TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO
Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO MIRANDA
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO FALCÓN
AÑOS: 212º Y 164º

EXPEDIENTE Nº: 3.169-2017
DEMANDANTE: MARILYN RUTH VELASQUEZ DE URDANETA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.751.330, con domicilio en la Ciudad de Santa Ana de Coro, Prolongaciòn Avenida Tirso Salaverria con Prolongaciòn calle Iturbe, casa Nº 1-1, detrás de la Ferreteria MARCONE, en la sede de la empresa Gas Manaure, Municipio Miranda del Estado Falcòn.
ABOGADO ASISTENTE: JUAN OMAR GARCÌA MARIN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-21.668.992, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 220.401.
DEMANDADO: OTTO JOSÈ URDANETA SANTOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.140.644, con domicilio en la Ciudad de Santa Ana de Coro, Prolongaciòn Avenida Tirso Salaverria con Prolongaciòn calle Iturbe, detrás de la Ferreteria MARCONE, en la sede de la empresa Gas Manaure, Municipio Miranda del Estado Falcòn.

MOTIVO: PERENCIÓN.
I
SÍNTESIS

Se inicia el presente procedimiento mediante solicitud de DIVORCIO POR DESAFECTO, a través de escrito presentado por la ciudadana MARILYN RUTH VELASQUEZ DE URDANETA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.751.330, con domicilio en la Ciudad de Santa Ana de Coro, Prolongaciòn Avenida Tirso Salaverria con Prolongaciòn calle Iturbe, casa Nº 1-1, detrás de la Ferreteria MARCONE, en la sede de la empresa Gas Manaure, Municipio Miranda del Estado Falcòn, asistida por el Abogado JUAN OMAR GARCÌA MARIN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-21.668.992, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 220.401, domiciliado procesal en la Calle Ciencias entre Falcòn y Paseo Talavera, Centro Comercial Miranda, Piso Nº1, Oficina Nº11, Escritorio Juridico “CURIANA”; en contra del ciudadano OTTO JOSÈ URDANETA SANTOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.140.644, con domicilio en la Ciudad de Santa Ana de Coro, Prolongaciòn Avenida Tirso Salaverria con Prolongaciòn calle Iturbe, detrás de la Ferreteria MARCONE, en la sede de la empresa Gas Manaure, Municipio Miranda del Estado Falcòn; mediante el cual solicita por ante el Tribunal Distribuidor de Municipio, el Divorcio por Desafecto, fundamentando conforme al artículo 185 del Código Civil, en concordancia con la sentencia N° 1070, de fecha 09 de diciembre de dos mil dieciséis (2016), expediente N° 16-916, emitida por la Sala Constitucional y la sentencia N° 136 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
A este tenor, manifiesta la demandante, que contrajo matrimonio civil por ante la autoridad competente para entonces Prefecto del Municipio Coquivacoa, Distrito Maracaibo del Estado Zulia, en fecha 15 de abril de 1983, con el ciudadano OTTO JOSÈ URDANETA SANTOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.140.644, con domicilio en la Ciudad de Santa Ana de Coro, Prolongaciòn Avenida Tirso Salaverria con Prolongaciòn calle Iturbe, detrás de la Ferreteria MARCONE, en la sede de la empresa Gas Manaure, Municipio Miranda del Estado Falcòn, tal como consta de acta de matrimonio Nº 378. Llevada en el Libro Nº tres, Folio Nº 07, del hoy Registro Civil de la Parroquia Coquivacoa del Municipio Maracaibo, Estado Zulia, que se anexa marcada con la letra “A”. Señalando, que fijaron su domicilio conyugal en la Prolongaciòn Avenida Tirso Salaverria con Prolongaciòn calle Iturbe, casa Nº 1-1, detrás de la Ferreteria MARCONE, Municipio Miranda del Estado Falcòn.
De esta manera, Indica la demandante, que durante su unión matrimonial procrearon dos hijos, los cuales llevan por nombre OTTO ANDRES URDANETA VELASQUEZ, venezolano, mayor de edad, de estado civil soltero, titular de la cedula de identidad Nº V-18.292.343 y ROSEMARY ANA URDANETA VELASQUEZ, venezolana, mayor de edad, de estado civil soltera, titular de la cedula de identidad Nº V-16.102.024, continua expresando que a pesar de cómo era de esperar al inicio de la relaciòn onyugal, la misma estuvo minada de cariños, afectos, pues cargada de mucho amor y de socorro mutuo, sin embaro ese vinculo se fue deteriorando poco a poco al pasar el tiempo y mas aun situaciones lamentables que llegaron hasta instancias como ya no poder hablar sin entrar en discusiones, por lo que el ciudadano OTTO JOSE URDANETA SANTOS, ya plenamente identificado, ha presentado y mantenido una actitud de menosprecio hacia la forma de ser de la ciudadana MARILYN RUTH VELASQUEZ DE URDANETA, y en consecuencia menosprecia el vinculo matrimonial cosa que definitivamente hace que su persona manifieste total e invariable manifestaciòn de desafecto hacia su esposo, ademas queda evidenciada la incompatibilidad de caracteres.
Seguidamente, realizado como fue el sorteo de causas por ante el Tribunal Distribuidor, le correspondió el conocimiento de la presente solicitud a este Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Miranda de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, en fecha diecinueve (19) de octubre de 2017. (f. 06)
Por tal razón, mediante auto de fecha veinticuatro (24) de octubre de 2017, se le da entrada a la solicitud y se insta a la parte solicitante que no indico si durante la relacion matrimonial procrearon hijos o no, y una vez subsanado, el Tribunal dará el curso de Ley a la presente solicitud. (f. 07)
De seguidas, en fecha veintiseis (26) de octubre de 2017, mediante escrito la parte solicitante, asistida de abogado, subsano lo ut supra indicado en el auto de fecha veinticuatro (24) de octubre de 2017. (f.08)
Consecutivamente; se admite mediante auto de fecha veintisiete (27) de octubre de 2017, se admite cuanto ha lugar en derecho; ordenándose en ese sentido, la citación mediante boletas, al ciudadano OTTO JOSE URDANETA SANTOS y a la Fiscal Octavo del Ministerio Público del estado Falcón, librándose y entregándoselas al Alguacil para su práctica. (f. 11 al 13).
Proximamente, fecha doce (16) noviembre de 2017, el Alguacil de este Tribunal consigna Boleta de citación de la FISCAL OCTAVA DEL MINISTERIO PUBLICO. (f. 14 al 15)
Igualmente, en fecha siete (07) de Junio de 2017, el Alguacil de este Tribunal consigna Boleta de Citación del ciudadano OTTO JOSE URDANETA SANTOS, en la cual la ciudadana DIANE RIVERO, titular de la cedula de identidad Nº V-15.095.490, informo que el ciudadano arriba señalado estaba de viaje, fuera del pais. (f. 16 al 21)
Seguidamente, en fecha cinco (05) de marzo del 2020, la Jueza Temporal de este Tribunal, Abg. LIZNÉLIDA DÍAZ LIENDO, se abocó al conocimiento de la presente causa. (f. 22)
De seguidas, en fecha treinta (30) de mayo de 2023, el Juez Provisorio de este Tribunal Abg. JOSE LUIS CHIRINO, se abocó al conocimiento de la presente causa. (f.23)
El Tribunal, en razón de la actividad procesal desarrollada en el presente procedimiento, procede a decidir sobre el mismo en los siguientes términos:
El presente procedimiento se encuentra aún en espera para impulsar la citación de la demandada, por cuanto desde que se libró la boleta de citación en fecha 27 de octubre de 2017 y haberse abocado el Juez Provisorio de este Tribunal a la presente causa, no pudiendo lograr la citación del ciudadano OTTO JOSE URDANETA SANTOS, y hasta la presente fecha no han impulsado el proceso de citación para su continuación.
En atención a los hechos expuestos, se considera necesario traer a colación el contenido de la norma relativa a la PERENCIÓN, prevista en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que establece lo siguiente: “toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”; mientras que el Artículo 269 ejusdem dispone: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”. Así las cosas, es pertinente explanar, lo asentado en jurisprudencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo: Sentencia N° 16, de 10 de Febrero de 2.000 (Julia Peña Mujica vs. Universidad de Carabobo, exp. 97-1979), bajo ponencia del Magistrado Rafael Ortiz-Ortiz:
“En el ordenamiento jurídico venezolano, así como en las modernas legislaciones procesales, la falta de impulso a la causa, se sanciona con la “Perención” de la causa, constituyendo con esto una sana política para descongestionar a los Tribunales de aquellos procesos en los cuales las partes les deviene una falta de interés sobrevenida. La norma marco de esta situación viene dado por el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que
estatuye “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes…”.
La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo ha señalado en diversas decisiones que:
“ La institución de la perención se concibe como una sanción a las partes por falta de impulso procesal a cuya carga están impuestas, se trata de una institución procesal de relevancia negativa, que opera como sanción al comportamiento negligente de las partes en el proceso que, por su inactividad o por falta de impulso, lo mantienen inerte más allá del termino legalmente establecido, de allí que, lo importante es que las partes no dejen paralizar el procedimiento, debiendo instalarlo a los fines de que las fases procesales subsecuentes se cumplan validamente.”
Y en base a la jurisprudencia reiterada de la extinta Corte Suprema de Justicia y así mismo siguiendo las enseñanzas de nuestros procesalitas clásicos, el acto capaz de interrumpir la PERENCIÓN debe ser tal, además de válido, que su objeto evidente, su propósito explicito, sea el de gestionar o impulsar la continuación del procedimiento, poniendo fin a la paralización en que se encuentra (Sent. De la ext. C.S.J.), de fecha 16 de julio de 1.987).
La perención es un acontecimiento que se produce por la falta de impulso procesal, y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, es un modo de extinguir el procedimiento producida por la inactividad de las partes en un juicio, presumiendo el Juzgador que si las partes observaren la paralización, deben, para evitar la perención, solicitar oportunamente al órgano Jurisdiccional su activación, puesto que el Estado, por ser garante del proceso, está en la necesidad de evitar que éstos se prolonguen indefinidamente, manteniendo en zozobra a las partes y en estado de incertidumbre por los derechos privados. Teniendo en fundamento que corresponde a las partes dar impulso al juicio y la falta de éste podría considerarse un tácito abandono de la causa, es menester señalar que la pendencia indefinida de los procesos conlleva el riesgo de romper con el principio procesal de la seguridad jurídica.
Aunado a la necesidad jurídica de que se respete el debido proceso, lo está también, el
que se respete la majestad de la justicia, lo cual presupone que se debe garantizar los principios procesales, constituidos en la norma, expresamente a entender de este juzgador, debe garantizarse el principio de la Economía Procesal.
Así para Chiovenda, La Economía Procesal, es la obtención del máximo resultado posible con el mínimo de esfuerzo. Este principio se refiere no solo a los actos procesales sino a las expensas o gastos que ellos impliquen, implícito a la celeridad. En razón a ello a criterio de este juzgador, la celeridad procesal, no debe considerarse solo como una obligación de la administración de justicia, pues es en esencia una obligación no solo del Director del Proceso, representado por el Juez, sino que las partes deban Coadyuvar a que con sus impulsos el proceso no se constituya en un letargo que impida su desenvolvimiento adecuado. Es lógico que en un Juzgado convergen gran cantidad de causas, y peticiones, es lógico también que el impulso de dichas actuaciones no deben recaer exclusivamente bajo el Juez, quien debe estar presto para orientar el proceso, y decidir las incidencias y disputas que en mismo se presentan.
La perención es un modo de extinguir la relación procesal, al transcurrir un cierto periodo en estado de inactividad. La perención de la instancia no extingue la pretensión, pero si deja sin efecto el proceso con todas sus consecuencias. La perención constituye una sanción contra el litigante negligente, porque si bien el impulso procesal es oficioso, cuando no se cumpla, aquel debe estar listo a instarlo a fin de que el proceso no se detenga.
Ricardo Henríquez La Roche, en su obra “Código de Procedimiento Civil Tomo II”, con respecto a la perención de la instancia considera: “El fundamento del instituto de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios. (Después de un período de inactividad procesal prolongado el Estado entiende liberar a sus propios órganos de la necesidad de proveer las demandas y de todas las actividades derivadas de la existencia de una relación procesal”.
La pérdida de la facultad procesal puede ocurrir en dos casos: por falta de actividad y por la extemporaneidad.
Ahora bien, a la luz de las preseñaladas consideraciones, y con fundamento a la normativa y jurisprudencia indicadas, es evidente que en el caso de marras, la parte accionante, no demostró interés en el proceso, por cuanto en ningún momento cumplió con el requerimiento hecho por el Tribunal en el auto de admisión de la solicitud, y del abocamiento del nuevo Juez Provisorio, , habiendo transcurrido más de un (1) año, desde el 27 de Octubre de 2017, fecha en la cual se admitió la demanda en la presente causa; asimismo, la demandante no ha impulsado la continuación del presente proceso.
De las actuaciones procesales que constan en autos se evidencia la inactividad prolongada de la parte accionante, y habiendo transcurrido más de un (1) año sin que se haya realizado algún acto de procedimiento capaz de interrumpir la perención de la instancia; en consecuencia, impretermitible para esta Juzgadora declarar PERIMIDA la presente causa. Así se declara.

III
Por las razones expuestas, este TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO MIRANDA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO FALCÓN, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, de conformidad con los artículos 267, 268 y 269 del Código de Procedimiento Civil, DECLARA: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la solicitud de DIVORCIO POR DESAFECTO, por la ciudadana MARILYN RUTH VELASQUEZ DE URDANETA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.751.330, con domicilio en la Ciudad de Santa Ana de Coro, Prolongaciòn Avenida Tirso Salaverria con Prolongaciòn calle Iturbe, casa Nº 1-1, detrás de la Ferreteria MARCONE, en la sede de la empresa Gas Manaure, Municipio Miranda del Estado Falcòn, asistida por el Abogado JUAN OMAR GARCÌA MARIN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-21.668.992, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 220.401, domiciliado procesal en la Calle Ciencias entre Falcòn y Paseo Talavera, Centro Comercial Miranda, Piso Nº1, Oficina Nº11, Escritorio Juridico “CURIANA”; en contra del ciudadano OTTO JOSÈ URDANETA SANTOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.140.644, con domicilio en la Ciudad de Santa Ana de Coro, Prolongaciòn Avenida Tirso Salaverria con Prolongaciòn calle Iturbe, detrás de la Ferreteria MARCONE, en la sede de la empresa Gas Manaure, Municipio Miranda del Estado Falcòn.
Notifíquese de la presente decisión a la parte demandante mediante boleta y entréguese al Alguacil para su practica; y una vez conste en autos la Notificación, comenzará a transcurrir el lapso recursivo.
Dada la naturaleza del presente fallo, no hay condenatoria en costas conforme a lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
REGÍSTRESE. PUBLÍQUESE, inclusive en la página web del Tribunal Supremo de Justicia. Déjese copia certificada por Secretaría de la presente decisión a los fines legales previstos en el artículo 72 ordinal 9º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 248 del Código de Procedimiento Civil y 1.384 del Código Civil.
Dada, firmada y sellada, en la Sala del Despacho del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Miranda de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, en Santa Ana de Coro, a los tres (03) día del mes de agosto del año dos mil veintitrés (2023). Años: 213º de la Independencia y 164º de la Federación.
EL JUEZ PROVISORIO
Abg. JOSE LUIS CHIRINO
LA SECRETARIA TITULAR
Abg. LISBETH PEROZO RIVERO

NOTA: En la misma fecha, siendo las 11:00 a.m., y previo el anuncio de ley, se público y registró la anterior sentencia, quedando anotada bajo el N° 98; igualmente, se libró la respectiva notificación. Se dejó copia certificada de la misma para el archivo. Conste.
LA SECRETARIA TITULAR
Abg. LISBETH PEROZO RIVERO