOB RAFAEL MELENDEZ , OFICIAL JESÚS RODRÍGUEZ Y LA BRIGADA FEMENINA OFICIAL YUSMELY CAPIELO a bordo de las unidades motorizadas m-511 y m-555 respectivamente momento que nos desplazábamos por la calle monzón esquina calle Roberto Quiñónez , avistamos a tres ciudadanos y a dos ciudadanos que al notar la presencia policial mostraron una actitud nerviosa en vista esta situación procedimos de conformidad a lo establecido en el artículo 119 del Código Orgánico Procesal Penal en armonía con el artículo 60 De La Ley Orgánica Del Servicio De Policía Y Del Cuerpo De Policía Nacional Bolivariana a identificarnos como funcionarios policiales y al darle la voz de alto el cual acataron seguidamente procedieron el funcionario OFICIAL JESÚS RODRÍGUEZ Y LA BRIGADA FEMENINA OFICIAL YUSMELY CAPIELO con lo establecido en el 192 del código orgánico procesal penal para que le realizaran un registro corporal respetando el pudor de las personas a las ciudadanas quienes posteriormente quedando identificadas como : LA PRIMERA DIANA CAROLINA CORONEL MORILLO , venezolana de 19 años de edad , con fecha de nacimiento 14/09/1998 , titular de la cedula de identidad 27.176.490, soltera , natural de coro residenciada en punto fijo sector tiguadare en los ranchos. A quien se le logro colectar en el interior de una cartera tipo bandolera de color gris EVIDENCIA 1) UN ENVOLTORIO REGULAR TAMAÑA TIPO CEBOLLA DE MATERIAL SINTÉTICO TRANSPARENTE ANUDADO EN UN ÚNICO EXTREMO CON SU MISMO MATERIAL CONTENTIVO DE RESTO Y SEMILLAS VEGETALES PRESUMIBLEMENTE MARIHUANA, EVIDENCIA 2) LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS (256.800) ESPECIFICADO DE LA SIGUIENTE MANERA DOS (02) BILLETES DE CIEN (100) MIL BOLIVARES (02) BILLETES DE DIEZ (10) MIL BOLIVARES , SEIS (06) BILLETES DE CINCO (05) MIL BOLIVARES , CINCO (05) BILLETES DE MIL (1000) BOLÍVARES , DOS (02) BILLETES DE (500) BOLIVARES Y OCHO (08) BILLETES DE CIEN (100) BOLIVARES TODOS EN PAPEL MONEDA DE CIRCULACIÓN NACIONAL Y DE APARENTE CURSO LEGAL y la SEGUNDA EMILIANNY CAROLINA COLINA YUGURY venezolana , de 19 años de edad con la fecha de nacimiento 04/03/1999 , titular de la cedula de identidad numero 27.590.294 , soltera , ama de casa , natural de coro y residenciada en el sector 28 de julio callejón maparari casa sin número , manifestando que se encuentra en estado de gestación , se le logro colectar a la altura de cinto entre el mono tipo legui de color negro adherido a su cuerpo la cantidad de EVIDENCIA 3) SIES (06) ENVOLTORIOS PEQUEÑOS TIPO CEBOLLITAS DE MATERIAL SINTETICO COLOR NEGRO ANUDADO EN SU UNICO EXTREMO CON HILO COLOR ROSADO CONTENTIVO DE RESTO Y SEMILLAS VEGETALES PRESUMIBLEMENTE MARIHUANA , vistas y colectadas estas evidencias se procedió con conformidad a los artículos 234 y 266 del Código Orgánico Procesal Penal con armonía en el articulo 34 numeral 2, 4 y 13 de la Ley Orgánica De Servicio De Policía Y Del Cuerpo De Policía Nacional Bolivariana a la aprehensión definitiva de las ciudadanas antes identificadas quienes la funcionaria brigada femenina oficial YUSMELY CAPIELO procedió de conformidad con el articulo 127 del Código Orgánico Procesal Penal a imponerles de sus derechos como imputadas ya canalizado este procedimiento nos retiramos del lugar hasta la sede del centro de coordinación policial N°1 acto seguido , se procedió con lo establecido en el artículo 116 del Código Orgánico Procesal Penal a realizarle una llamada telefónica a la ABOGADA MISLEYDI CORDOBA fiscal vigésima primera del ministerio publico.

Lo anterior, a criterio de este Juzgador, se corresponde con el criterio de una flagrancia real y efectiva, pues los imputados fueron detenidos en razón del señalamiento expreso y directo por funcionarios CICPC. Siendo aproximadamente 05:00 horas de la tarde me encontraba implementando un dispositivo de seguridad por el sector la florida a bordo de la unidad motorizada signadas con las siglas m-540 conducida por el funcionario AGREGADO RUBERT ZAMARRITA , en compañía de los FUNCIONARIOS SUPERVISOR AGREGADO EDWARD SIVADA , OFICIAL AGREGADOB RAFAEL MELENDEZ , OFICIAL JESÚS RODRÍGUEZ Y LA BRIGADA FEMENINA OFICIAL YUSMELY CAPIELO a bordo de las unidades motorizadas m-511 y m-555 respectivamente momento que nos desplazábamos por la calle monzón esquina calle Roberto Quiñónez , avistamos a tres ciudadanos y a dos ciudadanos que al notar la presencia policial mostraron una actitud nerviosa en vista esta situación procedimos de conformidad a lo establecido en el articulo 119 del Código Orgánico Procesal Penal en armonía con el articulo 60 De La Ley Orgánica Del Servicio De Policía Y Del Cuerpo De Policía Nacional Bolivariana a identificarnos como funcionarios policiales y al darle la voz de alto el cual acataron seguidamente procedieron el funcionario OFICIAL JESÚS RODRÍGUEZ Y LA BRIGADA FEMENINA OFICIAL YUSMELY CAPIELO con lo establecido en el 192 del código orgánico procesal penal para que le realizaran un registro corporal respetando el pudor de las personas a las ciudadanas quienes posteriormente quedando identificadas como : LA PRIMERA DIANA CAROLINA CORONEL MORILLO , venezolana de 19 años de edad , con fecha de nacimiento 14/09/1998 , titular de la cedula de identidad 27.176.490, soltera , natural de coro residenciada en punto fijo sector tiguadare en los ranchos. A quien se le logro colectar en el interior de una cartera tipo bandolera de color gris EVIDENCIA 1) UN ENVOLTORIO REGULAR TAMAÑA TIPO CEBOLLA DE MATERIAL SINTÉTICO TRANSPARENTE ANUDADO EN UN ÚNICO EXTREMO CON SU MISMO MATERIAL CONTENTIVO DE RESTO Y SEMILLAS VEGETALES PRESUMIBLEMENTE MARIHUANA, EVIDENCIA 2) LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS (256.800) ESPECIFICADO DE LA SIGUIENTE MANERA DOS (02) BILLETES DE CIEN (100) MIL BOLIVARES (02) BILLETES DE DIEZ (10) MIL BOLIVARES , SEIS (06) BILLETES DE CINCO (05) MIL BOLIVARES , CINCO (05) BILLETES DE MIL (1000) BOLÍVARES , DOS (02) BILLETES DE (500) BOLIVARES Y OCHO (08) BILLETES DE CIEN (100) BOLIVARES TODOS EN PAPEL MONEDA DE CIRCULACIÓN NACIONAL Y DE APARENTE CURSO LEGAL y la SEGUNDA EMILIANNY CAROLINA COLINA YUGURY venezolana , de 19 años de edad con la fecha de nacimiento 04/03/1999 , titular de la cedula de identidad numero 27.590.294 , soltera , ama de casa , natural de coro y residenciada en el sector 28 de julio callejón maparari casa sin número , manifestando que se encuentra en estado de gestación , se le logro colectar a la altura de cinto entre el mono tipo legui de color negro adherido a su cuerpo la cantidad de EVIDENCIA 3) SIES (06) ENVOLTORIOS PEQUEÑOS TIPO CEBOLLITAS DE MATERIAL SINTETICO COLOR NEGRO ANUDADO EN SU UNICO EXTREMO CON HILO COLOR ROSADO CONTENTIVO DE RESTO Y SEMILLAS VEGETALES PRESUMIBLEMENTE MARIHUANA , vistas y colectadas estas evidencias se procedió con conformidad a los artículos 234 y 266 del Código Orgánico Procesal Penal con armonía en el articulo 34 numeral 2, 4 y 13 de la Ley Orgánica De Servicio De Policía Y Del Cuerpo De Policía Nacional Bolivariana a la aprehensión definitiva de las ciudadanas antes identificadas quienes la funcionaria brigada femenina oficial YUSMELY CAPIELO procedió de conformidad con el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal a imponerles de sus derechos como imputadas ya canalizado este procedimiento nos retiramos del lugar hasta la sede del centro de coordinación policial N°1 acto seguido , se procedió con lo establecido en el artículo 116 del Código Orgánico Procesal Penal a realizarle una llamada telefónica a la ABOGADA MISLEYDI CORDOBA fiscal vigésima primera del ministerio publico. Siendo ello así, un delito flagrante, o de una flagrancia propiamente dicha, pues se relaciona las actuaciones con el hecho donde se encuentra incurso la ciudadana: YELITZA BEATRIZ COLINA HIDALGO existe una prueba inmediata y directa del delito cometido, que emana de la observación que del hecho delictivo efectuaran los funcionarios actuantes en el procedimiento.

Al respecto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No. 1901 de fecha 01.12.2008 precisó:
“...En el Código Orgánico Procesal Penal, la flagrancia está definida en el artículo 234, “se tendrá como delito flagrante el que se está cometiendo o el que acaba de cometerse”. En principio, todo delito cuando se está cometiendo es flagrante, se está ejecutando actualmente, pero la condición de flagrante –a los efectos del artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal y del proceso penal- viene dada porque al instante en que se ejecuta, es percibido por alguien, quién puede actuar en la aprehensión o simplemente, formular la denuncia ante los órganos competentes o llamar a la fuerza pública para que lo capture.
De allí que, la condición de flagrancia venga dada por las circunstancias de que alguien (una persona) pueda captar la ejecución del delito, bien porque lo presencia, o porque acabando de cometerse, el sospechoso (a quien así denomina el Código Orgánico Procesal Penal ni siquiera es imputado), se encuentra aún en el lugar del suceso, en actitud tal que quien observa la comisión del hecho necesariamente forma una relación de causalidad entre el delito y el presunto delincuente.
Asimismo, la flagrancia está ligada a la persona que presencia la comisión del hecho, quien así se convierte en medio de prueba del delito y su autoría, sin que por ello sea necesaria, en principio, cualquier otra probanza de lo acontecido. El delito es de tal evidencia para quien lo aprehendió que, salvo en ciertas excepciones, no requiere otra prueba del mismo. Se trata de una presencia inmediata y directa, la cual es necesaria que exista por igual tanto en la autoría como en las circunstancias que se perciben in situ del hecho.
Lo que clasifica de flagrante a un delito, es la captación del mismo que se comete o acaba de cometerse y será dicho conocimiento el que al llevarse al proceso, básicamente probará el cuerpo del delito y su autoría.

Siendo ello así, estima este juzgador, que en el presente caso al haberse verificado como se explicó un delito flagrante, la detención de la ciudadana: YELITZA BEATRIZ COLINA HIDALGO., plenamente identificados en autos, fue practicada de manera legítima y ajustada a los parámetros que dispone el artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 234 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASÍ SE DECIDE.

En lo que respecta al delito precalificados y la medida de coerción personal a imponer; este tribunal observa que en el presente caso, la Representación Fiscal precalifico el delito de: POSESION ILICITO DE ARMA DE FUEGO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 111 DE LA LEY PARA EL DESARME, CONTROL DE ARMA DE MUNICIONES. En este sentido, la defensa de igual manera hace mención en sus alegatos donde indica lo siguiente: “Buenas días a todos los presentes, una vez conversados con mis defendidos ellos me han manifestado voluntariamente aceptar la responsabilidad de los hechos es por lo que solicito la suspensión condicional del proceso el cual lo realizara en el CONSEJO COMUNAL PARCELAMIENTO CRUZ VERDE DEL MUNICIPIO MIRANDA, ES TODO”.-

Analizando el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de concurren los elementos para decretar una medida de coerción personal el ordinal 1º indica Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita; tal y como lo es el delito de: POSESION ILICITO DE ARMA DE FUEGO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 111 DE LA LEY PARA EL DESARME, CONTROL DE ARMA DE MUNICIONES, cuya materialidad se verifica de los elementos de convicción obtenidos de las diligencias preliminares de investigación, como a continuación se pasan a describir en el análisis del supuesto siguiente:
Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible; los cuales se obtienes del análisis de las siguientes actas de investigación tales como la son:

1.-ACTA DE INVESTIGACION PENAL FECHA DE 15-03-2018, suscrita por funcionarios CICPC (la cual riela en los folio 02 de las actuaciones preliminares acompañadas al procedimiento).

2.-REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA FECHA DE 15-03-2018, suscrita por funcionarios CICPC (la cual riela en los folio 10 de las actuaciones preliminares acompañadas al procedimiento).

3.- EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO DE CUSTODIA FECHA DE 16-03-2018, suscrita por funcionarios CICPC (la cual riela en los folio 13 de las actuaciones preliminares acompañadas al procedimiento).

Elementos estos de convicción, de los cuales estima este Juzgador, se extraen motivo racional, coherente y suficiente para estimar la presunta participación de las ciudadanas: YELITZA BEATRIZ COLINA HIDALGO, en la comisión del delito: POSESION ILICITO DE ARMA DE FUEGO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 111 DE LA LEY PARA EL DESARME, CONTROL DE ARMA DE MUNICIONES, que le fuera acreditado a dicha conducta antijurídica por el Ministerio Público en la audiencia de presentación, habida consideración que de las actuaciones preliminares, iniciada se pudo determinar que efectivamente el imputado resultó detenido por los funcionarios adscritos a CICPC. Según consta en acta policial de fecha 15-03-2018 Siendo aproximadamente 05:00 horas de la tarde me encontraba implementando un dispositivo de seguridad por el sector la florida a bordo de la unidad motorizada signadas con las siglas m-540 conducida por el funcionario AGREGADO RUBERT ZAMARRITA , en compañía de los FUNCIONARIOS SUPERVISOR AGREGADO EDWARD SIVADA , OFICIAL AGREGADOB RAFAEL MELENDEZ , OFICIAL JESÚS RODRÍGUEZ Y LA BRIGADA FEMENINA OFICIAL YUSMELY CAPIELO a bordo de las unidades motorizadas m-511 y m-555 respectivamente momento que nos desplazábamos por la calle monzón esquina calle Roberto Quiñónez , avistamos a tres ciudadanos y a dos ciudadanos que al notar la presencia policial mostraron una actitud nerviosa en vista esta situación procedimos de conformidad a lo establecido en el articulo 119 del Código Orgánico Procesal Penal en armonía con el articulo 60 De La Ley Orgánica Del Servicio De Policía Y Del Cuerpo De Policía Nacional Bolivariana a identificarnos como funcionarios policiales y al darle la voz de alto el cual acataron seguidamente procedieron el funcionario OFICIAL JESÚS RODRÍGUEZ Y LA BRIGADA FEMENINA OFICIAL YUSMELY CAPIELO con lo establecido en el 192 del código orgánico procesal penal para que le realizaran un registro corporal respetando el pudor de las personas a las ciudadanas quienes posteriormente quedando identificadas como : LA PRIMERA DIANA CAROLINA CORONEL MORILLO , venezolana de 19 años de edad , con fecha de nacimiento 14/09/1998 , titular de la cedula de identidad 27.176.490, soltera , natural de coro residenciada en punto fijo sector tiguadare en los ranchos. A quien se le logro colectar en el interior de una cartera tipo bandolera de color gris EVIDENCIA 1) UN ENVOLTORIO REGULAR TAMAÑA TIPO CEBOLLA DE MATERIAL SINTÉTICO TRANSPARENTE ANUDADO EN UN ÚNICO EXTREMO CON SU MISMO MATERIAL CONTENTIVO DE RESTO Y SEMILLAS VEGETALES PRESUMIBLEMENTE MARIHUANA, EVIDENCIA 2) LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS (256.800) ESPECIFICADO DE LA SIGUIENTE MANERA DOS (02) BILLETES DE CIEN (100) MIL BOLIVARES (02) BILLETES DE DIEZ (10) MIL BOLIVARES , SEIS (06) BILLETES DE CINCO (05) MIL BOLIVARES , CINCO (05) BILLETES DE MIL (1000) BOLÍVARES , DOS (02) BILLETES DE (500) BOLIVARES Y OCHO (08) BILLETES DE CIEN (100) BOLIVARES TODOS EN PAPEL MONEDA DE CIRCULACIÓN NACIONAL Y DE APARENTE CURSO LEGAL y la SEGUNDA EMILIANNY CAROLINA COLINA YUGURY venezolana , de 19 años de edad con la fecha de nacimiento 04/03/1999 , titular de la cedula de identidad numero 27.590.294 , soltera , ama de casa , natural de coro y residenciada en el sector 28 de julio callejón maparari casa sin número , manifestando que se encuentra en estado de gestación , se le logro colectar a la altura de cinto entre el mono tipo legui de color negro adherido a su cuerpo la cantidad de EVIDENCIA 3) SIES (06) ENVOLTORIOS PEQUEÑOS TIPO CEBOLLITAS DE MATERIAL SINTETICO COLOR NEGRO ANUDADO EN SU UNICO EXTREMO CON HILO COLOR ROSADO CONTENTIVO DE RESTO Y SEMILLAS VEGETALES PRESUMIBLEMENTE MARIHUANA , vistas y colectadas estas evidencias se procedió con conformidad a los artículos 234 y 266 del Código Orgánico Procesal Penal con armonía en el articulo 34 numeral 2, 4 y 13 de la Ley Orgánica De Servicio De Policía Y Del Cuerpo De Policía Nacional Bolivariana a la aprehensión definitiva de las ciudadanas antes identificadas quienes la funcionaria brigada femenina oficial YUSMELY CAPIELO procedió de conformidad con el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal a imponerles de sus derechos como imputadas ya canalizado este procedimiento nos retiramos del lugar hasta la sede del centro de coordinación policial N°1 acto seguido , se procedió con lo establecido en el artículo 116 del Código Orgánico Procesal Penal a realizarle una llamada telefónica a la ABOGADA MISLEYDI CORDOBA fiscal vigésima primera del ministerio publico.

En virtud a lo antes expuesto, este juzgador observa que existen elementos de convicción que indica la participación del ciudadano de marras con el hecho punible que le imputa el representante del ministerio publico y siendo ello así, un delito flagrante, o de una flagrancia propiamente dicha, pues se relaciona las actuaciones con el hecho donde se encuentra incurso a la ciudadana: YELITZA BEATRIZ COLINA HIDALGO, existe una prueba inmediata y directa del delito cometido, que emana de la observación que del hecho delictivo efectuaran los funcionarios actuantes en el procedimiento.

Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se ha referido a la posibilidad de imponer Medida de Coerción Personal desde la fase preparatoria, a los fines de asegurar las finalidades del proceso, señalando:
“... El Código Orgánico Procesal Penal en su título I regula las fases del proceso penal entre las cuales se encuentra la fase preparatoria, cuya finalidad no es más que practicar las diligencias necesarias tendentes a determinar si existen razones para proponer la acusación contra una persona y pedir su enjuiciamiento o sobreseimiento, según el caso.
En dicha fase, la medida más importante que se puede decretar, entre otras, es la privación preventiva judicial de libertad del imputado si se verifica la existencia de los requisitos concurrentes que para tal fin, establece el Código Orgánico Procesal Penal...” (Sent. Nro. 673 del 07/04/2003, ).

Así mismo, se estima oportuno precisar, que si bien es cierto, sólo será en la fase de juicio oral y público, luego de efectuada la práctica de todas y cada una de las pruebas, y dado el correspondiente contradictorio, el momento estelar donde se podrá establecer con certeza la existencia de responsabilidad o no del imputado; no obstante hasta el presente estado procesal, está demostrado a los solos efectos del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, la existencia de elementos de convicción suficientes para estimar la participación de éste en la comisión del hecho delictivo que le fue atribuido, lo hace procedente el decreto de una medida de coerción personal. Situación esta que en ningún momento comporta pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del imputado de autos, pues los elementos valorados por esta instancia, se ciñen estrictamente a establecer la procedencia fundada de la Medida Coerción Personal que fue solicitada, tal y como lo es la Privación Judicial Preventiva de Libertad.
Al respecto, ha señalado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No 1998 de fecha 22 de noviembre de 2006:
“… La protección de los derechos del imputado a la libertad y a ser tratado como inocente mientras no se establezca de manera plena su culpabilidad, tampoco puede significar el absoluto abandono de los mecanismos cautelares destinados a garantizar los objetivos del proceso…”. (Negritas de la Sala).

Y finalmente también está acreditado la existencia de una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de la investigación, pues aprecia este tribunal, partiendo de la circunstancia de que en el presente caso, nos encontramos en presencia de un delito menos graves, el cual tiene asignada una penalidad moderada para el delito de: POSESION ILICITO DE ARMA DE FUEGO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 111 DE LA LEY PARA EL DESARME, CONTROL DE ARMA DE MUNICIONES, Lo cual se corresponde con el contenido del numeral 2 del artículo 238 que al respecto dispone:
Artículo 238. Peligro de Obstaculización. Para decidir acerca del peligro de Obstaculización para averiguar la verdad en cuenta, especialmente, la grave sospecha de que el imputado o imputada:
1. Destruirá. Modificará. Ocultará o falsificará elementos de convicción.
2. influirá para que coimputados o coimputadas, testigos, victimas, expertos o expertas, informe falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirán a otros u otras a realizar esos comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia.

No obstante a lo anterior, estima este Juzgador que la ciudadana pueden informar falsamente durante la investigación, ya que oculto la información sobre el arma que poseía, de esta forma nos encontramos en una flagrancia propiamente dicha precalificada sobre el delito: POSESION ILICITO DE ARMA DE FUEGO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 111 DE LA LEY PARA EL DESARME, CONTROL DE ARMA DE MUNICIONES, según lo explanado en actas Policiales, luego de efectuado el correspondiente estudio a las actuaciones que constituyen el presente procedimiento se determina el peligro de Fuga, basado en el numeral 2 del Art. 238 Código Orgánico Procesal Penal, los supuestos que motivan la medida de privación judicial preventiva de libertad, pueden ser razonablemente satisfecho, por una medida cautelar sustitutiva menos gravosa, como lo es, la medida suspensión condicional del proceso establecida en el artículo 358 del Código Orgánico Procesal Penal.

Ciertamente, una de las tantas innovaciones del actual sistema Penal, lo constituye la institución del principio de afirmación de libertad, en razón del cual, toda persona a quien se le impute la comisión de un hecho punible, salvo las excepciones que establece la ley, tiene derecho a ser juzgada en libertad; de tal manera que la libertad constituye la regla en el juzgamiento penal y la privación judicial preventiva de libertad, una forma excepcional de enjuiciamiento. En tal sentido, los artículos 8, 9 y 229 del Código Orgánico Procesal Penal, establecen que:
Artículo 8. Presunción de inocencia. Cualquiera a quien que se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme.
Artículo 9. Afirmación de la libertad. Las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, sólo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta.
Las únicas medidas preventivas en contra del imputado son las que este Código autoriza conforme a la Constitución.
Artículo 229. Estado de Libertad. Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este código.
La privación de libertad es una medida cautelar, que solo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso”.

Ese juzgamiento en libertad, que como regla, emerge en nuestro proceso penal, no es más que el desarrollo de un mandato contenido en el numeral 1 del artículo 44 del texto constitucional, el cual al consagrar el derecho a la libertad personal establece que “…toda persona será juzgada en libertad excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el Juez o Jueza en cada caso…”; dispositivo constitucional con el cual, además, se establece una garantía de protección e intervención mínima en la afectación del derecho a la libertad personal, el cual sólo podrá verse restringido en casos excepcionales, para asegurar las finalidades del proceso.
En este orden de ideas, la Sala Constitucional de nuestro más alto Tribunal de Justicia, en sentencia No. 1825, de fecha 04 de julio de 2003, señaló:
“...Al respecto debe recordarse que, de conformidad con el artículo 44 de la Constitución, las personas serán juzgadas en libertad, excepto por las razones que determine la ley. Por su parte, el artículo 252 (hoy, 243) del derogado Código Orgánico Procesal Penal reafirma la garantía del juicio en libertad, cuando establece que “Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este código”; asimismo, que “la privación de libertad es una medida cautelar, que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso” (Subrayado de la Sala). Tales excepciones... son las que autorizan a dictar medidas cautelares privativas de libertad, las cuales sin embargo y siempre en procura de que, solo en la menor medida posible y dada la garantía constitucional de presunción de inocencia, resulte afectado el derecho fundamental que reconoce el artículo el artículo 44 de la Constitución..” . (Negritas de esta Sala).

Así pues, hoy en día la Privación Judicial Preventiva de Libertad, constituye un decreto excepcional, que a la luz del nuevo sistema de juzgamiento penal, sólo puede ser dictado en todos aquellos casos en los cuales, no exista razonablemente la posibilidad de garantizar las eventuales resultas del proceso penal, con otra medida de coerción personal menos gravosa y distinta la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad.
En tal sentido, debe señalar este juzgador, que la imposición de cualquier medida de coerción personal, debe necesariamente obedecer a una serie de criterios y juicios debidamente razonados y ponderados, que atendiendo a las circunstancias que rodean cada caso, se encamine a conseguir el debido equilibrio que exige, tanto el respeto al derecho de los procesados penalmente a ser juzgados en libertad como al derecho del Estado y la sociedad de que se resguarden los intereses sociales, mediante el establecimiento de medios procesales que garanticen las futuras y eventuales resultas de los juicios.

Por ello, el análisis de todas y cada una de las circunstancias fácticas que reposan en las actuaciones y acompañan a las respectivas solicitudes de privación o cautelar sustitutiva de libertad, deben ser ponderadas bajo los criterios de objetividad, magnitud del daño, cuantía de la pena, peligro de fuga y de obstaculización en la búsqueda de la verdad, lo cual permitirá luego de un debido y motivado juicio, determinar con certeza la mayor o menor severidad de la medida a imponer.

Ahora bien, en el presente caso, si bien es cierto al imputado de autos se le ha atribuido un hecho delictivo menos grave, pero este juzgador considera y estima la posibilidad de asegurar las resultas del presente proceso, mediante la imposición de una medida de coerción personal menos gravosa a la privación judicial preventiva de libertad, tal y como lo es, la medida suspensión condicional del proceso establecida en el artículo 358 del Código Orgánico Procesal Penal. El cual al consagrar el derecho a la libertad personal establece que“…toda persona será juzgada en libertad excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el Juez o Jueza en cada caso”. Consideraciones en atención a las cuales esta Instancia, estima que lo ajustado a derecho es decretar al imputado de auto la medida suspensión condicional del proceso establecida en el artículo 358 del Código Orgánico Procesal Penal. Y de igual manera queda demostrado su participación en los delitos precalificados por el ministerio público.

Finalmente, en cuanto al procedimiento a seguir, se observa que en la presente causa si bien fue estimada la flagrancia en la aprehensión del imputado, el Ministerio Público, solicitó la aplicación del procedimiento especial, por lo que a tenor de lo dispuesto del artículo 353 del Código Orgánico Procesal Penal el cual expresamente dispone:

Artículo 353. DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
En los asuntos sujetos a procedimientos especiales son aplicables las disposiciones establecidas específicamente para cada uno de ellos en este libro. En lo no previsto, y siempre que no se opongan a ellas, se aplicaran las reglas del procedimiento ordinario.

Ahora bien, visto, escuchado, analizados los alegatos de la Defensa y el Ministerio Público de igual manera vista las actuaciones acompañadas al escrito fiscal, y por cuanto el imputado de auto manifestó acogerse a las Fórmulas alternativas a la Prosecución del Proceso como lo son la Suspensión Condicional del Proceso, este Juzgado primero de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control del Estado Falcón. Y ASÍ SE DECIDE.
DISPOSITIVA

Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA: PRIMERO: se decreta la flagrancia previsto y sancionado en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal SEGUNDO: Se acuerda la solicitud de la Representación Fiscal de seguirse el presente caso mediante el Procedimiento de Juzgamiento de Delitos Menos Graves establecido en el artículo 354 del Código Orgánico Procesal Penal. TERCERO: Se admitió la precalificación del delito realizada por el ciudadano Fiscal del Ministerio Público de: POSESION ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTE Y PSICOTROPICAS PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 153 DE LA LEY ORGANICA DE DROGAS, PARA LA CIUDADANA: DIANA CAROLINA CORONEL MORILLO Y EMILIANNY CAROLINA COLINA YUGURY. CUARTO: CON LUGAR la solicitud de la defensa privada se acoja a las Fórmulas Alternativas como es la Suspensión Condicional del Proceso establecida en el artículo 358 del Código Orgánico Procesal Penal, por un periodo de TRES (03) MESES, CUATRO (04) HORAS SEMANALES en el CONSEJO COMUNAL DEL SECTOR 28 DE JULIO, del Municipio Miranda DEL ESTADO FALCÓN. QUINTO: se ordena verificar las condiciones impuestas por este tribunal el (20) DE JUNIO DE 2018. SEXTO: se ordena la destrucción inmediata de las sustancias incautada.

EL JUEZ PROVISORIO
ABG. JOSE. G. REYES.
SECRETARIA
ABG. ERNEIDYTH ACOSTA