TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA MUNICIPAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE ESTADO FALCÓN
SANTA ANA DE CORO, 30 DE MARZO DE 2018
206º y 157º
AUTO DECRETANDO SUSPENSION CONDICIONAL DEL PROCESO EN
AUDIENCIA DE PRESENTACION DE IMPUTADOS

ASUNTO PRINCIPAL: IP02-P-2018-000223
ASUNTO: IP02-P-2018-000223

IDENTIFICACION DE LAS PARTES:
EL JUEZ: ABG. JOSE GREGORIO REYES
SECRETARIA: ABG. ERNEYDITH ACOSTA
FISCAL 4º DEL MINISTERIO PÚBLICO: EDDI ENRIQUE PARRA BELANDRIA
VÍCTIMA: EL ESTADO VENEZOLANO
IMPUTADO: FRANCISCO SEGUNDO GUTIERREZ GONZALEZ
DEFENSOR PUBLICO: ABG. JESUS HENRIQUEZ

ACTA DE AUDIENCIA DE PRESENTACION DE IMPUTADOS

En el día de hoy VIERNES 30 DE MARZO DE 2018, siendo las 11:30 am, hora y fecha fijada para dar inicio a la AUDIENCIA DE PRESENTACION DE IMPUTADOS de conformidad con lo previsto en el artículo 356 del Código Orgánico Procesal Penal, solicitada por la FISCAL 4º DEL MINISTERIO PUBLICO EDDI ENRIQUE PARRA BELANDRIA, quien solicitó la formal imputación al ciudadano: FRANCISCO SEGUNDO GUTIERREZ GONZALEZ . Se instaló el Tribunal primero de Primera Instancia Municipal en Función de Control a cargo del Ciudadano Juez Abg. JOSE GREGORIO REYES, acompañado de la Secretaria Abg. ERNEYDITH ACOSTA, y el alguacil designado para este acto en la Sala de audiencias. Seguidamente el Juez ABG. JOSE GREGORIO REYES, solicita a la ciudadana Secretaria verificar la presencia de las partes y éste informó que se encuentra presentes FISCAL 4º DEL MINISTERIO PÚBLICO: EDDI ENRIQUE PARRA BELANDRIA, de la presencia del imputado: FRANCISCO SEGUNDO GUTIERREZ GONZALEZ , previo traslado del órgano aprehensor CICPC, el Defensor público; ABG. JESUS HENRIQUEZ, seguidamente este tribunal procedió a preguntarle a los investigados de autos si tenían defensor que los asistieran en la presente causa, manifestando el ciudadano: FRANCISCO SEGUNDO GUTIERREZ GONZALEZ, NO tener defensor que lo asista. ”Por lo cual se procedió a la designación de ley del defensor Público. Acto seguido se le impone a la defensa pública de las actuaciones procesales, previo acceso y valoración del expediente, así como entrevista a solas con los imputados”. Seguidamente el ciudadano Juez da inicio al acto y concede la palabra el Representante del Ministerio Público, EDDI ENRIQUE PARRA BELANDRIA, en su carácter de Fiscal del Ministerio Público quien expuso entre otras cosas lo siguiente: “hace una breve narración de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos descritas en el acta policial), esta Representación Fiscal solicita que el procedimiento continúe por el Procedimiento especial para el juzgamiento de los delitos menos graves, de conformidad con lo establecido en el artículo 354 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, en cuanto a la precalificación considero que la conducta desplegada por el ciudadano en cuanto a la precalificación considera esta representación esta encajada en el Delito: POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 111 DE LA LEY PARA EL DESARME, CONTROL DE ARMA DE MUNICIONES, para los ciudadanos: FRANCISCO SEGUNDO GUTIERREZ GONZALEZ ; solicito se le sea impuesta Una Medida Cautelar de presentación cada 30 días, y solicito la destrucción del armamento. ES TODO. Seguidamente el juez procede a imponerlos del precepto Constitucional establecido en el numeral 5 del artículo 49, que los exime de declarar en causa propia, sin que su silencio los perjudique, también hizo de su conocimiento que la declaración es un medio con el que cuentan para su defensa y por consiguiente tienen derecho a explicar todo cuanto sirva para desvirtuar las sospechas que sobre ellos recaiga, así mismo el Juez explica a los imputados el Principio de Oportunidad y las Medidas Alternativas a la Prosecución del Proceso, consagrados en los artículos 38, 357 y 358 del Código Orgánico Procesal Penal, en este estado e impuesto del Derecho Constitucional y de las Medidas Alternativas a la Prosecución del Proceso, el ciudadano Juez ordena identificar formalmente el ciudadano quien se identifico como: FRANCISCO SEGUNDO GUTIERREZ GONZALEZ venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V- 16.471.120, de 37 años de edad, soltero, fecha de nacimiento 10/11/1979, de ocupación obrero, residenciado en el Sector Barranca, calle Principal, casa sin nro. Municipio Dabajuro del Estado Falcón. Teléfono: 0414-6537210. El ciudadano expuso sin coerción alguna: “NO DESEO DECLARAR”, ES TODO.- Seguidamente se le concede el derecho de palabra al Defensor Publico ABG. JESUS HENRIQUEZ, quien expuso: “Buenas Tardes a todos los presentes, una vez conversados con mi defendido el me ha manifestado voluntariamente aceptar la responsabilidad de los hechos es por lo que solicito la suspensión condicional del proceso el cual lo realizara en el CONSEJO COMUNAL SECTOR BARRANCA DEL MUNICIPIO DABAJURO, ES TODO”.-

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Ahora bien analizado como han sido los argumentos expuestos por las partes este Tribunal pasa a resolver con fundamento en las siguientes consideraciones: En lo que respecta a la detención del imputado, se observa esta instancia del estudio de las actuaciones, específicamente del Acta Policial donde consta la aprehensión del ciudadano: FRANCISCO SEGUNDO GUTIERREZ GONZALEZ.

En esta misma fecha, siendo las 08:10 de la tarde, compareció ante este despacho el funcionario detective agregado DERWIS COLORADO, adscrito a esta sub. delegación de dabajuro, del estado falcón quien de conformidad con lo previsto en los articulos 113, 114, 115, 153 y 266 del Codigo Organico Procesal Penal, en concordancia con el articulo 50, ordinal 1 De La Ley Orgánica Del Servicio De Policia De Investigacion, El Cuerpo De Investigaciones Cientificas, Penales Y Criminalística Y El Servicio Nacional De Medicina Y Ciencias Forenses, deja constancia de la siguiente diligencia policial, efectuada en la siguiente investigación: “ en esta misma fecha continuando con las averiguaciones relacionadas con la causa penal, k-18-0337-00085, incoadas por ante este despacho por la comisión de uno de los delitos previstos en la ley CONTRA LA PROPIEDAD, me traslade en compañía de los funcionarios DETECTIVE EUCARIO MORALES, ELIO GOMEZ Y NORBERTO PEROZO (TECNICO), conjuntamente con el ciudadano: LUCIO ZAVALA ( demas datos filiatorios solo uso exclusivo a orden de la fiscalia del ministerio publico) ampliamente identificado en actas que anteceden, por figurar como victima y denunciante en la presente causa, a bordo de la unidad de inspecciones técnicas p-3c00089, hacia la siguiente dirección: FINCA DE NOMBRE LA FLORIDA Y CAÑO DULCE, UBICADA EN EL SECTOR BARRANCA, VIA ZONA SUR, PARCELAMIENTO SIN NUMERO, PARROQUIA CASIGUA, MUNICIPIO MAUROA DEL ESTADO FALCON, con la finalidad de realizar la siguiente inspección técnica del sitio del suceso y fijación fotográfica, así mismo de ubicar, identificar y citar a los ciudadanos “ JUAN GUTIERREZ, REYES GUTIERREZ, FRANCISCO GUTIERREZ, NICOLAS CHIRINOS Y EL NAPO” ya que los mismos aparecen señalados como presuntos autores del hecho en referencia” una vez presente en la referida dirección nuestro acompañante nos indico el lugar exacto donde aconteció el hecho que se le investiga, de igual manera siendo las 06:00 pm procedió el funcionario detective NOBERTO PEROZO ( TECNICO) a practicar la respectiva inspección técnica, de conformidad con lo establecido en el articulo9 186 del Codigo Organico Procesal Penal, en concordancia con el articulo 41 de La Ley Organica Del Servicio De Policia De Investigacion , El Cuerpo De Investigaciones Cientificas, Penales Y Criminalísticas Y El Servicio Nacional De Medicina Y Ciencia Forenses, De igual manera realizamos una minuciosa búsqueda con la finalidad de ubicar, identificar y citar a los ciudadanos mencionados en la presente averiguación entrevistando a una ciudadana que quedo identificada de la siguiente manera: MIGDALIA LINARES CALDERON , venezolana, natural de Maracaibo estado Zulia, de 48 años de edad, nacida el 25-01-1970, estado civil soltera, de profesión u oficio ama de casa, residenciada en el sector la sabana calle la esmeralda, casa numero 20, municipio mauroa, estado falcón, titular de la cedula de identidad v-10.231.370, a quien luego de identificarnos como funcionarios del cuerpo de investigaciones y explicarle el motivo de nuestra presencia nos informo que los ciudadanos requeridos por la comisión residen en el sector barranca, calle primera, parroquia casigua, municipio mauroa, estado falcon, una vez en referida direccion y luego en la puerta principal del inmueble fuimos atendidos por una persona de sexo femenina quien luego de identificarnos plenamente como funcionarios adscrito a este cuerpo de investigaciones y de exponerle el motivo de nuestra comparecencia, quedo identificada de la siguiente manera: TILIA RAMONA GONZÁLEZ ARGUELLEZ, venezolana, natural de mene mauroa estado falcon, de 67 años de edad, nacida en fecha 15-03-1950, estado civil soltera, de profesion u oficio ama de casa, residenciada en la misma población, titular de la cedula de identidad numero v-6.735.365, permitiéndonos la misma el libre acceso a la referida vivienda, logrando avistar en la sala de la misma a una persona adulta de sexo masculino, observando que dicho sujeto presentaba discapacidad en uno de los miembros inferiores ( pierna izquierda) el mismo a notar la presencia de la comisión policial tomo una actitud nerviosa el cual se evidencio a simple vista, por lo que procedimos abordarlo y con las medidas de seguridad del caso, una vez identificados procedimos a preguntarle al mismo si poseia adherido a su cuerpo u oculto en su vestimenta algún elemento que constituyese la comision de un hecho punible y en caso de poseerlo lo exhibiera, manifestando no tener evidencia alguna, motivo por el cual procedió el detective ELIO GOMEZ a practicarle la respectiva inspección corporal, según lo estipulado en el articulo 191 del Codigo Organico Procesal Penal, no encontrando ninguno objeto de interés criminalístico de igual manera le solicitamos sus datos filiatorios quedando el mismo identificado de la siguiente manera: FRANCISCO SEGUNDO GUTIERREZ GONZALEZ, apodado “EL MAPO” venezolano, natural del mene mauroa estado falcon, de 38 años de edad, nacido el 10-11-1979, estado civil soleltero, de profesion u oficio obrero, residenciado en la misma direccion, titular de la cedula de identidad v-16.471.120, siendo este uno de los sujetos requerido por la presente comision, es aunar que al momento de estar sosteniendo coloquio con el sujeto antes en mencion logramos avistar en uno de los rincones de la casa de la vivienda: un (01) arma de fuego tipo escopeta, de fabricación rudimentaria, cañon largo, cacha elaborada de madera de color marron, sin marca, modelo ni serial visibles, calibre 16, desprovista de munciones.” Por lo que hicimos referencia a dicho sujeto sobre la evidencia incautada manifestando el mismo libre de toda coaccion y apremio que era de su propiedad, por lo que procedimos a solicitar la perisología del arma en cuestion documental, indicandonos no tener nada de lo antes solicitado, procediendo de manera inmediata el detective Norberto perozo a realizar la fijación fotografica y colección del elemento localizado amparado en el articulo 187 del Codigo Organcio Procesal Penal, para su traslado en esta oficina para que le sean practicadas las experticias de rigor, formalmente se le informo al precitado ciudadano que quedaria detenido, por estar incurso en uno de los delitos flagrantes conforme a lo establecido 234 del Codigo Organcio Procesal Penal, de igual manera siendo las 06:20pm , procedio el detective ELIO GAMEZ, a imponerlo de sus derechos y garantías constitucionales, establecido en el articulo 44 y 49 de la Constitución De La Republica Bolivariana De Venezuela, en concordancia con el articulo 127 del Codigo Orgánico Procesal Penal, posteriormente procedió el detective Norberto perozo, a realizar la respectiva inspección técnica del sitio a las 06:25 pm , según lo estipulado en el artículo 186 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 41 de La Ley Orgánica Del Servicio De Policía De Investigación, El Cuerpo De Investigaciones Científicas, Penales Y Criminalística Y El Servicio Nacional De Medicina Y Ciencias Forenses, seguidamente se procedió a preguntarle a la ciudadana primera mencionada sobre la ubicación de los siguientes ciudadanos: “ REYES GUTIERREZ, JUAN GUTIÉRREZ Y NICOLAS CHIRINOS” manifestando que los dos sujetos primeros mencionados son sus hijos y los mismos no se encontraban presente para el momento de nuestra comparecencia y el ciudadano ultimo mencionado desconocía completamente del mismo ya que no tenia familiar ni conocidos con ese nombre, por lo que se le solicito datos filiatorios de sus familiares quedando identificados de la siguiente manera; 01.- REYES ANTONIO GUTIERREZ GONZALEZ, venezolano, natural del mene mauroa estado falcón, de 48 años de edad, nacido el 07-02-1970, estado civil soltero, de profesión u oficio obrero, residenciado en la misma dirección, indocumentado en tal sentido procedimos a entregar la boleta de citación a dicha ciudadana, a nombre de los ciudadanos antes mencionados para su comparecencia ante esta sede con la finalidad de ser impuestos de las actas procesales en su contra, manifestando no tener inconveniente alguno en revisarla, culminada la misma optamos en retirarnos del inmueble y retornar a la sede de este despacho, conjuntamente con el ciudadano detenido y la evidencia colectada, donde una vez presente en esta sede procedí a verificar por el sistema de investigación e información policial (SIIPOL), los posibles registros policiales y/o solicitudes que pudiese presentar los ciudadanos antes identificados, pudiendo constatar mediante el enlace CICPC- SAIME, que a los mismos le corresponden sus nombres, apellidos y números de cedulas y el ciudadano JUAN RAMON GUTIERREZ GONZALEZ, no registra ante el referido sistema y no presentan registros policiales ni solicitud alguna, cabe destacar que fue imposible verificar por el sistema el estatus legal del arma de fuego tipo escopeta ya que la misma está desprovista de marca, modelo y seriales identificados seguidamente se procedió a informarle a la superioridad, en tal efecto este despacho dio inicio a las actas procesales k-18-0337-00086, por la comisión de uno de los delitos previstos y sancionados en la ley para el desarme control de armas y menciones, en el mismo orden de ideas se le realizo la llamada telefónica al ABOGADO MARCOS DIAZ, fiscal auxiliar cuarto del ministerio publico.

Lo anterior, a criterio de este Juzgador, se corresponde con el criterio de una flagrancia real y efectiva, pues los imputados fueron detenidos en razón del señalamiento expreso y directo por funcionarios CICPC- DABAJURO. deja constancia de la siguiente diligencia policial, efectuada en la siguiente investigación: “ en esta misma fecha continuando con las averiguaciones relacionadas con la causa penal, k-18-0337-00085, incoadas por ante este despacho por la comisión de uno de los delitos previstos en la ley CONTRA LA PROPIEDAD, me traslade en compañía de los funcionarios DETECTIVE EUCARIO MORALES, ELIO GOMEZ Y NORBERTO PEROZO (TECNICO), conjuntamente con el ciudadano: LUCIO ZAVALA ( demas datos filiatorios solo uso exclusivo a orden de la fiscalía del ministerio publico) ampliamente identificado en actas que anteceden, por figurar como víctima y denunciante en la presente causa, a bordo de la unidad de inspecciones técnicas p-3c00089, hacia la siguiente dirección: FINCA DE NOMBRE LA FLORIDA Y CAÑO DULCE, UBICADA EN EL SECTOR BARRANCA, VIA ZONA SUR, PARCELAMIENTO SIN NUMERO, PARROQUIA CASIGUA, MUNICIPIO MAUROA DEL ESTADO FALCON, con la finalidad de realizar la siguiente inspección técnica del sitio del suceso y fijación fotográfica, así mismo de ubicar, identificar y citar a los ciudadanos “ JUAN GUTIERREZ, REYES GUTIERREZ, FRANCISCO GUTIERREZ, NICOLAS CHIRINOS Y EL NAPO” ya que los mismos aparecen señalados como presuntos autores del hecho en referencia” una vez presente en la referida dirección nuestro acompañante nos indico el lugar exacto donde aconteció el hecho que se le investiga, de igual manera siendo las 06:00 pm procedió el funcionario detective NOBERTO PEROZO ( TECNICO) a practicar la respectiva inspección técnica, de conformidad con lo establecido en el articulo9 186 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 41 de La Ley Orgánica Del Servicio De Policia De Investigación , El Cuerpo De Investigaciones Científicas, Penales Y Criminalísticas Y El Servicio Nacional De Medicina Y Ciencia Forenses, De igual manera realizamos una minuciosa búsqueda con la finalidad de ubicar, identificar y citar a los ciudadanos mencionados en la presente averiguación entrevistando a una ciudadana que quedo identificada de la siguiente manera: MIGDALIA LINARES CALDERON , venezolana, natural de Maracaibo estado Zulia, de 48 años de edad, nacida el 25-01-1970, estado civil soltera, de profesión u oficio ama de casa, residenciada en el sector la sabana calle la esmeralda, casa numero 20, municipio mauroa, estado falcón, titular de la cedula de identidad v-10.231.370, a quien luego de identificarnos como funcionarios del cuerpo de investigaciones y explicarle el motivo de nuestra presencia nos informo que los ciudadanos requeridos por la comisión residen en el sector barranca, calle primera, parroquia casigua, municipio mauroa, estado falcón, una vez en referida dirección y luego en la puerta principal del inmueble fuimos atendidos por una persona de sexo femenina quien luego de identificarnos plenamente como funcionarios adscrito a este cuerpo de investigaciones y de exponerle el motivo de nuestra comparecencia, quedo identificada de la siguiente manera: TILIA RAMONA GONZÁLEZ ARGUELLEZ, venezolana, natural de mene mauroa estado falcón, de 67 años de edad, nacida en fecha 15-03-1950, estado civil soltera, de profesión u oficio ama de casa, residenciada en la misma población, titular de la cedula de identidad numero v-6.735.365, permitiéndonos la misma el libre acceso a la referida vivienda, logrando avistar en la sala de la misma a una persona adulta de sexo masculino, observando que dicho sujeto presentaba discapacidad en uno de los miembros inferiores ( pierna izquierda) el mismo a notar la presencia de la comisión policial tomo una actitud nerviosa el cual se evidencio a simple vista, por lo que procedimos abordarlo y con las medidas de seguridad del caso, una vez identificados procedimos a preguntarle al mismo si poseía adherido a su cuerpo u oculto en su vestimenta algún elemento que constituyese la comisión de un hecho punible y en caso de poseerlo lo exhibiera, manifestando no tener evidencia alguna, motivo por el cual procedió el detective ELIO GOMEZ a practicarle la respectiva inspección corporal, según lo estipulado en el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, no encontrando ninguno objeto de interés criminalístico de igual manera le solicitamos sus datos filiatorios quedando el mismo identificado de la siguiente manera: FRANCISCO SEGUNDO GUTIERREZ GONZALEZ, apodado “EL MAPO” venezolano, natural del mene mauroa estado falcón, de 38 años de edad, nacido el 10-11-1979, estado civil soltero, de profesión u oficio obrero, residenciado en la misma dirección, titular de la cedula de identidad v-16.471.120, siendo este uno de los sujetos requerido por la presente comisión, es aunar que al momento de estar sosteniendo coloquio con el sujeto antes en mención logramos avistar en uno de los rincones de la casa de la vivienda: un (01) arma de fuego tipo escopeta, de fabricación rudimentaria, cañón largo, cacha elaborada de madera de color marrón, sin marca, modelo ni serial visibles, calibre 16, desprovista de municiones.” Por lo que hicimos referencia a dicho sujeto sobre la evidencia incautada manifestando el mismo libre de toda coacción y apremio que era de su propiedad, por lo que procedimos a solicitar la perisología del arma en cuestión documental, indicándonos no tener nada de lo antes solicitado, procediendo de manera inmediata el detective Norberto perozo a realizar la fijación fotográfica y colección del elemento localizado amparado en el artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal, para su traslado en esta oficina para que le sean practicadas las experticias de rigor, formalmente se le informo al precitado ciudadano que quedaría detenido, por estar incurso en uno de los delitos flagrantes conforme a lo establecido 234 del Código Orgánico Procesal Penal. Siendo ello así, un delito flagrante, o de una flagrancia propiamente dicha, pues se relaciona las actuaciones con el hecho donde se encuentra incurso el ciudadano: FRANCISCO SEGUNDO GUTIERREZ GONZALEZ existe una prueba inmediata y directa del delito cometido, que emana de la observación que del hecho delictivo efectuaran los funcionarios actuantes en el procedimiento.

Al respecto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No. 1901 de fecha 01.12.2008 precisó:
“...En el Código Orgánico Procesal Penal, la flagrancia está definida en el artículo 234, “se tendrá como delito flagrante el que se está cometiendo o el que acaba de cometerse”. En principio, todo delito cuando se está cometiendo es flagrante, se está ejecutando actualmente, pero la condición de flagrante –a los efectos del artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal y del proceso penal- viene dada porque al instante en que se ejecuta, es percibido por alguien, quién puede actuar en la aprehensión o simplemente, formular la denuncia ante los órganos competentes o llamar a la fuerza pública para que lo capture.
De allí que, la condición de flagrancia venga dada por las circunstancias de que alguien (una persona) pueda captar la ejecución del delito, bien porque lo presencia, o porque acabando de cometerse, el sospechoso (a quien así denomina el Código Orgánico Procesal Penal ni siquiera es imputado), se encuentra aún en el lugar del suceso, en actitud tal que quien observa la comisión del hecho necesariamente forma una relación de causalidad entre el delito y el presunto delincuente.
Asimismo, la flagrancia está ligada a la persona que presencia la comisión del hecho, quien así se convierte en medio de prueba del delito y su autoría, sin que por ello sea necesaria, en principio, cualquier otra probanza de lo acontecido. El delito es de tal evidencia para quien lo aprehendió que, salvo en ciertas excepciones, no requiere otra prueba del mismo. Se trata de una presencia inmediata y directa, la cual es necesaria que exista por igual tanto en la autoría como en las circunstancias que se perciben in situ del hecho.
Lo que clasifica de flagrante a un delito, es la captación del mismo que se comete o acaba de cometerse y será dicho conocimiento el que al llevarse al proceso, básicamente probará el cuerpo del delito y su autoría.

Siendo ello así, estima este juzgador, que en el presente caso al haberse verificado como se explicó un delito flagrante, la detención del ciudadano: FRANCISCO SEGUNDO GUTIERREZ GONZALEZ, plenamente identificados en autos, fue practicada de manera legítima y ajustada a los parámetros que dispone el artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 234 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASÍ SE DECIDE.

En lo que respecta al delito precalificados y la medida de coerción personal a imponer; este tribunal observa que en el presente caso, la Representación Fiscal precalifico el delito de: POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 111 DE LA LEY PARA EL DESARME, CONTROL DE ARMA DE MUNICIONES. En este sentido, la defensa de igual manera hace mención en sus alegatos donde indica lo siguiente: “Buenas Tardes a todos los presentes, una vez conversados con mi defendido el me ha manifestado voluntariamente aceptar la responsabilidad de los hechos es por lo que solicito la suspensión condicional del proceso el cual lo realizara en el CONSEJO COMUNAL SECTOR BARRANCA DEL MUNICIPIO DABAJURO, ES TODO”.-

Analizando el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de concurren los elementos para decretar una medida de coerción personal el ordinal 1º indica Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita; tal y como lo es el delito de: POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 111 DE LA LEY PARA EL DESARME, CONTROL DE ARMA DE MUNICIONES, cuya materialidad se verifica de los elementos de convicción obtenidos de las diligencias preliminares de investigación, como a continuación se pasan a describir en el análisis del supuesto siguiente:
Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible; los cuales se obtienes del análisis de las siguientes actas de investigación tales como la son:

1.-ACTA DE INVESTIGACION PENAL FECHA DE 28-03-2018, suscrita por funcionarios cicpc (la cual riela en los folio 02 de las actuaciones preliminares acompañadas al procedimiento).

2.-REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA FECHA DE 28-03-2018, suscrita por funcionarios CICPC (la cual riela en los folio 06 de las actuaciones preliminares acompañadas al procedimiento).

3.-EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO LEGAL FECHA DE 28-03-2018, suscrita por funcionarios CICPC (la cual riela en los folio 10 de las actuaciones preliminares acompañadas al procedimiento).

Elementos estos de convicción, de los cuales estima este Juzgador, se extraen motivo racional, coherente y suficiente para estimar la presunta participación del ciudadano: FRANCISCO SEGUNDO GUTIERREZ GONZALEZ, en la comisión del delito: POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 111 DE LA LEY PARA EL DESARME, CONTROL DE ARMA DE MUNICIONES, que le fuera acreditado a dicha conducta antijurídica por el Ministerio Público en la audiencia de presentación, habida consideración que de las actuaciones preliminares, iniciada se pudo determinar que efectivamente el imputado resultó detenido por los funcionarios adscritos a GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA. Según consta en acta policial de fecha 28-03-2018. deja constancia de la siguiente diligencia policial, efectuada en la siguiente investigación: “ en esta misma fecha continuando con las averiguaciones relacionadas con la causa penal, k-18-0337-00085, incoadas por ante este despacho por la comisión de uno de los delitos previstos en la ley CONTRA LA PROPIEDAD, me traslade en compañía de los funcionarios DETECTIVE EUCARIO MORALES, ELIO GOMEZ Y NORBERTO PEROZO (TECNICO), conjuntamente con el ciudadano: LUCIO ZAVALA (demás datos filiatorios solo uso exclusivo a orden de la fiscalía del ministerio publico) ampliamente identificado en actas que anteceden, por figurar como víctima y denunciante en la presente causa, a bordo de la unidad de inspecciones técnicas p-3c00089, hacia la siguiente dirección: FINCA DE NOMBRE LA FLORIDA Y CAÑO DULCE, UBICADA EN EL SECTOR BARRANCA, VIA ZONA SUR, PARCELAMIENTO SIN NUMERO, PARROQUIA CASIGUA, MUNICIPIO MAUROA DEL ESTADO FALCON, con la finalidad de realizar la siguiente inspección técnica del sitio del suceso y fijación fotográfica, así mismo de ubicar, identificar y citar a los ciudadanos “ JUAN GUTIERREZ, REYES GUTIERREZ, FRANCISCO GUTIERREZ, NICOLAS CHIRINOS Y EL NAPO” ya que los mismos aparecen señalados como presuntos autores del hecho en referencia” una vez presente en la referida dirección nuestro acompañante nos indico el lugar exacto donde aconteció el hecho que se le investiga, de igual manera siendo las 06:00 pm procedió el funcionario detective NOBERTO PEROZO ( TECNICO) a practicar la respectiva inspección técnica, de conformidad con lo establecido en el articulo9 186 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 41 de La Ley Orgánica Del Servicio De Policia De Investigación , El Cuerpo De Investigaciones Científicas, Penales Y Criminalísticas Y El Servicio Nacional De Medicina Y Ciencia Forenses, De igual manera realizamos una minuciosa búsqueda con la finalidad de ubicar, identificar y citar a los ciudadanos mencionados en la presente averiguación entrevistando a una ciudadana que quedo identificada de la siguiente manera: MIGDALIA LINARES CALDERON , venezolana, natural de Maracaibo estado Zulia, de 48 años de edad, nacida el 25-01-1970, estado civil soltera, de profesión u oficio ama de casa, residenciada en el sector la sabana calle la esmeralda, casa numero 20, municipio mauroa, estado falcón, titular de la cedula de identidad v-10.231.370, a quien luego de identificarnos como funcionarios del cuerpo de investigaciones y explicarle el motivo de nuestra presencia nos informo que los ciudadanos requeridos por la comisión residen en el sector barranca, calle primera, parroquia casigua, municipio mauroa, estado falcón, una vez en referida dirección y luego en la puerta principal del inmueble fuimos atendidos por una persona de sexo femenina quien luego de identificarnos plenamente como funcionarios adscrito a este cuerpo de investigaciones y de exponerle el motivo de nuestra comparecencia, quedo identificada de la siguiente manera: TILIA RAMONA GONZÁLEZ ARGUELLEZ, venezolana, natural de mene mauroa estado falcón, de 67 años de edad, nacida en fecha 15-03-1950, estado civil soltera, de profesión u oficio ama de casa, residenciada en la misma población, titular de la cedula de identidad numero v-6.735.365, permitiéndonos la misma el libre acceso a la referida vivienda, logrando avistar en la sala de la misma a una persona adulta de sexo masculino, observando que dicho sujeto presentaba discapacidad en uno de los miembros inferiores ( pierna izquierda) el mismo a notar la presencia de la comisión policial tomo una actitud nerviosa el cual se evidencio a simple vista, por lo que procedimos abordarlo y con las medidas de seguridad del caso, una vez identificados procedimos a preguntarle al mismo si poseía adherido a su cuerpo u oculto en su vestimenta algún elemento que constituyese la comisión de un hecho punible y en caso de poseerlo lo exhibiera, manifestando no tener evidencia alguna, motivo por el cual procedió el detective ELIO GOMEZ a practicarle la respectiva inspección corporal, según lo estipulado en el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, no encontrando ninguno objeto de interés criminalístico de igual manera le solicitamos sus datos filiatorios quedando el mismo identificado de la siguiente manera: FRANCISCO SEGUNDO GUTIERREZ GONZALEZ, apodado “EL MAPO” venezolano, natural del mene mauroa estado falcón, de 38 años de edad, nacido el 10-11-1979, estado civil soltero, de profesión u oficio obrero, residenciado en la misma dirección, titular de la cedula de identidad v-16.471.120, siendo este uno de los sujetos requerido por la presente comisión, es aunar que al momento de estar sosteniendo coloquio con el sujeto antes en mención logramos avistar en uno de los rincones de la casa de la vivienda: según consta en registro de cadena de custodia de fecha 28-03-2018 un (01) arma de fuego tipo escopeta, de fabricación rudimentaria, cañón largo, cacha elaborada de madera de color marrón, sin marca, modelo ni serial visibles, calibre 16, desprovista de municiones. Se toma en consideración EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO LEGAL FECHA DE 28-03-2018, suscrita por funcionarios CICPC realizada a lo incautado. En virtud a lo antes expuesto, este juzgador observa que existen elementos de convicción que indica la participación del ciudadano de marras con el hecho punible que le imputa el representante del ministerio publico y siendo ello así, un delito flagrante, o de una flagrancia propiamente dicha, pues se relaciona las actuaciones con el hecho donde se encuentra incurso el ciudadano FRANCISCO SEGUNDO GUTIERREZ GONZALEZ, existe una prueba inmediata y directa del delito cometido, que emana de la observación que del hecho delictivo efectuaran los funcionarios actuantes en el procedimiento.

Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se ha referido a la posibilidad de imponer Medida de Coerción Personal desde la fase preparatoria, a los fines de asegurar las finalidades del proceso, señalando:
“... El Código Orgánico Procesal Penal en su título I regula las fases del proceso penal entre las cuales se encuentra la fase preparatoria, cuya finalidad no es más que practicar las diligencias necesarias tendentes a determinar si existen razones para proponer la acusación contra una persona y pedir su enjuiciamiento o sobreseimiento, según el caso.
En dicha fase, la medida más importante que se puede decretar, entre otras, es la privación preventiva judicial de libertad del imputado si se verifica la existencia de los requisitos concurrentes que para tal fin, establece el Código Orgánico Procesal Penal...” (Sent. Nro. 673 del 07/04/2003, ).

Así mismo, se estima oportuno precisar, que si bien es cierto, sólo será en la fase de juicio oral y público, luego de efectuada la práctica de todas y cada una de las pruebas, y dado el correspondiente contradictorio, el momento estelar donde se podrá establecer con certeza la existencia de responsabilidad o no del imputado; no obstante hasta el presente estado procesal, está demostrado a los solos efectos del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, la existencia de elementos de convicción suficientes para estimar la participación de éste en la comisión del hecho delictivo que le fue atribuido, lo hace procedente el decreto de una medida de coerción personal. Situación esta que en ningún momento comporta pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del imputado de autos, pues los elementos valorados por esta instancia, se ciñen estrictamente a establecer la procedencia fundada de la Medida Coerción Personal que fue solicitada, tal y como lo es la Privación Judicial Preventiva de Libertad.
Al respecto, ha señalado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No 1998 de fecha 22 de noviembre de 2006:
“… La protección de los derechos del imputado a la libertad y a ser tratado como inocente mientras no se establezca de manera plena su culpabilidad, tampoco puede significar el absoluto abandono de los mecanismos cautelares destinados a garantizar los objetivos del proceso…”. (Negritas de la Sala).

Y finalmente también está acreditado la existencia de una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de la investigación, pues aprecia este tribunal, partiendo de la circunstancia de que en el presente caso, nos encontramos en presencia de un delito menos graves, el cual tiene asignada una penalidad moderada para el delito de: POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 111 DE LA LEY PARA EL DESARME, CONTROL DE ARMA DE MUNICIONES, Lo cual se corresponde con el contenido del numeral 2 del artículo 238 que al respecto dispone:

Artículo 238. Peligro de Obstaculización. Para decidir acerca del peligro de Obstaculización para averiguar la verdad en cuenta, especialmente, la grave sospecha de que el imputado o imputada:
1. Destruirá. Modificará. Ocultará o falsificará elementos de convicción.
2. influirá para que coimputados o coimputadas, testigos, victimas, expertos o expertas, informe falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirán a otros u otras a realizar esos comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia.

No obstante a lo anterior, estima este Juzgador, que el ciudadano pueden informar falsamente durante la investigación, de esta forma nos encontramos en una flagrancia propiamente dicha precalificada sobre el delito: POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 111 DE LA LEY PARA EL DESARME, CONTROL DE ARMA DE MUNICIONES, según lo explanado en actas Policiales, luego de efectuado el correspondiente estudio a las actuaciones que constituyen el presente procedimiento se determina el peligro de Fuga, basado en el numeral 2 del Art. 238 Código Orgánico Procesal Penal, los supuestos que motivan la medida de privación judicial preventiva de libertad, pueden ser razonablemente satisfecho, por una medida cautelar sustitutiva menos gravosa, como lo es, la medida suspensión condicional del proceso establecida en el artículo 358 del Código Orgánico Procesal Penal.

Ciertamente, una de las tantas innovaciones del actual sistema Penal, lo constituye la institución del principio de afirmación de libertad, en razón del cual, toda persona a quien se le impute la comisión de un hecho punible, salvo las excepciones que establece la ley, tiene derecho a ser juzgada en libertad; de tal manera que la libertad constituye la regla en el juzgamiento penal y la privación judicial preventiva de libertad, una forma excepcional de enjuiciamiento. En tal sentido, los artículos 8, 9 y 229 del Código Orgánico Procesal Penal, establecen que:
Artículo 8. Presunción de inocencia. Cualquiera a quien que se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme.
Artículo 9. Afirmación de la libertad. Las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, sólo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta.
Las únicas medidas preventivas en contra del imputado son las que este Código autoriza conforme a la Constitución.
Artículo 229. Estado de Libertad. Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este código.
La privación de libertad es una medida cautelar, que solo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso”.

Ese juzgamiento en libertad, que como regla, emerge en nuestro proceso penal, no es más que el desarrollo de un mandato contenido en el numeral 1 del artículo 44 del texto constitucional, el cual al consagrar el derecho a la libertad personal establece que “…toda persona será juzgada en libertad excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el Juez o Jueza en cada caso…”; dispositivo constitucional con el cual, además, se establece una garantía de protección e intervención mínima en la afectación del derecho a la libertad personal, el cual sólo podrá verse restringido en casos excepcionales, para asegurar las finalidades del proceso.
En este orden de ideas, la Sala Constitucional de nuestro más alto Tribunal de Justicia, en sentencia No. 1825, de fecha 04 de julio de 2003, señaló:
“...Al respecto debe recordarse que, de conformidad con el artículo 44 de la Constitución, las personas serán juzgadas en libertad, excepto por las razones que determine la ley. Por su parte, el artículo 252 (hoy, 243) del derogado Código Orgánico Procesal Penal reafirma la garantía del juicio en libertad, cuando establece que “Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este código”; asimismo, que “la privación de libertad es una medida cautelar, que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso” (Subrayado de la Sala). Tales excepciones... son las que autorizan a dictar medidas cautelares privativas de libertad, las cuales sin embargo y siempre en procura de que, solo en la menor medida posible y dada la garantía constitucional de presunción de inocencia, resulte afectado el derecho fundamental que reconoce el artículo el artículo 44 de la Constitución..” . (Negritas de esta Sala).

Así pues, hoy en día la Privación Judicial Preventiva de Libertad, constituye un decreto excepcional, que a la luz del nuevo sistema de juzgamiento penal, sólo puede ser dictado en todos aquellos casos en los cuales, no exista razonablemente la posibilidad de garantizar las eventuales resultas del proceso penal, con otra medida de coerción personal menos gravosa y distinta la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad.
En tal sentido, debe señalar este juzgador, que la imposición de cualquier medida de coerción personal, debe necesariamente obedecer a una serie de criterios y juicios debidamente razonados y ponderados, que atendiendo a las circunstancias que rodean cada caso, se encamine a conseguir el debido equilibrio que exige, tanto el respeto al derecho de los procesados penalmente a ser juzgados en libertad como al derecho del Estado y la sociedad de que se resguarden los intereses sociales, mediante el establecimiento de medios procesales que garanticen las futuras y eventuales resultas de los juicios.

Por ello, el análisis de todas y cada una de las circunstancias fácticas que reposan en las actuaciones y acompañan a las respectivas solicitudes de privación o cautelar sustitutiva de libertad, deben ser ponderadas bajo los criterios de objetividad, magnitud del daño, cuantía de la pena, peligro de fuga y de obstaculización en la búsqueda de la verdad, lo cual permitirá luego de un debido y motivado juicio, determinar con certeza la mayor o menor severidad de la medida a imponer.

Ahora bien, en el presente caso, si bien es cierto al imputado de autos se le ha atribuido un hecho delictivo menos grave, pero este juzgador considera y estima la posibilidad de asegurar las resultas del presente proceso, mediante la imposición de una medida de coerción personal menos gravosa a la privación judicial preventiva de libertad, tal y como lo es, la medida suspensión condicional del proceso establecida en el artículo 358 del Código Orgánico Procesal Penal. El cual al consagrar el derecho a la libertad personal establece que“…toda persona será juzgada en libertad excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el Juez o Jueza en cada caso”. Consideraciones en atención a las cuales esta Instancia, estima que lo ajustado a derecho es decretar al imputado de auto la medida suspensión condicional del proceso establecida en el artículo 358 del Código Orgánico Procesal Penal. Y de igual manera queda demostrado su participación en los delitos precalificados por el ministerio público.

Finalmente, en cuanto al procedimiento a seguir, se observa que en la presente causa si bien fue estimada la flagrancia en la aprehensión del imputado, el Ministerio Público, solicitó la aplicación del procedimiento especial, por lo que a tenor de lo dispuesto del artículo 353 del Código Orgánico Procesal Penal el cual expresamente dispone:

Artículo 353. DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
En los asuntos sujetos a procedimientos especiales son aplicables las disposiciones establecidas específicamente para cada uno de ellos en este libro. En lo no previsto, y siempre que no se opongan a ellas, se aplicaran las reglas del procedimiento ordinario.

Ahora bien, visto, escuchado, analizados los alegatos de la Defensa y el Ministerio Público de igual manera vista las actuaciones acompañadas al escrito fiscal, y por cuanto el imputado de auto manifestó acogerse a las Fórmulas alternativas a la Prosecución del Proceso como lo son la Suspensión Condicional del Proceso, este Juzgado primero de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control del Estado Falcón. Y ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVA

Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA: PRIMERO: La flagrancia previsto y sancionado en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal SEGUNDO: Se acuerda el Procedimiento especial para el juzgamiento de los delitos menos graves artículo 354 del Código Orgánico Procesal Penal TERCERO: Se admitió la precalificación del delito realizada por la ciudadana Fiscal del Ministerio Público de delito de: POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 111 DE LA LEY PARA EL DESARME, CONTROL DE ARMA DE MUNICIONES, para los ciudadanos: FRANCISCO SEGUNDO GUTIERREZ GONZALEZ . CUARTO: SIN LUGAR la solicitud de la representación de fiscal de la Medida Cautelar de presentación cada 30 días. QUINTO: CON LUGAR la solicitud del Defensor PUBLICO en cuanto a que su defendido se acoja a las Fórmulas Alternativas como es la Suspensión Condicional del Proceso establecida en el artículo 358 del Código Orgánico Procesal Penal, por un periodo de TRES (03) MESES, TRES (03) HORAS SEMANALES, el cual realizaran en el CONSEJO COMUNAL SECTOR BARRANCA DEL MUNICIPIO DABAJURO el cual deberán presentar por ante este tribunal carta de cumplimiento avalado por el Consejo Comunal con memoria fotográfica. SEXTO: Se designa como correo especial a los ciudadanos: FRANCISCO SEGUNDO GUTIERREZ GONZALEZ. SEPTIMO: se ordena verificar las condiciones impuestas por este tribunal el MIERCOLES (15) DE AGOSTO DE 2018.

EL JUEZ PROVISORIO
ABG. JOSE. G. REYES.
SECRETARIA
ABG. ERNEIDYTH ACOSTA