TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la
Circunscripción Judicial del estado Falcón
Años 208° y 160°

ASUNTO: IP21-N-2009-001382

MOTIVO: Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad.

PARTE ACCIONANTE: ciudadano ALBERTO JOSE BEUSES ARAUJO, titular de la cédula de identidad Nº 7.521.718.

APODERADA JUDICIAL: FRANCISCO LIMONCHY, inscrita en el Instituto de Prevención Social del Abogado bajo el Nº 91.211.

PARTE ACCIONADA: INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS CARIRUBANA FALCÓN Y LOS TAQUES, CON SEDE EN PUNTO FIJO DEL ESTADO FALCÓN.
I
ANTECEDENTES
En fecha dieciséis (16) de septiembre de 2005, se recibió en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, Recurso de Nulidad, presentado por el ciudadano ALBERTO JOSE BEUSES ARAUJO, asistido por el abogado FRANCISCO LIMONCHY, supra identificados, contra la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS CARIRUBANA FALCÓN Y LOS TAQUES, CON SEDE EN PUNTO FIJO DEL ESTADO FALCÓN.
En fecha doce (12) de enero de 2006, se dictó decisión en el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Región Occidental, en el cual declaró inadmisible el recurso de nulidad, e inadmisible por extemporánea la presentación de las copias del acto administrativo.
El veintiuno (21) de marzo de 2006, la abogada Yuvennni Aular, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 83.885, consignó escrito mediante el cual apeló la decisión dictada en fecha doce (12) de enero de 2006, oyéndose la apelación en ambos efectos ordenando remitir el expediente a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, con sede en Caracas.
Posteriormente el treinta (30) de enero de 2007, la Corte Primera declaró Con Lugar la Apelación interpuesta y revocó el fallo apelado, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, a los fines de que se pronunciara sobre la admisibilidad del presente recurso, siendo recibido en dicho Tribunal el veintiuno (21) de febrero de 2007.
En fecha seis (06) de marzo de 2009, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, presentado por el ciudadano ALBERTO JOSE BEUSES ARAUJO, asistido por el abogado FRANCISCO LIMONCHY, supra identificados, contra la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS CARIRUBANA FALCÓN Y LOS TAQUES, CON SEDE EN PUNTO FIJO DEL ESTADO FALCÓN.

Mediante auto de fecha diez (10) de agosto de 2009, la abogada DEYANIRA MONTERO, en su condición de Juez Superior se aboco al conocimiento de la presente causa.

El treinta (30) de abril de 2019, la Jueza Superior Abogada MIGGLENIS ORTIZ, se abocó al conocimiento de la presente causa, mediante auto de esta misma fecha se ordenó notificar al ciudadano FRANCISCO LIMONCHY, supra identificada, a los fines de que informara sin mantenía algún interés en continuar en el presente proceso, constando en auto su notificación en fecha veintiocho (28) de mayo de 2019.

II
DE LA PÉRDIDA DE INTERÉS

De la revisión de las actas que conforman la presente causa, se observa que el último acto de procedimiento, es de fecha veintiuno (21) de marzo de 2006, oportunidad en la cual la abogada Yuvenni Aular, apeló de la decisión dictada el doce (12) de enero de 2006, sin que se evidencie a los autos hasta la presente fecha ninguna otra actuación por parte de la presunta agraviada.

Así las cosas, considera menester esta Juzgadora, traer a colación sentencia proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, N° 982 de fecha seis (06) de junio de 2001, caso: “José Vicente Arenas Cáceres” en la que estableció:

“..., la pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso. Es lo que ocurre cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del proceso. También puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que se halla en curso, caso en el cual ocurre el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil.
Finalmente, puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia. En el caso específico de la inacción prolongada del actor, señala el incumplimiento de ciertas obligaciones procesales como causa de la perención. En la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no consta una regulación semejante, pero en ella se prevé la figura del abandono del trámite, que expresa también el decaimiento del interés del actor, lo cual se deduce del paralelismo entre ese supuesto en la Ley especial y los supuestos de extinción de la instancia, a causa del incumplimiento de las obligaciones del actor, previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia.
(...)

Por su parte, es criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, explanado en sentencia de fecha 29 de octubre de 2013, caso Gerardo Blyde y otros contra la Ley Orgánica de las Comunas, que:
“(…) El derecho al acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta con la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el impulso del proceso. De esta manera, el requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia (Vid. Sentencia de esta Sala N° 416/2009) (…)”.
Al respecto, la misma Sala Constitucional ha señalado que el interés procesal surge de la necesidad que tiene un particular, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de que a través de la Administración de Justicia, el Estado le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional del TSJ N° 686/2002).
Por ello, el interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y ha de mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Así que, ante la constatación de esa falta de interés, la extinción de la acción puede declararse de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional.
En tal sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso de decisión de la causa, la inactividad produce la perención de la instancia.
Este criterio se estableció en el fallo de esa Sala N° 2.673 del 14 de diciembre de 2001, caso: DHL Fletes Aéreos, C.A., en los siguientes términos:
“(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:
a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido (…)”.
El referido criterio, según el cual, debe declararse la pérdida del interés procesal por abandono del trámite, aun estando la causa en estado de sentencia, si se verifica la inactividad de la parte accionante y la falta de impulso procesal de la misma, ha sido ratificado por la Sala Constitucional en fallos Nros. 132/2012, 972/2012 y 212/2013.
Tal y como se observa del criterio parcialmente trascrito, el abandono del trámite al que se refiere la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, opera cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, y la parte interesada solicite o busque se dicte la Sentencia Definitiva en la causa, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiera lugar, por falta de impulso del accionante.

De acuerdo con lo explanado precedentemente, al revisar exhaustivamente las actas que conforman el expediente judicial, se observa, que desde seis (06) de marzo de 2009, fecha en la cual se recibió el presente recurso para que se conociera de la presente causa, no se realizó ningún acto procesal que denotara el interés de la parte querellante en la acción planteada, y habiendo transcurrido un lapso mayor a seis (06) meses de inactividad, constituye razón suficiente para que este Juzgado acogiendo el criterio supra trascrito, considere que se encuentran cumplidos los supuestos para que se configure el abandono del trámite; en consecuencia, este Tribunal así lo declara.
III
DECISIÓN

En merito de las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara TERMINADO EL PROCEDIMIENTO, por abandono del trámite, en el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, presentado por el ciudadano ALBERTO JOSE BEUSES ARAUJO, asistido por el abogado FRANCISCO LIMONCHY, supra identificados, contra la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS CARIRUBANA FALCÓN Y LOS TAQUES, CON SEDE EN PUNTO FIJO DEL ESTADO FALCÓN.
Publíquese, diarícese y regístrese. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, en Santa Ana de Coro a los siete (07) dias del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019). Años: 208º de la Independencia y 160º de la Federación.
LA JUEZA SUPERIOR La Secretaria.

Abg. MIGGLENIS ORTIZ. Abg. Melissa Cardozo.

MO/Mc/pr

Nota: En la fecha ut supra se Publicó y Registró la decisión siendo las 10:25 a.m., bajo el Nº 145 del Copiador de Sentencias Interlocutorias con Fuerza de Definitivas.
La Secretaria.

Abg. Melissa Cardozo