TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la
Circunscripción Judicial del estado Falcón

ASUNTO: IP21-N-2009-001422

MOTIVO: Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad.

PARTE RECURRENTE: ANA TIBISAY DIAZ MOLINA venezolana titular de la cedula N° 7.668.932

REPRESENTACIÓN JUDICIAL: Abogada MARÍA ÁNGELA MAVARE inscrita en el inpreabogado bajo el N° 108.621

PARTE ACCIONADA: INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO FALCÓN ALI PRIMERA

I
ANTECEDENTES

En fecha veinticinco (25) de agosto de 2005, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso de la Región Occidental recibió escrito contentivo de Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, presentado por la Abogada MÁRIA ANGELA MAVARE inscrita en el inpreabogado bajo el N° 108.621 actuando en su carácter como apoderada Judicial de la ciudadana ANA TIBISAY DIAZ MOLINA, supra identificadas, contra la INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO FALCÓN ALI PRIMERA.

Mediante sentencia el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental en fecha veintisiete (27) de octubre de 2005 declaró inadmisible el recurso interpuesto por la ciudadana ANA TIBISAY DIAZ MOLINA.

En fecha veintiuno (21) de Febrero de 2006 la apoderada Judicial de la parte recurrente YUVENNI AULAR inscrita ante el inpreabogado bajo el N° 83.885, presentó escrito donde apeló de la decisión dictada el veintisiete (27) de octubre de 2005, en la misma fecha el Juzgado recibió, le dio entrada y oyó la apelación en ambos efectos, ordenando la remisión del expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las Cortes de lo Contencioso Administrativo.

El cuatro (04) de Octubre de 2010 fue recibido en la Unidad de Recepción y Distribución de la Cortes de lo Contencioso Administrativo el expediente con el recurso contencioso administrativo nulidad en apelación.

Mediante decisión de fecha catorce (14) de octubre del 2010, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de caracas declaró CON LUGAR la apelación y ordenó remitir el presente expediente al Juzgado Superior Contencioso Administrativo del Estado Falcón, a los fines de que se pronunciara sobre el resto de las causales de inadmisibilidad.

En fecha nueve (09) de Diciembre de 2010, el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón recibió oficio de fecha quince (15) de noviembre de 2010 proveniente de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, mediante el cual remitieron el presente recurso.

Por auto de fecha ocho (08) de mayo de 2019, la abogada MIGGLENIS ORTIZ, en su condición de Jueza Superior de este Juzgado, se abocó al conocimiento de la presente causa. En esa misma fecha se emitió auto motivado mediante el cual se ordenó notificar a la parte actora a los fines de que informara a esta Instancia Judicial si conservaba el interés en la presente causa, para lo cual se le concedió el lapso de tres (03) días de despacho una vez constara en autos su notificación, en esta misma fecha se publicaron las boletas en la cartelera del Tribunal según consignación realizada por el alguacil de este Juzgado cuidadano ALBERTO CHIRINO.

II
DE LA PÉRDIDA DE INTERÉS

De la revisión de las actas que conforman la presente causa, se observa que el último acto de procedimiento, es de fecha Veintiuno (21) de febrero de 2006, oportunidad en la cual la apoderada Judicial de la parte recurrente YUVENNI AULAR, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 83.885 presentó escrito donde apeló de la decisión dictada el veintisiete (27) de Octubre 2005, no evidenciándose otra actuación por parte de la parte agraviada.

Así las cosas, considera menester esta Juzgadora, traer a colación sentencia proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, N° 982 de fecha seis (06) de junio de 2001, caso: “José Vicente Arenas Cáceres” en la que estableció:

“..., la pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso. Es lo que ocurre cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del proceso. También puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que se halla en curso, caso en el cual ocurre el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil.
Finalmente, puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia. En el caso específico de la inacción prolongada del actor, señala el incumplimiento de ciertas obligaciones procesales como causa de la perención. En la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no consta una regulación semejante, pero en ella se prevé la figura del abandono del trámite, que expresa también el decaimiento del interés del actor, lo cual se deduce del paralelismo entre ese supuesto en la Ley especial y los supuestos de extinción de la instancia, a causa del incumplimiento de las obligaciones del actor, previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia.pretensión. El Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción
(...)

Por su parte, es criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, explanado en sentencia de fecha 29 de octubre de 2013, caso Gerardo Blyde y otros contra la Ley Orgánica de las Comunas, que:
“(…) El derecho al acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta con la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el impulso del proceso. De esta manera, el requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia (Vid. Sentencia de esta Sala N° 416/2009) (…)”.
Al respecto, la misma Sala Constitucional ha señalado que el interés procesal surge de la necesidad que tiene un particular, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de que a través de la Administración de Justicia, el Estado le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional del TSJ N° 686/2002).
Por ello, el interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y ha de mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Así que, ante la constatación de esa falta de interés, la extinción de la acción puede declararse de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional.
En tal sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso de decisión de la causa, la inactividad produce la perención de la instancia.
Este criterio se estableció en el fallo de esa Sala N° 2.673 del 14 de diciembre de 2001, caso: DHL Fletes Aéreos, C.A., en los siguientes términos:
“(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:
a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido (…)”.
El referido criterio, según el cual, debe declararse la pérdida del interés procesal por abandono del trámite, aun estando la causa en estado de sentencia, si se verifica la inactividad de la parte accionante y la falta de impulso procesal de la misma, ha sido ratificado por la Sala Constitucional en fallos Nros. 132/2012, 972/2012 y 212/2013.
Tal y como se observa del criterio parcialmente trascrito, el abandono del trámite al que se refiere la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, opera cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, y la parte interesada solicite o busque se dicte la Sentencia Definitiva en la causa, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiera lugar, por falta de impulso del accionante.

De acuerdo con lo explanado precedentemente, al revisar exhaustivamente las actas que conforman el expediente judicial, se observa, que desde la fecha Veintiuno (21) de febrero de 2006, oportunidad en la cual la apoderada Judicial de la parte recurrente YUVENNI AULAR, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 83.885 presentó escrito donde apeló de la decisión dictada el veintisiete (27) de Octubre 2005, no se realizó ningún acto procesal que denotara su interés en la acción planteada, y habiendo transcurrido un lapso mayor a seis (06) meses de inactividad, constituye razón suficiente para que este Juzgado acogiendo el criterio supra trascrito, considere que se encuentran cumplidos los supuestos para que se configure el abandono del trámite; en consecuencia, este Tribunal así lo declara.

III
DECISIÓN

En mérito de las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara TERMINADO EL PROCEDIMIENTO, por abandono del trámite, en el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, presentado por la Abogada MÁRIA ANGELA MAVARE inscrita en el inpreabogado bajo el Nº 108.621 actuando en su carácter como apoderada Judicial de la ciudadana ANA TIBISAY DIAZ MOLINA, supra identificadas, contra la INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO FALCÓN ALI PRIMERA.

Publíquese, diarícese, regístrese y archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, en Santa Ana de Coro a los once (11) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019). Años: 209º de la Independencia y 160º de la Federación.
LA JUEZA SUPERIOR La Secretaria

ABG. MIGGLENIS ORTIZ. Abg. Melissa Cardozo

MO/Mc/eh

Nota: En la fecha ut supra se Publicó y Registró la decisión siendo las 09:40 A.m., bajo el Nº 110 del Copiador de Sentencias Interlocutorias con Fuerza de Definitivas.
La Secretaria.

Abg. Melissa Cardozo