REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA


TRIBUNAL SUPERIOR PRIMERO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO FALCÓN
Santa Ana de Coro, 05 de noviembre de 2020
Año 210º y 161º

ASUNTO: IP21-R-2015-000103

PARTE DEMANDANTE: Ciudadano CIRO ARSENIO GARCIA, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad N° V- 3.810.880.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: Abogados AMILCAR ANTEQUERA LUGO y ALIRIO PALENCIA DOVALE, inscritos en el Instituto de Previsión Social del abogado bajo los Nos. 103.204 y 62.018.

PARTE DEMANDADA: COMPAÑÍA ANÓNIMA DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO ELÉCTRICO (CADAFE) hoy CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL S.A. (CORPOELEC), inscrita ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el No. 20, Tomo 33-A, del 27 de Octubre de 1958.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: Abogados ROSELYN GARCIA, IVAN ANTONIO ROBLES, NOREYMA MORA ORIA, ROBERTO JAVIER BASTIDAS, CESAR AGUILAR, CLAUDIA SUAREZ, MARIO RUBIO DUQUE, DYANA DEL ROSARIO GUTIERREZ, IVETH QUEVEDO, LUIS JAVIER TRUJILLO, EDWAR ZABALA, FERNANDO MONTILLA, ARGENIS ALFONZO y MARIA BELTRAN CARRION inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 89.768, 91.879, 77.124, 48.081, 47.686, 59.911, 46.611, 110.319, 55.398, 123.039, 124.807, 131.899, 107,692 y 83.345.

MOTIVO: Recurso de Apelación ejercido por la parte demandante recurrente en contra de la Sentencia de fecha 12 de agosto del 2015, dictada por el Tribunal Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, sede Santa Ana de Coro.

I) NARRATIVA:

Visto el recurso de apelación interpuesto por el abogado AMILCAR J. ANTEQUERA LUGO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 103.204, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante recurrente, contra la Sentencia dictada en fecha 12 de agosto del año 2015, por el Tribunal Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, sede Santa Ana de Coro, éste Tribunal en fecha 29 de enero del año 2018, recibió al presente asunto y en esa misma fecha le dio entrada al mismo. De la revisión de las actas procesales que conforman el presente asunto se evidencia que en fecha 30 de enero del año 2018, la Juez Provisorio Abg. Yohana Rodríguez Navarro, a los fines de garantizar el debido proceso y evitar una reposición inútil, se ABOCO DE OFICIO al conocimiento de la causa, librando en fecha 31 de enero de 2018, las respectivas boletas de notificación. En fecha 22 de enero de 2019, la suscrita secretaria certifica que dichas notificaciones fueron practicadas de conformidad con lo establecido en la ley. En fecha 16 de mayo de 2019, me ABOCO DE OFICIO al conocimiento de la Causa, librando las respectivas boletas de notificación. En fecha 27 de febrero del año 2020, la suscrita secretaria certificó las prácticas de las notificaciones en los términos indicados, comenzando a computarse el lapso de los diez días de despacho para que las partes planteen la recusación que corresponda contra este Juzgador. Mediante auto y vencido el lapso se reanuda la causa en fecha 13 de marzo del año 2020, fijando auto por separado para la celebración de la Audiencia Oral y Pública a celebrarse el día miércoles 25 de marzo del año 2020 a las 10:00 a.m.
De la revisión de las actas procesales, en fecha 08 de octubre del año 2020, este Tribunal mediante auto reprogramó la fijación para la Audiencia Oral y Pública para el día martes 03 de noviembre del año 2020, a las 10:00 a.m., no obstante que la misma estaba fijada para el día 25 de marzo de 2020, sin embargo, la audiencia no se llevó a cabo en razón de que el Ejecutivo Nacional desde el pasado 16-03-2020, decretó el Estado de Alarma, por la problemática mundial suscitada a raíz de la expansión de la pandemia originada por el virus COVID-19, implementándose a partir de esa fecha cuarentena social, la cual implicó suspensión laboral tanto en la Administración Pública como la Privada, excepto las actividades de servicio social y necesidad apremiante: alimentos, servicios sanitarios, salud, de seguridad, militar y transporte. Ahora bien, mediante resolución No. 2020-008, de fecha 01 de octubre de 2020, la Sala plena del Tribunal Supremo de Justicia decidió dictar, medidas de Flexibilización parcial a los fines de ir progresivamente reactivando la Administración Pública de manera organizada y eficiente con la concreción de la tutela judicial efectiva y demás garantías de acceso a la justicia, todo ello, en cumplimiento con la normativa sanitaria establecida por el Ministerio del Poder Popular para la Salud en Resolución No 090- de fecha 01/06/2020.
El día martes 03 de noviembre del año 2020 a las 10:00 a.m., constituido el Juzgado, el ciudadano Juez solicitó a la ciudadana Secretaria verificar la presencia de las partes en la audiencia, dejando la referida abogada constancia de la INCOMPARECENCIA de la parte demandada, la COMPAÑÍA ANÓNIMA DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO ELÉCTRICO (CADAFE) hoy CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL S.A. (CORPOELEC), ni por si, ni por medio de apoderado judicial alguno. Asimismo, se dejó constancia de la INCOMPARECENCIA de la parte demandante recurrente, ciudadano CIRO ARSENIO GARCIA, antes identificado, ni por si, ni por medio de apoderado judicial alguno. Luego, se dictó el dispositivo del fallo y se dejó constancia que el acto fue reproducido en forma audiovisual, de conformidad con lo establecido en el artículo 166 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Así las cosas, este Juzgador procede a publicar íntegramente el texto de la sentencia, conforme al desistimiento incurrido por la parte recurrente en los siguientes términos:

II) MOTIVA:

Dispone el artículo 164 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, lo siguiente:

“Artículo 164. En el día y la hora señalados por el Tribunal Superior del Trabajo para la realización de la audiencia, se producirá la vista de la causa bajo la suprema y personal dirección del Tribunal. En el supuesto que no compareciere a dicha audiencia la parte apelante, se declarará desistida la apelación y el expediente será remitido al Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución correspondiente”. (Subrayado del Tribunal).

Como puede apreciarse, de la norma transcrita no puede interpretarse otra cosa en el presente asunto, que no sea el DESISTIMIENTO DEL RECURSO por la NO COMPARECENCIA de la parte demandante recurrente. Y ello es así, porque las partes en el proceso judicial laboral tienen la carga procesal de comparecer a los actos procesales, máxime cuando han tenido la responsabilidad de impulsarlos con su actuación. Así, entre otros supuestos de hecho, el legislador adjetivo laboral ha dispuesto la procedencia del DESISTIMIENTO DEL RECURSO, cuando el recurrente no comparece a la Audiencia de Apelación, como ha ocurrido en el caso que nos ocupa.

Estas apreciaciones resultan contestes con la doctrina que al respecto ha venido estableciendo la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, la cual, entre muchas otras decisiones ha dejado sentado en la Sentencia de fecha doce (12) días del mes de agosto del año 2014, en el Expediente R.C. AA60-S-2011-000396, Ponencia de la Magistrada CARMEN ESTHER GÓMEZ CABRERA, el criterio que a continuación se transcribe:
“De conformidad con lo previsto en el artículo 168, numeral 2 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se denuncia la infracción de ley por falta de aplicación del artículo 321 del Código de Procedimiento Civil aplicable por remisión expresa del artículo 11 de la ley (sic) Orgánica Procesal del Trabajo.
En este sentido tenemos que a tenor de la norma en cuestión la recurrida no aplicó la decisión de fecha 22 de septiembre de 2009, emanada de la Sala Constitucional motivado a un recuso (sic) de nulidad motivado a razones de inconstitucionalidad contra los artículos 9, 10, 44, 48 parágrafo segundo, 73, 126, 135 encabezado y único aparte, y 151 segundo aparte de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, publicada el 13 de agosto de 2002, en la gaceta Oficial N° 37.504, Extraordinaria, interpretando la Sala Constitucional, lo siguiente:
“…Así pues, debe señalarse que una cosa es que el trabajador no pueda renunciar a sus derechos laborales, y en consecuencia, sea nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de esos derechos, y sólo sea posible la transacción y el convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establece la ley, y otra distinta que, en virtud del propio funcionamiento del sistema jurídico, la Ley no tolere que el demandante no concurra a la audiencia de juicio que se ha originado en virtud de su acción, y fije como consecuencia jurídica del incumplimiento de la carga procesal que se deriva de ello, la consideración de que el demandante desistió de la acción concreta que ejerció, y más específicamente, en este contexto, que desistió del proceso, que es como debe entenderse en aquellos casos en los que el demandante sea el trabajador, para salvaguardar su derecho a la irrenunciabilidad de sus derechos laborales y los principios de legitimidad de la actuación del Estado, de unidad del ordenamiento jurídico y de estabilidad de la legislación [según el cual una Ley no debe ser declarada nula cuando puede ser interpretada en consonancia con la Constitución (vid. Sentencia N° 962 del 09 de mayo de 2006, caso: Cervecerías Polar Los Cortijos, C.A.)]. Es de advertir que la renuncia no es un acto procesal sino sustancial, que en materia laboral su efecto autocompositivo no se extiende a las renuncias de los derechos laborales por ser el derecho del trabajo protectorio.
De otra parte, una cosa son los derechos del trabajador y otra la sanción de la cual se hace acreedor cuando incumple con el deber de comparecer a la audiencia de juicio, la cual se convocó en virtud de la acción que él mismo interpuso. Una cosa es el derecho a la acción y otra la consecuencia jurídica resultante del inadecuado comportamiento procesal de quien ha ejercido ese derecho, situación que no debe entenderse como renuncia, por parte del trabajador, a sus derechos laborales.
Si el demandante trabajador no concurre a la audiencia de juicio, la Ley le suprime su derecho a la acción respectiva, lo cual no implica la renuncia por parte del mismo a sus derechos laborales, al menos en los términos del artículo 89.2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
De todo lo expuesto hasta este punto, se desprende que el desistimiento de la acción previsto en el primer aparte del artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, no tiene relación, al menos directa y suficiente, con el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales previstos en el artículo 89.2 de la Constitución. En este último sentido, podría intentar nuevamente la acción si no hay caducidad o prescripción de la misma, y aún habiéndola tendría que ser alegada en juicio…”
“… y fije como consecuencia jurídica del incumplimiento de la carga procesal que se deriva de ello, la consideración de que el demandante desistió de la acción concreta que ejerció, y más específicamente, en este contexto, que desistió del proceso, que es como debe entenderse en aquellos casos en los que el demandante sea el trabajador para salvaguardar su derecho a la irrenunciabilidad de sus derechos laborales y los principios de legitimidad de la actuación del Estado, de unidad del ordenamiento jurídico y de estabilidad de la legislación [según el cual una ley no debe ser declarada nula cuando puede ser interpretada en consonancia con la Constitución (vid. Sentencia N° 962 del 09 de mayo de 2006, caso: Cervecería Polar Los Cortijos, C.A.)]. Es de advertir que la renuncia no es un acto procesal sino sustancial, que en materia laboral su efecto autocompositivo no se extiende a las renuncias de los derechos laborales por ser el derecho del trabajo protectorio…”.

Sobre la carga procesal que constituye para las partes en controversia judicial el deber de comparecer a los actos procesales y más específicamente aún, sobre la obligación del recurrente de comparecer a la Audiencia de Apelación, resulta útil y oportuno citar un elocuente párrafo de la Sentencia de fecha 31 de Marzo de 2004, del Juzgado Superior Segundo del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, Caso: Juan Vidal contra Aeropostal Alas de Venezuela, en el Asunto No. AP21-R-2004-000165, el cual es del tenor siguiente:

“De la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se desprende que los artículos referidos a la audiencia oral a celebrarse por ante los Juzgados Superiores del Trabajo, son de naturaleza obligatoria, y es por ello que constituye una carga procesal para el apelante, su comparecencia, y en tal sentido, ello conlleva a que la incomparecencia al acto acarrea el desistimiento del recurso de apelación propuesto, y así está establecido en todo lo largo de la normativa procesal para las audiencias a celebrarse, por ante los Juzgados Superiores”. (Subrayado de este Tribunal).


Ahora bien, con fundamento en la norma legal citada, los criterios jurisprudenciales señalados y las razones expuestas, este Juzgador declara DESISTIDA LA APELACIÓN ejercida por la parte demandante recurrente, contra la decisión de fecha 12 de Agosto del año 2015, dictada por el Tribunal Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, sede Santa Ana de Coro, en el juicio que por COBRO DE DIFERENCIAS DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS BENEFICIOS, tiene incoado el ciudadano CIRO ARSENIO GARCIA, antes identificado, contra la COMPAÑÍA ANÓNIMA DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO ELÉCTRICO (CADAFE) hoy CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL S.A. (CORPOELEC). Y Así se declara.

Adicionalmente, resulta oportuno advertir en el presente asunto que, a pesar de ser la parte demandada un ente público, no se aplica la prerrogativa de la Consulta Legal Obligatoria contenida en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, por cuanto los montos condenados no superan las 500 U.T, actuales, conforme lo prevé el articulo 70 de la referida Ley, ello, producto de la vigencia de la Reconversión Monetaria decretada por el Ejecutivo Nacional el 20 de agosto del año 2018. Y así se establece.


III) DISPOSITIVA:

Este Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: DESISTIDA LA APELACIÓN de conformidad con lo establecido en el artículo 164 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

SEGUNDO: Se declara FIRME la decisión recurrida.

TERCERO: Se ORDENA la remisión del presente asunto al Tribunal Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de este Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, sede Santa Ana de Coro, a los fines de que forme parte integra del asunto principal signado con el No. IH01-L-2007-000060.
CUARTO: No hay condenatoria en COSTAS, de conformidad con el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Publíquese, regístrese, agréguese y cúmplase con lo ordenado.

Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Santa Ana de Coro, a los cinco (05) días del mes de Noviembre del año dos mil veinte (2020). Años 210° de la Independencia y 161° de la Federación.

EL JUEZ SUPERIOR

ABG. DANILO CHIRINO DIAZ
LA SECRETARIA

ABG. GIPGLIOLA ODUBER

Nota: La anterior decisión se dictó y publicó en su fecha 05 de noviembre de 2020, a las diez y cinco minutos de la mañana (10:05 a.m.). Se dejó copia certificada de la misma en el Copiador de Sentencias. Conste, en Santa Ana de Coro, en fecha señalada.

LA SECRETARIA

ABG. GIPGLIOLA ODUBER